viernes, 29 de marzo de 2013

Escrache

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.  

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello. 

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. 

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huis de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de  escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.
Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de "desahuciado" en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

Javier Gallego
eldiario.es

lunes, 18 de marzo de 2013

Soberanía de la tierra, no al ‘fracking’

En Mozambique, empresas brasileñas y japonesas están haciendo prospecciones de tierras en la zona conocida como Corredor de Nacala para llevar a cabo en 14 millones de hectáreas una agricultura industrial de cultivos que alimentarán a las multinacionales de la venta de piensos para animales o agrocombustibles para camiones. En la República Dominicana, la población se manifiesta ante la embajada de Canadá para detener la mina a cielo abierto que busca oro en Pueblo Viejo; a la gente campesina les preocupa la contaminación con cianuro de sus tierras. La biodiversidad agrícola argentina en pocas décadas se ha convertido en un monocultivo de soja que, en manos de pocos terratenientes, es un fabuloso negocio para engordar la ganadería europea. Y ahora, en Cataluña, como en otros muchos lugares, afloran las intenciones de perforar el territorio rural en la búsqueda de cuatro gotas del gas denominado de esquisto.

Los intereses de la agroexportación, los cultivos energéticos, la minería o el fracking los podemos interpretar como un verdadero asalto de las grandes corporaciones del planeta para hacerse con los bienes naturales y colectivos. En todos estos casos estamos hablando de tres elementos comunes: acaparar grandísimas extensiones de tierra fértil y cultivable; controlar las grandes cantidades de agua que éstas esconden y que son necesarias para su cultivo o para la extracción de los minerales o del gas; y, con la tierra y el agua en sus manos, usarlas con tanta agresividad que, con total seguridad, llevarán al agotamiento y muerte de dos recursos, antes renovables y siempre vitales.

Es en este marco de ‘un acaparamiento global de tierras’ que hemos de entender las propuestas de fracking, donde se enfrentan frente a frente dos modelos civilizatorios. El actual, un capitalismo que exigiendo un crecimiento perpetuo para incrementar la acumulación de capital, entiende la tierra y el territorio como un recurso más que quemar antes de asumir su quiebra, visible en forma de crisis multidimensional y, por otro lado, un nuevo paradigma que sabe y defiende que la tierra y el agua como bienes comunes no están a la venta porque no son de nadie, pertenecen a todo un pueblo y sus futuras generaciones.

Hechas estas consideraciones globales, ¿a quién, en particular, afecta el fracking? Las denuncias que nos llegan de los EEUU y Canadá son claras, afecta a las tierras rurales y por lo tanto a la agricultura y campesinado, sectores siempre olvidados. Las fuentes de agua para los cultivos cercanos a pozos de fracking disminuyen peligrosamente y llegan contaminadas de tóxicos que beben su ganado o riegan sus cultivos; las propias perforaciones, las carreteras y conducciones que las comunican son tierras que pierden su dedicación agraria; llegan elementos tóxicos también a la tierra cultivable afectando la vida animal y vegetal; e incluso se observan efectos negativos en el ganado por convivir con un terrible ajetreo de maquinaria y camiones… Es decir, en la medida que en Cataluña se perforen pozos, lo que conseguiríamos sería, por un lado, profundizar en las dificultades de tener un territorio rural vivo, con población activa en la agricultura o en la transformación de alimentos, cuidando el paisaje, etc. y, por otro, profundizar en nuestra ya delicada vulnerabilidad alimentaria (el 60% de nuestra comida no lo produce nuestro campesinado, llega del exterior).

Frente a estos ataques corporativos por las tierras está surgiendo también una respuesta global que reivindica una misma expresión, la defensa de la Soberanía del pueblo. Como los movimientos a favor de la agricultura local y ecológica que están llevando gente joven a los pueblos para trabajar la tierra y reconstruir masías abandonadas; los movimientos que declaran sus territorios libres de minería, fracking o de cultivos transgénicos; o las luchas históricas por la justa redistribución de las tierras y la reforma agraria. ¿No es esta lucha un reflejo de la voluntad de los pueblos por recuperar su Soberanía?

Ningún pueblo que se quiera libre y soberano lo será si no asegura, en primer lugar, la soberanía de su tierra, es decir, el derecho que tiene la población al acceso efectivo de la tierra, al usufructo de ella y a su control, entendiéndola como un bien común del que somos parte, y que tenemos que preservar como territorio y como paisaje. Y para lo cual solamente hay una fórmula válida: priorizar la tierra para quienes cultiven amorosamente nuestra comida, asegurando el mayor de los beneficios y la más grande de las ganancias: la reproducción de la vida.

