martes, 30 de diciembre de 2008

En homenaje al Pueblo Palestino. Imágenes






































Guernica en Gaza


Vittorio Arrigoni

Il Manifesto/freegaza

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens


Mi apartamento en Gaza está frente al mar, una vista panorámica que siempre hace milagros para mi humor, desafiado a menudo por toda la miseria que puede causar una vida en estado de sitio. Es decir, antes de esta mañana cuando el infierno golpeó a mi ventana. Esta mañana despertamos en Gaza con el sonido del estallido de bombas, y muchas cayeron a unos pocos cientos de metros de mi casa. Algunos de mis amigos murieron bajo ellas. Hasta ahora las víctimas mortales llegan a 210, pero la cantidad va a aumentar dramáticamente. Es un baño de sangre sin precedentes. Han arrasado el puerto frente a mi ventana, y pulverizado las comisarías. Me dicen que los medios occidentales han asimilado y repiten los comunicados de prensa emitidos por los militares israelíes, según los cuales los ataques apuntaron sólo a guaridas terroristas de Hamas, con precisión quirúrgica.

En realidad, al visitar el hospital principal de la ciudad, Al Shifa, y al ver la acumulación caótica de cuerpos depositados en su patio, vimos sobre todo a civiles entre los que esperaban ser atendidos, acostados junto a otros que esperaban ser debidamente enterrados. ¿Podéis imaginar Gaza? Cada casa toca a la otra, cada edificio se eleva sobre el otro. Gaza es el sitio con la mayor densidad de población del mundo, lo que significa que si se bombardea desde la altura, inevitablemente se masacra a numerosos civiles. Lo sabes, eres culpable de lo que se te acusa, no es por error, no es un caso de daño colateral.

Al bombardear la estación central de policía en Al Abbas en el centro de la ciudad, la vecina escuela primaria también fue seriamente dañada por la explosión. Ocurrió al terminar el día escolar y los niños ya estaban en la calle. La mayoría de sus ondeantes delantales azul cielo fueron manchados de sangre. Al bombardear la academia policial de Dair Al Balah, se registraron algunos muertos y heridos del mercado cercano, el mercado central de Gaza. Hemos visto los cadáveres de animales y de personas, su sangre mezclada en arroyos que corrían por las calles de asfalto. Una Guernica transfigurada en realidad. Vi a muchos cadáveres uniformados en los diversos hospitales que visité – conocía a muchos de esos muchachos. Los saludaba cada día cuando los encontraba en la calle en camino al puerto, o hacia el café central por la tarde. A algunos los conocía por su nombre. Un nombre, una historia, una familia mutilada. La mayoría eran jóvenes, de dieciocho o veinte años, casi ninguno tenía tendencias políticas, ni con Fatah ni con Hamas, simplemente alistados en la fuerza de policía una vez que terminaron la universidad a fin de tener un trabajo seguro en Gaza, que bajo el criminal sitio de Israel tiene más de un 60% de desempleo entre su población. No me interesa la propaganda y dejo que hablen mis ojos, mis oídos resuenan con el aullido de las sirenas y el estruendo de los explosivos.

No visto a ningún terrorista entre las víctimas de este día, sólo civiles y policías. Exactamente como nuestros propios agentes de policía locales, los policías palestinos masacrados por los bombardeos israelíes podían ser vistos todos los días del año caminando por la misma plaza de la ciudad, supervisando la misma esquina. Sólo anoche me reí de un par de ellos por la manera como se encapotaban contra el frío, frente a mi casa. Quiero que la verdad redima a algunos de estos muertos. Jamás hicieron un solo disparo contra Israel, ni jamás lo hubieran hecho – la descripción de sus funciones no les decía que lo hicieran. Actuaban como policías municipales, se preocupaban de la seguridad interior.

En todo caso, el puerto queda bastante lejos de la frontera israelí. Tengo una cámara de vídeo, pero hoy descubrí que son un camarógrafo inútil. No puedo forzarme a filmar cuerpos mutilados ni caras bañadas en lágrimas. Simplemente no puedo hacerlo. Comienzo a llorar yo mismo. Los otros voluntarios internacionales de ISM y yo fuimos al hospital Al Shifa a dar sangre. Ahí recibimos un llamado que nos informó que Sara, una querida amiga nuestra, había sido muerta por un trozo de metralla cerca de su casa en el campo de refugiados de Jabalia. Una dulce persona, un alma alegre, había salido a comprar un poco de paz para su familia. Deja tras de sí a 13 niños.

Hace un momento recibí un llamado de Tofiq, de Chipre. Tofiq es uno de los estudiantes palestinos con la suerte de haber abandonado el interminable campo de prisioneros de Gaza, en uno de nuestros barcos del Free Gaza Movement, para recomenzar en algún otro sitio. Me preguntó si había visitado a su tío y si había ido a saludarlo en su nombre, como había prometido. Con indecisión, le pedí disculpas porque no había llegado a tiempo. Demasiado tarde – estaba enterrado por los escombros del área del puerto junto a muchos otros. Desde Israel recibimos la terrible amenaza de que esto es sólo el primer día de una campaña de bombardeo que podría durar hasta dos semanas. Quieren convertirlo en un desierto y llamarlo paz. El silencio del “mundo civilizado” es más ensordecedor que las explosiones que cubren la ciudad como un manto de muerte y terror.

Publicado en italiano en Il Manifesto, http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20081228/pagina/03/pezzo/238199/

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jueves, 25 de diciembre de 2008

Una izquierda desorientada y desorganizada ante la crisis capitalista más grave desde los años 30

En primer lugar, la conceptualización de ciudadanía me parece básica. Hablamos de movimientos ciudadanos, de la asunción de una serie de derechos y deberes, del sentimiento de pertenencia a un grupo humano... Lo cierto es que las instituciones políticas gallegas han puesto de moda el término y lo utilizan de forma un tanto gratuita. Se busca la participación del público teatral o de los usuarios de transporte público... Pero se busca a través de campañas unidireccionales y muchas veces sin un destinatario claro. Entiendo que para que podamos hablar de ciudadanía (y estoy pensando en la sociedad gallega pero supongo que podemos generalizar esta visión al resto del Estado Español), es necesario que exista una conciencia y un cierto grado de organización. O se puede pensar en una ciudadanía pasiva y conformista?


El concepto de "ciudadanía" desapareció prácticamente del vocabulario político, y señaladamente de la filosofía política académica, en los años 50, 60 y 70. Se entendía como algo trivial, como el "derecho a tener derechos". Por un lado, digamos, desde la izquierda, en un sentido amplio del término, en la medida en que ese derecho madre de todos los derechos se veía plenamente asegurado tras la II Guerra Mundial, cuando no solamente se consolidó el derecho de sufragio universal conquistado por el movimiento obrero socialista europeo tras el desplome de las grandes monarquías continentales entre 1918 y 1931 (la conquista que trataron de destruir, precisamente, los fascismos de los años 30), sino que, además, se ofrecieron elementos de ciudadanía social, blindados constitucionalmente (como en las Constituciones republicanas alemana, austriaca, francesa e italiana de 1949, o, muy tardíamente, en la Constitución de 1978 actualmente vigente en el Reino de España).


Por otro lado, desde la derecha, particularmente desde la derecha académica, dominada por el utilitarismo, nunca se tomaron en serio los derechos, y menos aún un pretendido "derecho a tener derechos": lo que contaba es la “utilidad”, es decir, el grado de satisfacción de los deseos y las preferencias de las gentes. Fue Bentham quien, a comienzos del siglo XIX, inaugurando esa tradición de filosofía política y social, dejó dicho que los derechos eran un "sinsentido", y los "derechos humanos, un sinsentido al cuadrado". Los neoutilitaristas del siglo XX –particularmente los economistas neoclásicos— podían estar a favor de aumentar el “bienestar” de las poblaciones, pero deslindado eso de cualquier categorización en términos de “derechos” constitutivos de ciudadanía.


Cuando, a finales de la década de los 70, comenzó el proceso de contrarreforma del capitalismo que se conoce con el horrísono neologismo de "globalización", comenzó también un asalto a las ideas mismas (procedentes del antifascismo) de ciudadanía democrática (recuerda la posición de Huntigton en la época –¡ese viejo cabrón siempre está en las peores brechas; ahora, en la de la guerra de civilizaciones!—: todos los problemas del mundo se debían a una "crisis de gobernanza", y la crisis de gobernanza se debía a un exceso de democracia, de participación popular en los procesos políticos y en los Estados) y de ciudadanía social: con la llegada de la señora Thatcher al poder en 1979 comenzó un ataque decidido al amplio conjunto de medidas que venían garantizando desde el final de la II Guerra Mundial cierta protección social de los trabajadores, desde derechos sindicales elementales hasta derechos de cogestión trabajadora de las empresas privadas (la célebre Mitbestimmung alemana), pasando por la institución de robustas áreas de propiedad económica pública y la implantación de amplias prestaciones en materia de sanidad e instrucción públicas que configuraron lo que en Europa continental se llamó "Estado social" y en los países anglosajones, "Estado de bienestar".


Por todos esos motivos, la "ciudadanía" volvió al centro del debate público, reingresando también en las elaboraciones académicas de economistas, politólogos y filósofos. Y claro, una forma de eludir el debate y escurrir el bulto es, como tú sugieres, fingir que se está muy preocupado por la "ciudadanía", pero actuar en la práctica con un concepto de "ciudadanía" o huero o yerto.


