martes, 28 de febrero de 2012

Charla-debate "De la crisis económica a la crisis política europea. ¿Es posible gobernar los mercados?



Charla-Debate
De la crisis económica a la crisis política europea.
¿Es posible gobernar los mercados?

 Jueves 1 de marzo, 18h-21h
Salón de Grados, Facultad de Derecho, 
Campus Merced, Murcia

Organiza
Centro de Estudios 15M – Aula Debate (UMU) – ATTAC-Murcia

Ponentes

Pedro Alonso Águila
(economista colaborador del Centro de
Estudios 15M)
 "Crisis y gobernanza económica"

Gloria Alarcón García (UMU)
¿Un sistema fiscal europeo es
posible ?

Luis A. Bermejo
"La imposición (tasa) sobre las transacciones financieras"
Economista y miembro de ATTAC Murcia.

 Comentarista:
Manuel Tovar Arce (UMU)

 
Presentación
Los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea se encuentran actualmente inmersos en la preparación de un nuevo tratado que permitirá en teoría salir de la "crisis del euro". Sin embargo, la opinión pública se encuentra en gran medida desinformada acerca el verdadero calado y trasfondo de las “medidas” y “reformas” adoptadas por gobiernos y las instituciones comunitarias en nombre de la “austeridad”. Hecho que contribuye a desautorizar las opiniones de la ciudadanía acerca de temas presentados como puramente técnicos empobreciendo así el debate público. Esta charla-debate intentará por tanto descifrar las políticas económicas que están siendo adoptadas actualmente para calmar y/o regular los “mercados”.

Los ponentes explicarán de esta modo cómo los “mercados” han escapado al control de la autoridades políticas en los últimos años, cuáles son los nuevos instrumentos de gobernanza económica actualmente en curso de gestación y qué consecuencias acarrearán para la ciudadanía. Nos plantearemos de manera general si la Unión Europea está preparada para gobernar la crisis económica iniciada en 2008 respondiendo así a preguntas tales como ¿cuál es el trasfondo teórico de las políticas públicas de austeridad y control del déficit? ¿La complejidad de la crisis justifica la formación de gobiernos de tipo tecnócrata?

¿Llegará a realizarse la “unión fiscal europea”? ¿Es factible la crear una tasa sobre las transacciones financieras? ¿Qué opciones de reforma del sistema bancario están siendo barajadas?

En definitiva, esta charla-debate sigue el objetivo fijado por el “Centro de Estudios 15M” y el programa “Aula Debate” de la UMU de fomentar el debate y la divulgación de conocimientos accesibles y de calidad que respondan a las demandas de la ciudadanía.

lunes, 27 de febrero de 2012

Al capitalismo no le sienta bien la democracia

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito en su último libro y repite en varias declaraciones públicas que en Europa se está desmantelando la democracia (Ver Georg Diez, A Philosopher's Mission to Save the EU). Un juicio muy fuerte del que se hacía eco compartiéndolo alguien nada sospechoso de radicalismo y que conoce bien el continente como el ex canciller alemán Helmut Schmidt (L'Allemagne dans et avec l'Europe, L'Economie politique n° 053 - janvier 2012). 

No creo que se trate de palabras vacías sino de un proceso real, ya innegable aunque desearía que no llegue a ser imparable a corto y medio plazo. 

Bastó con que el ex presidente Papandreu amagara con la convocatoria de un referéndum para que se le hiciese dimitir, o que Berlusconi sacara la cabeza frente a Bruselas para que igualmente saliera por la puerta chica de donde le habían puesto, para mayor o menor fortuna, los electores italianos. 

Han sido dos auténticos golpes de estado de los que nadie quiere hablar y que se ha conseguido hacer pasar como si nada en los medios de comunicación y en los debates políticos. Y el reciente acuerdo con Grecia (si es que se le puede llamar así) es el punto final al régimen democrático en aquel país, toda vez que autoridades extranjeras se han hecho ya definitivamente con el poder de facto para decidir lo que les conviene a ellas y a los poderes financieros y económicos a los que representan, sean cuales sean la opinión o las preferencias de los ciudadanos griegos. ¿Quién puede decir hay democracia en aquel país? 

No es la primera vez que hemos podido comprobar que la democracia, por limitada que sea, es un escollo a veces insalvable para poner en marcha las medidas que aseguren beneficios al capital. Las políticas neoliberales que ahora sufrimos en todo su esplendor fueron puestas por primera vez gracias a golpes de estado militares que sirvieron de experiencias para ir validando el tempo de las medidas de represión social y económica que iban a ser necesarias para consolidar el nuevo régimen de competencia y beneficio en las economías capitalistas. Y eso se hizo para frenar el poder creciente que el pleno empleo y el Estado de Bienestar habían dado a los trabajadores del mundo occidental. 

Desde entonces vivimos en un proceso de continuado debilitamiento de la democracia formal que cada vez más se convierte en un remedo del sistema político que garantiza que las decisiones sobre las cosas sociales y los intereses generales se tomen en función de lo que piensa y determina la mayoría de la población consultada a través de las urnas. 

A ello han contribuido varias circunstancias pero creo que algunas de ellas son especialmente importantes y han tenido una particular incidencia en la crisis que estamos viviendo. 

La primera es la consolidación de un poder monetario privado, al margen efectivo del debate político, que condiciona y encuadra al resto de las políticas económicas. La independencia de los bancos centrales y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo que hace que, en la práctica, los gobiernos tengan completamente atadas las manos frente a los mercados y los grandes propietarios de capital. 

La segunda es el incremento voluntariamente planificado del desempleo y el empleo precario. De esa forma, como ya advirtiera Michal Kalecki hace ochenta años, los grandes empresarios obtienen menos beneficios (puesto que les sería económicamente más rentable el pleno empleo) pero gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras, pueden disponer de más poder político que a la postre es lo que les asegura su posición de dominio social. Y a ello ha contribuido en los últimos años de modo decisivo el incremento del negocio de la deuda que los bancos han impulsado imponiendo modelos de crecimiento basados en el suministro de bienes de inversión y duraderos que generan demanda de crédito (como la vivienda o los automóviles). El crecimiento extraordinario del endeudamiento familiar no solo es una selecta fuente de ganancias para la banca sino una auténtica esclavitud contemporánea: los individuos viven para consumir y para pagar los créditos que les permiten salir adelante.

La tercera es la mixtura también creciente entre el poder económico y financiero y el mediático que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o uno, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión pública e imponiendo, se quiera o no, el pensamiento único que domina las decisiones económicas. 
 
Otra circunstancia que me parece decisiva como fuente de degeneración democrática en el ámbito económico es que los partidos y las autoridades públicas están llegando a ser materialmente irresponsables. Hoy día es prácticamente imposible pedirle cuentas, sobre todo, de los incumplimientos constantes de la oferta electoral de naturaleza económica con que se presentan a las elecciones. Y es tanto el poder que ejercen sobre los medios de adoctrinamiento y tan estrechas las vías que se abren para el debate social que no es posible que los electores tomen nota de ello, lo que les impide acudir a las elecciones con la información que les permitiera algo más que optar entre opciones políticas que terminan por hacer lo mismo en materia económica. 

Tan molesta está llegando a ser la democracia para los grandes poderes económicos y financieros y tanto incordio les supone la intermediación de las instituciones públicas que parece que han decidido tomar ellos mismos las riendas de los poderes públicos. Y en esta crisis se está produciendo con mucha mayor fuerza que nunca antes, la fusión entre unos y otros, por la vía incluso de la participación directa en los gobiernos que igual termina, como ya ha pasado en algún país, con la entronización en la vida pública de empresarios populistas que permitan a la clase empresarial más poderosa deshacerse de los políticos profesionales que, a veces, incluso le salen demasiado caros. 

Es gracias a todo ello que las medidas que se están aplicando frente a la crisis no sean realmente las que podrían permitir mejorar la situación económica y que apenas pase nada. Es es una evidencia clamorosa: las economías europeas no están mejor que cuando se empezaron a aplicar las políticas que dicen que solucionan la crisis sino mucho peor. Crecen menos y tienen más deuda. Y es así porque estas políticas no se destinan a mejorar las condiciones económicas en general sino a aumentar el beneficio y el poder de decisión de los grandes propietarios de capital y de los financieros. Por eso el debate social plural y transparente, la igualdad de medios y condiciones para exponer opiniones, la democracia, se está convirtiendo en una incómoda piedra en el zapato del capitalismo neoliberal de nuestra época porque es lo único que podría poner en claro lo que está pasando. Y por eso se la quieren quitar de encima cuanto antes. 