No aceptamos pues ni una sola prospección de fracking, porque como han dicho en el pequeño pueblo de Riudaura, ‘mejor vivos que fósiles’.

Gustavo Duch
Coordinador revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Alainet

domingo, 17 de marzo de 2013

Juventud encadenada

Ser joven implica estar inmerso en un proceso vital que transcurre entre la infancia y la edad adulta; entre la escuela y el mundo laboral; entre la familia en que uno ha nacido y la emancipación; entre los sueños de un futuro impreciso y el encasillamiento en la cotidianidad de la edad media. Es un tiempo de aprendizaje, de experimentación, de cambio, también de frustraciones, de renuncias, de elecciones. Una etapa que el cambio económico y social propiciado por el desarrollo del capitalismo maduro ha alterado en sus modos y su duración. Aunque las historias personales de cada cual pueden diferir enormemente, el modelo dominante hasta finales de los años sesenta fijaba el final de la juventud antes de los veinticinco años. Cuando una gran parte de la gente había culminado su proceso de educación-formación, se había entrado en el mercado laboral (especialmente los jóvenes de sexo masculino) y en bastantes casos se había contraído matrimonio. En las cinco últimas décadas, este proceso se ha prolongado considerablemente y las experiencias se han diversificado. Las causas que han provocado este cambio son diversas: prolongación del proceso de educación formal, cambios en la estructura familiar, consumismo, cambios en las relaciones entre los sexos... y, cómo no, transformaciones del modelo laboral. Hoy en día incluso los análisis estadísticos tienden a considerar jóvenes a las personas hasta los treinta años de edad. Pero, en todo caso, persiste la condición de tránsito que siempre ha caracterizado a la vivencia de la edad joven.

Desde siempre, en el plano laboral este tránsito ha dado lugar a una posición de fragilidad, con la formación de figuras laborales específicas: aprendices, becarios, meritorios, botones... Una situación que se justifica por la presunta existencia de un proceso formativo. También desde siempre, la juventud es uno de los grupos que experimenta con mayor intensidad las caídas de empleo en las recesiones. Hay dos mecanismos básicos que explican esta incidencia más acusada. El primero actúa de forma casi automática: cuando la coyuntura se tuerce, las empresas dejan de contratar nueva mano de obra (siempre es más fácil y menos traumático dejar de contratar que despedir), lo que corta de raíz el acceso al empleo a quienes están ingresando en el mercado laboral. El segundo es que, al ocupar puestos de trabajo menos consolidados, son firmes candidatos a perder el empleo cuando las cosas empiezan a ir mal. Las transformaciones productivas de los últimos años han acrecentado la importancia de estos empleos precarios juveniles, e incluso es visible que existe un segmento de actividades en las que mayoritariamente se emplea a jóvenes: tiendas de moda, restaurantes de comida rápida, actividades de ocio, etc. Su presencia se explica en parte por la forma en que están diseñados estos negocios, la imagen que la empresa quiere ofrecer, la relación con la clientela... Pero tiene también mucho que ver con la plasticidad, la disponibilidad y el bajo precio de esta mano de obra. Las mismas transformaciones que han propiciado el alargamiento de la vida juvenil proporcionan las condiciones de esta adaptabilidad de los jóvenes a las demandas del capital.

La combinación de pulsiones consumistas y soporte familiar convierte a la juventud en un ejército de reserva adaptable a empleos con pequeños ingresos, de corta duración, inestables, puesto que, si bien estos no les permiten cubrir sus necesidades vitales, les garantizan el acceso a los bienes de consumo que exige su particular estatus social. Hay una clara conexión, al menos en España, entre esta situación y la prolongación de la edad de emancipación. Por otro lado, el proceso formativo al que se encuentran sometidos da lugar a una trayectoria laboral paradójica en que la precariedad es la norma. Por un lado, cuanto más largos son los procesos formativos (y muchos se han prolongado ostensiblemente), más probable es que los mismos incorporen situaciones de precariedad laboral en grados diversos, desde el becario universitario al estudiante en prácticas, pasando en algunas profesiones por la experiencia del trabajo gratuito como puerta de entrada a una improbable carrera profesional (el vocablo meritorio, hoy en desuso, define bien esta situación, la de un no-empleado, la del que hace méritos para llegar a algo). En muchos casos, estos “empleos formativos” se combinan con los “empleos alimenticios” no formativos en actividades en las que también concurren jóvenes sin un alto nivel de educación formal. Evidentemente, los jóvenes se diferencian unos de otros por muchas razones —sexo, origen nacional, nivel educativo y clase social—, y por tanto la forma en que suceden estos procesos es diversa. Para la juventud de bajo nivel educativo y origen obrero, el modelo predominante es el del empleo en estos segmentos juveniles de los servicios (o durante mucho tiempo, solo para los chicos, la construcción). Para los jóvenes con estudios, su presencia en el mercado de empleos juveniles de bajo nivel está en proporción inversa al estatus social de sus familias, del mismo modo que entre ellos podemos encontrar importantes diferencias en el proceso de “meritoriaje”: los más ricos son los que tienen mayores posibilidades de alargar su proceso formativo (incluidas estancias en el exterior), de llevar a cabo una promoción mejor organizada, de establecer relaciones que les permiten entrar en los lugares adecuados. Esta combinación de consumismo, precariedad laboral y carrera competitiva individual (fuertemente interiorizada, especialmente entre las personas con mayor éxito educativo) constituye, en dosis diversas, el modelo dominante de empleo juvenil. 