¿O huero o yerto?

Huero es el concepto de "ciudadanía" pergeñado por algunos intelectuales neoliberales, empeñados en hacernos creer, contra una tradición jurídica milenaria (que arranca del derecho civil republicano romano) que un ciudadano verdaderamente "libre" sería el que, si quisiera, y sin los actuales impedimentos de los Estados democráticos de derecho, podría venderse "libremente" como esclavo a otro (piensa en el debate de la semana laboral de las 65 horas –“libremente” pactadas entre el trabajador individual y su patrón—, escandalosamente propuesta por la Comisión europea); o el “ciudadano” que podría firmar –contra las normas vigentes del actual derecho penal— un contrato "libre" y voluntario de asesinato (o más moderadamente, de venta de órganos anatómicos) con otro; o, por un último ejemplo, el que estaría habilitado para poner "libremente" en almoneda al mejor postor su derecho de sufragio. En una palabra: la ciudadanía huera nace de la idea de destruir los derechos constitutivos –no meramente instrumentales— que, precisamente, definen nuestra personalidad jurídica ciudadana, y con ella, nuestra libertad, derechos que, por lo mismo, son considerados inalienables en cualquier orden jurídico de impronta republicana


Yerto es, en cambio, el concepto de ciudadanía manipulatoriamente pasivo, propagandístico, que, reconociendo retóricamente (parte de) lo antedicho, trata de convertir a los ciudadanos en meros espectadores pasivos de un juego de esgrima más o menos cruento entre elites. Entre elites, por lo demás, tan poco inteligentes y tan inseguras de sí propias, que, encima, mendigan el aplauso de un público inerme. Y cuando los ciudadanos se lo niegan (como hicieron franceses y holandeses con el grotesco proyecto de la “Constitución” europea), hacen caso omiso, y buscan otras salidas.


Mi primera pregunta venía de una preocupación que me ronda, y que supongo sale de mi experiencia de trabajo en los medios de comunicación. Parece obvio que los grandes poderes mediáticos, cuya influencia en la conformación de opiniones resulta incontestable, no tienen ningún interés en que los ciudadanos y ciudadanas adquieran mecanismos de pensamiento crítico. El Foro del pasado fin de semana en Santiago, a pesar de reunir a más de cuatrocientas personas en sus distintas actividades, no apareció en los medios de mayor difusión en Galicia. Cómo puede el pensamiento crítico contrarrestar el dominio aplastante del pensamiento oficial (hace unos años se habló de "pensamiento único", no sé si sigue siendo pertinente). Creo que en este caso, el vocablo a desgranar sería conscienciación o, quizá, educación.


Es un problema muy grave. Ten en cuenta que son menos de una decena las grandes empresas de medios de comunicación que dominan hoy más del 95% de la información que circula por el mundo. La concentración de la propiedad a que hemos asistido en las últimas décadas en ese sector, que en buena medida ha venido de la mano de la privatización de los medios públicos escritos y audiovisuales, constituye una amenaza muy grave a la libertad de expresión y a la pluralidad, una amenaza para nada ajena a eso que se llama el “pensamiento único”, que no es otra cosa que la paulatina conversión de un ideario extremista, rabiosamente hostil a lo público –es decir, a las soluciones políticas y democráticas de los problemas de la vida social y económica—, en una doxa pretendidamente “moderada” y “centrista”, conformadora del sentido común, también académico. Nunca el sentido común, forjado e “impartido” ahora por un mediocre doxariado compuesto de tertulianos, columnistas y académicos exhibicionistas y bien financiados por intereses siniestros, estuvo tan lejos del buen sentido.


La izquierda debe oponerse a eso en diversos planos: por lo pronto, creando medios alternativos (cosa facilitada en cierto modo por Internet; pero sabiendo que con Internet se puede llegar, a lo sumo, a menos de un 10% de la población); insistiendo, por difícil e ingrato que eso resulte, en la necesidad de introducir más pluralidad en los medios existentes, es decir, denunciando –todo lo educadamente que se quiera— el monopolio del doxariado en esos medios; y en otro plano, más de fondo, más radical, fijando bien claramente en los programas políticos de las izquierdas la necesidad de reconstituir el carácter democrático, es decir, público, y públicamente dotado, de buena parte de los medios de comunicación y de información. Eso no pasa necesaria o exclusivamente por su nacionalización; también es concebible, paralelamente, un fondo de ayudas públicas que rebajara drásticamente las barreras de entrada al mercado de los medios de comunicación y que actuara a favor de la libertad de ese mercado, combatiendo con los más variados instrumentos que ofrecen las políticas públicas (incluidas una severa disciplina fiscal sobre las rentas monopólicas y la limitación o aun la prohibición de la publicidad comercial) una atroz deriva oligopolística cargada de consecuencias políticas gravemente nocivas para la calidad de la vida democrática. En la medida en que varios grandes grupos de comunicación se ven afectados por la crisis financiera galopante (piensa en el grupo Chicago Tribune, del que forman parte Los Angeles Times y el New York Times), es posible que la idea de reconstruir un gran espacio público, democráticamente controlable, para la comunicación vuelva, directa o indirectamente, al orden del día, incluso por motivos groseramente económicos. Así como la alternativa a la nacionalización democrática del grueso de la banca es hoy un ulterior y delirante proceso de concentración oligopolístico del sector financiero, la alternativa a la renacionalización democrática de buena parte de los medios de comunicación (y/o a la severa regulación pública del mercado de los medios de comunicación en un sentido antimonopolista) es hoy un ulterior y delirante proceso de concentración oligopolística de la propiedad privada de esos medios de conformación y manipulación de la opinión pública.


¿Es ingenua la aspiración, desde un movimiento minoritario como es el de los Foros Sociales, a emprender iniciativas transformadoras que den un vuelco a este sistema injusto, y en crisis?

Eso depende de cuál sea esa aspiración. Los Foros Sociales han desempeñado un papel muy interesante en una época de euforia “globalizadora” y dominio prácticamente incontestado de un ideario extremista surgido de la derrota del movimiento obrero y popular mundial a finales de los 70 del siglo pasado. Esa euforia se terminó como consecuencia del suicidio del capitalismo financiarizado de estilo norteamericano. Lo que hay que ver ahora es si los Foros Sociales pueden jugar también un papel importante en la reconstrucción de los movimientos populares. Esta va a ser una crisis larga, honda y duradera, que tendrá consecuencias devastadoras sobre las poblaciones trabajadoras y sobre los pobres de todo el mundo. Lo que está por ver es si la inmensa mayoría de la humanidad logrará organizarse de forma tal, que consiga gravitar políticamente de manera decisiva sobre el modo de salir de esta crisis, una crisis que, encima, se solapa con otras cargadas de desafíos: una crisis energética (la necesidad de salir de la era de los combustibles fósiles) y una crisis ecológica sin ejemplo en la historia de la humanidad (cambio climático, entrada del planeta Tierra en la era del antropoceno). A mí me parece que, en la medida en que los Foros Sociales se pongan modesta y realistamente al servicio de esa tarea reorganizadora de las fuerzas populares, sus aspiraciones no tienen por qué ser ingenuas.


Proyectos como el de la revista Sin Permiso están proporcionando utilísimas herramientas de reflexión para reforzar los argumentos de los movimientos ciudadanos. Pero su difusión es limitada, las personas que no tengan acceso a Internet lo tendrán difícil para leerla, y en cualquier caso su lectura requiere de un cierto grado de preparación. Durante el plenario del Foro hubo una intervención que criticaba que "la Academia", o los "expertos", siempre estaban del lado del poder, y que los intelectuales de izquierdas habían traicionado a los movimientos de base. Era una intervención un tanto apasionada, pero en cualquier caso, puede ser sintomática de un sentir habitual en determinadas organizaciones. Como respuesta a esto, qué crees tú que puede aportar el pensamiento académico a los movimientos sociales?