Juan Torres López
Ganas de Escribir

domingo, 26 de febrero de 2012

Crisis y suicidios

En Europa, superamos hoy los 19 millones de parados. Este año 2012 va a ser particularmente cruel y, al mismo tiempo, siguen por doquier las reducciones de toda índole. Un hecho poco estudiado es el aumento del número de suicidios en diferentes países en crisis. Una investigación publicada en febrero de este año por el psiquiatra y profesor de medicina legal Michel Debout, especialista en suicidios, demuestra que entre finales de 2008 y 2011, periodo en el que el auge del paro en Francia llegó a los 6.480.000 parados, hubo también 759 suicidios directamente vinculados con este aumento. Esa cifra afecta sobre todo a los que se encuentran entre 35 y 65 años. El movimiento al alza parece ineluctable: mientras el número de suicidios bajaba desde 1987, ha vuelto a subir desde comienzo de la crisis: 10.127 en 2007; 10.353 en 2008; 10.499 en 2009. Subraya el profesor que: “Se puede temer lo peor para 2012 y 2013, particularmente para los comprendidos entre 40 y 55 años” y, tras poner de relieve la ausencia de asistencia a las víctimas potenciales por parte de los poderes públicos, pregunta: “¿Por qué no se organiza un apoyo médico y psicológico a los parados? La sociedad mostraría así a esa gente que todavía cuenta. Un parado se suicida porque ya está socialmente muerto, y porque ya no tiene más sitio”.

El problema es que —tal y como lo pregonaba Margaret Thatcher alabando el hecho— para el liberalismo la “sociedad” no existe: lo que hay son individuos aislados, a menudo opuestos, y autoridades públicas organizando restricciones. El sistema político tiende, aceptando la lucha de todos en contra de todos, a volverse solo penal, “vigilante nocturno” del capitalismo liberal. Y la solidaridad, sacrificada sobre el altar de la “competitividad”, es un deseo piadoso.

Sabemos que la crisis actual es del mismo o quizá peor tamaño que la de 1929. Sus efectos se pueden medir cuantitativamente en número de parados, empleos precarios, bajada de sueldos, aumento de la competitividad entre los asalariados que sufren el chantaje al empleo. También sabemos los efectos colaterales sobre el medio ambiente (primera partida presupuestaria suprimida o drásticamente reducida por todos los poderes políticos europeos desde 2008), la reducción de inversión en todo lo que mantiene un vínculo social digno (sanidad, educación, vivienda, etcétera).

Pero lo que se mide más difícilmente y sin embargo está directamente ligado a la crisis, es la dimensión subjetiva, humana, psicológica, de la crisis sobre los seres humanos. Ya en los años treinta, el gran sociólogo austriaco Paul Hartzfeld publicó una investigación, Los parados de Marienstrasse, que ha quedado como una obra maestra sobre los daños del paro en la identidad personal del parado. Sus características son invariables: el paro de larga duración provoca el desprecio de uno mismo, la distancia respecto a (y a menudo de parte de) los demás, la devaluación del estatus en el seno de la familia, la pérdida de confianza y el debilitamiento en la competición social, la aceptación cada vez más resignada de la degradación de las condiciones de vida. Lo más importante es el sentimiento de derelicción, esto es, de desamparo, abandono, inutilidad social, que invade al ser humano así humillado. Lo más duro es el despertar diario sin nada que hacer; el vivir otro día más el fracaso social, no ver el fin del túnel, el fin del ser nada. Lo más indigno es pedir ayuda, cobrar el paro, cuando uno quiere trabajar.

Las consecuencias políticas de tal situación también pueden a veces ser desastrosas para la civilización: la exclusión social puede llevar al auge de movimientos antidemocráticos, xenófobos, y, sobre todo, a una batalla encarnizada en contra de los que tienen un empleo. Y eso no es por casualidad, sino más bien porque los responsables de la crisis hacen todo para desviar la cólera de las víctimas dirigiéndola en contra de los “privilegiados”, funcionarios públicos, familias asistidas, trabajadores inmigrantes.

Las políticas asistenciales de los poderes públicos son cada vez más restrictivas, y ahora en Europa ya hay cientos de miles de parados echados a la calle, sin ayuda ninguna. El desamparo: esa es la categoría psicosocial más adecuada para definir la patología dominante en esta crisis. Los parados europeos, tanto como, en adelante, la población activa, no tienen a menudo más que un tema de movilización: “¡Basta, no podemos más!”. No es un grito de reivindicación, sino de extenuación, salvo si uno se deja invadir por lo peor: desaparecer.

Sami Naïr
El País

jueves, 23 de febrero de 2012

24-F. Contra el rescate a los bancos. Rueda de prensa



RUEDA DE PRENSA

NO ES NECESARIO   /   ES INNECESARIO
porque los bancos han obtenido beneficios suficientes, desde el inicio de la crisis, para cubrir la devaluación de sus activos.

NO ES EFICIENTE   /   ES INEFICAZ
porque ya se ha demostrado, con las ayudas anteriores a la banca, que el dinero que reciben no lo destinan a conceder préstamos a familias y a empresas sino a ajustar sus contabilidades.

NO ES JUSTO   /   ES INJUSTO
porque los recursos que se comprometen con la banca dejan de ser empleados en otros sectores con mayor impacto social (dependencia, sanidad, educación, pensiones, empleo...).

NO ES INTELIGENTE   /    ES NECIO
porque el Estado se transforma en acreedor voluntario de los bancos sin ninguna garantía o aval y sin el control de la propiedad.

NO ES SOCIALMENTE ASUMIBLE  /  ES SOCIALMENTE INASUMIBLE
que, mientras el Estado concede ayudas innecesarias a los bancos, éstos sigan deshauciando a familias que no cuentan con ninguna ayuda estatal para pagar sus hipotecas. 

NO ES GRATUITO   /   TIENE UN COSTE
porque el dinero que se "presta" tiene que salir de algún lado (tus impuestos) y hasta que lo devuelvan, dejará de estar disponible para otros destinos.


NO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA POSIBLE   /   EXISTEN ALTERNATIVAS:

- CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

- INTEGRACIÓN EN LA BANCA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (BANCOS Y CAJAS) QUE RECIBAN FONDOS PÚBLICOS.

- DEJAR CAER A LOS BANCOS QUE NO DISPONGAN DE SUFICIENTES RECURSOS GARANTIZANDO LOS DEPÓSITOS DE SUS CLIENTES.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Comunicado de apoyo de ATTAC España a la acción de protesta del 24 de febrero contra el rescate de los bancos con dinero público

Desde que empezó la crisis económica originada en el sector financiero (bancos, cajas y entidades de crédito) hemos oído toda clase de justificaciones falaces para realizar el rescate de las entidades, desde el “demasiado grandes para caer”, hasta “los rescates no costarán ni un solo euro al erario público”. Contrasta esa actitud indulgente, compartida hasta la casi completa unanimidad desde los principales medios de comunicación hasta los diferentes gobiernos, con la severidad que estos mismos han mantenido respecto al gasto en nuestro precario Estado de bienestar, objeto de constantes recortes y retrocesos importantes desde el año 2010 y achacado a su supuesta prodigalidad o al ya ubicuo ” vivir por encima de nuestras posibilidades”. Esta auténtica ley del embudo, que siempre tiene su extremo amplio por el lado de las entidades financieras y el extremo estrecho por el lado de los servicios públicos, es una manifestación del deterioro de nuestra democracia, donde pesan más intereses privados de accionistas multimillonarios que el mantenimiento de servicios esenciales para la población como la educación y la sanidad públicas.

Es un tratamiento injusto que se ha plasmado en una sucesión de leyes generosas dotando de abundantes fondos públicos a la banca (FAAF, FROB y la recién aprobada reforma financiera), fondos que suponen una inmensa carga sobre la hacienda pública que ascienden a 141.000 millones, sin contar con los adicionales 52.000 millones de la nueva reforma y sin tener en cuenta los gastos financieros originados por el aumento del diferencial sobre los títulos de deuda pública española causados por la desconfianza en la exposición a la burbuja inmobiliaria de nuestro sistema financiero, o que buena parte de los avales públicos tengan que ser ejecutados. La otra cara de la moneda son las políticas de austeridad hacia la mayoría de la sociedad que han dinamitado un Estado de bienestar aun subdesarrollado y que dificulta si no impide cualquier posibilidad de salir de la recesión, cuando no nos aboca hacia una depresión si cabe más profunda.