La crisis ha resultado devastadora para este modelo. La destrucción masiva de empleos, primero en la construcción y posteriormente en otros sectores, ha dejado sin expectativas laborales a miles de jóvenes, si bien las cifras del paro juvenil están infravaloradas porque una parte de estas personas han dejado de buscar empleo (han vuelto a la escuela o simplemente pululan por la vida como pueden), pasando a la categoría de “inactivos”. Los recortes del gasto público han cercenado a la vez muchas de las posibles carreras de la gente con estudios, pero también las oportunidades de empleo o reciclaje educativo del resto. La vieja ilusión de las distopías del consumismo y la gloriosa carrera profesional ha desembocado en la pesadilla del “no hay empleo”, “emigra como puedas”, “aguanta hasta que la economía se recupere”. Aun así, el drama va por barrios y unos son mejor tratados que otros. Para unos el estigma de los “ni-nis” está siempre presente y les rebaja a basura social (se prefigura una imagen de vagos, inútiles, inempleables...), mientras que para otros se sigue manteniendo el espejismo del “mejor preparados que nunca”, aunque ahora este epíteto autocomplaciente se traduce en “búscate la vida en otra parte porque aquí tu preparación no sirve de nada” o “hazte emprendedor y créate tu propio empleo”.

Parece claro que una sociedad decente no puede tolerar que millones de jóvenes no tengan un empleo digno ni perspectivas de encontrarlo, y que cualquier programa de acción debe tratar de dar respuestas a esta juventud que ahora percibe un horizonte negrísimo. Y esto es lo que ha entendido hasta el Partido Popular, que en el último debate del Estado de la nación ha presentado como medida estrella un nuevo programa de empleo juvenil; un programa que, sin embargo, no aporta ninguna novedad esencial: solo ahonda en los mismos defectos que la reforma laboral del año pasado, que la enmienda a peor. Porque lo único que ofrece el PP es más de lo mismo, tanto en materia de generosísimas subvenciones a las empresas contratantes como nuevas modalidades de precarización laboral, con contratos temporales generalizados y la posibilidad de encadenar diferentes formas de contratación precaria (en prácticas y en formación). Un modelo que condena a la gente de menos de treinta años a una precariedad completa (con efectos para el resto de su vida laboral) y que constituirá un verdadero proceso de “aprendizaje” en la sumisión y la miseria con vistas a la edad adulta (siempre que no se prolongue en el futuro la edad para ser considerado joven).

Lo falaz es considerar que los problemas laborales de los jóvenes son fruto de su condición de tales. Son, en cambio, problemas generados por las debilidades y los fallos de la estructura productiva, las políticas macroeconómicas y la ausencia de un planteamiento social que promueva una economía adaptada a las necesidades de la gente. El consumismo y la competitividad individualista han contribuido a minar las ideas de un empleo digno para una vida digna y han atrapado a los jóvenes en una visión del mundo que se ha mostrado fracasada. El problema del desempleo juvenil no puede afrontarse haciendo hincapié en su condición juvenil. Exige, en cambio, transformaciones económicas que garanticen una vida aceptable a todo el mundo, que adecuen la actividad laboral, los procesos formativos y la vida cotidiana en un planteamiento coherente. Para salir de la trampa de más precariedad para combatir el paro juvenil, debemos desarrollar propuestas macro y microeconómicas, de reorganización productiva y de las condiciones de vida, capaces de romper el encadenamiento a la lógica del trabajo precario y el desempleo.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto

lunes, 11 de marzo de 2013

Vivir por debajo de nuestras posibilidades

Comienzan a abundar los datos que permiten hacer un análisis profundo de los efectos de la larga crisis económica en relación al bienestar ciudadano (el fin último de la economía) y sobre el reparto de los sacrificios y de la austeridad en el seno de la sociedad española. El balance no puede ser más comprometido: en renta per cápita nuestro país está en términos similares a los del año 2002, por lo que ya se puede hablar de una década perdida, sin esperar a lo que suceda de aquí hasta el finales de la recesión, ocurra cuando ocurra. En términos de desigualdad, la cosa es aún peor: según los datos de Eurostat (la oficina de estadísticas de la Comisión Europea) España es el país más desigual de Europa junto con Portugal, Bulgaria y Letonia (lugares muy alejados de nuestro nivel de renta), y por encima, por ejemplo, de Grecia.

Estas y otras muchas comparaciones se pueden contemplar en el Primer Informe de la Desigualdad en España, elaborado para la Fundación Alternativas por el equipo del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huertas y que conecta con los estudios sobre la desigualdad que se realizaron hace unas décadas en la Fundación Argentaria (cuando Argentaria era un holding financiero público). De su lectura se pueden desprender, entre otras, las siguientes tendencias principales: que la caída en los niveles de bienestar ha sido mucho más intensa en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea; y que se ha ampliado la diferencia de renta entre los ciudadanos españoles de forma acelerada, rompiéndose en un margen temporal muy breve la tendencia a la moderación de las mismas que se había producido durante la mayor parte de la etapa democrática (sobre todo, hasta el año 1996).

Frente a la idea que se ha tratado de transmitir intencionadamente de que la envergadura de la crisis ha sido tal que sus efectos se han extendido de manera generalizada a todas las capas sociales, los datos son contundentes en sentido contrario: mientras se han hundido las rentas más bajas, las más altas han seguido creciendo, haciéndolo, además, a mayor ritmo que cualquier otro grupo de renta. La pobreza se ha hecho simultáneamente más intensa (más pobreza) y más extensa (afecta a más personas). Son las familias en las que pierde el empleo el principal perceptor de ingresos, las principales perjudicadas por la recesión.

El Informe sobre la Desigualdad distingue cuatro grandes causas de que España sea uno de los países más afectados por la desigualdad y la pobreza. El primero, es la espectacular destrucción de empleo: el paro ha crecido nada menos que 18 puntos (de menos del 8% en 2007 al 26,02% en 2012) en un lustro. Segundo, que la tasa de paro entre los sustentadores principales de los hogares ha alcanzado un máximo histórico, pasando en el mismo periodo de un 6% a un 21,4%. Tercero, los muy relevantes cambios en la estructura salarial, pues la distancia entre los asalariados con las rentas más altas y más bajas (empleos temporales, con escasa protección) aumentó considerablemente. Por último, y no menos importante pues ello afecta directamente a las políticas públicas, la reducida capacidad del sistema de impuestos y de protección social paras combatir el incremento de la desigualdad, si se compara con los de otros países europeos; esa capacidad reductiva de la desigualdad es en España casi la mitad que la de algunos países nórdicos y queda lejos todavía de la observada en los principales de nuestro entorno.

Recuerdan los autores del estudio que en la etapa previa a la crisis no se aprovechó la capacidad política para aproximar el gasto social al nivel existente en los países europeos más poderosos y reducir así las brechas ciudadanas, concluyendo que en contra de lo que mil veces se ha repetido como un mantra falso, en el ámbito de la protección social lo que hicimos fue “vivir por debajo de nuestras posibilidades”. Se llegó, por tanto, a la crisis económica con una insuficiencia de las redes de protección para responder al drástico aumento de las necesidades sociales. La cobertura proporcionada ha sido insuficiente para poder contener los menores ingresos derivados del espectacular incremento del desempleo.

Joaquín Estefanía
El País

domingo, 10 de marzo de 2013

Ciudades frente al desempleo: Cada vez más desiguales

Recordar que el desempleo constituye el principal motivo de preocupación para la sociedad española resulta una obviedad. Pasar a formar parte del creciente ejército de los que Kevin Bales calificó como trabajadores desechables constituye un drama humano que quiebra un elevado número de trayectorias personales. El riesgo de enfrentarse a esa situación es bastante diferente según características personales ligadas a la edad, el nivel formativo, el género, la profesión o el sector de actividad en que se trabaja. Pero también en función del lugar en que se reside, pues el impacto de la crisis sobre el desempleo resulta muy heterogéneo según territorios y eso se constata a muy diversas escalas.