Ese debate se ha dado ya otras veces en la historia de los movimientos sociales, y particularmente, en la historia del movimiento obrero socialista. ¿Necesitan “expertos” los movimientos sociales transformadores? El viejo Engels y el viejo Marx pensaban que sí; sobre todo Engels, que murió (en 1895) obsesionado con la idea de atraer al movimiento obrero, y particularmente a la socialdemocracia alemana, a ingenieros, médicos, economistas, higienistas, estadísticos, ecólogos, juristas que pudieran ayudar a gestionar una economía en transición democrática hacia el socialismo. Quería evitar a toda costa que a los socialistas les pasara lo mismo que a los jacobinos franceses de 1793, que tuvieron que depender de “expertos” reaccionarios que saboteaban la política republicana revolucionaria, lo que llevó al Terror. Ahora bien; tanto Marx como Engels fueron muy conscientes de que muchos de los intelectuales y académicos que se acercaban al movimiento obrero eran más “ideólogos” que expertos técnica o científicamente competentes. Y los viejos fueron extremadamente hostiles a este tipo de “intelectual” diletante, nada sólido científicamente y siempre orientado según la dirección de los vientos. En mi opinión, el siglo XX ha dado la razón a los viejos. Marx llegó a decir que esas gentes “se construyen una ciencia privada” con el ánimo logrero de hacerse un lugar en el mundo (también en el mundo académico), en flagrante violación de los códigos deontológicos más elementales de la investigación científica, que pertenece al ámbito de la razón pública. Esas gentes, decía Marx, no sirven para nada: lo que precisa el movimiento son expertos de verdad, no personajillos que se refugian en el assylum ignorantiae de una “ciencia privada” construida pro domo sua, en vez de participar, como uno más, de la ciencia normal y corriente, que es siempre ejercicio público de la razón (en parte por eso, Marx fue hostil a la idea de que pudiera hablarse de una concepción “marxista” de la historia o de la economía; pero eso es harina de otro costal). Buena parte de los intelectuales “marxistas” del siglo XX fueron --¡ironías de la historia!— gentes que se construyeron “ciencias privadas”: desde los estalinistas de la “ciencia proletaria” y la “lógica dialéctica”, hasta los posmodernos “deconstruccionistas” y “relativistas”. Yo pienso como los viejos: esas gentes no nos sirven para nada, políticamente hablando, y es, además, necio tratar de atraerlos, porque son veletas que se orientan y obran según los vientos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ahora que la veleta parece comenzar a girar en un sentido más favorable para la izquierda. Lo que necesitamos son expertos competentes, no cantamañanas, ni falsarios especuladores de tres al cuarto (aunque se columpien en un “pensamiento débil”), ni arbitrarios cultivadores de arcanas “ciencias privadas”. Por lo demás, al lego siempre le resultará más fácil controlar democráticamente a un experto especialista de verdad, obligado a hablar el lenguaje de la razón y de la deliberación públicas, que al ideólogo de turno (al perito en “paz”, en “socialismo del siglo XXI”, en “deconstrucción”, en “discursos de género”, en “biopolítica”, en pretendidas “ontologías de lo social”, en “sociedad de la información” o en “alterglobalización”) que, buscando fascinar a propios y extraños con una jerga privada esotérica y apenas inteligible, termina por cultivar lo que los franceses –¡que de eso saben un rato!— llaman el bluff à l’expertise.


Otro término que se presta a abusos y limitaciones es el de libertad. Y por eso me parece muy oportuna la definición que, desde el enfoque republicano, le disteis en la mesa sobre la Renta Básica Daniel Raventós y tú. Cuál es la libertad a la que aspiran los movimientos ciudadanos integrados en el movimiento altermundista, frente al concepto "robado" por los defensores del modelo neoliberal?


Es el concepto de libertad como capacidad para no tener que pedir permiso a ningún particular para vivir. Ese es el viejo concepto de libertad republicana. No es libre quien necesita pedir permiso a otro particular para vivir, quien no es materialmente independiente de otro particular: no es libre el esclavo, no es libre el trabajador asalariado (“esclavo a tiempo parcial”, según la genial definición de Aristóteles, luego retomada por Adam Smith y por Marx), no es libre la mujer sometida al pater familias. La democracia republicana revolucionaria y el moderno socialismo industrial lo que hicieron fue tratar de universalizar ese concepto: la democracia revolucionaria, mediante la distribución de la tierra a todos y la fundación de una “república de pequeños propietarios agrarios” (Jefferson), o mediante garantía republicana de un derecho universal e incondicional de existencia material (Robespierre, Tom Paine); la democracia socialista posterior a la revolución industrial, mediante una “asociación republicana de productores libres e iguales que se apropian en común de los medios e instrumentos de producir” (Marx). La idea era que no sólo unos pocos tuvieran libertad para vivir sin necesidad de tener que pedir permiso a otros; que todos tuvieran esa libertad. La lucha por la universalización de la libertad republicana, tan antigua, sigue siendo nuestra lucha y es el núcleo axiológico del socialismo democrático-republicano contemporáneo, entendido como programa político de lucha por una cultura económica, política y social capaz de realizar aquel ideal en las condiciones de una economía tecnológica e industrialmente desarrollada.


Globalización/Mundialización. El lema principal de los Foros Sociales es el de que otro mundo es posible, o la famosa consigna de trabajar en lo local para cambiar y pensar globalmente. Pero tiene sentido pensar en una "mundialización buena"?


No, no tiene el menor sentido. La llamada globalización ha sido un proceso, de todo punto político, de remundialización del capitalismo, un proceso paralelo a la contrarreforma del mismo. El capitalismo posterior a la II Guerra Mundial pudo reformarse más o menos tímidamente en un sentido social por la vía de fijar e instituir internacionalmente el derecho de los gobiernos democráticos –según expresó Keynes lo que consideraba el principal resultado de Bretton Woods— “a controlar los movimientos de capitales”; es decir, a desmundializar una economía capitalista sin brida ni freno que había llevado a la humanidad a la catástrofe de las dos guerras mundiales más cruentas y terribles que registra la historia universal. Cualquier alternativa razonable a la catástrofe económica y ecológica en que ha venido a parar esa “globalización” pasa hoy, en mi opinión, por una nueva desmundialización, comenzando por la reinstauración del derecho de los gobiernos democráticos a controlar los movimientos de capitales y por devolver a los pueblos su plena soberanía. El cosmopolitismo republicano de Kant y Robespierre, y su heredero directo, el internacionalismo socialista del movimiento obrero, aspiraron a la unión fraternal de los distintos pueblos soberana y democrático-republicanamente constituidos, y eso no tiene nada que ver con la utopía pseudocosmopolita universal, que es y ha sido siempre, desde los tiempos de Diógenes el cínico y Antístenes hasta el neoliberalismo de nuestros días, una construcción intelectual al servicio de causas imperiales inconfesables; la otra cara, si quieres decirlo así, de los belicosos nacionalismos etnicistas y antidemocráticos.


Entre otros efectos del capitalismo, creo yo, hay uno que afecta directamente a las personas, y es el de la generalización del egoísmo. Yo tengo muchas discusiones con amigos míos, muy escépticos, que defienden que somos egoístas y malvados por naturaleza. Yo soy tal vez un poco ingenua y discrepo, y me paro a pensar en mis abuelos que vivían en el campo y que se juntaban con los vecinos para repartirse las tareas, o que tenían sistemas de ayuda mutua en caso de malas cosechas. Sé que este comunitarismo era simplemente una característica de la economía tradicional agraria que en Galicia no desapareció hasta hace muy pocos años, y que tenía aspectos muy negativos como la posición de la mujer, etc. Pero en cualquier caso, tenía un elemento muy interesante como era el del sentimiento de comunidad. ¿A ti te parece, realmente, que soy una ingenua, o tiene sentido defender los valores de la solidaridad a la hora de proponer una transformación social?


Ese es un asunto bastante complejo, y me resulta imposible despacharlo con una contestación rápida. Pero prueba a preguntar a tus amigos “egoístas” qué sacan ellos, egoístamente hablando, de la defensa de la tesis panegoísta, según la cual el único motivo de la acción humana es el interés propio, indiferente al de los demás. Porque si esa tesis fuera verdadera, no se ve, en su caso, por qué tendrían que andar defendiendo, por amor a la verdad, el panegoísmo, una tesis que, por lo pronto, no parece favorecer a la promoción de su interés propio (el interés propio siempre estaría mejor servido por alguna hipocresía buenista); y en todo caso, el perder tiempo defendiendo algo –lo que sea— por mero a amor a la verdad ya es un tipo de conducta que no se condice nada bien con el “egoísmo” calculador y economizador de energía. Diles que no se odien tanto a sí mismos, que la contradicción performativa en que les has pillado revela que ellos mismos no son tan egoístas como creen. Diles que son víctimas de la propaganda del “sentido común” construido por el doxariado de nuestro tiempo –¡esa colección de pusilánimes!—, tan alejado del buen sentido que va con la humana magnanimidad. Reclútales para tu causa, ofréceles el viejo consejo aristotélico que está en el corazón axiológico del laicismo republicano y socialista moderno: “Deja de pensar mal de ti mismo, y sé tu mejor amigo siempre”.


En la mesa "O neoliberalismo en crise: cara a onde vai o sistema?" planteabas que la actual crisis evidencia también el fracaso del intento de superar el shock de 1973 a través de la financiarización, el neoliberalismo y la remundialización del capitalismo. Muchas fueron las voces durante el Foro que invitaron a aprovechar este fracaso del capitalismo, para orientar el movimiento altermundista hacia acciones políticas que nos lleven a un sistema más justo. Si crees que hay alguna posibilidad para esto, ¿hacia donde crees que podría ir encaminada esa acción política? ¿Cuáles serían los errores de la izquierda actual a evitar? Propuestas como la de la Renta Básica se plantean como reformas dentro del sistema, porque, aunque son conflictivas como afirmáis, no parecen directamente dirigidas a acabar con el sistema, con el capitalismo. Ahora que el sistema (el capitalismo, tal vez el propio Estado), parece que se desmorona, habrá que replantear propuestas de este tipo, o tienen más sentido que nunca?


Se puede ver la presente crisis como una crisis de la economía real inducida por los insensatos procesos de desregulación, financiarización y remundialización de las últimas décadas. Pero también se puede pensar que el neoliberalismo (como conjunto de políticas de desposesión de los derechos conquistados por los trabajadores y de despojo y privatización de los patrimonios comunes de los pueblos del mundo –incluido el patrimonio natural—), la remundialización (sobre todo, la reintroducción de la plena “libertad” de movimientos de capitales) y la financiarización (la autonomización sin precedentes del sector financieros y su creciente conversión en una especie de “esquema Ponzi” fraudulento a escala mundial) han sido distintas estrategias destinadas a superar la crisis clásica de “sobreproducción capitalista” (por decirlo con Marx) o de desplome de la “eficacia marginal del capital” (por decirlo con Keynes) del final de la Edad de Oro del capitalismo socialmente reformado en los años 70. En este segundo caso, estaríamos ante una crisis, no sólo del grueso de las políticas contrarreformistas puestas por obra por las elites capitalistas en las últimas tres décadas, sino ante una crisis sistémica del capitalismo mismo, como forma histórica de civilización.


