martes, 30 de octubre de 2012

Por el camino equivocado

Pocas veces la información estadística ha sido tan concluyente. Continúa el proceso de destrucción de puestos de trabajo, lo que, sumado a la incorporación de nuevas cohortes de población al mercado laboral, da unas tasas de desempleo históricamente altas. Lo son en el conjunto de la población activa y, muy especialmente, entre la población joven: más de la mitad de personas que pertenecen a este colectivo quieren trabajar pero no pueden hacerlo.

Téngase en cuenta que una parte de la población en edad de trabajar, si no recibe una prestación que la obligue a permanecer en los registros estadísticos y ante las escasas perspectivas de encontrar un puesto de trabajo, ha dejado de ser demandante activa de un puesto de trabajo, pasando a engrosar las filas de la población inactiva, (una parte de esta población se mueve en los degradados espacios de la economía sumergida).

Una vez agotada la prestación por desempleo, –prestación que se ha reducido, tanto en su importe como en el periodo de percepción-, los trabajadores que han dejado de recibirla pasan a depender de las redes sociales, que también han visto mermado su presupuesto, fruto de los recortes presupuestarios.

Destaca el hecho de que, en el todavía corto periodo de implementación de la reforma laboral –sí, aquélla que justificaba el gobierno porque crearía las condiciones de flexibilidad necesarias para que las empresas crearan empleos-, se han disparado los expedientes de regulación de empleo, lo que ha acelerado la destrucción de puestos de trabajo.

Aunque es muy difícil reunir información estadística al respecto, cada vez son más frecuentes las noticias (no son anécdotas esporádicas) de que en un buen número de empresas, bajo la amenaza del despido como alternativa al alcance de la mano, se está aumentando, de hecho, la jornada de trabajo. Lo mismo sucede con los ritmos de ejecución de las tareas.

Pero no se trata sólo del empleo y de las condiciones en que se desempeña. Asimismo, los salarios promedio de los trabajadores se han reducido, por el doble efecto del aumento de los precios de los bienes y servicios destinados al consumo de la población y del recorte de los salarios nominales. Como consecuencia de este proceso, cobra importancia la categoría de trabajadores pobres, esto es personas que, teniendo un empleo, se encuentran en los umbrales de la pobreza, careciendo, por lo tanto, de los medios de subsistencia necesarios para llevar una vida digna.

La destrucción de empleo, el aumento del desempleo, la caída de los salarios reales y la precariedad de una parte sustancial de los puestos de trabajo han contribuido a una creciente polarización social. Tanto la evolución del índice de GINI como la relación entre los ingresos de los grupos de población situados en los extremos de la distribución de la renta dan cuenta de esa realidad. Este proceso de degradación no sólo ha afectado a los colectivos más vulnerables; también ha arrastrado a una parte de las clases medias.

Estamos pues ante un sombrío panorama, confirmado e incluso superado por los últimos datos obtenidos de la encuesta de población activa. Y la situación aun puede empeorar más en un futuro inmediato. Esto es lo que anuncian las previsiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional.

Pero acaso lo peor, lo que produce más desasosiego, es que estamos a punto de concluir el quinto año de crisis económica, periodo en el que el gobierno ha volcado una cantidad enorme de recursos públicos para intentar salir del pozo del estancamiento. Sin ningún resultado. No es extraño que se extienda la percepción de que los políticos han perdido el norte, y que los continuos y crecientes recortes en los presupuestos de las administraciones públicas no abren ningún camino de salida de la crisis. Eso sí, ayudas y recortes que están llenado los bolsillos de algunos grupos económicos.

Parece evidente que las políticas de rigor presupuestario y las reformas estructurales que las acompañan han fracasado. Si su justificación última era devolver a las economías a una senda de crecimiento y, a partir de ahí, aumentar los niveles de empleo, han quedado claramente deslegitimadas. Más aún, tampoco han conseguido su objetivo más inmediato: sanear las cuentas de las administraciones públicas. Entonces, ¿por qué mantenernos en el camino equivocado, por qué razón perseverar en el error? Sólo una combinación de dogmatismo, ideología e intereses puede explicar el inmovilismo y la rigidez de los políticos y de los economistas que les prestan la cobertura intelectual que necesitan.

Toda esta situación ha generado impotencia y fatalidad entre amplios segmentos de la población. Pero, en paralelo, en algunos colectivos -todavía minoritarios, pero dispuestos a oponer una rotunda resistencia a las políticas gubernamentales y a la voracidad de los mercados- esta deriva ha provocado una indignación activa. Éste y no otro es el camino para cambiar las cosas.

Fernando Luengo
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6006/por-el-camino-equivocado/

domingo, 28 de octubre de 2012

¿Demasiada gente o demasiados malthusianos?

El consumo de combustibles fósiles que ha liderado un siglo y medio de industrialización en los países del Norte es, sin duda, la mayor aportación antropogénica al cambio climático. Una vez extraídos y quemados, el carbón, el petróleo y el gas se suman al ciclo de carbono entre la atmósfera, los océanos, los suelos, las rocas, la vegetación y los seres vivos.

En la escala temporal humana esta transferencia es irrevocable e insostenible. No existe suficiente “espacio” en los sistemas biológicos y geológicos terrestres para asumir de un modo seguro la masiva cantidad de carbono tomada de la corteza terrestre sin que el dióxido de carbono crezca de un modo dramático en la atmósfera y los océanos. La Tierra y sus ecosistemas tienen sus límites.

En el nivel más fundamental la solución a la crisis climática requiere darle la espalda a la dependencia de los combustibles fósiles. Las sociedades atadas a los combustibles fósiles necesitan adaptaciones estructurales de sus sistemas de transporte, sus regímenes de consumo y su producción agrícola que las liberen de dichas dependencias para minimizar, en las próximas décadas, los posibles peligros y costes. Las infraestructuras, el comercio y las comunidades deberán ser reorganizadas. El apoyo estatal deberá otorgarse a los movimientos populares que ya están construyendo alternativas sociales y defendiendo opciones de bajo impacto ambiental. Las soluciones a la crisis climática dependen, por tanto, principalmente de la organización política y de posibles cambios sociales y económicos.

En este contexto, no es una sorpresa que el empeoramiento de la situación climática no sea atribuido a la continua extracción y derroche de combustibles fósiles, sino a la presencia en nuestro planeta de demasiadas personas. Cada vez que se pone de actualidad una crisis ambiental, una hambruna, la situación de los países en vías de desarrollo, cualquier conflicto sobre los recursos, las migraciones o el crecimiento económico, una miríada de economistas, demógrafos, planificadores, financieros y bandidos políticos (del Norte) se apresuran a invocar la idea de la sobrepoblación.

Hace más de 200 años, en una época de inmensa agitación social, política y económica en Inglaterra, ligada al cercado de tierras y bosques comunes de las que dependían distintas comunidades, el economista de libre mercado, Thomas Malthus, escribió una historia sobre cómo interactuan los humanos y el medio natural. La clave de su ensayo era una analogía matemática entre el crecimiento de la población humana y los recursos alimenticios que ésta utilizaba. Ligando política y matemáticas, propuso un conjunto de argumentos falaces para promover una nueva vía: la de denegar los derechos colectivos a la subsistencia, afirmando este derecho para los que “lo merecen” frente a los que “no lo merecen”, con el mercado como árbitro de dichos títulos. Los pobres eran pobres porque carecían de compostura y disciplina, no por la privatización. Esta es la esencia del argumento de la sobrepoblación.

Hoy, un amplio rango de industrias utilizan la misma argumentación con la intención de asegurarse un futuro para sus intereses particulares y así seguir empujando a favor de la privatización de bienes colectivos. En la agricultura, por ejemplo, se lanza a la opinión pública la idea de que las “bocas extra” del Sur causan la hambruna global –a menos que las compañías biotecnológicas tengan el derecho de patentar y modificar genéticamente distintos organismos. Con respecto a los recursos hídricos, un número creciente de sedientos habitantes de ciudades miseria serían responsables de las previsibles guerras del agua, a menos que dichos recursos sean administrados por compañías del sector privado.

En cuanto al clima, la idea es culpar a los chinos y los indios de las masivas inundaciones debido a sus emisiones de efecto invernadero –a menos que las compañías que contaminan reciban derechos de propiedad sobre la atmósfera a través de sistemas de transferencia de emisiones de carbono que ayuden a construir un nuevo mercado global valorado en miles de millones de dólares. Hace dos siglos, Malthus reconoció que su sistema matemático y sus series geométricas de crecimiento no habían sido observadas en ninguna sociedad. Admitió que el “poder de sus números” era solo una imagen, algo que los demógrafos han venido a confirmar.

Durante más de 200 años, su teoría y sus argumentos han sido refutados por demostraciones de que cualquier problema atribuido a la población puede ser explicado de un modo más eficaz poniendo el acento en la desigualdad social.

El gran logro de Malthus fue oscurecer las raíces de la pobreza, la desigualdad y el deterioro ambiental. La mentalidad casi bélica generada por las predicciones de que la escasez de recursos podía conducir a un apocalipsis ha conseguido distraer la atención de lo más importante: la destructiva historia social y ambiental de un proyecto político desacreditado.