Son bien conocidas las diferencias actuales entre los países de la Unión Europea, con tasas de paro que al finalizar 2012 superan ya el 26% en España y Grecia, frente a niveles inferiores a la cuarta parte de esa cifra en Austria, Alemania, Países Bajos o Luxemburgo. La distancia también resulta notable si se compara la situación de las Comunidades Autónomas españolas. Pero un aspecto apenas considerado hasta ahora es que ese diverso impacto de la crisis resulta aún mayor cuando se desciende en el análisis hasta las áreas urbanas, en donde viven hoy cuatro de cada cinco residentes en España y una proporción similar de los parados contabilizados en las oficinas públicas de empleo. Analizar la evolución del paro registrado, que es la única información disponible a escala local, resulta revelador de la muy diversa capacidad de resistencia que han mostrado nuestras ciudades ante la lacra del desempleo (1), pero sirve también para identificar algunas claves de la crisis y, de paso, cuestionar ideas difundidas por el pensamiento dominante a través de los múltiples canales académicos y mediáticos a su disposición.

En tan solo seis años, el paro se elevó desde las 2.022.873 personas registradas en diciembre de 2006 a los 4.848.723 con que finalizó 2012, lo que equivale a un 140%. Pero cuando el zoom se aproxima, se comprueba que ese valor medio pierde buena parte de su significado ante las enormes diferencias existentes. De este modo, en diecinueve ciudades ese aumento superó el 300%, mientras que, por el contrario, en otras doce no alcanzó la mitad del promedio español. La localización de unas y otras no resulta casual. Trece de las primeras se sitúan en el litoral mediterráneo, sobre todo en las provincias de Castellón (Almassora, Villarreal, Onda, Vall d’Uixó, Burriana, Castellón de la Plana, Benicarló) y Murcia (Torre-Pacheco, Yecla, San Javier, San Pedro del Pinatar, Vícar, Jumilla). En el extremo opuesto, una decena de las ciudades con menor aumento del paro se ubican en las regiones atlánticas (Ferrol, Santiago, Ourense, Cangas, Redondela, Ribeira, A Coruña, Mieres, Cádiz, Barbate).

Resulta incuestionable la lógica de esa distribución. Las ciudades que lideraron el proceso de urbanización masiva ligado a la burbuja inmobiliaria, apostando por un monocultivo residencial insostenible, son ahora las más golpeadas por el desempleo. Las que, por el contrario, permanecieron al margen de ese proceso, con economías más diversificadas en donde una industria renovada y con capacidad exportadora mantuvo cierta presencia, han padecido con menor intensidad su estallido.

No obstante, transcurridos seis años desde el inicio del proceso, es ya evidente que aquí se han encadenado dos crisis sucesivas, que también han afectado de forma muy distinta a los trabajadores y a las ciudades del país. Ya desde 2007, el estancamiento del sector inmobiliario que se intensificó con la crisis financiera internacional al año siguiente fue el desencadenante de una recesión económica que generó dos millones más de parados en apenas tres años. Ese desempleo afectó, sobre todo, a la construcción y a numerosas industrias auxiliares, se concentró en trabajadores poco cualificados –en su mayoría hombres- y en las ciudades del litoral mediterráneo, los archipiélagos o las periferias metropolitanas donde residían los grupos de menores ingresos. Pero desde 2010 padecemos una segunda crisis, derivada de la implantación estricta en la Unión Europea de una agenda neoliberal ya conocida y fracasada –salvo para sus escasos beneficiarios- en otros lugares, que bajo el eufemismo de la austeridad ha desplazado la onda de choque del desempleo hacia nuevos grupos socioprofesionales y territorios. La retracción del consumo y la destrucción de empleos en servicios públicos hace que los nuevos parados tengan ahora un nivel medio de cualificación superior, sean ya bastantes más mujeres que hombres y se concentren en el sector de servicios.
Al correlacionar la evolución del desempleo en estos últimos tres años con el perfil de las ciudades antes de la crisis se confirma que éste se estabiliza en ciudades litorales donde, absorbido el golpe inicial, un dinámico sector turístico permite, incluso, leves reducciones en la cifra de parados (Calviá, Santa Eulalia del Río, Manacor, Lloret de Mar). En cambio, los mayores aumentos se trasladan ahora a las ciudades capitales o que actúan como centros de servicios para su entorno comarcal, que contaban con mayor proporción de empleo en educación, sanidad, servicios sociales y administración pública. El hecho de que nueve capitales del interior peninsular estén entre las ciudades que elevaron en más de un 40% el paro registrado en estos años, o que las cuatro peor paradas sean Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, no parece casual.