El día 24 de febrero de 2012, convocada por DRY y por quienes apoyen esta iniciativa, se ejercerá una acción de protesta pacífica contra el rescate de los bancos con dinero público, de forma coordinada y simultánea en todas las ciudades del estado, acción que desde ATTAC consideramos del mayor interés, animando a toda la ciudadanía a participar en ella para poner freno a la injusticia flagrante de los recortes para los pobres y los rescates para los ricos.

ATTAC España. 20 de febrero 2012

martes, 21 de febrero de 2012

24F – Contra el rescate a los bancos con dinero público. "CACEROLADA"




NO ES NECESARIO   /   ES INNECESARIO
porque los bancos han obtenido beneficios suficientes, desde el inicio de la crisis, para cubrir la devaluación de sus activos.

NO ES EFICIENTE   /   ES INEFICAZ
porque ya se ha demostrado, con las ayudas anteriores a la banca, que el dinero que reciben no lo destinan a conceder préstamos a familias y a empresas sino a ajustar sus contabilidades.


NO ES JUSTO   /   ES INJUSTO
porque los recursos que se comprometen con la banca dejan de ser empleados en otros sectores con mayor impacto social (dependencia, sanidad, educación, pensiones, empleo...).


NO ES INTELIGENTE   /   ES NECIO
porque el Estado se transforma en acreedor voluntario de los bancos sin ninguna garantía o aval y sin el control de la propiedad.

NO ES SOCIALMENTE ASUMIBLE  /  ES SOCIALMENTE INASUMIBLE
que, mientras el Estado concede ayudas innecesarias a los bancos, éstos sigan deshauciando a familias que no cuentan con ninguna ayuda estatal para pagar sus hipotecas. 

NO ES GRATUITO   /   TIENE UN COSTE
porque el dinero que se "presta" tiene que salir de algún lado (tus impuestos) y hasta que lo devuelvan, dejará de estar disponible para otros destinos.


NO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA POSIBLE   /   EXISTEN ALTERNATIVAS:

- CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

- INTEGRACIÓN EN LA BANCA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (BANCOS Y CAJAS) QUE RECIBAN FONDOS PÚBLICOS.

- DEJAR CAER A LOS BANCOS QUE NO DISPONGAN DE SUFICIENTES RECURSOS GARANTIZANDO LOS DEPÓSITOS DE SUS CLIENTES.

De la brutalidad económica a la brutalidad represiva

Desde el fin de semana pasado, en Valencia, la Policía Nacional de España ha venido reprimiendo con violencia inusitada a los estudiantes que protestan contra los recortes a los presupuestos educativos emprendidos por el gobierno derechista que encabeza Mariano Rajoy, quien busca de esa manera satisfacer las exigencias de la Unión Europea y de los organismos financieros internacionales antes que cubrir las necesidades sociales y garantizar derechos fundamentales.

En sus intentos por desalojar a los inconformes –padres de familia, profesores, alumnos y parlamentarios– de las calles y de varios centros de enseñanza, las fuerzas del orden lesionaron a decenas de personas, arrestaron sin justificación a estudiantes menores de edad, zarandearon a periodistas y desataron persecuciones judiciales con base en cargos que, según han demostrado en varios casos grabaciones de video, son inventados. Lo que muestran los videos, en cambio, es que con frecuencia los elementos antidisturbios la han emprendido a golpes contra personas que no cometieron más falta que encontrarse en los sitios en los que se desarrollaron las cargas policiales. Una expresión que ilustra la actitud encarnizada de la policía manifestantes es la que empleó el jefe policial Antonio Moreno, quien se refirió a los manifestantes como el enemigo. Para mayor exasperación ciudadana, ese funcionario describió la actuación de la policía como una respuesta comedida y mesurada a supuestas acometidas físicas de los movilizados en defensa de la educación.

Por supuesto, la brutalidad policial, a la que varias voces en los medios españoles comparan con las cargas de los grises –como se llamaba a la fuerza antidisturbios de la dictadura franquista, en referencia al color de su uniforme–, ha exponenciado el descontento inicial, y ahora los manifestantes no sólo exigen que se deponga la determinación de recortar el presupuesto educativo, sino demandan, además, la remoción de la delegada en la Comunidad Valenciana del gobierno de Madrid, Paula Sánchez de León.

Es preciso no perder de vista que la brutalidad policial desatada por el régimen de Rajoy es sólo el más reciente episodio de una saga de violencia no necesariamente física del gobierno contra la población. En efecto, la clase política de Madrid decidió trasladar los costos de la crisis en la que se encuentra sumido el país a la población en general, la cual ha debido enfrentar el aumento del desempleo, la reducción de su nivel de vida y la pérdida o la contracción de servicios educativos, de salud, vivienda y otros.

Si el gobierno del Partido Socialista Obrero Español claudicó a su plataforma política, que prometía la promoción y la defensa del estado de bienestar, su sucesión en La Moncloa, a cargo del Partido Popular de Rajoy y de José María Aznar, hace frente al malestar popular resultante mediante la fuerza bruta policial y deja entrever, desde el inicio, las tendencias autoritarias que justifican que se describa a esa organización política como posfranquista, no sólo porque fue fundada principalmente por ex funcionarios de la dictadura, como el recientemente fallecido Manuel Fraga, sino también por una herencia ideológica inocultable.

En suma, España ha sido colocada por sus gobernantes anteriores y actuales ante la posibilidad de una escalada de explosiones sociales, andanadas represivas y desesperanza como la que tiene lugar en Grecia. Si el escenario helénico llega a repetirse en tierras españolas, Rajoy y su equipo no podrán argumentar que ignoraban la perspectiva.

La Jornada. Editorial

lunes, 20 de febrero de 2012

Cómo será el futuro

En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser 
William Shakespere

Un 29 de octubre de 1919, hace ahora más de 92 años, se aprobó en la OIT [1] el primer convenio internacional por los derechos de los trabajadores (C1). Era el que acordaba establecer entre los firmantes la jornada de ocho horas, o de la semana de cuarenta y ocho horas en la industria. En 1928 llegó el salario mínimo (C26), poco después, la edad mínima para trabajar (C33), y dos años más tarde llegaron las prestaciones por desempleo (C44). Hace 80 años ya, que se limitó la jornada semanal a 40 horas con carácter general. ¿Sorprendente, verdad?
Hasta antes de la guerra IIGM los derechos de los trabajadores fueron ganando terreno. Unos sindicatos con músculo, y unas convicciones férreas, iban derribando todos los muros de tradiciones y pasado. Y eso era solo el principio, se miraba al futuro con esperanza, y no solo desde el proletariado. 

Qué tiempos aquellos en los que el destino se auguraba desde una lógica social, incluso desde ciertas corrientes capitalistas. El desarrollo tecnológico cautivaba los sentidos, la modernidad se podía tocar con la punta de los dedos. El mismo John Maynard Keynes (un capitalista recuperado de las estanterías desde el comienzo de la crisis como figura válida incluso por gran parte de la izquierda contemporánea), presagió jornadas laborales de 15 horas semanales para el 2030. El hombre ocupaba por entonces el centro del universo intelectual. La economía iba a estar a su servicio, y pronto disfrutaríamos de tiempo para lo importante, relegando las duras tareas de la obtención de lo imprescindible al fruto de nuestra inteligencia como especie; las máquinas. 

Estas previsiones no eran ni mucho menos el resultado de la imaginación desbordada de unos cuantos idealistas soñadores. Se trataba de una prospectiva basada en fundamentos válidos, y adelantada por las mentes más prestigiosas del establishment de la época. Todo estaba calculado, bueno, todo no; solo dejaron de incluir en sus cálculos el hecho de que la codicia no puede permitir la igualdad, ni la libertad. Y por lo visto tampoco habían perdido mucho tiempo en estudiar dónde se encontraban realmente. Hoy ocurre exactamente lo mismo, pero con mayor delito, porque la tendencia es la opuesta. 

Lo dicho, todo era muy sólido (aún no había nacido Marsall Berman), y desde ese prisma la argumentación incontestable. Entonces… ¿Cómo llegamos a aceptar un mundo en el que un medio superase el valor del fin para el que se creó? 

No es demasiado complejo explicarlo (ahora), pero para empezar vamos a tener que hacer acto de contrición con/contra nuestra inteligencia, y admitir que hemos sido estafados. Nos han colado un timo de la estampita generacional elevado a la googolésima potencia. 