Frecuentemente cuando se trata la siempre presente malnutrición, el hambre y la carestía, no se aborda la discusión sobre las políticas neoliberales, la mala distribución de los recursos alimenticios del planeta, los peligros de utilizar tierras agrícolas del Sur para agrocombustibles consumidos en el Norte, la desigualdad en el acceso a los recursos económicos y la propia especulación sobre la tierra.

Si más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable es porque el agua, como la comida, fluye hacia aquellos con mayor capacidad de consumo: en primer lugar la industria y los grandes productores, después a los consumidores ricos y por último hacia los pobres, cuya agua estará contaminada por los dos primeros.

Diversos estudios han destacado las contradicciones de intentar relacionar el crecimiento de la población con las emisiones de carbono, tanto históricas como previstas. Los países industrializados, con solo el 20% de la población mundial, son responsables del 80% del dióxido de carbono acumulado en la atmósfera y los países con mayores índices de emisiones son precisamente aquellos con crecimientos de población lentos o prácticamente nulos. Los pocos países donde el índice de fertilidad femenino se mantiene todavía alto son los que tienen las emisiones per capita más bajas.

Las emisiones per capita agregadas ocultan quién está provocando el efecto invernadero, dificultando el análisis de los datos y la búsqueda de soluciones. Se estima que el 7% de la población mundial más rica es responsable de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, mientras el 50% más pobre del planeta, solo emitiría el 7%.

Ofrecer datos de población en términos numéricos no ofrece una información relevante para adoptar políticas que ayuden a mitigar el cambio climático. El uso masivo de combustibles fósiles en las sociedades industriales no puede ser combatido repartiendo condones. Ni tampoco reducir el número de nacimientos ayudará a reducir los subsidios públicos a la industria petrolera –estimados anualmente en más de 100 mil millones de dólares- en forma de deducciones de impuestos, lo que les otorga una clara ventaja frente a las alternativas sostenibles. Además, el comercio de emisiones continúa dando incentivos a las industrias contaminantes para retrasar los cambios estructurales. Dicho comercio termina haciendo aumentar todavía más las emisiones, en lugar de compensar sus efectos, reforzando así la dependencia. Y mientras, las tierras, el agua y el aire de los que dependen las comunidades del Sur siguen siendo usurpados.

Pero los hechos, las cifras y las explicaciones alternativas, aunque necesarias, nunca han tenido mucho efecto sobre los debates acerca de la población o los desacuerdos en torno a políticas concretas. El motivo es simple: dichos debates no tienen tanto que ver con números como con ideología, poder e intereses económicos. Existen desacuerdos políticos y culturales, no matemáticos. Los argumentos sobre la sobrepoblación y las políticas basadas en éstos persisten no a causa de ningún mérito intrínseco, sino por la ventaja ideológica que ofrecen a poderosos intereses económicos y políticos para minimizar la redistribución, restringir derechos sociales y avanzar en la legitimación de sus objetivos.

Aquellos que hacen aparecer el fantasma del futuro número de humanos empujan la atención hacia hechos que la mayoría de los críticos también reconocen –que el planeta no puede soportar billones de personas- pero al hacerlo nos invitan a dejar a un lado los análisis sociales específicos sobre el contexto general y nos obligan a volver a las románticas clases de matemáticas donde las tensiones abstractas, monolíticas, inexorables entre los humanos y la naturaleza se muestran solo en gráficos y pantallas de ordenador.

En los debates sobre el cambio climático, los argumentos acerca de la sobrepoblación sirven para retrasar la toma de decisiones sobre cambios estructurales en el Norte y en el Sur; sirven para retrasar la explicación sobre cómo el mercado de emisiones ha fallado como estrategia para mitigar el problema; sirve para justificar un mayor número de intervenciones sobre distintos países con la intención de controlar su excedente poblacional y para excusar dichas intervenciones cuando causan mayor degradación ambiental, migraciones o conflictos.

Como tal, la teoría malthusiana de la población es sobre todo una estrategia política para oscurecer las relaciones de poder entre distintos grupos en la sociedad. Mientras, al mismo tiempo, se justifican esas relaciones que son las que permiten que ciertos grupos dominen a otros estructuralmente, ya sean los hombres a las mujeres, los propietarios a las comunidades, o “nosotros” sobre “ellos”. Los “demasiados” nunca son los que hablan, sino siempre “el Otro”.

Esto explica parcialmente por qué los que son considerados “un exceso” no son aquellos que se benefician de la extracción continua de combustibles fósiles, sino los que sufren las consecuencias directas e indirectas. Desde la época de Malthus, la “sobrepoblación” siempre ha estado referida a los más pobres, a aquellos de piel oscura o a los habitantes de las colonias y los países del Sur – así como combinaciones variables de los anteriores. Otras categorías están siendo añadidas recientemente a la lista de los “sobrantes”: los mayores, los discapacitados, los migrantes y aquellos que necesitan de los servicios sociales.

Desde el inicio de la disciplina, la demografía ha defendido la idea de que son las mujeres las que crean los problemas de población. A diferencia de todas las otras políticas económicas, ambientales, de desarrollo o sociales concebidas desde los think tanks, implementadas por gobiernos y financiadas desde agencias multilaterales, las políticas sobre población han tendido a intervenir directamente sobre las mujeres desde el principio, enfocando las soluciones exclusivamente a intentar poner freno al número de hijos.

Pero aunque la población humana se reduzca a la mitad, un cuarto o a una décima, mientras exista una sola persona con capacidad para negar el acceso al agua, la alimentación, a un hogar, a la tierra, a la energía, a la “vida buena”, incluso dos personas pueden ser consideradas “demasiadas”.
http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/climate-change-and-overpopulation
Traducción: Daniel Alcalde Güelfo para VIENTO SUR
Viento Sur
http://vientosur.info/spip/spip.php?article7308

sábado, 27 de octubre de 2012

La desvergüenza bancaria y los desahucios

Hemos llegado a un punto del todo incomprensible por el descaro y desvergüenza con los que actúan los bancos con permiso de los gobiernos de turno. Hoy hemos sabido que las ayudas que los españolitos de a pie hemos aportado a los bancos es de más de 1800 euros sólo en 2010. ¡No está mal! Y todo esto bajo una ideología neoliberal imperante, donde se desprecia al Estado y se aboga por la libertad de mercado. Si así fuera, muchos de estos bancos ayudados habrían ya desaparecido.

Nosotros les ayudamos –a la fuerza, aunque nadie nos pida permiso, el gobierno se encarga de hacerlo en nuestro nombre— para que el sistema bancario no se hunda, y ellos como pago por nuestro socorro utilizan, sin compasión, el desahucio como medida compensatoria.

Todos los días hay unos 550 desahucios. Desde 2008 son unas 350.000 las viviendas desahuciadas. Con todo lo que comporta. Familias excluidas, condenadas a la miseria más absoluta. Y todo eso basado en una ley de 1909 que ni tirios ni troyanos durante todos estos años de “democracia” han cambiado.

Nada de eso importa. Lo significativo es que los bancos sigan castigando al personal que para eso se lo merece. Y ahí quedan nuestros gobernantes, estos y los anteriores que no han movido un dedo para aliviar la situación de familias enteras, que por desgracia se quedan sin vivienda y con deudas impagables.

Ayer, un hombre en Granada, agobiado por una desahucio que se le venía encima, se quitó la vida. Pero no pasa nada. Nuestros queridos gobernantes no han querido enterarse y los bancos a lo suyo. Hoy por ejemplo seguían desahuciando al personal.

Hay organizaciones como la del 15-M o la de Stop desahucios que ha sido capaz de parar algunos casos, pero que no pueden, por desgracia luchar contra lo imponderable. Sus consecuciones han sido importantes pero mientras que los jueces sigan aplicando la ley sin la menor consideración, los bancos sigan con su política de no pactar y el gobierno continúe con su apoyo a los bancos y abandonando a los afectados, no hay nada que hacer.

De entre todos los bancos, el caso de Bankia es excepcional. Y lo digo por lo negativo. Porque es la entidad que más viviendas desahucia sin pactar con los hipotecados. Desgraciadamente sigue en su empeño de ensañarse con el personal, a pesar de que van a recibir de nuestros bolsillos la friolera de 24.700 euros. Una pequeñez que les va a permitir continuar en el mercado bancario y evitar su quiebra.

Y ahí están. La última es grave, muy grave. Bankia saca a subasta más de mil viviendas ante la llegada del banco malo. Esto quiere decir que Bankia va a vender inmuebles con descuentos de un 50% a un 60% en el mercado. O sea, un desahuciado puede comprobar que hace poco el quitaron su vivienda que, por ejemplo, le costó 200.000, importe por el que el banco le hizo una hipoteca. Hoy, sin que Bankia haya hecho ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo, a esta persona además que haberle despojado de su vivienda, y dejarle una deuda de, por ejemplo, 170.000 euros que es lo que le quedaba por pagar, ve con desolación e impotencia que están vendiendo la vivienda que era suya por 100.000 euros, un precio que él podría haber pagado.