Sea ello como fuere, tanto en uno como en otro diagnóstico, lo esencial es, por lo pronto, concentrar el grueso del fuego político contra las políticas capitalistas ahora manifiestamente fracasadas (contra el neoliberalismo, contra la “libertad” de movimientos de los capitales y contra el predominio del sector financiero). Y concentrar ese fuego, a sabiendas de que las fuerzas propias son más bien débiles –no hará falta insistir en eso—; a sabiendas de que en los años 70 las fuerzas populares sufrieron, a escala mundial, una tremenda derrota de la que todavía no se han recobrado en la mayor parte del mundo, y desde luego en Europa y en EEUU. Reconocer eso quiere decir reconocer la necesidad de acumular fuerzas, de dar tiempo a la reorganización, lo que pasa por encadenar conjuntos de pequeñas victorias que vayan devolviendo la confianza en las propias fuerzas a las clases subalternas. Siempre lo son, pero en circunstancias de debilidad propia como las actuales todavía son más peligrosos los maximalismos de todo o nada. Aquí, en el Foro Social Gallego, se ha oído a gente que razonaba como si de la crisis sistémica del capitalismo se pudiera pasar inmediatamente al socialismo sin mayores mediaciones que las ofrecidas por el tremolar una bandera de cuatro consignas estremecidas. Y resulta perfectamente comprensible: durante años y años se la ha dicho a la gente no sólo que “no hay alternativa” (la TINA de la señora Thatcher), sino que lo existente es buenísmo; y de repente, lo existente se desploma a ojos vista, y todo el mundo comienza a hablar, como si de la cosa más natural del mundo se tratara, de grandes alternativas (hasta Sarkozy quiere “refundar éticamente el capitalismo”; sólo los muy despistados, como el presidente de las Cortes españolas, el ínclito “socialista” señor Bono, actúan como si no pasara nada, y se siguen despachando a gusto con declaraciones –por cierto que inconstitucionales— como que la libertad de mercado y de empresa “están por encima de los deseos de los gobiernos democráticos” ). Es natural que una izquierda que ha tenido que morderse la lengua por dos décadas salte ahora a la brava como el corcho de una botella de cava previamente agitada.


Uno de los signos inconfundibles de la derrota de un movimiento popular es la cantidad de posibilidades de pequeñas reformas institucionalmente posibles desperdiciadas. El “sistema”, o el “capitalismo”, no es una especie de máquina de una sola pieza, ni siquiera de varias piezas con engranajes perfectamente ajustados. Esa visión, bastante común entre gentes formadas en el marxismo estructuralista y en el posestructuralismo franceses, es hija de una ignorante concepción ahistórica y apolítica del capitalismo, que es, en cambio, una realidad histórica y política, y por lo mismo, una realidad que ha evolucionado de formas complejas y contradictorias: parte de esa evolución son las luchas sociales enconadas que ha provocado, luchas que han cristalizado secularmente en multitud de costumbres, de leyes, de instituciones y de prácticas tendencialmente anticapitalistas, o al menos, incongruas con la cultura económica y moral básica del capitalismo: desde magnas realidades institucionales, como los Estados sociales, los grandes sindicatos obreros y aun la propia institución del sufragio universal democrático –una conquista del movimiento obrero del siglo XX—, hasta los pequeños “lazos y lacitos” criticados por Berlusconi como trabas intolerables al funcionamiento cotidiano de lo que los neoliberales llaman mercados “libres” (en realidad, mercados cautivos de competición oligopólica en los que los grandes pueden extraer a su buen placer, “libremente” y sin trabas públicas, las rentas monopólicas más escandalosas). La derrota del movimiento popular a finales de los 70 propició el progresivo desuso o abandono de muchas de esas potencialidades existentes (por señalado ejemplo: la afiliación sindical), y luego, y en parte por consecuencia, el ataque directo de las elites a las realidades institucionales y legales potencialmente anticapitalistas, entre ellas el derecho de afiliación sindical o el derecho de los gobiernos democráticos a controlar los movimientos de capitales. A mí me parece que, dada la situación de partida, con fuerzas notoriamente débiles y desorganizadas, se trata también de comenzar recuperando el terreno perdido. Por ejemplo, un mero ejemplo, pero de un país con mucha menos tradición que la Europa occidental en materia de instituciones decantadas históricamente como resultado de grandes luchas populares del pasado: en los EEUU, muchos propietarios de viviendas que han caído en la morosidad y están a punto de perder sus casas, han descubierto ahora que pueden pelear legalmente contra sus bancos acreedores amparándose en leyes centenarias que obligan a condonar deudas injustamente contraídas. Las reformas, por pequeñas que sean, si tienen un sentido democrático y anticapitalista –la institución de un ingreso universal e incondicional de ciudadanía, indudablemente, tiene ese sentido, porque substrae un área de la vida social al imperativo de trabajar asalariadamente—, no sólo no son lo contrario de un cambio social y político radical, sino que –como advirtió certeramente Rosa Luxemburgo hace más de 100 años— lo complementan y aun lo orientan: permiten acumular progresivamente fuerzas, dar confianza a quienes luchan por esos cambios, y ampliar progresivamente la base social de quienes no están dispuestos a tolerar que un 10% de la población viva tan inconsciente como opíparamente a costa del resto de la humanidad en un planeta esquilmado y cada vez más parecido a un estercolero químico, bacteriológico y radioactivo.


Antoni Domènech es catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales y Morales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Su último libro es El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona, Crítica, 2004. Es el editor general de SINPERMISO.

Tempos Novos, 21 diciembre 2008



¿Qué ha sido de los derechos humanos?

Hay celebraciones que enrojecen. Con un quinto del planeta en condiciones de pobreza y padeciendo hambre se rinden homenajes al 60 aniversario de la declaración de la carta de los derechos humanos. En sí constituye un acto de cinismo. Con ello no quiero afirmar que es mejor que no existiera. Pudiera ser que en su momento quienes manifestaron la necesidad de crear un prototipo de ciudadanía política tenían en mente la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto nazi.

La mala conciencia de un mundo que no quería verse reflejado en los campos de concentración, en la tortura o las cámaras de gas, llevó por el sendero de redactar un decálogo de la dignidad humana. El tribunal de Nuremberg sintetizó el camino que seguirá la redacción de la carta de los derechos humanos. Sin embargo, las buenas intenciones han quedado presas de la dinámica de un orden político, de un sistema de dominio y explotación donde es inviable ponerlos en práctica, ya sea en su vertiente social, política, cultural y económica. Es la gran paradoja. Derechos virtuales, no reales. Como señalaba Durkheim, trate usted de ejercer la libertad y será reprimido. Mutatis mutandi demande la práctica de los derechos humanos y terminará, en el mejor de los casos, acusado de alterar el orden, y si reincide pasará a la cárcel, considerado un antisistema, pudiendo sufrir torturas o considerado un problema, remitirle al exilio.

En el capitalismo, independientemente de sus formas, ninguno de sus enunciados se cumple. De realizarse entraría en un colapso, más allá de sus crisis internas. No puede generar trabajo, educación, vivienda o producir alimentos para todos los seres del planeta. Menos aún repartir la riqueza. En otras palabras, se torna inviable. No representa una alternativa para homo sapiens sapiens. El capitalismo es un orden represivo incapaz de evolucionar hacia una democracia donde vivir una vida digna. En otras palabras bloquea la libertad de realización: poder ejecutar y convertir en realidad aquello que hemos elegido y decidido. Este concepto de Luis Villoro identifica el límite de un régimen excluyente y concentrador de la riqueza en todos los órdenes, inclusive antes del nacimiento. En un estudio del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social y el Grupo de Investigaciones Agrarias sobre el hambre en las economías agroalimentarias de exportación realizado por Gonzalo Martner a fines de los años 80 se constataron algunas de las consecuencias del cambio de la dieta alimenticia en las futuras madres y en los futuros niños. “En el caso de los niños, los efectos a corto y largo plazos de la subalimentación son devastadores. No obstante la protección a la vida intrauterina, dichos efectos comienzan a manifestarse antes del nacimiento a raíz de la carencia de elementos nutritivos aportados por las madres insuficientemente alimentadas. Ello se traduce en aumentos de peso frecuentemente inferiores a los normales y por último en un peso insuficiente del niño desde el nacimiento, en trabas a la producción de leche materna y en efectos sobre la evolución cerebral: en el caso de la subalimentación de la madre el número de neuronas producidas hasta el séptimo mes disminuye, junto con las conexiones neuronales y a la mielinización de las neuronas, una de cuyas funciones es la transferencia de información… Cabe así subrayar que los daños cerebrales, cuyo carácter es irreparable, hacen imposible cualquier futura igualdad de oportunidades, se producen desde la concepción al tercer año de vida.”