Un estudio reciente de un investigador de Princeton – Iain Couzin–, estima que la democracia necesita un elevado número de personas ignorantes para funcionar. Desconozco si el estudio con grupos de animales es extrapolable al ámbito de la psicología social y la sociología como él conjetura, pero es indudable que la conclusión es fácilmente aceptable si por democracia, se refiere Couzin, a este nuevo paradigma en el que unos dicen que existe, y el resto se lo cree. 

Sin medias tintas; incluso la mayoría de los críticos reputados desconocen el funcionamiento del sistema. Están condicionados por él. Es por esto que algunos siguen apelando a fórmulas reformistas, sin perjuicio de aquellos que lo hacen por adecuarse a una realidad incontestable. Es mucho más llamativo en cualquier caso el “hasta entrañable” esfuerzo de algunos autodignificados y sobrios academicistas, siempre henchidos de doctrina y seudocientífico empirismo económico. Estos contertulios habituales de cómicas emisiones televisivas disfrazadas de debate riguroso son, los que aún siendo carne de cañón, defienden tesis que a muchos nos provocan, una vez superada la indignación, una sonrisa condescendiente. 

Profesores y expertos en economía con una capacidad intelectual tan precaria como el modelo que los dejará con una mano delante y otra detrás excepto que acepten su rol de mascotas: el siempre elástico libre mercado ¿Es o no entrañable? 

Si esto llama la atención, no lo hace menos ese sector que les replica defendiendo el reformismo; sí al libre mercado “pero regulado”. ¿No han visto el oxímoron, o no lo quieren ver? 

Para empezar, los defensores del libre mercado son por naturaleza y por lógica, partidarios de la desregulación, es su credo, lo dice su propia definición (a veces no queremos leer, ya lo dijo Cervantes), y por si fuera poco, para ello incluso han creado una figura imaginaria que se conoce como “la mano invisible”, que es el eufemismo para nombrar sin definir, el presunto automatismo que aplica la propia estructura basada en la competencia: el mejor domina, el apto sobrevive. Darwinismo en estado puro, o cómo aplicar el equilibrio sin considerar que el todo es más que la suma de sus partes. 

Hay alguno de estos correligionarios que incluso han criticado duramente el salvataje público a la banca privada. Los hay muy puristas, muy ortodoxos, “gente seria”. Estos son precisamente los que han olvidado (o no quieren recordar) que todo lo que existe en este planeta es de todos y de nadie, y no de los que sean capaces de dedicar más tiempo a satisfacer su enfermiza codicia acaparándolo. Si esto no se acepta, el modelo no deja de ser una estafa (lo es). Por esto, y sobre el papel, a título estético, para evitar que nos matemos entre nosotros por apropiación indebida, se firma tácitamente al nacer un “contrato social”, que viene a significar lo mismo que un “vamos a llevarnos bien”. El problema es que hemos olvidado que existe, y que está basado en contraprestaciones por usufructo. 

Estos personajes, en su demencia, defienden que el más capaz se mantendrá arriba (algunos ilusos creen que son capaces de llegar, que están bien adaptados a ese sistema. Otros sí lo están, a la par que su psicopatía). Es una lástima que esta gente nunca haya contado (es ironía) con la importancia de la posición previa; de partir con ventaja. Y tampoco han exigido en su ortodoxia hacer tabula rasa para empezar su estúpida competición. Que le digan ahora a un “emprendedor” con 3000 € que compita en el mercado de la alimentación con Mercadona; mucha suerte (Eso solo es posible de partida con condiciones similares, lo comento por si algún inspirado se ve tentado de recordar los orígenes de esta empresa). O a un particular que intente igualar a Goldman Sachs. El mercado libre es el caldo de cultivo del oligopolio, cuando no lo es directamente del monopolio. Pero es sobre todo la excusa para perpetuarse haciendo parecer que hay libertad para competir. 

Estos, los puristas con vocación, son “cortitos mayores o jóvenes ambiciosos” que se han tragado el cuento de la lechera de mamá educación dirigida y de papá modelo social. No ven más allá, porque es muy cómodo llegar a la primera meta, y no hacer el esfuerzo de dudar si hay otras. ¿Qué más da que para llegar hasta aquí haya tenido que existir sociedad? Me han enseñado a mirar por mí y nadie me ha dicho que existían otros con los mismos derechos. Hijo mío “tú lo vales”. 

A los otros, a los que pueden tener solución, habrá que preguntarles cómo van a convencer a los todopoderosos amos del mundo para que se dignen a aplicar esas reformas que reivindican. Algunas de esas firmas las publicamos aquí haciéndonos eco, porque son las exigencias de buenas personas. Pero sus propuestas mantienen células del cáncer de la iniquidad que afecta al modelo actual. Y puestos a que no nos hagan ningún caso, vamos a idear un edificio nuevo, y no la reforma de uno con los cimientos destrozados. Puede que hasta ahora tuviera alguna lógica ser conservadores (cautelosos, pragmáticos, realistas), pero eso ya no tiene sentido. 

Han metido el miedo en el cuerpo hasta a la gente digna. Hablar de lo público (lo que es de TODOS), tiene una espantosa prensa, por algo será (los generadores de opinión responden al criterio de sus señores). La iniciativa privada es eficiente, y lo público es un desastre, y sin embargo ha tenido que ser el Estado el que rescate a la banca. Lo ineficiente ha rescatado al eficiente causante privado de la crisis. Qué cosas. En realidad ha sido un expolio y no una crisis, pero eso lo dejamos para otro día. 

No se habla de empezar una sociedad bien regulada, en la que quien no colabore pudiendo hacerlo no disfrute sus ventajas. En la que nos sintamos orgullosos de participar, porque participamos en lo nuestro y disfrutamos con ello. En la que la valía no conduzca a la diferencia de clase sino a la diferencia de satisfacción. En la que todos los bienes y servicios básicos sean del Estado (de TODOS). En la que se facilite la iniciativa cultural. En la que prime el beneficio colectivo sobre el individual, y en la que dispongamos de mucho tiempo para crecer como personas. En la que no creamos que la solidaridad nos perjudica sino que nos beneficia. En la que lo accesorio tenga su valor real, en la que una vivienda, la alimentación, la salud, la educación y la comunicación sean un derecho inalienable, y en la que por poner un ejemplo de estulticia, comerse una naranja en junio precise el salario de un mes para cualquiera. No hay que prohibir nada, hay que ajustarlo a la realidad de un modelo de racionalidad en un planeta de recursos finitos. 

Una sociedad en la que todos conozcan la diferencia entre valor de uso, valor de cambio y valor agregado. En la que se regule adecuadamente la especulación y la codicia. En la que no se permita estafar. En la que el desconocimiento de la Ley sí exima de su cumplimiento, pero en la que ningún ciudadano la desconozca. En la que nadie quiera ser más que nadie, pero especialmente en la que nadie pueda ser más que nadie. En la que las decisiones se tomen entre todos. Una sociedad del bien común. Puestos a pelear por algo, ¿por qué no pelear por esto? 

Y ahora bajemos a la tierra. En el momento en el que nos agitemos ante la imposibilidad de movernos, nos daremos cuenta de dónde estamos. Y no tardará en ocurrir. También les ocurrirá a los que creen que no pasa ni pasará nada. Por eso es importante tener una base. Una revolución sin ideas claras es la placa de agar para regímenes totalitarios. 

Dicho esto, no sé cómo será el futuro. Solo tengo argumentos para desmontar y para proponer, pero estoy tan perdido como cualquiera a la hora de prever el momento del presumible desenlace. No se me ocurre ninguna idea genial, ni tampoco creo que sea posible sumar a demasiada gente (la cultura del individualismo está demasiado arraigada). Pero sí te ruego algo a ti que me lees; que si eres capaz de liberarte de convencionalismos inculcados, les hagas saber a todos que estás harto. Puede que esto cree una corriente positiva. Sé uno más en portar un símbolo de desacuerdo. No te va a hacer menos respetable y no dañará tu imagen. Pásate por el enlace, y súmate al movimiento marrón sobre blanco, no esperes a que los demás lo hagan por ti. Tú eres el que lo inicias todo. 

Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes.  
William Shakespeare

Nota:
[1] Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm

 Paco Bello


domingo, 19 de febrero de 2012

24F – Contra el rescate a los bancos con dinero público. CACEROLADA


Contra el rescate a los bancos
24 de febrero. 8 de la tarde
Banco de España
"Cacerolada"

Llamamos a la ciudadanía murciana a manifestarse CONTRA EL RESCATE A LA BANCA CON DINERO PÚBLICO el próximo 24 de febrero las 20 h. con una sonora cacerolada en la puerta del Banco de España en la Gran Vía de Murcia.