En resumen, seguir afirmando que la especial sensibilidad del desempleo a las crisis económicas es resultado de la rigidez del mercado laboral español o de una dualidad de la que pretende culparse a quien mantiene un empleo estable resulta poco sostenible al introducir una perspectiva territorial. Con la misma legislación laboral el aumento del desempleo ha sido muy dispar y eso debe dirigir la atención hacia el modelo de crecimiento seguido por cada ciudad antes de la crisis, pero también al devastador efecto de las políticas de austeridad. Todas las crisis cíclicas del sistema acentúan las desigualdades porque suelen recaer sobre los más vulnerables y eso también es cierto al considerar la evolución de nuestras ciudades. En un reciente libro, el geógrafo David Harvey afirmaba que “la crisis actual es, más que nunca, una crisis urbana”. No conviene olvidar esta dimensión territorial para comprenderla mejor y trabajar por superarla pues, tal como sucedió en anteriores crisis, la voluntad y capacidad de las ciudades y sus ciudadanos para resistir y responder a los retos que plantea la actual situación será parte importante en sus diferentes trayectorias de salida.

(1) Se analizaron los datos registrados por la Sociedad Pública de Empleo Estatal (SEPE) entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 para las cerca de cuatrocientas ciudades que en España superan los 20.000 habitantes.

Ricardo Méndez. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC) 
Nueva Tribuna
http://www.nuevatribuna.es/opinion/ricardo-mendez/ciudades-frente-al-desempleo-cada-vez-mas-desiguales/20130304120801089158.html 

miércoles, 6 de marzo de 2013

España: crisis, desempleo, corrupción y opulencia

El Ministerio del Empleo de España dio a conocer ayer que el número de desempleados en ese país supera ya cinco millones, cifra sin precedente que podría ser superada en breve, dado el empecinamiento del gobierno que encabeza Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) en cumplir a rajatabla las directrices económicas dictadas a Madrid por la Unión Europea y los organismos financieros internacionales. Tales directrices son impulsadas en el ámbito local por las entidades patronales, las cuales exigen mayor flexibilidad del mercado laboral, lo que significa, en términos llanos, la cancelación de derechos laborales y de garantías contractuales mínimas. Tal presión es traducida por el gobierno de Rajoy en medidas antilaborales, como el decreto que prepara el propio Ministerio del Empleo para aumentar en tres años el tiempo de trabajo mínimo necesario para jubilarse, que pasaría de 30 a 33 años, lo que reduciría, a su vez, el acceso de nuevos trabajadores a plazas laborales e incrementaría, en esa medida, el desempleo.
 
Tal fenómeno es, por lo demás, sólo una de las expresiones de la generalizada crisis social causada por el plan de choque. Otra es la huelga de los trabajadores de la aerolínea Iberia, quienes resisten desde hace más de una semana el plan de restructuración lanzado por la empresa para despedir a casi cuatro mil de sus empleados, al amparo de las reglas antilaborales impuestas por el actual gobierno. En forma menos directa, la crisis atiza el diferendo entre el gobierno regionalista catalán y la autoridad central de Madrid.

Más preocupante es el efecto perverso que las medidas de austeridad tendrán en la perpetuación y el ahondamiento de la recesión. En efecto, en la medida en que el desempleo debilita al mercado interno se aleja la perspectiva de remontar la crisis, al grado de que expertos cercanos al gobierno de Angela Merkel –impulsor principal del ajuste salvaje en el sur de Europa– afirman sin empacho que el ciclo recesivo en España puede extenderse hasta por una década.

Uno de los aspectos más exasperantes de las dificultades por las que atraviesa la economía española es la desigualdad: mientras la mayor parte de los habitantes de la península llevan ya muchos meses enfrentando la reducción de sus niveles de vida, la pérdida de sus empleos, negocios y viviendas, enfrentando las alzas impositivas y la disminución de las prestaciones y programas sociales y deslizándose hacia la pobreza, unos cuantos exhiben una desmesurada acumulación de capitales. Es el caso de Amancio Ortega, fundador y propietario de Inditex, y quien con una fortuna personal calculada en casi 57 mil millones de dólares ocupa el tercer lugar en la lista publicada por Forbes de las personas más ricas del mundo, sólo antecedido por el mexicano Carlos Slim y el estadunidense Bill Gates.