Naturalmente, esta persona se ha quedado sin piso y con una deuda de 170.000 euros. Mientras, Bankia ha hecho el negocio redondo. Está cobrando 170.000 euros al hipotecado y además recibirá 100.000 euros por la casa, con lo cual una casa que hoy vale 100.000 euros, y ayer costaba 200.000, a Bankia le va a proporcionar 270.000 euros. Un negocio legal redondo, aunque sea un atropello y una vergüenza.

Mientras, el gobierno del PP no dice ni pío y aboga por el cumplimiento de la ley, despreciando a los desahuciados, y los bancos, que además han recibido dinero de todos nosotros para poder seguir funcionando, se ponen las botas a costa nuestra. Es o no es un fraude. Es o no es una desvergüenza. Es o no es para montar una revolución.

No es de extrañar, por desgracia, que la gente antes de quedar en la miseria se suicide y todo esto con el consentimiento del gobierno, la aplicación de una ley injusta y la codicia de unos bancos que cada vez son más ladrones.

Hace ya dos años que Izquierda Unida planteó en el Congreso la dación en pago, o sea que con la devolución de las llaves se zanjara la deuda. Sin embargo, el gobierno de Zapatero se negó a aceptarlo, aunque ahora pretenda hacernos creer que se pone de parte de los desahuciados. Y qué decir del PP, que lo más que ha hecho es decirle a los bancos que si quieren acepten, de forma voluntaria, la dación en pago. ¿Han visto ustedes algunos buitres que no coman carne?

Por cierto, seis jueces han presentado un informe para que las ayudas a la banca pasen a los hipotecados. Naturalmente el Poder Judicial ha desestimado el informe, poniéndose este poder también, al lado de los bancos. Los tres poderes se han manifestado en favor de los bancos y en contra de los hipotecados.

Así está la situación, y con tres millones de pisos vacíos en este país, lo que con una política social de viviendas se podrían obtener viviendas sociales a alquileres mínimos para los casos necesitados.

Poco se habla de lo que está crisis está provocando. Miserias, enfermedades, suicidios. Como si detrás de cada caso de paro o de desahucio no hubiera personas. Desgraciadamente, la responsabilidad de lo que está ocurriendo es clara. Los bancos y nuestros gobiernos, el de antes y sobre todo el de ahora, que olvidándose de sus ciudadanos, los dejan en la miseria. Y no vale aquello de que la responsabilidad es de la Troika o de otras instituciones supranacionales, porque, además, perder la soberanía no es un eximente sino un agravante.

Cobardes gobernantes que benefician a los poderosos y dejan caer a sus ciudadanos. Esta es la historia que nos ha tocado vivir y que debemos cambiar, sí o sí.

Salud y República 

Rafael García Almazán
elmercurio digital.es

viernes, 26 de octubre de 2012

Robespierre y el imaginario constituyente

“La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos: la Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y apacible”
Robespierre, 25 de diciembre de 1793, discurso en la Convención

Parece que el modelo político y económico español se resquebraja. La alianza entre las fuerzas renovadoras del franquismo y los partidos y formaciones de la oposición, que dio paso a la Constitución de 1978, está llegando a su fin. Algunos de los problemas resueltos con prisa de huracán o peor aún, silenciados, reaparecen: auge del nacionalismo periférico y reacción del centralismo (castizo) español; supeditación de la organización política y social a la economía de mercado y sus intereses financieros; pérdida real del valor de la soberanía popular en beneficio de grupos de presión, revisionismo histórico, supresión de derechos adquiridos y merma sustancial de la protección que conlleva el estado del bienestar, entre otros. En este contexto, miles de ciudadanos están reclamando, en foros y asambleas, un nuevo pacto constitucional, es decir, el inicio de un proceso constituyente que finalice con la elección de Cortes Constituyentes y la redacción de una nueva Carta Magna que recoja las aspiraciones y anhelos de una ciudadanía moderna, hija de las identidades múltiples del siglo XXI: una república democrática. Ejecutado en la guillotina el 28 de julio (10 Termidor) de 1794, cerca de Errancis, junto con Saint-Just y veinte revolucionarios más, resulta sorprendente comprobar cómo hoy, más de dos siglos después, la cabeza política de Robespierre -el hombre, junto con el Comité de Salud Pública, que consolidó la Revolución francesa de 1789, salvando los progresos y logros de la República y su esencia democrática- sigue vagando, malherida, vilipendiada, cubierta de cal, por las cloacas de la Historia (neoliberal) cuando debería ser un referente, europeo y solidario, en tiempos de pánico institucional y zozobra ética. 

La crisis financiera que arrancó el verano de 2007 está produciendo un bloqueo democrático tanto en los órganos de gobierno, centros locales de toma de decisiones, como en la vida de la comunidad. La libertad y la igualdad, pilares del sistema, están siendo amenazadas por la prevalencia de un supuesto estado de necesidad universal, estado de excepción permanente, por usar la fórmula de G. Agamben, al cual se supeditan todas las aspiraciones de transformación y progreso: “ahora no es el momento”, repiten, mantra de hielo, las instancias superiores. Hasta Juan Carlos I, Rey de España, bisagra entre la católica dictadura militar y la democracia (no es necesario recordar que juró cuantas legislaciones le pusieron delante), entra en escena pidiendo, exigiendo, unidad de acción (unidad de destino) y una devota adhesión inquebrantable al Gobierno, en este caso del PP -hubiera sido igual con el PSOE- frente a la trascendencia del desplome financiero global. Al mismo tiempo, una parte significativa de la población, los más desfavorecidos (parados, trabajadores con salarios bajos, precarizados, pensionistas, mujeres, jóvenes sin futuro), expresa su malestar siendo reprimida por el ejecutivo nacional y por los pintorescos gobiernos autónomos. Manifestaciones, ocupaciones del espacio público y demás actos cívicos de protesta -excesos y provocaciones al margen, que han existido siempre en la confrontación política- son percibidos como un ataque frontal a las instituciones democráticas que se defienden -mandan las superestructuras económicas- con la policía. Parece que la política de los políticos (y sus zafiedades), haya suplantado a la política de los ciudadanos (y sus deseos). “Cuando el gobierno viola derechos, la insurrección es para el pueblo, y para cada sector del pueblo, el más sagrado e indispensable de los deberes”, se recoge en el proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, superador del canónico texto de 1789 (que ya reconocía, por cierto, “el derecho a resistir a la opresión”).

Sometido a instancias supranacionales -una falaz cesión de soberanía que no ha sido refrendada por la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea- el gobierno electo acata dictados contrarios al bienestar y desarrollo integral de la mayoría social, es decir, gobierna contra su pueblo, escuchando más a las instituciones financieras mundiales (FMI, BM) que a su propio cuerpo electoral. Cuando el sistema de garantías creado por la Constitución de 1978 es incapaz de impedir o, cuando menos, frenar el deterioro del consenso y la armonía social, urge un cambio de modelo, acorde con las legítimas demandas de una ciudadanía plural, la multitudo spinozista, que “siente e interpreta” las reivindicaciones de una forma distinta a la conocida hasta la fecha (heredera del siglo XIX), y que expresa su disconformidad -desde el fenómeno del 15M hasta los movimientos que propugnan una entrada pacífica en el Congreso de los Diputados- con procedimientos novedosos. La senda constitucional abierta en 1978, que ha permitido recorrer, no sin cierto éxito, una parte del camino de la dictadura -pese a las infinitas secuelas psicológicas y sociales- a la democracia de mercado, parece que llega a una vía muerta. Los partidos mayoritarios -maquinarias de perpetuación de castas o “clase extractiva”, según terminología (liberal) de moda- se están mostrando incapaces para resolver la crisis e impedir el deterioro de la calidad democrática, y viven este “desbordamiento” democrático, “que no, que no nos representan”, bien con el temor a una pérdida de apoyo electoral (PP), bien como drama psicológico de espera beckettiana (PSOE), cuando sólo debería ser entendido, si interpretaran la realidad con lupa demoscópica, como una llamada de atención emocional, una petición de principio o natural evolución, acorde con la sorprendente naturaleza individual de la vida tecnológica y consumista (la metástasis del sistema-mundo capitalista creado a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, 1944), donde la política, la sociedad y las relaciones laborales están mutando, sin saber bien hacia dónde, ni con qué fin, a velocidad de vértigo. Robespierre, el 10 de mayo de 1793, ante la Convención, teoriza la radicalidad democrática, eso que ahora se denomina “desbordamiento”, fijando los principios de acción y el tempo revolucionario: “Un pueblo cuyos mandatarios no deben dar cuenta de su gestión a nadie no tiene Constitución. Un pueblo cuyos mandatarios sólo rinden cuentas a otros mandatarios inviolables, no tiene Constitución, ya que depende de éstos traicionarlo impunemente y dejar que lo traicionen los otros. Si éste es el sentido que se le confiere al gobierno representativo, confieso que adopto todos los anatemas pronunciados contra él por Jean-Jacques Rousseau.” La argumentación de Robespierre, tomada de sus Discursos, editados con el título Por la felicidad y por la libertad (2005), elegante hasta en su formalidad literaria, parece escrita para momentos de déficit de soberanía y vacío de poder. Su reflexión es una mirada limpia al poder constituyente: hacia una estructura firme pero flexible, reticular, que impida, por inoperancia o miedo, la parálisis del sistema nervioso central del Estado. ¿Qué es legítimo hacer cuando los gobernantes dan la espalda a una parte, numerosa, del cuerpo electoral, y reaccionan solo ante las exigencias de las oligarquías financieras? Como sostiene Georges Labica, por debajo del pensamiento de Robespierre discurre una “política de la filosofía”.