Si el estudio se proyecta sobre el último informe de la FAO de 2008, donde se señala el aumento del hambre, de los precios de los alimentos y de mil millones de personas en condiciones de subalimentación en África, Asia y América Latina, estamos hablando de un retroceso de la condición humana. El primer derecho de igualdad y de libertad en el feto deja de cumplirse antes de nacer, a pesar de lo que dicen la iglesia y las asociaciones pro vida, tanto como las antiabortistas. ¿Dónde están los derechos humanos previos al nacimiento? Ahora están en manos de las trasnacionales de la soya y los agrocombustibles. Un quinto de los futuros habitantes del planeta tendrán inteligencia limitada. Clínicamente padecerán idiotez y, por ende, no podrán desplegar una vida digna. Son las consecuencias de la mielinización neuronal, apuntada por Martner. Hoy resultado voluntario de las políticas alimenticias diseñadas por los países dominantes y empresas como Monsanto. El uso de transgénicos, el alto costo de las semillas, el control monopólico de sus precios, por poner otro caso de violación de los derechos humanos, ha conllevado sólo en India al suicidio en un año, denunciado por el príncipe Carlos de Inglaterra, de 150 mil campesinos con raticida e insecticidas ante la imposibilidad de pagar las deudas con las financieras.

Los derechos humanos no son violados por estados o gobiernos en abstracto, lo son por banqueros, empresarios, militares, trasnacionales. Tienen nombres y apellidos. Ellos cuentan con el aval de los estados, los gobiernos y el Vaticano, quienes en nombre de la cruz y la espada, las libertades del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda, asesinan a un quinto de la población mundial. Como ejemplo del cinismo del primer mundo, en medio de la recesión, grandes almacenes de Madrid han bajado sus precios, el resultado es óptimo. Más beneficios que en todo el año. El negocio es el negocio. El primer derecho humano: apoyar el consumo. Que otros se suiciden con insecticida es mera estadística. No resulta extraño que las encuestas en América Latina reflejen alarmantemente preferencias de ciudadanos por regímenes autoritarios con tal de tener seguridad y poder consumir. Orden y progreso. Para este viaje no hacen falta los derechos humanos.

Marcos Roitman Rosenmann. La Jornada


domingo, 21 de diciembre de 2008

Salvar a la banca mata de hambre

Hace diez días, el Banco Mundial anunció que este año otros 155 millones de personas han sido abocados a la más abyecta pobreza.

Pero en los medios de comunicación no hubo espacio para reflejar ese dato, ya que estaba todo dedicado a exponer las astronómicas cifras de dinero que se están dedicando a salvar a la banca y a los demás potentados que han contribuido con su enriquecimiento personal a hundir el sistema financiero internacional.

Los datos que se publicaron sobre aquel informe se limitaron a constatar que el crecimiento de la economía mundial caerá en 2009 a sólo un 0,9% del PIB global y que el volumen total de comercio internacional se reducirá por primera vez en 25 años, a causa de la recesión de los países industrializados provocada por la debacle bursátil y bancaria.

Los medios nos rebotaron una auténtica cascada de ominosas cifras macroeconómicas, manejando billones de unidades monetarias, pero a nadie se le ocurrió que el dato más importante eran esos 155 millones... de personas.

Pero ¿cómo se va a comparar tan mísera cantidad con los 200.000 millones de dólares que se emplearon en rescatar a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac?

¿O con los 700.000 millones que la Reserva Federal de EEUU está dedicando a comprar activos tóxicos de las grandes entidades financieras internacionales?

Mucho menos se puede parangonar ese número de miserables con los 6,7 billones de dólares que ya se han dedicado en todo el mundo a salvar grandes bancos, aseguradoras, entidades financieras y compañías multinacionales.

¡Y no basta! Según Barry Ritholtz, autor de Bailout Nation, habrá que dedicar hasta 8 billones de dólares de los impuestos de todos nosotros a salvar el sistema capitalista mundial.

Esa cantidad es superior a todos los gastos públicos de EEUU durante la totalidad del siglo XX, incluido lo que le costó a la superpotencia su participación en la Segunda Guerra Mundial, la de Vietnam, el Plan Marshall, el New Deal, la invasión de Irak...

En breve, equivale a más de la mitad del PIB actual de Estados Unidos.

Aunque lo verdaderamente asombroso es que de pronto se pueda disponer de esas sumas fabulosas, cuando durante decenios ha sido imposible distraer un mero 0,7% del PIB de los países ricos para ayudar al desarrollo de los verdaderamente necesitados.

En España, como somos ahora tan solidarios, prometemos que lo lograremos... en 2012.

Ya veremos. Por el momento, para dedicar cantidades tan desaforadas a retribuir a los mismos que nos han llevado a la ruina, estamos dejando sin la asistencia básica de supervivencia a los marginados del planeta. Las grandes organizaciones humanitarias de la ONU, de las que dependen para comer más de cien millones de personas en todo el mundo, se están quedando sin fondos porque los gobiernos están restringiendo sus presupuestos de ayuda exterior.

El World Food Programme (WFP), por ejemplo, ha recibido menos de la décima parte de los 5.200 millones de dólares que necesita para alimentar a 49 millones de personas en doce de los países más míseros del orbe.

Así que se ha visto obligado a recortar las ya exiguas raciones que reparte en Etiopía y Zimbabue.

“El hambre avanza en todo el mundo”, advertía hace poco la directora ejecutiva del WFP, Josette Sheeran. “La crisis alimentaria ha golpeado al planeta con más fuerza de la que nos podíamos imaginar”.

Porque llueve sobre mojado.

La penuria llega cuando el Tercer Mundo no ha empezado a recuperarse de la brutal escalada del precio de los alimentos que este verano multiplicó por millones el número de niños, mujeres y ancianos desnutridos.

Todos ellos están ahora en peligro de muerte inminente. Para salvarlos, dice Sheeran, el WFP necesita menos del 1% del dinero que se está invirtiendo en reflotar a los grandes imperios financieros.

¿Podría quizá la gran banca prescindir de ese 1% para salvar millones de vidas? No lo creo.


Carlos Enrique Bayo. Público



sábado, 20 de diciembre de 2008

Aclaración. Columna Juan José Millás

A ver si nos ponemos de acuerdo con el significado de las palabras porque esto empieza a parecer la Torre de Babel. Esos chicos que se encadenan a las puertas de una reunión del G-8 no son antisistema. Por el contrario, lo fortalecen al dar trabajo a la policía.

Antisistema es el que bombardea un país entero amparado en una documentación falsa fabricada por él mismo. Antisistema es el cómplice de esa acción.

Antisistema es el que colabora en el traslado ilegal de seres humanos secuestrados a punta de pistola para ser torturados en agujeros antisistema como Guantánamo. Antisistema es el juez que en vez de comportarse como un poder del Estado hace declaraciones propias de un tonto del culo.

Antisistema es el que pretende convertir a la Universidad en la correa de transmisión de los intereses empresariales.

Antisistema es el banquero que da préstamos a personas que no tienen ninguna posibilidad de devolverlos.

Antisistema es el tasador que valora en 100 un piso de 70. Antisistema son las personas de orden como Madoff, con el que hasta hace cuatro días querían cenar hasta los obispos.

Antisistema, por cierto, son los obispos y arzobispos pederastas y quienes les protegen para que no vayan a la cárcel.

Antisistema es, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Valencia, que ha estado boicoteando durante tres meses una asignatura (dos, si contamos el inglés) que forma parte del currículum escolar.

Antisistema es quien pone sus intereses particulares por encima de la lucha antiterrorista (Aguirre, sin ir más lejos).

Antisistema son los supervisores, los gestores, los auditores y los custodios que han estado mirando hacia otro lado.

Antisistema es el que presta el dinero gratis, revelando así su auténtico valor de mierda. Antisistema, en fin, es el sistema, que viene a ser lo mismo que si el hígado fuera antihígado.

Juan José Millás. El País



viernes, 19 de diciembre de 2008

La ciudad contra el capital

“La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza” escribió Borges. La recomendación ignaciana de “en tiempos de desolación no hacer mudanza” se presta a interpretaciones conservadoras, aunque quizás podríamos matizarla en sentido opuesto. Si el “enriqueceos, enriqueceos” tan a la moda las últimas décadas nos ha conducido al empobrecimiento de muchos mientras algunos enriquecidos se salvaban sería bueno recuperar el principio de esperanza propio de la izquierda, o dicho de una forma más clara: recuperar sus ideas, sus valores y sus análisis críticos del capitalismo. La “mudanza” se hizo asumiendo los principios y los procedimientos conservadores, es la hora del cambio, de ser lo que fuimos, de resistir a las propuestas interesadas de unos y cobardes de otros, de recuperar lo fundamental del pasado para que en el futuro no se repita la crisis del presente.

Los defensores del “desorden establecido” nos dicen que la crisis es saludable puesto que el sistema se autocorrige, elimina a los perdedores, reduce los excesos inherentes al modo de acumulación de riquezas, y al cabo de unos años la expansión renace. No cuantifican la destrucción de bienes que se ha producido y menos aún los costes sociales que pagan la mayoría de los ciudadanos. Hemos vivido una época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían adquirir, de estimulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y desigualdad sociales crecientes. La ciudad, la forma más elevada de civilidad y de progreso, por su potencial de generar convivencia y redistribución, se ha ido fragmentando, disolviendo en las periferias suburbanas, sin cohesión ni sentido. Uno de los aspectos más negativos del tipo de desarrollo promovido por un capitalismo financiero especulativo y salvaje ha sido generar esta dinámica disolutoria de la ciudad.