La convocatoria surge de la “Asamblea 24F”, celebrada el pasado 9 de febrero en el CSA de Zarandona, que contó con la presencia de personas y colectivos del 15M, Democracia Real Ya!, PAH y ATTAC.

Llamamos a las distintas Asambleas de Barrio, colectivos y asociaciones de Murcia a sumar sus esfuerzos para la difusión y máxima afluencia a esta concentración-protesta contra aquellos que deterioran nuestros servicios públicos y nos arruinan para dar el dinero de todos y todas a los Bancos, causantes de la crisis.

¡CONTRA EL RESCATE A LA BANCA CON DINERO PÚBLICO!
Asamblea 24F

La escalada autoritaria en España

No hay política de ajuste que no implique, simultáneamente, como su contracara necesaria, una política represiva orientada a la domesticación de la protesta social. Al ineludible incremento de la conflictividad social ante decisiones radicalmente desequilibradas en la distribución de privilegios y perjuicios, el gobierno nacional arremete contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Medidas antipopulares como la reforma laboral, el brutal recorte del gasto social simultáneo al mantenimiento de los privilegios presupuestarios de la corona, la iglesia católica y las fuerzas armadas, la acentuación de un sistema fiscal regresivo, el retroceso en términos de derechos de las mujeres, la inhabilitación judicial de un juez emblemático como Garzón (por su investigación de crímenes de lesa humanidad y de una de las tantas tramas corruptas existentes) o el rescate público a la banca privada, entre otras medidas, tienen como corolario la instauración de un estado policial que se sustrae de las leyes de excepcionalidad que institucionaliza para actuar al margen de todo control democrático, generalizando la suspensión temporal de derechos en nombre de una situación de urgencia.
 
En efecto, en nombre de esa urgencia, la derecha gubernamental española -presionada internamente por sus facciones más ultraconservadoras y a nivel externo por una unión europea cooptada por el poder financiero global- no tiene más respuesta ante las diversas demandas sociales que la criminalización de los participantes en las manifestaciones sociales y la usurpación policial del espacio público en nombre del orden social. El propio emplazamiento ideológico sitúa al partido gobernante en el dilema de cargar contra los manifestantes y atizar la indignación colectiva o de permitir su movilización y contrariar los deseos de una parte significativa de su electorado. 

La resolución al dilema no ha tardado demasiado en llegar: la apuesta por judicializar los conflictos sociales resulta clara. Que para esa tarea la policía se emplee a fondo, imputando a los manifestantes delitos de desorden público, resistencia y desobediencia a la autoridad (a pesar de las evidencias en sentido contrario), no debería hacernos perder de vista algo mucho más grave: no sólo que el aparato represivo estructurado durante el franquismo nunca fue desmontado sino que lo que está en curso es una política transversal en Europa, producto del desplazamiento de una variante social-demócrata más o menos benevolente del capitalismo a una variante neoliberal mucho más virulenta. 

La adquisición millonaria de materiales antidisturbios ya hacía prever esta intensificación de las políticas represivas en España. Que enfrente estén miles de ciudadanos protestando (desde parados y estudiantes, pasando por políticos de izquierda y miembros de sindicatos minoritarios hasta trabajadores del sector público o jubilados) no parece conmover en lo más mínimo al nuevo bloque gobernante. La escalada autoritaria acaba de empezar. Bajo la supervisión de unas instituciones políticas europeas subordinadas a las oligarquías financieras, el partido gobernante tiene vía libre para proseguir la dirección que ya se figuraba en el anterior gobierno nacional: destruir los últimos restos del estado de bienestar, disciplinar a las clases trabajadoras y consolidar el gran capital financiero y empresarial. 

Erigido en mayoría absoluta por una ley electoral antidemocrática que suelda legalmente el bipartidismo como política de estado y a pesar de ser una primera minoría (recuérdese que el PP apenas obtuvo el 30 % de los votos del censo electoral), el gobierno actual sabe que las políticas de ajuste y el rescate de los agentes financieros no se producirá sin resistencias sociales relevantes. De ahí la decidida apuesta por criminalizar a los grupos y movimientos sociales contestatarios que ponen de manifiesto el malestar colectivo. Su objetivo político no es tanto suprimir de lo público las protestas sociales (objetivo que no puede sino fracasar estrepitosamente) sino domesticarlas, esto es, regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, en suma, procurar controlar un devenir que, de otro modo, podría dar lugar a lo imprevisible, a la puesta en acto del fantasma de la revuelta o de lo que hay de excedente incontrolable en el acontecimiento. 

No es sólo un problema de arrogancia amparada en una mayoría parlamentaria (manifiesta por lo demás en cargas policiales tan desproporcionadas como torpes en la previsión de sus efectos negativos); lo que está en marcha es la construcción de un poder soberano para-estatal que consolide un modelo de acumulación basado en la concentración de la riqueza y en el disciplinamiento social. Que para ese fin se produzca una “movilización total” del bloque dominante no debería extrañar, empezando por el despliegue de una retórica cínica que recuerda las peores anticipaciones de Orwel en 1984: desde esa perspectiva, no hay vacilación alguna en presentar de forma invertida la reforma laboral como una “garantía de empleo”, la destitución vergonzosa de Garzón como un “ejemplo del estado de derecho”, el recorte (selectivo) como una “medida para preservar el estado de bienestar” o el salvataje de entidades bancarias privadas como una “defensa del interés general”. Que los portavoces de las clases dominantes insistan en la limitación del derecho de huelga sin el más mínimo pudor democrático forma parte de esta escalada autoritaria requerida para alterar la anatomía de una formación social capitalista habituada hasta fechas relativamente recientes a un régimen de pequeños privilegios (basado en la promesa de un acceso ilimitado al consumo). Que ese régimen se haya sostenido históricamente por la transferencia del malestar a los países periféricos, tal como la izquierda más lúcida viene anticipando desde hace décadas, no niega el carácter ilusorio de esa promesa. El endeudamiento crónico, el empobrecimiento extendido y la metamorfosis de los mercados de trabajo (arrojando a millones de personas al paro y sobreexplotando a tantos otros) hacen visible lo que en una fase previa operaba de forma latente; a saber, que el modelo de crecimiento capitalista estructuralmente presupone la desigualdad de clases y, en última instancia, la pauperización de franjas sociales cada vez más vastas. 

En cualquier caso, el sesgo autoritario de la derecha gobernante señala la debilidad de su poder hegemónico al momento de legitimar unos cambios que ya vienen predeterminados por los organismos de crédito internacional y sus portavoces comunitarios. El salvataje de la burguesía financiera y empresarial tiene como contrapartida la precarización no sólo del trabajo sino de las condiciones de vida de las clases populares y medias españolas, precedida por la marginación y discriminación laboral e institucional de la población inmigrante y refugiada. La destrucción de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, las fuertes restricciones al acceso a los servicios públicos y la tendencia a su privatización (incluyendo la gestión de las pensiones, de la sanidad y de la educación terciaria), son otras tantas consecuencias necesarias de un sistema político cada vez más subordinado a los imperativos sistémicos. Que esa metamorfosis salvaje de la “sociedad” se haga en nombre del “interés público” no cambia las cosas. Como enfatiza Laclau, “la sociedad no existe” en tanto presunto orden unificado. Lo que persiste, más bien, es un tejido social escindido, en el que las clases dominantes han iniciado una ofensiva global sin precedentes. No cabe descartar que estemos llegando a un punto de no retorno, en el que la destrucción del medioambiente y la pauperización de las mayorías sociales se articula a la eliminación del considerado “excedente humano”, no sólo a través de guerras a medida del complejo industrial-militar trasnacional sino también a través de hambrunas locales, perfectamente evitables con controles mínimos sobre el sistema de especulación mundial.
Que ese punto de no retorno sea sistemáticamente desconocido por parte de los medios masivos de difusión, esto es, que las políticas informativas hegemónicas no sean sino otra forma de desinformación crónica, funcionales a un complejo mediático-empresarial cada vez más concentrado, es otro signo de la escalada autoritaria que aludíamos previamente. La crisis de legitimidad sistémica se transforma en planificación del engaño. Al neoliberalismo económico –lo sabemos al menos desde las dictaduras latinoamericanas de los 70- siempre le sentó bien la “mano dura”. El autoritarismo político y el neoconservadurismo cultural son sus mejores aliados. Que en España esas tradiciones remiten a la perversa herencia franquista no parece dejar mucho margen de duda, pero eso no es óbice para recordar que la dinámica político-económica rebasa esa herencia histórica y compromete al capitalismo en su fase actual, no sólo como modo de producción de excedentes sino también como modo de destrucción planetaria. 