La democracia o es virtuosa, justa y excelsa hasta el extremo, diría el abogado de Arrás, o no es democracia. Es más, o favorece el interés de la mayoría, o no merece tal nombre. Robespierre vivía obsesionado con la suerte de los desfavorecidos y el respeto a las decisiones de las mayorías. Pese a la brutalidad e ignorancia de la Historia liberal -parecido al caso de V.I. Lenin- Robespierre procuró contener los excesos jurídicos y políticos de dirigentes como Barère o Danton comportándose, en muchos instantes del proceso revolucionario, con paciencia y moderación: un “centrista” dentro del partido de la Montaña. Georges Lefebvre, uno de los primeros historiadores que desveló el velo de terror sangriento que envolvía su figura afirmó que “fue un hombre magnífico, defendió la democracia y el sufragio universal de 1789 (…) y en circunstancias normales nunca hubiera apoyado la pena de muerte ni la censura de prensa”. 

El Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antes citado, fue presentado ante la Convención el 24 de abril de 1793. Su articulado serviría de base a la Constitución de 1793, texto que, recuerda Albert Soboul en La revolución francesa (1966), “sería para los republicanos de la primera mitad del siglo XIX el símbolo de la democracia política”. Cuando los incesantes recortes del neoliberalismo -Alemania está ganando la guerra mundial que perdió en Stalingrado- afectan de manera indiscriminada a las prestaciones sociales se puede leer el artículo 21, repito la fecha, abril de 1793: “El socorro público es una deuda sagrada. La sociedad debe asistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de existencia para aquellos que no están en situación de trabajar.”   

Frente a la pérdida de aliento del sistema de 1978, el nuevo proceso constituyente, un renovado contrato social, con un fuerte carácter anti-individualista, debería exigir, de entrada, la recuperación de la soberanía perdida (su ser es ser en acción) y la permanente exigencia a los gobernantes de sus responsabilidades públicas. Ante el descrédito del Estado y de las instituciones, y la desconfianza que generan los políticos, minados por abusos y corrupciones, Robespierre sostenía (1793) que “el principio de responsabilidad moral -imperativo mayor de la democracia, podríamos añadir- exige además que los agentes del gobierno rindan, en épocas determinadas y con bastante continuidad, cuentas exactas y circunstancias de su gestión. Que las cuentas sean hechas públicas por la vía de la impresión y sometidas a la censura de todos los ciudadanos. Que sean enviadas, en consecuencia, a todos los departamentos, a todas las administraciones y a todas las comunas.” Cambio 16, una de las publicaciones más influyentes en la Transición, recogía unas declaraciones de Felipe González, Secretario General del PSOE, a la salida del colegio electoral, 6 de diciembre de 1978, la jornada que refrendó la Constitución. Preguntado por la vigencia del texto que se sometía a votación respondió: “Espero que decenios y decenios, y si es posible, de un siglo a dos”. Nada como el desparpajo y el tronío.

En una reciente biografía, Robespierre. Una vida revolucionaria (2012), Peter McPhee narra, a modo de conclusión, las vicisitudes del reconocimiento del revolucionario. El 30 de septiembre de 2009, el pleno municipal de la ciudad de París rechazó la moción de un concejal (socialista) que solicitaba poner el nombre de Robespierre a una calle o a una plaza en la “Ciudad de la Luz”. El concejal, perplejo, argumentó que el dirigente jacobino era “primera y principalmente un revolucionario formado por los ideales de la filosofía de la Ilustración” y no “una caricatura de un verdugo sediento de sangre”. Y un formidable antecedente, se podría añadir, para un dinámico, necesario y urgente proceso constituyente que impulse otra forma democrática de vida en común.  
 
Manuel Fernández Cuesta
eldiario.es

miércoles, 24 de octubre de 2012

DESOBEDIENCIA CIVIL es el camino de la razón.

La Desobediencia Civil es obedecer a las personas a la moral social más alta comprometida con unos valores que son de todos por todos y para todos. La Desobedicencia Civil es la determinación de los espíritus valientes cuando en un país se instaura el delito de Estado y sin vacilaciones se condena el abuso de poder. Vivimos una época de bajezas humanas de cobardías sin precedente y de quebrantos  sociales por parte de los poderes públicos elegidos para evitarnos problemas y no para causarlos. Y cuando una sociedad entera gime y suspira por las cosas detestables que suceden es que los basamentos del derecho y la justicia amenazan con resquebrajarse. Ante esto nadie puede quedarse impasible e indiferente ni inclinarse rastreramente al látigo que nos flagela y nos infunde el miedo. 

No, no podemos ser aduladores de lo que pasa con tal de tener contentos a quienes nos castigan con latigazos que no merecemos. España es en estos momentos una nación flagelada en sus carnes y violada en su decencia. La gente sufre ante la cobardía hipócrita de las alturas y esa hipocresía no deja de extenderse por todas las clases de la sociedad por temor a rebelarse pacíficamente.

El pueblo hablaLa crisis económica y financiera nos ha adentrado en un periodo de fanatismo político de idolatría gubernamental que para sí quisieran los ídolos de las iglesias. Y en medio de tal despropósito surge la protesta sincera la dulce DESOBEDIENCIA CIVIL de un espíritu valiente en forma de mujer y de una pancarta que grita desde su humilde escrito lo que muchos silencian por miedo. Y ahí la tienen a esa mujer recordándole a los autores del embrutecimiento nacional la verdad al Gobierno y al país. Esa imagen es digna del aplauso de todos los españoles.

Esperemos que remueva las suficientes conciencias y sirva para que muchos deformados en su alma por la acción de la política se vuelvan más humanos y conscientes de los errores cometidos. Hoy los partidos políticos se parecen más a una fábrica de quebrantar carácteres y voluntades que a otra cosa. Pues sometidos sus militantes a la disciplina de partido tienen que tragarse su conciencia y obedecer ciegamente cualquier programa aunque con él se hunda a España y a los españoles. 
LA DESOBEDIENCIA CIVIL NOS DIGNIFICA ANTE LAS INJUSTICIAS.
España ha de reaccionar ante su destino. En la hora presente todos los hombres y mujeres españoles debemos sentir nuestra suerte unida como nación y tener solidaridad con las naciones hermanas que sufren el mismo ataque financiero. Tenemos que hacer frente a los choques de esta marea de las naciones septentrionales que con sus políticas económicas avanzan hasta los países del Mediterráneo. Nada puede separarnos de los países bajo el yugo de hierro económico como nosotros. 

Constituimos una enorme mayoría de ciudadanos que coincidimos en lo mismo: Esta crisis no la hemos provocado los pueblos sino los poderes públicos y el sistema financiero. Y por lo mismo al impulso de nuestras preocupaciones comunes tenemos que dar la cara y no volver la espalda a esta causa o podemos dar por contados nuestros días. 

No es posible ni tiene lógica que los intereses de un grupo de matones triunfen. 

Que nadie nos confunda ni nos tome más el pelo. No somos burros ni burras que merezcan un destino tan cruel como el que nos tienen preparado. Esta crisis que debemos verla como un ataque financiero no la hemos provocado nosotros y por lo tanto no podemos correr con toda la responsabilidad.

Yo soy un simple ciudadano español sin otra representación que mi persona y sin intención de causar mal alguno. Pero por una razón de propia dignidad individual y familiar y colectiva no puedo mantenerme en un silencio cobarde. Estoy al lado de todo hombre y mujer de buena voluntad. España no puede vivir oprimida ni el resto de naciones europeas tampoco. Por eso ante la opresión política y financiera ,DESOBEDIENCIA CIVIL.

Artigoo.com

Desobedecer a la injusticia

No será este un plácido y melancólico otoño cualquiera. El ambiente está tan denso que parece que pueda cortarse con un cuchillo. Más pobreza, más paro, más hambre, más recortes, más desahucios… son las consecuencias para millones de personas de la “salida” a la crisis por la que apuesta el Gobierno de Mariano Rajoy. Más indignación, más malestar y más desobediencia es la respuesta en la calle.

Hay, sin embargo, una situación social contradictoria. El potencial de lucha es más fuerte que nunca y la salsa puede cuajar en cualquier momento en forma de una nueva oleada de movilizaciones, otra nueva sacudida social. Aunque al mismo tiempo, pesan las tendencias a la fragmentación y a la dispersión. Campañas y  movimientos sociales adolecen de poca capacidad de iniciativa.

Las élites económicas y políticas, por su parte, frente a una crisis económica, social, política, ecológica sin precedentes, han optado por apretar el acelerador. Y al mismo ritmo que la prima de riesgo sube, los recortes se intensifican y llegar a final de mes se convierte en “misión imposible” para miles de familias, especialmente en la periferia de la Unión Europea. La crisis clarifica las cosas. Las cortinas de humo se esfuman. Al capitalismo se le ha caído la careta.