La historia de la izquierda social, cultural y política va estrechamente unida a la crítica de la economía y a la defensa de la ciudad. Sorprende el grado de desinterés o ignorancia de las izquierdas institucionales y de las cúpulas políticas actuales en ambos temas. La crítica rigurosa del actual capitalismo globalizado, de su modelo de acumulación, ha estado ausente de la reflexión de gobernantes y dirigentes partidarios y por lo tanto es lógico que a la hora de buscar soluciones no se les ocurre nada más que limitar algunos excesos (vincular las transferencias de recursos públicos a las grandes empresas a una reducción que no resulte demasiado escandalosa de los puestos de trabajo) y crear condiciones para volver a la situación anterior (salvar bancos y grandes promotores por medio del dinero público o comprando sus activos). Los reformistas cuando aparece la necesidad de hacer reformas en serio se asustan y caminan para atrás.

La ciudad ha sido en España durante dos décadas el espejo de la democracia. En todo el país los años 80 y 90 la mayoría de las ciudades se han transformado espectacularmente, ha florecido un urbanismo ciudadano expresado principalmente por medio del espacio público, bien diseñado en lo físico y animado en lo social y cultural. Pero progresivamente la lógica de un mercado que la acción pública había convertido en apetitoso fue imponiéndose. En las ciudades compactas aparecieron las operaciones terciarias ostentosas, públicas y privadas, y en aras de la competitividad global, los espacios centrales se especializaron y se hicieron excluyentes. Los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a los barrios residenciales de las minorías ricas. Algunas zonas antiguas o marginales fueron ocupadas por inmigrantes y los sectores populares y medios, los jóvenes especialmente, fueron emigrando a las periferias segregadas por niveles de renta, pobres en espacio público y equipamientos, los territorios “urbanalizados” según el afortunado palabro de Francesc Muñoz. Los gobiernos locales a veces han sido cómplices, otras veces se han mostrado impotentes, pocas veces han denunciado esta degradación del urbanismo democrático.

Este proceso disolutorio de la ciudad integradora ha tenido unos actores conocidos: bancos y cajas adquirieron por lo menos la mitad del suelo urbanizable, los propietarios del suelo se enriquecieron vendiendo con el único mérito de esperar al comprador, los promotores y los constructores se endeudaron esperando vender a una demanda que consideraban infinita y convencidos que su producto solamente podía aumentar del valor con el tiempo. Ciudadanos de ingresos medianos o modestos compraron por necesidad o para colocar sus ahorros hipotecándose con la complicidad de las entidades financieras y de los sucesivos gobiernos sin suponer que ni sus ingresos ni la vivienda adquirida iban a tener un crecimiento sostenido ni que las hipotecas podrían resultar más onerosas.

Ahora se plantea una cuestión bien sencilla. Los dueños del capital quieren que el Estado con el dinero de todos los ciudadanos les subvencione para pagar deudas o impagados o les compre lo que no pueden vender y para repartirse beneficios o indemnizaciones. Los ciudadanos con una vivienda hipotecada que no pueden pagar ni vender por el coste de la deuda en cambio lo que necesitan son que se imponga al sistema financiero una moratoria hasta que la economía se reactive y sus ingresos le permitan volver a pagar las cuotas de la hipoteca. Los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes. Hay matices significativos pues mientras el gobierno británico asume un rol parcialmente protagonista nacionalizando una parte de la banca el gobierno español ofrece el “talante” para convencer a los grupos económicos que no sean malos y tengan un poco de paciencia.

En Catalunya en un periódo de crisis, distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. Un gobierno cuya composición era muy similar al actual tripartito. No creo que ahora se pueda repetir tamaña hazaña pero aún aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español algo más se podría hacer. Comprar las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc como medidas coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.

Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes. En estos momentos la izquierda demuestra su naturaleza. Es capaz de explicar la perversidad del sistema económico o no, se adapta o transforma la realidad, moviliza a las mayoría populares o se muestra pusilánime enroscada en las instituciones. Volvemos a otra cita de Borges: nadie se arrepiente de haber tenido un momento de coraje en su vida.

Jordi Borja es un sociólogo y urbanista radicado en Barcelona,
y uno de los luchadores más conocidos de la resistencia clandestina catalana contra el franquismo.

El Carrer, diciembre 2008

viernes, 12 de diciembre de 2008

La responsabilidad de los consumidores y el consumo responsable

La Asociación General de Consumidores (ASGECO) hace un llamamiento por un consumo responsable. Que no nos dejemos seducir por los cantos de sirena de un consumismo sin límites que están llevando a situaciones extremas a numerosas familias.

Las últimas décadas se han caracterizado por un modelo de desarrollo basado en el crédito al consumo, alentado desde las entidades financieras y, ulteriormente, también por las no financieras, mediante la generación de numerosos instrumentos de aplazamiento de pago que han permitido multiplicar el acceso de las familias y de las empresas a productos que no se correspondían con su capacidad real de compra.

Lo que comenzó en EEUU a comienzos de la década de los 90, se ha extendido como la pólvora por todo la economía globalizada: el ajuste, cuando no congelación, de los salarios de los trabajadores no ha venido acompañado de una contención del consumo. Más al contrario, la disminución del ahorro ha devenido en mayor gasto de las familias a través de la multiplicación de numerosas y sofisticadas fórmulas de crédito en forma de tarjetas, refinanciación de hipotecas, agrupación de deudas, etc.; todo ello bien engrasado por un sofisticado aparataje publicitario que ha permitido al ciudadano soñar con atractivos modos de vida cuya puerta de entrada parece ser la del consumo masivo e indiscriminado de los muy vistosos productos que se anuncian a todo color.

Obviamente, el consumo desbocado, si bien a corto plazo ha sujetado la economía real, el creciente desahorro, cuando no renta negativa como consecuencia de diferir la deuda a futuro, han colocado a un buen número de familias y empresas al borde de la bancarrota, con la única esperanza de que esos activos o bienes –no fungibles- que en su momento adquirieron a precios muy por encima de su valor de uso aumenten de precio, cuestión que no viene refrendada por el estallido de las burbujas varias (inmobiliarias, de productos financieros, etc.).

Ante tal situación, el efecto dominó no se hace esperar: los agentes financieros ante el preocupante aumento de la morosidad y la creciente desconfianza en el modus operandi que, en clave de “juego de la pirámide” tan pingües beneficios les aportó, hoy se piensan mucho entrar en nuevas operaciones, así resulten atractivas.

En definitiva, los que hace muy poco tiempo, en una intrépida carrera por colocar toda suerte de productos al mejor postor, sobretasaban las viviendas, daban préstamos express a las empresas, inventaban los hedge funds, emitían cédulas hipotecarias a tutiplén, etcétera, hoy consideran arriesgado operar en el trastocado sistema, paralizando los planes de desarrollo de los diferentes agentes del mercado (aunque estos presenten propuestas sólidas y razonables, es decir, como apunta el refrán, pagan justos por pecadores).

Pues bien, frente al crash del capitalismo de casino, desde ASGECO nos preguntamos: ¿Es suficiente con salir al rescate de los agentes del sistema financiero, limpiar los activos contaminados ó participar temporalmente en el accionariado de los bancos? ¿No sería conveniente, empero, propiciar un auténtico cambio de ciclo, mediante una apuesta real por una governanza mundial basada en el consumo responsable y sostenible?

En las últimas décadas el desarrollo se ha desvinculado de los aspectos sociales y ecológicos. El cuidado del entorno natural y el bienestar de las personas tiene que ayudarnos a recuperar una dimensión humanista, rescatar el lugar perdido frente al homo económicus del paradigma liberal.

Es hora, pues, de generar un nuevo discurso cuya centro de gravedad sea el CONSUMO RESPONSABLE y diseñar las estrategias que nos permitan influir sobre los gobiernos, a sabiendas de que chocamos con un importante impedimento: la economía se ha globalizado mientras que la política sigue gestionada en clave nacional, carece de poder real para actuar sobre la globalización (los organismos internacionales apenas inciden en las grandes decisiones políticas).

Si bien el contexto internacional no permite grandes audacias a nivel global, sin duda contamos con algunas posibilidades, partiendo de la ciudadanía y de los propios poderes públicos:

- Desde el ámbito de los consumidores, incorporar la dimensión ética a nuestros actos de compra: apostar por el comercio justo y otros sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y los derechos de los/as trabajadores/as (como es el caso de las cooperativas y otras fórmulas de la Economía social).

- En el caso de los gobiernos, primar a las empresas que adopten códigos de conducta verificables, que de una vez separen la paja del grano. En definitiva, desenmascarar a tantos y tantos intrusos que practican la Responsabilidad Social Empresarial en clave de marketing, mientras, a modo de ejemplo, incentivan a sus ejecutivos para obtener grandes beneficios en el corto plazo aun a riesgo de fabricar productos –financieros o no financieros- de muy dudosa calidad.

- De nuevo los consumidores: Racionalizar en profundidad nuestras pautas de consumo, apostar en cada uno de nuestros actos cotidianos por la preservación de la naturaleza, aplicando siempre las tres erres: REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR.

- Otra vez los gobiernos: Posibilitar de una vez por todas la igualdad de oportunidades de consumo, mediante políticas inclusivas que faciliten el acceso de todos/as, cuando menos, a los denominados bienes de primera necesidad. Recordemos, para nuestra vergüenza: el hambre en el mundo se salvaría con mucho menos de lo que el gobierno de EEUU ha habilitado para rescatar su sistema financiero.

Cada uno de nosotros tiene el deber de actuar en sus ámbitos de influencia. Así mismo, los poderes públicos tienen la obligación de legislar y desarrollar políticas adecuadas a los presentes retos, racionalizar los recursos públicos y mejorar la atención a los, cada día más numerosos, colectivos en situación de desventaja social.