Aun más irritante resulta el rosario de escándalos por defraudaciones y malversaciones que salpica por igual a la clase política y a la familia real de España. Mientras en el marco del llamado caso Gürtel la Fiscalía sigue destapando operaciones millonarias del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y de su esposa, Rosalía Iglesias, se multiplican las evidencias de la implicación de Cristina de Borbón –hija del rey Juan Carlos– en la trama de corrupción armada por su marido, Iñaki Urdangarin, por medio de Nóos, supuesta organización no lucrativa que lucró, y mucho, mediante contratos celebrados con diversas autoridades y entidades turísticas y deportivas.

En suma, la crisis económica de España impulsa una crisis social de implicaciones impredecibles, todo ello en medio de la crisis moral por la que atraviesan las autoridades políticas y la monarquía, y las perspectivas de semejante conjunción no parecen alentadoras.

La Jornada
Editorial

martes, 5 de marzo de 2013

Hacia unas cortes constituyentes

"Que los árboles no nos impidan ver el bosque"

Los datos de la corrupción generalizada en la política y en las instituciones españolas están a la vista de todos. El abismo entre lo que los potentes consideran normal y lo que la mayoría de las gentes ven como inmoral e inaceptable está ahí, y es inaceptable. Pero no es lo esencial. Que los árboles no nos impidan ver el bosque.

El bosque es el fracaso de las políticas emprendidas desde los años ochenta del siglo pasado, la supuesta modernización de España. Todo el castillo de naipes se ha venido abajo: cada año se predica la recuperación para más adelante y cada año la crisis y el paro se vuelven mayores, y se precarizan y debilitan los diferentes vínculos que cohesionan la sociedad. ¿De quién, de dónde y para hacer qué pueden surgir las inversiones que pongan en movimiento a seis millones de parados? ¿Qué perspectiva pueden tener los españoles? ¿Hacia dónde nos llevan las políticas de recortes que descapitalizan los hogares, las escuelas, las universidades, los dispensarios y los hospitales, el comercio y las industrias, incluidas las industrias culturales clave?

¿Desde dónde se ha gestado esta catástrofe que no tendrá fin mientras manden quienes mandan y han mandado? Repasemos la historia.

El capítulo primero de esta historia es la transición: una transición que las gentes vivían alegremente como fin de la dictadura pero que creaba un sistema político deliberadamente hermético a sus demandas para que, a pesar de las libertades, el sistema de dominio social siguiera igual. Como hemos podido ver.

El capítulo segundo es el viraje político emprendido por Felipe González en el gobierno: una política económica neoliberal. O sea, las primeras privatizaciones, el ingreso en la Unión Europea, el desmantelamiento exigido por ésta de algunas grandes industrias como la siderurgia, la construcción naval, la minería, y la limitación, también europea, de la ganadería y la agricultura. Aunque gracias a las ayudas europeas todo fue posible: las olimpiadas de Barcelona, la expo de Sevilla, la alta velocidad ferroviaria... Ahí empezó la alegría mientras se desmantelaba parte del país. Las viviendas valían cada vez más y muchos se creyeron millonarios. El gobierno repartía alegremente las cartas de los grandes negocios; algunas compañías e instituciones públicas fueron puestas bajo el mando de franquistas reconvertidos.

Se entró en la Otan contra la opinión de la mayoría de los españoles, que aceptaron el engaño de que no estaríamos en su estructura militar. Era un primer auge del timo, del fraude: un gobernador del Banco de España, un director general de la Guardia Civil, una directora del Boletín Oficial del Estado y algún ministro tuvieron que pasar una temporada a la sombra. Mario Conde desvalijaba Banesto desde dentro pero recibía doctorados honoris causa. El estado organizó una banda de delincuentes, los GAL, para matar etarras al margen de la ley. Un ministro, Corcuera, propugnaba que la policía entrara en las casas pegando una patada en la puerta y otro, Barrionuevo, dirigía el terrorismo de estado. La UGT fue extorsionada en la persona de Nicolás Redondo; Comisiones Obreras defenestró pasito a pasito a Marcelino Camacho.

Así se llegó al tratado de Maastricht de 1991, contra cuya firma Izquierda Unida se quedó sola, acompañada únicamente por los activistas de la izquierda extraparlamentaria: todos denigrados desde el periódico sagrado, El País, por no hablar de los demás. El tratado de Maastricht creó una unión monetaria pésimamente diseñada, desequilibrada y a la larga inviable, al unir economías nacionales desiguales, como se señaló entonces y la crisis del euro demuestra ahora.