Consignas del movimiento del 15M como “esto no es una crisis es una estafa”, “nos somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, “no debemos no pagamos”… se han extendido socialmente ante la profundidad de la crisis, la impunidad de quienes nos han conducido hasta aquí y la connivencia política con la que cuentan.

Se expande cada vez más una conciencia anticapitalista difusa, todavía frágil. Hemos visto gritar en las plazas y en las manifestaciones: “Hoy empieza la revolución” o “No es la crisis, es el capitalismo”. Y el desafío reside en llenar colectivamente de contenido programático y estratégico este malestar social e indignado. Ser capaces de dibujar poco a poco un esbozo de proyecto alternativo de sociedad y de cómo alcanzarlo y profundizar así el alcance y la consistencia del rechazo creciente al mundo actual.

De lo legal y lo legítimo
La intensificación de la crisis, junto con la dificultad para conseguir victorias concretas, ha empujado a una creciente radicalización. Desde la emergencia del 15M, la ocupación de plazas, de viviendas vacías, de bancos e incluso de supermercados se ha convertido en una práctica frecuente. Y lo más importante: estas acciones han contado con un importante apoyo social. La desobediencia civil ha empezado a recuperar el espacio público. Y es que frente a leyes y prácticas injustas, la única opción es desobedecer.

Ocupar una vivienda es considerado ilegal pero en un país donde cada día se desahucian a 517 familias, mientras se calcula que hay entre tres y seis millones de pisos vacíos, tal vez sea ilegal pero es de una legitimidad absoluta. Entrar en un supermercado como Mercadona y llevarse sin pagar nuevo carros de la compra con alimentos básicos para dárselos a quienes más lo necesitan, como hicieron los militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), puede ser ilegal, pero lo que debería ser “delito” es que más de un millón de personas pasen hambre en el Estado español cuando los supermercados tiran diariamente toneladas de comida y que empresarios como Juan Roig, propietario de Mercadona, amasen una de las principales fortunas del país pagando precios de miseria al campesinado y explotando los derechos laborales.

Por el contrario, cuantas prácticas de la banca son legales (la estafa de las preferentes, especular con la vivienda, dejar a familias en la calle e hipotecadas de por vida, etc.) pero profundamente ilegítimas. Y deberían ser estos banqueros, y los políticos que les apoyan, quienes dieran explicaciones frente a los tribunales por dichas prácticas. En el mundo al revés donde vivimos: en la cárcel los pobres y en la calle los ricos. Afortunadamente cada vez más gente empieza a ser consciente de ello.

Tijeras vs porras
Y ante a este aumento de la respuesta social en la calle, parcialmente, el miedo ha empezado a cambiar de bando. De aquí la escalada represiva contra quienes luchan con el objetivo de acallar la protesta y separar al núcleo duro de los activistas de la opinión pública en general. Aunque dicha estrategia les está resultando más difícil de lo que esperaban, debido a la profundidad de la crisis, la deslegitimación del gobierno y el importante apoyo con el que cuenta la movilización social.

Multas por un total de seis mil euros para los estudiantes de la Primavera Valenciana, más de cien personas detenidas en Catalunya desde la huelga general del 29 de marzo, apertura por parte del gobierno catalán de una página web para delatar a manifestantes, sanciones de más de 300 euros por protestar contra las preferentes, dos jóvenes pierden un ojo por el uso de pelotas de goma en la manifestación de la huelga general en Barcelona. Suma y sigue.

Esta es la otra cara de los recortes, la otra cara de las tijeras, es la cara de la represión y la violencia del Estado. Se repite la receta: a menor estado social mayor estado penal. La latinoamericanización de la periferia europea no sólo se da a nivel económico sino, también, a nivel punitivo. Aunque tomemos nota: la represión es, a la vez, un símbolo de debilidad de quienes nos gobiernan, que al no poder aplicar sus políticas por “las buenas” las acaban aplicando por “las malas”. La maquinaria de la austeridad arrasa con todo lo que encuentra, pero es un gigante con pies de barro. Un cartel en un centro social decía: “cuando los de abajo se mueven los de arriba se tambalean”. Así es.

Bye bye matrix
Y despertamos de Matrix. Nos intentaron hacer cómplices cuando no culpables de esta situación de crisis, nos dijeron, por activa y por pasiva, que habíamos “vivido por encima de nuestras posibilidades”.Y el discurso caló. Mentira. Quién durante años ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido el capital financiero y especulativo que hizo negocio con el territorio y la vivienda (aeropuertos sin aviones, infraestructuras faraónicas vacías, millones de pisos sin utilizar…), que regaló crédito fácil a miles de familias. Son estos quienes ahora tienen que pagar por la crisis que han creado, sus responsables.

Mantras repetidos una y otra vez como “la deuda se paga o se paga” empiezan a resquebrajarse. ¿A quiénes beneficia esta deuda? ¿Quién la contrajo? ¿Para qué? ¿Quién debe pagarla? Son preguntas que el movimiento indignado ha colocado encima de la palestra. El pago de la deuda implica una transferencia sistemática de recursos de lo público a lo privado y en su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. La deuda pública aumenta, en buena medida, porqué se opta por salvar a los bancos (Catalunya Caixa, Banco de Valencia, NovaCaixaGalicia…) en vez de salvar a las personas. Se socializaron las pérdidas con el dinero de todos. La estafa de la crisis se ha convertido en una realidad para muchas personas. Y éste es el primer paso para cambiar las cosas. Abrir los ojos al Matrix cotidiano que no nos deja ver la realidad y despertar de la prisión virtual que es la ideología del capital.

Esther Vivas
El Librepensador

martes, 23 de octubre de 2012

23 octubre. Asamblea Regional Murcia. Concentración-Cacerolada: Imagen


23 octubre
Concentración-cacerolada Asamblea Regional de Murcia
 Imagen: Bandera de la Región de Murcia "adaptada" a la realidad

Descripción: 4 ladrillos en el ángulo superior izquierdo y 7 chorizos en el ángulo inferior derecho sobre fondo rojo carmesí.

domingo, 21 de octubre de 2012

Nos mienten

La mentira está a la orden del día. El ilusionismo está de moda como instrumento político para que los grandes capitales se salgan con la suya. Una mentira en cada titular que se repite sin mesura en aras de crear ficticiamente una verdad. Contra este tipo de ilusionismo, sólo queda darle la vuelta a este mundo al revés. La crisis no es un meteorito. La integración de la Unión Europea ha desintegrado a Europa. El presidente que más gasta en temas militares, Obama, se llevó el Nobel de la paz. Una belicosa Unión Europea se lleva este año el mismo galardón. El problema en España no es la deuda pública sino la privada, la de los bancos, la de las grandes empresas. La evasión fiscal no se debe a la prestación por desempleo. La prima nunca tiene riesgo porque siempre ganan los mismos. Se propone corregir el déficit fiscal a cambio de más déficit social. El rescate es la mejor manera de hundir a los ciudadanos. La reforma no es laboral por ser una represión contra los trabajadores. Se llama justicia a quien sentencia a favor del BBVA en el caso de una dación de pago en detrimento de una familia que se quedará sin casa pero con deuda. Quienes actúan simbólicamente contra las injusticias llevándose comida de Mercadona son tildados como ladrones; mientras tanto, los banqueros siguen siendo símbolos mediáticos. La soberanía de Rajoy se reduce a la defensa de la cuenta de beneficios de una empresa como Repsol de capital extranjero mayoritario. La mayoría es inversamente proporcional a la minoría hiper representada. Nosotros somos el 99%, y ellos, con suerte, llegan al 1%. No votamos a quienes nos gobiernan. Todo esto y mucho más en el gran circo de la democracia trucada, donde ni siquiera quedan payasos que nos hagan reír, sino magos de poca monta y escapistas a la alemana, y eso sí, mucho prestidigitador a quien ya le vamos descubriendo todas sus fullerías.