Ana Ceballo Sierra y Carlos Trias Pintó son, respectivamente, Presidenta y Director de la Asociación General de Consumidores (ASGECO)

El derecho al desarrollo: estado de la cuestión

El derecho al desarrollo es un derecho humano que engloba el conjunto de los derechos humanos y pone de manifiesto la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de dichos derechos, sin embargo la mundialización que se está imponiendo en la actualidad se caracteriza por una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes, y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.

Introducción

El derecho al desarrollo humano y sostenible se presenta en el mundo actual como un derecho humano de tercera generación junto a otros derechos humanos como los relativos al medio ambiente, a la paz, a la asistencia humanitaria o al patrimonio común de la humanidad, los cuales ponen de relieve la necesaria dimensión de solidaridad que debe impregnar la concepción, interpretación y aplicación de todos los derechos humanos. Esta dimensión solidaria es pertinente frente a la actual globalización o mundialización neoliberal, la cual impone una visión marcadamente individualista, mercantil y financiera de la realidad humana, siendo el derecho de propiedad privada el derecho más efectivamente protegido, incluso por delante del derecho a la vida, sin preocuparse apenas por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.

En este sentido, el derecho al desarrollo que se postula en el marco de las Naciones Unidas exige una visión integral de los derechos humanos, poniendo de relieve su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, las cuales constituyen características y propiedades fundamentales que se atribuyen a los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, según la doctrina elaborada y manifestada reiteradamente desde distintos órganos de las Naciones Unidas. Ello se debe a que, t ras la concepción del derecho al desarrollo como un derecho humano, figura la aspiración de que la libertad y la dignidad deben estar al alcance de todos en condiciones de igualdad, aspecto este último marginado por los promotores de la actual globalización o mundialización neoliberal.

Por estas razones, conviene señalar que, en el ámbito de la teoría jurídica actualmente dominante, sobre todo en los países más ricos, e l derecho al desarrollo humano y sostenible es un derecho de difícil aceptación y elaboración si nos ceñimos a los esquemas y conceptos tradicionales de los derechos, de cuño liberal burgués y de marcado carácter individualista y patrimonial. Esto mismo sucede respecto de otros derechos humanos, no sólo de aquellos de más reciente elaboración, es decir, los mencionados derechos de tercera generación o de solidaridad, sino también de buena parte de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de algunos derechos civiles y políticos. Las dificultades a la hora de hacer efectivos estos derechos son aún mayores, tal y como se tratará de mostrar en este artículo.

Concepto y fundamento

El derecho al desarrollo es un derecho individual y colectivo y consiste en el derecho de todos a poder desarrollar al máximo sus capacidades, y así poder disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Para ello deben crearse las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que permitan y promuevan que todo ser humano logre ese desarrollo pleno de sus capacidades y de su personalidad, y que éste no se reduzca a los más privilegiados. En este sentido, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), adoptada mediante la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986, considera el derecho al desarrollo como:

“un derecho humano inalienable en virtud del cual todos los seres humanos y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y a beneficiarse de este desarrollo” (Art. 1).

Dicho derecho implica asimismo un proceso de mejora permanente del bienestar y de la calidad de vida de todos de manera justa y equitativa, tal y como se reconoce en el Preámbulo de dicha Declaración:

“un proceso económico, social, cultural y político global, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan” .

El objetivo de lograr el bienestar para todos, así como un nivel o calidad de vida que lo garantice, ya aparece contemplado en la DUDH:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25.1).

Asimismo, otro artículo de la DUDH que se encuentra muy directamente vinculado con el derecho al desarrollo, en la medida en que expresa el alcance global o universal de los derechos humanos, declara:

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos" (Art. 28).

Este artículo nos remite implícitamente a la necesidad de la cooperación a escala internacional, que se menciona explícitamente en el artículo 22 de la DUDH, así como en los artículos 3 y 4 de la DDD. Esta serie de artículos nos muestra que existe una correlación o paralelismo entre la DUDH y la DDD en la medida en que esta última profundiza y completa ciertos contenidos de aquélla, en particular, en lo que se refiere a los derechos económicos y sociales y a la cooperación internacional.

En este sentido, los contenidos de los artículos de ambas Declaraciones, entre los que destaca el concepto de dignidad, tan inherente a los derechos humanos (el derecho al desarrollo podría definirse como el derecho a una vida digna) remiten a una matriz común de la que derivan: la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, que es el documento constituyente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la vez una convención internacional que codifica los principios fundamentales que deben regir las relaciones internacionales. Dicha Carta un orden jurídico internacional y, por lo tanto, con carácter vinculante y obligatorio para los Estados y demás actores en el contexto internacional, carácter del que carecen, al menos formalmente, la DUDH y la DDD, aunque no por ello dejan de ser compromisos políticos asumidos por los Estados de actuar conforme a lo declarado.

En dicha Carta figuran a lo largo de su articulado toda una serie de principios y propósitos muy vinculados a la idea de desarrollo: En particular, procede señalar el Preámbulo, el artículo 1 y los artículos 55 a 60 (capítulo IX). Concretamente, el artículo 55 afirma lo siguiente:

"con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y de bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y amistosas, basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos , la Organización promoverá:

a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social ;

b) la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos, así como la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y

c) el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.”

Podemos observar que en este artículo se condensan buena parte de los elementos clave, ya señalados, para dar sentido y contenido al concepto de desarrollo (“económico y social”), aunque todavía no se conciba como un derecho específico. Asimismo, figura un principio de especial relevancia para el derecho al desarrollo, la “libre determinación de los pueblos”, el cual no se contempla en la DUDH 3 , sino que tendrá que esperar casi dos decenios para ser reconocido como derecho humano fundamental en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, y que entraron en vigor en enero de 1976, también con carácter jurídicamente vinculante por tener rango de tratados internacionales. En su artículo 1, común a ambos Pactos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se prescribe lo siguiente:

“1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural ”.

1.2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales … En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”

Podemos observar como el concepto de desarrollo (“económico, social y cultural”) está bien presente, en un lugar relevante, estrechamente vinculado con el derecho de libre determinación de los pueblos. Además, d icho derecho implica el control soberano de los recursos y riquezas naturales en la medida en que constituye una condición necesaria para hacer efectivo el derecho al desarrollo 4 . En este sentido, Kéba M’Baye, uno de los precursores del derecho al desarrollo, considera que "la libre disposición de las riquezas y recursos naturales es el corolario del principio de la libertad de los pueblos a disponer de ellos mismos" 5 . Actualmente, este aspecto es particularmente pertinente debido a que las empresas transnacionales suelen ignorarlo e incumplirlo en gran parte del Tercer Mundo, a pesar de que es reiterado en textos como la DDD (Preámbulo y Art. 1.2.).

Esta evolución del Derecho Internacional se debe, entre otras cosas, a que a partir del decenio de los cincuenta del pasado siglo tuvieron lugar eventos como la Conferencia de Bandung (Indonesia, 1955), la primera conferencia de Países No Alineados (entonces 29), es decir, países recién descolonizados que, para desmarcarse respecto de EE.UU., URSS y su “guerra fría”, dieron origen al denominado “Tercer Mundo”. Su número irá creciendo (“Grupo de los 77” en 1964 hasta alcanzar en algunos momentos 130). En 1961 tuvo lugar la Conferencia de Belgrado, en la que se institucionaliza el “Movimiento de los No Alineados”, que culminará en 1962 con la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUCD), la cual se celebró en 1964, y que se establecerá como órgano permanente y subsidiario de la Asamblea General (Resolución 1995). En ella se destacó el comercio internacional como instrumento necesario del desarrollo económico. Pero los países más ricos se desmarcaron y prefirieron potenciar los GATT, precedente de la actual OMC, como lugar más idóneo para imponer sus criterios sobre el comercio 6 .

Otros textos a destacar serían, por ejemplo, la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Pueblos y Países Colonizados de 1960 7 , que supone un preludio del reconocimiento universal del derecho de autodeterminación de los pueblos (PIDCP y PIDESC) y la proclamación del primer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo 8 . Posteriormente, se han proclamado otros tres, hasta el año 2000, en el cual se proclamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), los cuales llevan camino de correr la misma suerte en cuanto a su escasa efectividad 9 .

Tras la adopción de los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos (PIDCP y PIDESC) , también son reseñables de cara a concretar las obligaciones de los Estados y de la Comunidad Internacional para combatir el subdesarrollo y las relaciones de dependencia y subordinación de los pueblos del Tercer Mundo son, por ejemplo, la Declaración relativa al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) 10 , en la que se destaca que no bastan las ayudas por parte de los países ricos, puesto que las causas del subdesarrollo se encuentran más bien en unas relaciones económicas y comerciales injustas y desequilibradas entre los países ricos y pobres, por lo que deben reformarse en profundidad las normas que regulan dichas relaciones a nivel internacional. Asimismo, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados 11 , donde se determinan las obligaciones jurídicas de los Estados en lo que se refiere al desarrollo económico, social y cultural de sus pueblos (Arts. 7 y 8), así como la Resolución sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 12 , en el mismo sentido.