Si lo que está en curso en una dimensión económica es una vertiginosa concentración de la riqueza social, lo que se hace manifiesto en el sistema político es, por usar la expresión de Rancière, un auténtico «odio a la democracia». Además de una afrenta radical contra las demandas de justicia, el nuevo (des)orden mundial ha activado una gigantesca máquina de trituración de vidas humanas, indiferente a cualquier regulación (o limitación) externa. Que esa máquina tenga sus beneficiarios concretos no niega el estado de descontrol en que se encuentra. Sus beneficiarios, en última instancia, no son más que engranajes o enganches atrapados en su funcionamiento maquínico. 

En última instancia, ante esa dinámica, ni siquiera la derecha más totalitaria se propone clausurar toda manifestación de disidencia. No podría conseguirlo aunque se empecinara. La lógica del terror es demasiado onerosa y, en consecuencia, está reservada para aquellos colectivos que el poder económico-financiero soberano dictamina como no “integrables” por otros medios. Cuando no alcanzan los golpes de mercado, se los complementa con un uso controlado de la violencia policial. Im-poner el miedo en los cuerpos, fijarlos a la cuadrícula de lo políticamente previsible, en suma, taponar su energía revolucionaria, son algunas de las tantas modalidades sistémicas de atemperar esa disidencia, asimilándola como parte de la representación (teatral) del “juego democrático” (reducido a la lógica de alternancia de las oligarquías parlamentarias). 

En las condiciones del presente, resulta cada vez más plausible la tesis de que estamos viviendo en un umbral en el que las fronteras entre “estado democrático” y “estado totalitario” tienden a hacerse cada vez más difusas (lo que no significa que coincidan plenamente). Hay motivos más que razonables para sospechar que estamos internándonos en esa zona indiscernible donde “democracia” y “totalitarismo”, “autogobierno” y “dictadura”, ya no forman alternativas formales de una dicotomía política sino elementos de una conjunción sistémica. Podría incluso argumentarse que no se trata en absoluto de una conjunción sino de una fagocitación creciente del primer término por el segundo. Lo que está en peligro, en ambos casos, es el proyecto de una sociedad en el que la autonomía individual y colectiva no sea una mera pantalla de una sociedad administrada. 

Aunque este peligro no sea estrictamente novedoso, su intensificación presente en el contexto europeo quizás sea indicio de una ofensiva sin precedentes. A la política del miedo que quieren institucionalizar, la réplica de la izquierda radical no puede ser otra que la politización radical de las actuales formas institucionales. Ante la reestructuración del capitalismo nuestra apuesta debería ser la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana. Desafiar el miedo, en este punto, deviene práctica activa de la disidencia. 

Arturo Borra
Rebelión

sábado, 18 de febrero de 2012

Comunicado de Jueces para la Democracia (JpD) ante la Reforma Laboral.

Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medias urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta. 
 
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo.

La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.

Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social.

La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración. 

Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública, la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.

La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación.

El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.

La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada...) lo que puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.

La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.

Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.

Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.

16 de febrero de 2012
El Secretariado de JpD

Jueces para la Democracia

¿Adónde irán los Indignados y los "ocupas"?

En una de las mesas más importantes de debates en el Foro Social Temático de Porto Alegre, en la tuve la oportunidad de participar, pude escuchar los testimonios vivos de los Indignados de España, de Londres, de Egipto y de Estados Unidos. Lo que me dejó muy impresionado fue la seriedad de los discursos, lejos del tono anárquico de los años 60 del siglo pasado con sus muchas «parole». El tema central era «democracia ya». Se reivindicaba otra democracia, bien diferente de esta a la que estamos acostumbrados, que es más farsa que realidad. Quieren otra democracia que se construya a partir de la calle, de las plazas, el lugar del poder originario. Una democracia desde abajo, articulada orgánicamente con el pueblo, transparente en sus procedimientos y no corroída nunca más por la corrupción. Esta democracia, de entrada, se caracteriza por vincular justicia social con justicia ecológica.

Curiosamente, los indignados, los ocupas y los de la primavera árabe no se remiten al clásico discurso de las izquierdas, ni siquiera a los sueños de las distintas ediciones del Foro Social Mundial. Nos encontramos en otro tiempo y ha surgido una nueva sensibilidad. Se postula otro modo de ser ciudadano, incluyendo poderosamente a las mujeres antes invisibilizadas, ciudadanos con derechos, con participación, con relaciones horizontales y transversales facilitadas por las redes sociales, por el móvil, por el twitter y por los facebooks. Nos encontramos ante una verdadera revolución. Antes las relaciones se organizaban de forma vertical, de arriba abajo. Ahora lo hacen de forma horizontal, hacia los lados, en la inmediatez de la comunicación a la velocidad de la luz. Este modo representa el tiempo nuevo que estamos viviendo, el de la información, del descubrimiento del valor de la subjetividad, no aquella de la modernidad, encapsulada en sí misma, sino la de la subjetividad relacional, la de la emergencia de una conciencia de especie que se descubre dentro de una misma y única Casa Común, que amenaza ruina a causa del excesivo pillaje practicado por nuestro sistema de producción y de consumo.

Esta sensibilidad no tolera ya más los métodos del sistema para superar la crisis económica y derivadas, saneando los bancos con el dinero de los ciudadanos, imponiendo una severa austeridad fiscal, el desmantelamiento de la seguridad social, el abaratamiento del empleo, el recorte de las inversiones, suponiendo ilusamente que de esta forma se reconquista la confianza de los mercados y se reanima la economía. Tal concepción se ha vuelto dogma y en muchas partes se oye la estúpida muletilla "TINA: there is no alternative”, no hay alternativa. Los sacrílegos sumos sacerdotes de la trinidad nada santa formada por el FMI, la Unión Europea y el Banco Central europeo han dado un golpe financiero en Grecia e Italia, y han impuesto allí a sus acólitos como gestores de la crisis, sin pasar por el rito democrático. Todo es visto y decidido desde la óptica exclusiva de lo económico, rebajando lo social y aumentando el sufrimiento colectivo innecesario, la desesperación de las familias y la indignación de los jóvenes porque no consiguen trabajo. Todo esto puede desembocar en una crisis de consecuencias dramáticas.

Paul Krugmann, premio Nobel de economía, pasó unos días en Islandia para estudiar la forma como ese pequeño país ártico salió de su crisis avasalladora. Siguieron el camino correcto que otros también deberían haber seguido: dejaron quebrar a los bancos, pusieron en prisión a los banqueros y especuladores que practicaron desfalcos, reescribieron la constitución, garantizaron la seguridad social para evitar el colapso generalizado y consiguieron crear empleo. Consecuencia: el país salió del atolladero y es uno de los países nórdicos que más crece. El camino islandés ha sido silenciado por los medios de comunicación de masas mundiales por temor a que sirva de ejemplo a los demás países. Y así el carruaje, con medidas equivocadas pero coherentes, corre veloz hacia el precipicio.

Contra este curso previsible se oponen los Indignados. Quieren otro mundo más amigo de la vida y respetuoso de la naturaleza. Tal vez Islandia les servirá de inspiración. ¿Hacia dónde irán? Quién sabe. Seguramente no en la dirección de los modelos del pasado, ya agotados. Irán en dirección de aquello que decía Paulo Freire de lo «inédito viable» que nacerá de ese nuevo imaginario y que se expresa, sin violencia, dentro de un espíritu democrático-participativo. En cualquier caso, el mundo ya nunca será como antes, y mucho menos como a los capitalistas les gustaría que fuese.

Leonardo Boff es Teólogo y Filósofo
Alainet
http://alainet.org/active/52851

miércoles, 15 de febrero de 2012

La lucha por la vivienda se extiende por el mundo

En los países más afectados por la crisis el aumento de los desahucios está siendo acompañado por un incremento de la lucha por el derecho a la vivienda. 

La paradoja de un sistema en el que las entidades financieras responsables de la crisis son rescatadas mientras millones de personas son expulsadas de sus hogares por esas mismas entidades, y su deriva en un drama al que los Estados no hacen frente, ha hecho brotar en diversos países movimientos que luchan desde abajo por el derecho a la vivienda.