Dos de las últimas colosales mentiras son: una, la creación del “banco malo” que paradójicamente es muy bueno para los grandes intereses económicos, y dos, la trampa de la compra de deuda pública española por parte del Banco Central Europeo (BCE). Ambas noticias han sido vendidas con júbilo por las magníficas consecuencias para la economía española, entendida ésta miopemente como la prima de riesgo y los beneficios de las empresas que participan en bolsa. Es cierto que la prima bajó, pero quizás sea para tomar impulso tal como ya sucedió hace unos meses después de unas declaraciones de Draghi. Además, hubo una minoría que reaccionó muy positivamente: el principal indicador bursátil (IBEX 35) creció y creció para la felicidad de las pocas familias que comen de este pastel (nótese que 20 familias y empresarios tienen al menos el 37% del IBEX 35). En el caso de estas ambas medidas-mentiras, se encaraman en otra gran mentira basada en la siguiente táctica: las soluciones son planteadas por afuera de la política, y entonces, quedamos a la deriva de salidas técnicas pero ancladas en una estructura política dominante. La política desaparece como gran truco de magia, y entonces, la encrucijada técnica es ideal para condicionar la toma de decisión. En el caso de la prima de riesgo, una vez hecho desaparecer algunas alternativas políticas, la disyuntiva técnica está entre prima que sube como la espuma con intereses usureros, o BCE comprando deuda a bajo interés. Claro, así, se elige pulpo. Pero esta elección, restringida por la gran mentira de la técnica como arma sustitutiva de la política, también está llena de otras mentiras. Primera: el BCE comprará deuda pública acudiendo al mercado secundario donde se presta dinero a bancos privados para que éstos sean quienes compren la deuda pública. La trampa es perfecta: el BCE presta dinero al 1% a la banca privada para que ésta compre deuda pública a un interés superior sin necesidad de especular. Esto es, la prima de riesgo se convierte así en prima de seguridad. Segunda: bajo esta modalidad, los vencimientos ya no serán a diez años, sino entre uno y tres años, condicionando aún más los tiempos de devolución del préstamo, y por lo tanto, de la política fiscal. Tercera: esto se hará sin relajación cuantitativa. Traducido al castellano: el dinero que inyecta el BCE comprando deuda pública será el mismo dinero que retire por otra vía. La cantidad destinada en compra de deuda pública será la misma que se despoje para otros fines, como por ejemplo créditos productivos, créditos a las pequeñas y medianas empresas. La obsesión monetarista por la inflación sigue siendo el eje de la UE neoliberal. Lo que te doy por allá, te lo quito por acá; así se evita supuestamente que no haya subida de precios que afecte principalmente al capital financiero, que sería el gran perjudicado en caso de inflación porque su dinero se devalúa en términos reales. Para las mayorías, la inflación comienza a ser un problema de segundo nivel, porque primero será disponer de un trabajo y un salario digno, y luego ocuparse que no le afecte la subida de precios. Los poderes financieros europeos vuelven a diseñar política para ellos, y poco le importan que la economía real tenga más restricciones de créditos para salir verdaderamente de esta recesión económica. Cuarta mentira: una notable novedad es la no consideración de las agencias de (des)calificación para esta deuda, de tal manera que cada banco privado podrá usar el titulo, aunque sea basura, porque tiene el aval del BCE, pudiendo así usarlo como garantía para obtener más financiación. Quinta, y la más importante de las mentiras: este préstamo al Estado en forma de compra de deuda pública viene sujeto a la pérdida paulatina de la escasa soberanía que nos va quedando. Se presta pero bajo condiciones ESM (en inglés, European Stability Mechanism), que es algo así como tener un hermano mayor, viviendo en Alemania, a quien ni conocemos ni votamos, y él irá decidiendo qué política social y económica se tendrá que tomar en cada momento. Sin embargo, frente a todas esta sarta de mentiras técnicas, ¿qué se podría hacer políticamente? Auditar deuda ilegítima, reestructurar la legítima, mutualizarla por la vía europea o comprar directamente en el mercado primario sin condicionantes sociales como ya se hacía mediante la monetización de la misma en los bancos centrales nacionales.

En el otro caso, la otra medida-mentira, la del banco malo, lo mismo: descartado los cambios por la vía política, se presentan dos alternativas hipócritamente embarnizadas como técnicas. Ayudar a los bancos o dejar que los clientes salgan perjudicados. De nuevo, pulpo. ¿Pero qué hay de verdad en toda esta operación de trasvase de deuda privada a la pública? El Estado pidió dinero prestado, también sujeto a más condicionantes en materia de política económica, y con ese dinero asume la ardua tarea de desintoxicar todos los activos de la banca privada para hacer frente a los pasivos. ¿Cómo lo hace técnicamente? El banco malo, según Real Decreto Ley 24/2012, es la única sociedad gestora de activos tóxicos. El banco malo se encargaría entonces de gestionar tales activos y asumir las posibles pérdidas; así el banco se convierte en muy bueno para que los bancos intoxicados sean saneados sin coste, y muy malo para los ciudadanos porque se asumen fiscalmente todas las pérdidas de esta operación. ¿Cómo lo podría hacer políticamente? Podría haber dejado que los bancos intoxicados quebraran y luego nacionalizarlos, atendiendo a todos los ciudadanos como es debido. Otra opción: quedarse con estos activos y dedicarlos a la economía social-real, poniéndolos en alquileres baratos. O en vez de un banco malo, realmente se podría haber creado un banco público bueno que se preocupara de los activos intoxicados para las familias españolas, y proceder a bajar el precio de estos inmuebles a partir una actualización, y buscar los mecanismos ventajosos para financiar la compra o facilitar la venta vía dación de pago, sin estar sometidos a embargos.

Nos mienten por todas partes. También nos mienten en nuestra capacidad de cambiar todo este chiringuito artificioso. El ilusionismo de ellos consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce. A ver si nosotros le ponemos algo de ilusión e ilusionismo para cambiar esta secuencia de mentiras.

Alfredo Serrano Mancilla
Doctor en Economía, Coordinador América Latina CEPS
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5976/nos-mienten/

viernes, 19 de octubre de 2012

Capitalismo zombi ‘made in Spain’

Se habla muchísimo de la crisis en los medios pero realmente se explica poco o nada. Quizá por esta razón en los últimos años el Seminario de Economía Crítica Taifa se ha convertido en un colectivo de formación de referencia para los movimientos sociales, especialmente en su casa principal, Catalunya. En este artículo, Elena Idoate, investigadora militante y coautora de muchos estudios del Seminario, nos ofrece un análisis integral y a fondo de la crisis en el Estado español. Examina las raíces de la crisis, su evolución hasta ahora y las trampas mortales que nos tienden los sirvientes políticos leales al capitalismo –un sistema históricamente muerto pero que sigue matando y más. Sin embargo, Idoate acaba celebrando que “la situación límite” que se está creando también hace posible la confluencia de luchas que abre una posible salida a la crisis.

Nos encontramos en el ojo del huracán de la crisis, donde está golpeando con más fuerza, para desestabilizar los mercados financieros internacionales y sacudir las posibilidades de recomposición del capitalismo. Rajoy anuncia, entre aplausos en el Congreso, el recorte más bestia de la historia, mientras la policía reprime la marcha minera en Madrid con balas de goma. Las cuestiones bancarias y de la deuda son temas de primer orden, ya que el pago de las pensiones, los hospitales, las escuelas, el paro y las ayudas dependen de que en el corto plazo se resuelvan mecanismos de financiación. Pero el conflicto social y el cierre de los mercados financieros, con fuga de capitales incluida, tienen que ver con cuestiones que van más allá.

Capitalismo zombie 

Considerar un éxito el crecimiento de la economía española durante la época de bonanza ha sido un error de gran responsabilidad. Los entusiastas del neoliberalismo habían admirado el proceso de liberalización e internacionalización, la reducción de la tasa de paro y el récord de las inversiones en infraestructuras. Pero el motor del crecimiento era otro, el sector inmobiliario, donde el capital encontraba beneficios muy rápidamente. A medida que los precios de los pisos y los terrenos subían aparentemente sin límite, las inversiones abandonaban cualquier otro sector productivo. Y cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, el panorama desolador: la estructura productiva está casi desértica.

Los capitales que desatendían los sectores productivos porque no ofrecían un negocio bastante suculento escaparon –también hacia el mundo de las finanzas, globalizadas y desreguladas. El circuito corto del dinero que consigue más dinero, sin pasar por la producción. Por otro lado, una inmensa cantidad de dinero que las economías exportadoras de Europa obtenían por sus ventas a economías importadoras, como la española y la catalana, era reciclada en los mercados financieros de las mismas. Los bancos y cajas canalizaron estos préstamos hacia la burbuja inmobiliaria. La riqueza tomó forma de inmuebles, fondos de pensiones y de inversión, de bancos, sociedades financieras, títulos, derivados, etc.

De 1994 a 2007, el valor de las acciones y el patrimonio empresarial se incrementó un 469%, el patrimonio inmobiliario un 284% y los activos financieros un 210%. El salario medio sólo un 1,9%1. El valor ficticio de esta riqueza se multiplicaba por la simple cotización al alza de los precios. Y luego ese dinero se prestaba a la economía real, comportando una succión parasitaria de una proporción muy importante de la renta creada en el ámbito productivo, que tuvo lugar en el pasado pero, sobre todo, que debía darse en el futuro.

Salarios y plusvalías están comprometidos con un endeudamiento por un importe irreal y desproporcionado. La economía española debe 4 veces lo que produce durante un año. Pero la morosidad se dispara y los precios de los inmuebles no se pueden ni cuantificar porque el mercado inmobiliario se encuentra colapsado. El capital, pues, ha quedado atrapado en una forma de hacer riqueza que ya no funciona. Este desbarajuste es muy complejo de deshacer y las pérdidas de las cajas son una bomba de relojería, preparada para hacer estallar el sistema bancario. Los cálculos de las necesidades de capitalización de la banca española no están nada claros, pero ilustran la magnitud del problema: diferentes informes indican que carecen de entre 40.000 y 84.000 millones de euros.

Los servicios públicos, no precisamente generosos, se han sustentado con una fiscalidad muy favorable a las grandes riquezas y los beneficios del capital que se nutría de las rentas salariales, ahora en retroceso, y los desaparecidos rendimientos de la actividad inmobiliaria. Los ingresos de las administraciones no se corresponden al nivel de riqueza de la sociedad, porque se basaban en algo ficticio y porque excluyen, o gravan muy poco, a los sectores que concentran los recursos.