El proceso de construcción de la Unión Europea trasladó una parte sustancial de la soberanía política del pueblo español a organismos (Comisión y Consejo Europeos) no elegidos democráticamente y tampoco controlables por un parlamento europeo que carece de poderes reales ni, como es natural, por los ciudadanos. Todo esto sucedió sin que los españoles apenas piaran. Se entiende, pues, que después de que España perdiera su soberanía monetaria y una buena parte de su soberanía política, la UE ordenara al gobierno de Aznar que hiciera los deberes neoliberales correspondientes a partir de 1996.

Y Aznar los hizo, congeló salarios, privatizó Iberia para unos colegas de su cole, Telefónica para otros, siempre a muy buen precio. Declaró edificable la práctica totalidad del territorio español. Los constructores se pusieron a construir, las Cajas de Ahorro, repartidas entre el PP, el PSOE y los nacionalistas, se pusieron a prestar, los ayuntamientos a urbanizar y cobrar, y todos a poner el cazo para recibir —para su partido o para su bolsillo o ambas cosas a la vez— su parte del negocio. Se creó así un tupido tejido industrial vinculado al ladrillo edificado sobre el terreno pantanoso del crédito. Y un mercado de favores de intenso tráfico. Eran los tiempos en que el abanico de las diferencias de ingresos se abrió casi a 360 grados.

La tercera revolución industrial, la de la informática, hizo posible técnicamente, mientras tanto, el crecimiento de la globalización —un ejército internacional de mano de obra barata— y una onda larga de expansión. El neoliberalismo lo invadió todo más por el cambio tecnológico que por méritos propios hasta que llegó el crack del año ocho: toda la pirámide del crédito se desplomó porque el capitalismo experimentó la mayor de sus inherentes crisis sistémicas de sobreproducción, cuando de pronto nadie puede pagar lo producido y todo se viene abajo.

En esas estamos. En el caso de España, el Estado carece hoy por hoy de margen de maniobra económica y la persistencia del neoliberalismo le enfanga en la deuda cada vez más. El Estado dilapida bienes colectivos de los españoles. El empresariado ha obtenido una reducción brutal de los costes laborales y disciplina a todos blandiendo la regalada libertad de despedir. Pero ¿en qué ha invertido en España? El país se descapitaliza a pasos agigantados en material y en personal: ni los mejor formados con cargo al erario público encuentran trabajo aquí.

¿Adónde llevan las políticas económicas neoliberales del Psoe y del PP que no sea al abismo, a empeorar y empeorar? Ya empieza a ir para atrás el conjunto neoliberal de la eurozona. ¿Alguien puede creer que este empresariado nuestro, entregado al lujo y a la corrupción, va a crear industrias capaces de poner en movimiento siquiera a la tercera o incluso a la cuarta parte de los millones de parados?

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Se trata pues de hacer otra cosa: de crear bienes sostenibles y distribuir bien esa riqueza. De trabajar y redistribuir: redistribuir el trabajo y cerrar el abanico de las diferencias de ingresos, redistribuyendo también las rentas. ¿Cómo hacerlo posible?

Algunos de los pasos necesarios son:
El primer paso es político: hay que reformar en profundidad el régimen político, lo que exige la convocatoria de unas cortes constituyentes si se quiere llegar hasta el final.

No sólo hay que jubilar o poner a la sombra al personal político incapaz que ha venido gobernando el sistema: hay que abrir paso a gentes nuevas no infectadas por la corrupción.

Hay que ingeniar un sistema político que quede en manos del pueblo. Que éste pueda controlar y que cuente con mecanismos sólidos de exigencia de responsabilidades. Las públicas y las privadas. Que resuelva además lo que dejó a medias la primera transición. Crear unas instituciones que sean realmente nuestras.

Y esas instituciones tendrán que recuperar soberanía. Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado. Utilizar las capacidades conjuntas que tendrá entonces el Estado para reorientar y estimular la producción. Y si eso supone nuevos sacrificios a todos, que esta vez sirvan para algo —y no como ahora, cuando los de arriba se lucran a nuestra costa, a costa de nuestros salarios, nuestra sanidad, nuestra educación—; que sirvan para que recuperemos colectivamente la perspectiva y los valores de quienes siempre hemos vivido de nuestro trabajo.

Cortes constituyentes.
Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado.
Quita y espera de la deuda.
Impulso industrial, agrario y comercial, sostenible, desde el Estado remozado.

Juan-Ramón Capella
Mientras Tanto