ESTADOS UNIDOS. Desde 2008 se han producido cinco millones de desahucios en el país. Para responder a esta situación de emergencia social, el pasado 6 de diciembre, en el marco del movimiento Occupy Wall Street, se convocaba un día de acción nacional para reivindicar el derecho a la vivienda. Así nacía Occupy Our Homes (Ocupar nuestras casas), que en poco más de un mes ha actuado en más de cien ciudades y ocupado más de 40 casas.

Las acciones se centran en “ocupar viviendas de personas que van a ser desahuciadas, la reocupación por parte de familias de las casas que les han robado los bancos, la liberación de casas vacías de las entidades financieras para familias que las necesitan, impedir las ejecuciones hipotecarias y protestar en los bancos”, según explica a DIAGONAL Matt Browner-Hamlin, uno de los organizadores de Occupy Our Homes. Este activista, que califica el movimiento como “fuerte y creciente”, explica que los problemas con las autoridades han sido pocos y “hemos sido muy efectivos a la hora de retrasar desahucios y forzar a los bancos a negociar con los ocupantes de las casas, y en algunos casos hemos logrado modificaciones en los contratos que permiten a los ocupantes permanecer en sus casas”.

IRLANDA. El movimiento Occupy ha decidido lanzarse a la ocupación de propiedades pertenecientes a la Agencia Nacional de Gestión de Activos (NAMA, por sus siglas en inglés), el ‘banco malo’ creado por el Gobierno en 2010 para salvar a los bancos irlandeses mediante la compra con dinero público de sus activos tóxicos. A través de lo que ya se conoce como el movimiento Occupy NAMA, los activistas están identificando y ocupando edificios vacíos de esta entidad en protesta por el rescate a los bancos, la especulación y la falta de vivienda social en un país con 400.000 casas vacías.

La última, en la ciudad de Cork, donde los activistas han “liberado para el público” un edificio ligado a esta entidad. Asimismo, el 16 de enero los activistas del movimiento Occupy tomaron la sede vacía del Banco de Irlanda –uno de los rescatados en 2008– en Belfast (Irlanda del Norte) para denunciar “la creciente falta de vivienda, la carencia de viviendas sociales asequibles y los embargos”.

ITALIA. Aunque existe la dación en pago, unas 260.000 familias han sido desahuciadas en los últimos diez años, con más de 56.000 expulsiones en 2010, una situación que se agrava con la crisis, los recortes sociales y el aumento del paro. Para luchar contra los desahucios, se organizan desde hace años Comités Populares de Lucha por la Casa, y recientemente nacía la plataforma Stop Sfratti (Stop Desahucios) en Milán. En diciembre, el Gobierno aprobaba una moratoria de ciertos desahucios durante 2012, pero, según los Sindicatos de Inquilinos, el decreto “no encara el drama social de miles de familias con un desahucio por morosidad”.

En diciembre, un edificio vacío era ocupado en Turín por 15 familias. Y ese mismo mes, un grupo de personas tomaba la sede del ente público de vivienda Aler en Bergamo porque “echa a las familias a la calle”. Acciones del mismo tipo se multiplican en el país, y en Roma son ya 70 los edificios ocupados por cientos de familias sin hogar.

GRECIA. En un país hundido por la crisis y el ‘rescate’, en el que la deuda hipotecaria asciende a 80.000 millones de euros, el Gobierno de Papandreu decretó una congelación de las ejecuciones hipotecarias que afectan a personas con deudas de hasta 200.000 euros hasta el 31 de diciembre pasado. “Ahora estamos esperando la decisión del Gobierno de ‘unidad nacional’ dirigido por el banquero Papadimos”, nos explica el periodista y activista Giorgos Mitralias. De momento, el Gobierno sólo se ha comprometido a no desahuciar en 2012 a parados con deudas con el Organismo de Vivienda para Trabajadores. Mitralias explica que, “de acuerdo a informaciones independientes, las familias amenazadas por un eventual desahucio son 80.000 para empezar. Las expulsiones podrían comenzar en cualquier momento”. En septiembre, miembros del movimiento Yo No Pago invadieron un juzgado en Atenas y lograron la suspensión de una subasta de viviendas confiscadas por los bancos.

Gladys Martínez López
Diagonal  


martes, 14 de febrero de 2012

Hipotecados en pie de guerra contra la banca

En 2011 comenzó un proceso de empoderamiento de las personas afectadas por las hipotecas, que siguen en 2012 defendiendo el derecho a la vivienda.

El 15 de junio de 2011 marcó un antes y un después en la vida de Tatiana Roeva. Ese día, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas del 15M, unas 500 personas bloquearon el desahucio de su vivienda en el barrio de Tetuán. La acción servía como presentación pública de la rama madrileña de la plataforma e inicio en la región de la campaña Stop Desahucios.

“Ver cómo se despertó la gente fue increíble. E increíble es ver cómo se ha recuperado la solidaridad entre las personas y cómo la gente tiene ganas de luchar por sus derechos”, sostiene esta mujer inagotable de 44 años, de ojos gigantes e inquietos. Búlgara de origen y psicóloga de formación, desde esa jornada Tatiana no se pierde una acción contra los desahucios y en la PAH siempre es la primera en ofrecerse a recibir a un nuevo damnificado, reunirse con los responsables de un Ayuntamiento o negociar con la policía en el marco de una acción de desobediencia. Tampoco es raro verla compartir la noche previa a un desahucio con la familia afectada, tratando de aportar serenidad y fuerza en las tensas horas previas a la llegada de la comisión judicial. Como psicóloga “que ha vivido en sus carnes el problema, es horroroso comprobar cómo afecta la crisis a la gente. Muchos afectados están en riesgo de exclusión social, otros sufren violencia de género, desempleo, sus familias se rompen... Todo esto supone un cóctel explosivo para la salud mental de la gente”, sostiene Tatiana, preocupada por una dimensión del problema que pocas veces sale a la luz.

Hiperactivismo
En una suerte de hiperactivismo, Tatiana se han volcado también con el movimiento 15M, participando en proyectos surgidos en su seno, como la Oficina de Vivienda o la propia Asamblea Popular de Tetuán, en la que tiene un papel destacado su marido, Anuar Jalil, de origen libanés. Conscientes de que su caso aparece hoy como una bandera de la lucha por el derecho a techo y contra la usura bancaria, el 15M y la PAH madrileños tratarán de convertir su segundo intento de desahucio, fechado para el próximo 29 de febrero, en un nuevo momento de agregación de multitudes indignadas y rearme del movimiento. Tatiana es muy consciente de que pronto puede quedarse sin casa, pero lo que antes era una penosa carga que llevaba a sus espaldas con angustia y vergüenza, hoy se ha convertido en un elemento para reforzar sus convicciones.

“Los afectados no tienen que sentirse culpables. Los culpables son los bancos, que nos han robado, nos han estafado y ahora nos echan de nuestras casas y nos dejan con una deuda de por vida. Es el momento de levantarnos, unirnos y luchar hasta cambiar la ley hipotecaria”, afirma. Centenares de personas con dificultades para hacer frente a su hipoteca han llegado a la misma conclusión, como muestra la fuerte expansión de las PAH en los últimos meses o el peso creciente que tienen hoy los damnificados en estos colectivos.

Un día después del Stop Desahucio de Tatiana, la asamblea del 15M de la localidad madrileña de Parla y la PAH paralizaron el desalojo de Luis Domínguez, un vecino de 74 años con una minusvalía reconocida del 75%. Reflejo de un proceso de empoderamiento verificable en las más de 50 PAH que existen actualmente, espacios donde se diluyen las diferencias entre autóctonos y migrantes, Luis tampoco se pierde un Stop Desahucio desde entonces.

Ejecuciones hipotecarias
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que comenzó la crisis, en 2007, más de 350.000 propietarios, familias en su mayoría, se han quedado sin casa como resultado de un proceso de ejecución hipotecaria en el Estado español. En el tercer trimestre de 2011, los procedimientos de desahucio alcanzaron los 10.869, un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior, y los últimos datos de desempleo sólo pueden presagiar un agravamiento de la situación. Estudios recientes calculan que más de medio millón de hogares perderán su casa entre 2012 y 2015.