El déficit público español se dispara (en 2007, el superávit conjunto de todos los niveles de administración era del 1,9% del PIB, y en 2011 el déficit fue del 8,5%), no porque el nivel de gasto público esté por encima de nuestras posibilidades. El Estado ha socializado las pérdidas bancarias con unos avales, compra de activos y recapitalizaciones que al menos han supuesto el 10% del PIB. Se disparan las alarmas de la prima de riesgo porque no se puede hacer frente al inmenso agujero de la banca. No poder conseguir crédito si no es a precios estratosféricos expulsa la economía y las administraciones de la financiación de los mercados y las empuja a la asistencia de la Troika.

La economía en caída libre

Si las finanzas son el árbol que no nos deja ver el bosque2, sólo con un enfoque desde la economía productiva se puede llegar a un buen diagnóstico. La destrucción del capital productivo está reduciendo la producción, las rentas salariales y el consumo y, de esta manera, la solvencia de los bancos y el saldo fiscal público. La crisis financiera de la zona euro es la expresión de la crisis económica mundial. No sólo por el resultado de unos desequilibrios generados porque últimamente el modelo económico hizo una huida hacia delante muy arriesgada. Debemos entender la etapa actual en el marco de la larga trayectoria del desarrollo capitalista.

Para superar los límites que obstaculizan el crecimiento de la producción y los ámbitos de actuación, el capital encuentra distintas soluciones. Desde los 80, ha sido la internacionalización del capital a escala mundial. La globalización permitió la producción de mercancías incrementada por las transformaciones tecnológicas y los incrementos de la productividad del trabajo porque se conquistaron nuevos mercados, se impulsaron las reorganizaciones y racionalizaciones de la producción para reducir puestos de trabajo e imponer rebajas salariales, y se colocaron los capitales productivos ociosos en nuevos espacios. Aunque las ganancias crecieran coyunturalmente, eran del todo insuficientes para rentabilizar las enormes cantidades de capital que ponían en marcha3. La sobreproducción acosa la economía mundial y la crisis estalla en una secuencia bien conocida: el capitalismo extrema su beligerancia contra las posibilidades de vivir con una cierta dignidad.

Gran parte de los problemas económicos que ahora atraviesa el capitalismo catalán y español tienen su origen en el choque que supuso para la estructura productiva, desarrollada bajo el franquismo, la exposición a la competencia internacional, muy intensificada por la globalización4. La globalización, de la mano de la integración económica y del euro, se llevó gran parte de la producción. Durante los 90 la economía española dependía de capital extranjero, que se deslocalizó a otros territorios como Europa del Este, Asia o África. Dejamos de ser la industria de mano de obra barata de Europa para pasar a ser la demanda importadora, mantenida a base de crédito, para sectores especializados de la industria y servicios de alta tecnología de países exportadores.

La crisis, intrínseca y recurrente, se expresa en la devaluación de la producción, en la purga y concentración de capitales y en la búsqueda de toda serie de ventajas para volver a encender la acumulación. Es una nivelación a la baja de la producción hasta equilibrar la rentabilidad de la inversión. Nos encontramos al principio de un largo camino de derrumbe. Mientras los economistas neoliberales nos intentan convencer de que no hay dinero, el problema es que hay demasiado volumen de capital atesorado y las ganancias no son suficientes.

El rescate de los poderosos

La gestión de la crisis en las finanzas, a golpe de deuda y recortes y concentración en el sector bancario, se ha hecho de tal manera que los riesgos de la banca no se solucionan: se aplazan para más adelante y se hacen más peligrosos. Bankia es un buen ejemplo. El gobierno español, bajo la excusa de evitar que se pierdan los ahorros de la población, se compromete a salvar la banca de todas las pérdidas de la aventura financiera e inmobiliaria. Pero el valor que las entidades tienen anotado en sus balances es irreal y la insolvencia y los impagos quedaron en evidencia.

Retrasar la bancarrota significa sumar pérdidas. Cuando hay que hacer frente a las mismas, los responsables del desbarajuste financiero no tienen ningún miramiento a la hora de hacérselo pagar a las clases populares, destruyendo sus ahorros. Pero el intento de salvar los ahorros está suponiendo un destrozo económico y un empobrecimiento innecesario. Los 100.000 millones de euros se destinan directamente a la banca privada española pero repercuten en las exigencias de recortes draconianos. La asistencia externa conlleva seguir los dictados de la Troika, recogidos en el Memorandum de la condicionalidad del rescate de julio de 2012. Los últimos recortes de Rajoy dejan claro que no se trata del “rescate suave” del que había hablado. Con las medidas, se pretende reducir el déficit público en 65.000 millones de euros en dos años y medio. Es una magnitud muy elevada: el 14% del gasto público total del 2011 –el 19% sin tener en cuenta la Seguridad Social.

Los problemas más inmediatos de la financiación de las administraciones públicas se podrían resolver con operaciones financieras que no sean nocivas para la sociedad (financiación del BCE, emisión de eurobonos, etc.). Sería necesaria una reforma fiscal profunda y una reactivación de las rentas, pero no hay una solución a la vista para la actividad económica. Y la austeridad empeora los daños.

Los mecanismos financieros implementados por la Unión Europea no están diseñados para mejorar los desequilibrios de las economías periféricas, sino para forzar un flujo de recursos de las arcas públicas de la periferia europea hacia los bancos de Reino Unido, Alemania y Francia, principales acreedores externos de su deuda pública y privada. El informe de la Comisión Europea, conjuntamente con el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI, de evaluación independiente sobre las condiciones de elegibilidad del rescate solicitado por el Estado español, así lo recoge5. “La situación del sector bancario español conlleva riesgos potenciales para el resto de la UE y en particular para los países de la zona euro”, debido al impacto directo que tiene en los bancos de Reino Unido, Alemania y Francia, que tienen una “gran exposición a activos del sector bancario español”.

La OIT alerta de los peligros de la “trampa de la austeridad”. Con la priorización del retorno de la deuda y los recortes de gasto público, la actividad económica se ve aún más debilitada y el paro se convierte en estructural. Las medidas económicas, pues, ofrecen unos beneficios inmediatos a las finanzas, pero empeoran el problema básico, el de la economía real. “La acción de la burguesía está cada vez más movida exclusivamente por la voluntad de preservar la dominación de clase”6.

Nos podríamos plantear si otra política económica, como las políticas de gasto y la modulación del comportamiento de las empresas mediante la regulación, podría impedir una recesión tan drástica y reactivar los mecanismos de inversión. Pero la realidad es que no se puede percibir ninguna medida capaz de restablecer la tasa de ganancia. Para salir de las crisis, el capitalismo destruye las fuerzas económicas. Ni la demanda ni las infraestructuras ejercerán un impulso económico suficiente mientras no se hayan purgado los “excesos”, no de las familias, sino del sector inmobiliario en nuestro país y de la sobreproducción mundial. Según la OIT, “la cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de las grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes”7. En el contexto mundial, las tensiones competitivas son muy fuertes y los signos de sobreproducción bastante evidentes.

Más que en ningún otro lugar, en las economías periféricas de Europa, el desmantelamiento de la actividad económica, la expulsión de la fuerza de trabajo y el recorte de los servicios públicos son masivos y desproporcionados. La receta es la “devaluación interna”: reducir los salarios para hacer más atractiva la producción aquí y supuestamente acelerar las exportaciones.

En España los salarios son ya un 6% inferiores a los del 20108. Desde esta perspectiva, el motor económico deberían ser empresas conectadas con cadenas de producción transnacional, que no contarán con la estructura productiva local, o bien lo harán de manera que las ganancias se acaben también exportando mientras empobrece la población. Es el neoliberalismo a ultranza, como el proyecto del EuroVegas, donde las condiciones laborales y cualquier otro tipo de regulación se modulan según los deseos de los empresarios.

Se nos dice que aplican las medidas de Alemania, pero en realidad son las de América Latina. Con un saldo comercial tan deficitario, nuestro encaje en el capitalismo mundial es complicado. Exportar no es una solución cuando nuestros sectores exportadores son escasos y desarrollar la estructura industrial para redirigirse a otros mercados es una tarea que no se puede hacer a corto plazo y menos con una política de reducción de salarios. De hecho, los costes salariales no son un factor que nos permita competir con las economías exportadoras, ya que en otros lugares la producción seguirá siendo mucho más barata, o bien la tecnología mucho más productiva. Además, los mercados están muy debilitados. Alemania está llevando a cabo una expansión salarial para desviar las exportaciones hacia la demanda interna, dado el colapso de la demanda.

Dentro del Euro, siguiendo los mandatos del libre mercado y de la austeridad, los problemas económicos de aquí no se corregirán. No se podrá desarrollar una estructura productiva diferente, que incluya a la población, con la fuerza de trabajo y la demanda interna, como motor económico. La Unión Europea, con el conjunto de medidas de ayuda financiera y de unificación fiscal y bancaria, está generalizando, intensificando y perpetuando la austeridad a costa de perder la poca democracia que teníamos.

