Ante la andanada de
protestas sociales por las medidas económicas devastadoras que ha venido
tomando la administración del Partido Popular (PP) en España, el
presidente de gobierno, Mariano Rajoy, replicó, con insensibilidad
presentada como franqueza, que
cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene, también. El ominoso anuncio es augurio de nuevas pérdidas sociales en materia de educación, salud y bienestar en general, y representa una confirmación brutal de que Rajoy no gobierna para los ciudadanos sino para
los mercados, según el eufemismo que designa al puñado de intereses financieros que se beneficia con los recortes indiscriminados al gasto, las alzas generalizadas de impuestos y el sacrificio de la población como estrategia para hacer frente a la aguda crisis económica.
Los recortes tienen una repercusión particularmente aguda en
comunidades autonómicas como Cataluña y el País Vasco, y ponen en
cuestión el grado de autonomía real de esas regiones, en la medida en
que sus autoridades se han visto obligadas a aplicar los lineamientos
antipopulares procedentes de Madrid.
Ciertamente, ante la devastación impulsada por La Moncloa hay
propuestas económicas alternativas, menos inequitativas y más
eficientes, que toman en cuenta la necesidad de reactivar la economía y
el mercado interno, que plantean el establecimiento de cargas
impositivas especiales para las grandes fortunas y los más adinerados, y
que no obligan al tránsito de millones de personas de la clase media a
la pobreza sin atenuantes. Pero Rajoy, confiado en su mayoría
parlamentaria y la lejanía de las próximas elecciones legislativas
–previstas para dentro de casi cuatro años–, se muestra inflexible en la
aplicación de su estrategia devastadora y no parece importarle su
drástica caída en las preferencias electorales.
Por su parte, la sociedad española carece de alternativas
institucionales para exigir que se detenga el draconiano plan de ajuste
impuesto por La Moncloa en acatamiento de las presiones procedentes de
la Unión Europea y, sobre todo, de la canciller alemana Angela Merkel.
Esta combinación –insensibilidad oficial, indignación popular y
ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en
acción política– constituye una condición de riesgo de estallidos
sociales incontrolables. Una muestra adicional de arrogancia del
gobierno del PP es no darse cuenta de ello o, al menos, hacer como si no
se diera cuenta.
La Jornada
Editorial.
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