Sin embargo, la tasa demorosidad de las familias sigue siendo muy baja en España, y aunque en noviembre llegó al 2,7%, cuando antes de la crisis era del 1%, dista mucho del índice de impago de las inmobiliarias (18,7%) y de las constructoras (16,09%). Según datos del Banco de España, los impagos de las empresas inmobiliarias superaron en el tercer trimestre de 2011 los 37.000 millones de euros, tres veces más que el de todas las familias españolas juntas, y eso a pesar de que éstas recibieron de los bancos el doble de crédito que el sector inmobiliario. Pero las financieras siguen brindando un trato de favor a las inmobiliarias al aceptar de manera recurrente la entrega de sus inmuebles como pago de su deuda, algo que niegan de manera sistemática a las familias y que se ha convertido en el caballo de batalla de las PAH y del 15M.

Gracias a la presión de estos colectivos, que han encontrado la complicidad de movimientos como el vecinal y el sindical, la dación en pago se ha instalado en el centro del debate político. Desde su creación, en febrero de 2009, la PAH reclama que el Estado la regule con carácter retroactivo, para librar de deudas vitalicias a las decenas demiles de familias que ya han perdido su vivienda. Esta petición la ha trasladado a partidos políticos, ayuntamientos e instituciones del Estado y ahora tratará de llevarla al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha permanecido bloqueada más de medio año en la Mesa del Congreso. Para ello, a partir de marzo, deberá recoger en nueve meses 500.000 firmas.

Más allá de los resultados concretos en el Congreso, la campaña de la ILP perseguirá sensibilizar y trasladar a todos los rincones del Estado el debate sobre el problema de la vivienda y el papel de la banca, sobre la paradoja de que se siga expulsando a las familias empobrecidas de sus únicas viviendas cuando en España el stock de casas vacías alcanza los cinco millones de unidades, y la necesidad de que el Estado ponga en marcha un parque público de viviendas de alquiler social que garantice un derecho reconocido en la Constitución.

Según Ada Colau, una de las fundadoras de la primera PAH, en Barcelona, “lo más importante de la campaña Stop Desahucios, que arrancó en noviembre de 2010, es la conquista simbólica, demostrar que con la acción colectiva se puede conseguir algo, a pesar del enorme poder de los bancos. 130 desahucios parados frente a más de 150.000 ejecutados en tres años no es mucho numéricamente, pero hay que pensar de dónde partíamos. Cuando empezamos era muy difícil plantear el tema, estaba invisibilizado y los afectados estigmatizados”, sostiene.

Junto al aspecto simbólico encontramos resultados concretos. Gracias a las acciones de desobediencia pacífica y a la presión social, el movimiento ha conseguido aplazar de manera indefinida decenas de desahucios, y ha logrado daciones en pago y condonaciones de deuda, así como algunos alquileres sociales. Y es que, en palabras de Colau, “aunque lo más visible son los Stop Desahucios, antes y después hay mucho trabajo: negociar con los servicios sociales, presionar a los bancos para parar el desahucio antes de la fecha programada, etc. Ahora entramos en una segunda fase de lucha. En Madrid está habiendo una reacción represiva muy fuerte. En Cataluña no tanto, aunque ha habido intentos. Pero si no se consigue parar los desahucios, tendrá que tomar fuerza la Campaña de la Obra Social, es decir, reabrir los pisos de los desahuciados o abrir pisos vacíos de las entidades financieras para las familias desahuciadas”. En este marco, el 16 de diciembre, la PAH de Terrassa dio a conocer la okupación de dos bloques de viviendas, pertenecientes a UNNIMy Catalunya Caixa, para familias desalojadas.

La presión de las plataformas y del 15M no sólo está generando un ambiente favorable a sus propuestas en la opinión pública, sino en un sector, aún minoritario, de la judicatura. Así, el 10 de enero, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz, Carmelo Jiménez, firmó un auto por el que obligaba a Bankia a declarar saldada la deuda de un hipotecado con la entrega de su vivienda. El juez cita dos autos de las audiencias provinciales de Navarra y Girona, y sostiene que “la aplicación automática de la regulación de la ejecución hipotecaria desconociendo esta situación actual de crisis económica excepcional conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación de dicha situación, al haber valorado el bien objeto de garantía especulativamente o de manera irreal, y le permitiría además adquirir el citado bien por un precio irrisorio”. De permitir esto, dice la sentencia, se estaría amparando “una operación que no difiere mucho de la usura”.

Para Rafael Mayoral, asesor legal de la PAH, el de Torrejón es el auto “más valiente” de los habidos hasta la fecha, más incluso que los de Navarra, Girona y otro emitido hace unas semanas en Lleida, que condona la deuda de dos hermanos que ya habían sido desalojados de su casa. En el auto de Torrejón, el magistrado “entra en el análisis de la realidad social y de la situación excepcional en que nos encontramos, cita los paquetes de ayuda que ha recibido la banca y aborda la desigualdad real y objetiva que existe entre las partes, la incapacidad objetiva del deudor para prever esta situación de crisis y la responsabilidad en ella del prestamista”, indica Mayoral. Aunque ya ha sido recurrido por Bankia, según el abogado de la PAH, demuestra que “los bancos no tienen la legalidad de su parte. Lo que ocurre es que se está aplicando la norma de manera automática, cuando el derecho ha de ser entendido con una visión integral”.

En el campo judicial, según Mayoral, “se están produciendo grietas importantes como la de Torrejón, fisuras por las que acabará saliendo una riada incontenible, detrás de la cual sigue siendo imprescindible el empuje de la sociedad civil”.

MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA //

AYUNTAMIENTOS
Desde que la PAH lanzara su campaña para los ayuntamientos en noviembre de 2010, cerca de 200 han aprobado mociones en que solicitan al Gobierno la dación en pago y se comprometen a trabajar para frenar los desahucios, para lo que algunos están creando comisiones mixtas. El más importante en hacerlo ha sido el de Barcelona. Otros, como el de Terrassa, han dado un paso más: allí, además de crear un servicio de intermediación para que los afectados negocien con los bancos, el Consistorio ha interpelado a estas entidades para que incluyan sus 5.000 casas vacías en la bolsa municipal de viviendas en alquiler social. Otros, como el de Alcalá de Henares o Torrejón, en Madrid, han aprobado dejar de cobrar a los desahuciados la plusvalía municipal que se aplica en la transmisión de inmuebles. Quedan lejos todavía ejemplos como el de Bobigny (Francia), que con una ordenanza declaró la ciudad “libre de desahucios”, o el de tres distritos de Roma que expropiaron viviendas de grandes propietarios para responder a la situación de emergencia social.

DEFENSORA DEL PUEBLO
La Oficina del Defensor del Pueblo presentó el 25 de enero un informe en el que solicita “medidas excepcionales” para las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas, “del mismo modo que se han otorgado ayudas públicas excepcionales al sector financiero”. Sin embargo, aunque pide para la vivienda habitual “una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria”, sólo solicita la dación en pago para “los casos más extremos”.

OFICINA DE VIVIENDA
La Oficina de Vivienda, que abrió sus puertas en el okupado Hotel Madrid pero ha seguido adelante tras su desalojo, es un proyecto que articula su trabajo en tres ejes: la asesoría sobre la toma de edificios abandonados a la especulación, la búsqueda de soluciones temporales de alojamiento para personas sin casa y la solidaridad con quienes lancen su proyecto de realojo en viviendas que están en manos de bancos e inmobiliarias. Más info: oficinavivienda.net

EL ABUSO DE LAS SUBASTAS EXTRAJUDICIALES
En un momento en el que los afectados por las hipotecas luchan porque las leyes cambien para que el banco no se pueda quedar con su vivienda por un 60% de su valor inicial, reclamándoles el 40% restante, una nueva práctica, poco utilizada hasta ahora por los bancos pero prevista en casi todas las escrituras hipotecarias, ha hecho saltar la voz de alarma. Se trata de las subastas ante notario, que permiten al banco, tras dos intentos de venta por el 100% y el 75% del valor de la vivienda, y en ausencia de postor, adjudicarse la casa por el precio que más le convenga, por ejemplo, un euro, lo que deja al afectado no sólo sin vivienda, sino también con la totalidad de la deuda. Además, el procedimiento, al ser extrajudicial, no permite al afectado recurrir a la justicia gratuita. “Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios”, advierte la PAH, a la que están llegando afectados por este tipo de procedimiento, al que está recurriendo la entidad Banca Cívica, pero también otras entidades, como Banesto, que el 26 de enero se adjudicó una vivienda por el 35% de su valor. Mientras no se cambie la ley, “de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto”, dice la PAH.

Óscar Chaves y Gladys Martínez (Redacción)
Diagonal