La naturaleza de las instituciones europeas es puramente capitalista, son un proyecto del capital, para construir entornos más favorables a la obtención de beneficios por el capital europeo. Pero fuera del euro o de la Unión Europea tampoco parece estar la solución a la crisis. Las instituciones sociales catalanas y españolas están siendo tanto o más favorables al capital que las europeas, y las relaciones comerciales y financieras seguirían siendo igual de complicadas.

La cuestión es buscar soluciones a la crisis fuera del capitalismo: romper con la austeridad y hacer unas medidas económicas que permitan mejorar el bienestar de la población y avanzar hacia una organización diferente de la actividad económica, donde el objetivo de la producción no sean los beneficios sino satisfacer las necesidades de la sociedad. El escenario para hacerlo, dentro o fuera del euro, aún está por construir.

Nosotras y nosotros tenemos la fuerza

Aquí y ahora, las clases populares tenemos muy poca capacidad de incidir en las decisiones que toman los de arriba. La intoxicación de la opinión pública general con discurso oficial, que repite el mantra de la austeridad, no ha llevado a un apoyo incondicional hacia las políticas neoliberales pero sí a una confusión paralizante: después del mal trago de los recortes y el paro nos espera la mejora de la situación económica y laboral.

Nadie nos dice que, si no lo evitamos, después de los recortes y las reformas laborales nos espera más de lo mismo, en una recesión que durará muchos años. Las políticas neoliberales no reducen el déficit público, ni crean puestos de trabajo ni reactivan la inversión. Pero sí hacen saltar por los aires las estructuras de protección social y laboral que hemos mantenido en pie.

Las reformas de las pensiones y de la legislación laboral han sido salvajes, y ahora las desplegarán con inmediatez y hasta las últimas consecuencias. Y añaden recortes por todas partes, con graves efectos en áreas especialmente sensibles: la prestación de desempleo, la atención a la salud de la población inmigrada, el copago de los medicamentos, etc. Sube el IVA, se rebajan las cotizaciones y se recorta a la función pública. El impacto sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora es devastador y se suma al deterioro que hemos venido experimentando anteriormente.

Los recortes draconianos en educación, sanidad y prestaciones que impondrá la nueva situación de intervención harán que la pérdida de derechos sociales se sitúe en un nivel muy superior al que tenemos hasta ahora. Si no lo detenemos, estamos a las puertas del fin de la sanidad universal, de la educación pública y de la protección del paro. Y todo ello afectará muy duramente a la esperanza de vida, el nivel educativo y la pobreza. El rescate de los poderosos está comportando unas consecuencias sociales peores que el advenimiento de una catástrofe. Los recursos más básicos que necesitamos, la convivencia del día a día, están amenazados. Es probable que la respuesta social crezca.

Las posibilidades de que se impulse un cambio de estrategia dentro de las instituciones son reducidas. La mayoría absoluta de la derecha en los gobiernos catalán y español, que aplaude y sonríe a los recortes, la falta de una opción parlamentaria que desafíe los mandatos neoliberales, hacen que el terreno de la política institucional esté condenado a seguir decantándose por la defensa de los intereses del capital. La reciente política represiva, de encarcelamiento y balas de goma, es una muestra de las respuestas del poder ante las protestas.

El sindicalismo institucional ha demostrado que tampoco es un instrumento válido para impulsar una ruptura con el neoliberalismo, porque CCOO y UGT llevan mucho tiempo abrazando la gestión antiobrera del capitalismo y la crisis. En febrero de 2011 formaron parte del Acuerdo Social y Económico, que retrasó la edad de jubilación y recortó las pensiones, y en enero de este mismo año, dos meses antes de la huelga general del 29 de marzo, firmaron con la patronal el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que permite que los empresarios se salten las condiciones laborales pactadas en los convenios, entre otras cuestiones Estos dos elementos han supuesto una enorme pérdida de los derechos más básicos de la clase trabajadora. Por omisión, la incapacidad del sindicalismo institucional para llevar a cabo respuestas contundentes se explica por su falta de combatividad, después de tres décadas dedicadas a la concertación de las políticas laborales neoliberales.

Más allá de todo esto, los movimientos sociales no se detienen y las grandes olas de movilizaciones (huelga general, 15-M, marchas mineras, etc.) cada vez son más frecuentes. El capitalismo en crisis ya está afectando a todos, atacando diferentes aspectos de la vida de las personas. Se desvanece la ilusión de conciliar los problemas sociales con el mantenimiento de una estructura social opresora.

Todas las protestas (laborales, en defensa de la sanidad y la educación, contra desahucios, estafas bancarias, por el territorio, etc.) se expresan como una auténtica lucha de clases. Con muchos esfuerzos y pocos resultados visibles, las luchas siguen adelante, y lo hacen dentro de un marco de movilizaciones por todas partes que van haciendo que los pueblos del mundo vayamos sumando fuerza. Nos toca explorar nuestra capacidad de desafiar un sistema que se impone desde arriba, pero se sostiene desde abajo, porque nosotros trabajamos y pagamos las facturas.

Notas

1. “Barómetro social de España”, Colectivo IOÉ.
2. “Bankia: quan l’arbre no ens deixa veure el bosc”, Gordillo, I., La Directa.
3. “Les llavors de la crisi”, Ferrer, F., Gordillo, I. i Gràcia, X., Quaderns d’Illacrua, La Directa.
4. “Boom and (deep) crisis in the Spanish economy: the role of the EU in its evolution”, Etxezarreta, M., Navarro, F., Ribera, R. i Soldevila, V.
5. “La UE reconoce que el rescate de la banca se forzó para evitar el contagio”, Cinco Días, 13/7/2012.
6. La lucha de clases en Europa y las raíces de la crisis económica mundial”, Chesnais, F., Revista Herramienta.
7. “El trabajo en el mundo 2012”, OIT.
8. “El sur de Europa registra ya una devaluación vía sueldos”, El País, 14/5/2012.

Elena Idoate
La Hiedra

martes, 9 de octubre de 2012

Semana de Acción Global contra la Deuda. 8-15 octubre

Del 8 al 15 de octubre se celebra en todo el mundo la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)se han unido a esta iniciativa y planean numerosas acciones y actividades en varios puntos del territorio español para denunciar la ilegitimidad de la deuda y los recortes.

4 de Octubre de 2012 – La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda – PACD (www.auditoriaciudadana.net) se suma a las movilizaciones internacionales contra la deuda en el marco de la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs. Esta semana de lucha fue instaurada en el Foro Social Mundial de Nairobi en 2007 para denunciar la injusticia que supone la deuda externa para los estados de la periferia y las políticas de sometimiento que han jugado en torno a ella los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. “Durante los últimos cinco años esta semana se ha celebrado en el Estado español sin demasiada repercusión, pero este año está llamada a convertirse en una de las semanas de más movilización social, desde que la deuda externa también azota nuestra economía y subyuga nuestra democracia”, afirma una de las activistas de la PACD.

La PACD afirma que, al igual que ocurre desde la década de los 80 con los pueblos de América Latina, África o Asia, la deuda se ha convertido, en nuestro país y en la periferia europea, en el principal arma de dominación de los poderes financieros para subyugar también a las democracias europeas. El caso más flagrante de injerencia por parte de los organismos internacionales en nuestra soberanía se produjo según la PACD el año pasado con “la vergonzosa reforma de la constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de los derechos de las personas, sin la más mínima consulta social”. Denuncian también que “se está preparando un nuevo golpe a nuestra precaria democracia, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que nos someterá a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y sus tristemente famosos Planes de Ajuste Estructural que arrasaron las economías de los países empobrecidos durante décadas”. Según la PACD, “este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo”. 

En este sentido declaran que “la deuda es ilegítima, porque al igual que en los Estados de la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para someter a las poblaciones a sus intereses privados. Pero además, la mayor parte de la deuda del Estado español se ha contraído para beneficiar a una élite minoritaria y en perjuicio de la mayoría”. El más claro exponente que plantea la PACD es el salvamento de la banca, que ya ha supuesto más de 215.000 millones de euros para las arcas públicas, a lo que habrá que sumar los 100.000 millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual el Estado es el último garante. La PACD denuncia que de esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública “que debemos pagar todo/as, pero de la cual no nos hemos beneficiado, sino más bien al contrario, pues el pago de esta deuda supone una enorme detracción de recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la sanidad, la educación, las pensiones o un salario digno”.
Por todo ello, desde la PACD se ha iniciado un proceso de auditoría ciudadana que demuestre la ilegitimidad de la deuda pública y públicamente garantizada, para repudiar su pago y exigir responsabilidades civiles y penales a aquellos que las generaron. La PACD hacen un llamamiento a toda la población a sumarse a este proceso y a unirse a las movilizaciones de la Semana de Acción Global contra la Deuda”. Del 8 al 15 de Octubre se organizaran charlas y acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sabadell, Castelló, València o Alicante, además de sumarse a la movilización global del 13 de octubre, cuyo lema es “¡NO DEBEMOS! ¡NO PAGAMOS!”.

Las actividades preparadas para esa semana en los distintas territorios pueden consultarse en la web www.auditoriaciudadana.net, o a través de las redes sociales Facebook http://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda y Twitter @AuditCiudadan
Contactos:
PACD , @AuditCiudadana
www.auditoriaciudadana.net
PACD Alicante ,
PACD Asturias , @AuditoriaAST
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