Siguiendo esta trayectoria, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 26 de junio de 1981, que entró en vigor en 1986, se anticipó a la DDD de Naciones Unidas al considerar el desarrollo como un derecho de los pueblos cuyo correlativo deber de garantizarlo corresponde a los Estados:

“ Art. 22.1: “Todos los pueblos tienen el derecho a su desarrollo económico, social y cultural, en el respecto estricto de su libertad e identidad, y al disfrute equitativo del patrimonio común de la humanidad”.

Art. 22.2: “Los Estados tienen el deber, separadamente o en cooperación, de asegurar el ejercicio del derecho al desarrollo”.

Tras la adopción de la DDD en 1986, de la que ya hemos hablado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió iniciar en 1990 su serie anual de Informes sobre Desarrollo Humano, documentos de referencia imprescindibles para abordar la realidad de la problemática en torno al derecho al desarrollo y su puesta en ejercicio. En 1992, tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, a partir de la cual el derecho al desarrollo adquiere una nueva dimensión, la de sostenibilidad, es decir, el desarrollo debe garantizar no sólo la satisfacción de las necesidades y el bienestar de las generaciones presentes sino también el de las generaciones futuras.

Esta visión se ha ido consolidando y perfilando en las sucesivas conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas en distintas ciudades del mundo 13 y orientadas hacia los diferentes aspectos del desarrollo en su dimensión humana y sostenible, entre las que destaca la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la cual aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena, cuyo párrafo I.10:

"reafirma al derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales".

Los obstáculos

E l contexto histórico actual se caracteriza por la denominada “mundialización” o “globalización”, predominantemente comercial y financiera, y sin olvidar su imprescindible componente militar. Dicho fenómeno está provocando que la desigualdad económica y social aumente por doquier, incluso en los países más ricos, y sus principales perdedores son los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, tal y como se refleja en los informes sobre desarrollo humano del PNUD, entre otros. Asimismo, d icha globalización o mundialización conlleva una gran ofensiva para extender por todos los rincones del planeta y en todos los ámbitos de la actividad humana los valores e intereses de los grupos y fuerzas hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas en una versión ultraliberal (el denominado “neoliberalismo” 14 ). Dichos grupos y fuerzas están constituidos por los Estados más ricos e industrializados, encabezados por Estados Unidos de América (EE.UU.) y su aparato militar, las instituciones financieras y comerciales internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, principalmente), todos ellos bajo la tutela de las empresas y bancos transnacionales 15.

Como consecuencia de ello, está agravándose cada vez más el i ntercambio comercial injusto y desequilibrado entre los Estados, los bancos y las empresas transnacionales de los países ricos del “centro” (triada: EE.UU., UE, Japón), por una parte, y los países pobres de la “periferia” o “tercer mundo”, por la otra, facilitado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus normas de “libre comercio”, junto a su “tribunal” para la resolución de conflictos. La enorme presión ejercida en orden a la apertura total de los mercados de los países pobres a los productos exportados por los ricos acarrea el hundimiento de sus mercados al no poder “competir” en igualdad de condiciones con las empresas transnacionales y sus productos,subvencionados por los Estados más ricos, quienes en un solemne ejercicio de hipocresía continúan exigiendo (forzando) a los países pobres que no sean “proteccionistas” mientras ellos no dudan en mantener múltiples barreras proteccionistas a los productos exportados por los países pobres (Política Agrícola Común en la Unión Europea y normas análogas en EE.UU. y Japón).

Asimismo, para los países del Tercer Mundo, la globalización o mundialización neoliberal implica una nueva forma de colonialismo: el reembolso de la deuda externa. Dicha deuda tiene su origen en los préstamos de las instituciones financieras internacionales y de los bancos privados transnacionales para financiar supuestos proyectos de desarrollo. Para garantizar el reembolso de la deuda contraída, más los intereses, dichos bancos e instituciones financieras exigen por medio de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la estricta aplicación de rígidas políticas económicas denominadas de ajuste estructural, posteriormente rebautizadas con el engañoso nombre de estrategias de lucha contra la pobreza, en los países pobres fuertemente endeudados y con escasos recursos financieros. Y, en efecto, dichas políticas de ajuste plantean como objetivo principal el efectuar los pagos correspondientes al reembolso de la “deuda externa”, la cual en numerosos casos es deuda odiosa e ilegítima, e incluso formalmente nula 16.

El pago del servicio de la deuda externa (capital + intereses) permite que la transferencia de capitales sea, hoy en día, predominantemente desde el Sur o Periferia, cada vez más pobre y endeudado, hacia el Norte o Centro, rico e industrializado, y no al revés, como debería suceder si se quiere hacer realidad el desarrollo en el Tercer Mundo. Se calcula que entre 1980 y 2006 la cantidad transferida desde los países “en desarrollo” a los países “desarrollados” en concepto del servicio de la deuda externa se eleva a 7.673,7 miles de millones de dólares, lo que no ha impedido que el saldo de dicha deuda haya aumentado de 617,8 miles de millones de dólares en 1980 a 3.150,6 miles de millones en 2006, según el Fondo Monetario Internacional, y se estima un aumento hasta 3.350 miles de millones en 2007 17 . Particularmente sangrante es el caso de África, donde el grado de empobrecimiento alcanza sus mayores cotas, pues en el mismo período (1980 2006) dicho continente “exportó” capitales por valor de 675,3 miles de millones de dólares en concepto de reembolso del servicio de la deuda. De este modo, el reembolso de la deuda externa por parte del Tercer Mundo se convierte en un instrumento para perpetuar su dominación económica y política, junto al ya mencionado intercambio comercial desequilibrado e injusto 18 .

Asimismo, debemos aludir un hecho que está afectando en pleno núcleo del dominio de las fuerzas y grupos hegemónicos: las crisis financieras que padecen los grandes bancos transnacionales de los países ricos, debido en gran medida a su actividad predominantemente especulativa, facilitada por uno de los emblemas de la actual globalización o mundialización neoliberal, es decir, la libertad de circulación de capitales. En efecto, el actual proceso de globalización se centra en el mundo financiero a gran escala, cuyos principales protagonistas son los bancos y empresas transnacionales, quienes se han convertido asimismo en grandes especuladores. De este modo, el desmesurado incremento de capital en circulación no se corresponde en absoluto con la economía real o productiva.

En lo que se refiere al Tercer Mundo, este fenómeno favorece todo tipo de capitales especulativos dispuestos a abandonar los países de “alto riesgo” (es decir, los más pobres) con la misma rapidez que entraron, es decir, a la mínima señal de “alarma”, hundiendo aún más en la miseria a los más pobres de dichos países. Esto sucedió en el decenio de los noventa en los países entonces denominados “tigres asiáticos” (Tailandia, Indonesia, Taiwán, Corea, etc.), elogiados desde la metrópoli como modelo de crecimiento económico y “prueba” del éxito de las recetas neoliberales. Dicha crisis se simultaneó con otras similares en América Latina (México, Brasil, Argentina) y en países como Rusia, ante la pasividad e impotencia de las instituciones financieras internacionales (FMI, BM). Crisis periódicas y repetitivas que se suceden cíclicamente, y que son consustanciales al sistema económico dominante. Ahora le toca el turno a la “metrópoli”. Por su propia naturaleza, el capital privado “financiarizado” se inclina por la mayor rentabilidad en el menor plazo y por la garantía de que las ganancias así obtenidas sean “repatriadas” a sus lugares de origen en vez de reinvertirse allá donde se obtuvieron dichas ganancias.

A esto se añade que el importe de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en términos de porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) de los Estados de los países más ricos e industrializados, continúa estando muy por debajo de la cifra del 0,7% a la que se vienen comprometiendo desde hace ya tres décadas. Recientes datos muestran un descenso de dicha ayuda en un 5% en 2006, situándose en el 0,3% para el conjunto de los países donantes. Además, en esta cuantía se incluyen anulaciones parciales de deuda que consisten fundamentalmente en operaciones meramente contables y que tienen como destinatarios a países como Nigeria o Irak, es decir, que obedecen más bien a intereses geoestratégicos de los países donantes. Así, por ejemplo, se calcula que en torno al 30% de la AOD europea consiste en este tipo de ayuda fraudulenta, dado que en la AOD sólo deberían incluirse las cantidades donadas en función de las necesidades reales de las poblaciones de los países receptores de dicha ayuda y no en función de los intereses de los gobiernos de los países donantes o de sus empresas transnacionales 19.

Las alternativas

En primer lugar, hay que destacar la prioridad de disponer de servicios sociales básicos para todos, principalmente para los más pobres, lo cual constituye un elemento esencial en cualquier estrategia de lucha contra la pobreza. Estos servicios sociales deben comprender, por ejemplo, la alimentación suficiente, la atención sanitaria, la educación básica, la salud de la reproducción y la planificación familiar, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en viviendas adecuadas, entre otros. Para ello se requiere, en general, la elaboración y aplicación de medidas a escala nacional e internacional para, por un lado, movilizar los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios en pro del modelo de desarrollo humano y sostenible y, por el otro, la protección y promoción de los derechos e intereses de los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos.

En este sentido, y e n orden a establecer unas relaciones comerciales más justas y equilibradas entre países ricos y pobres, deben potenciarse propuestas como el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) frente a la OMC o sus sucedáneos a escala regional o continental, como el ALCA (Asociación para el Libre Cambio de las Américas), que promueven EE.UU. y sus empresas transnacionales. En efecto, el ALBA está mucho más enfocado en satisfacer necesidades sociales y en cumplir los objetivos que se marcan en la DDD. Para ello se prevé destinar buena parte de los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos naturales, como el petróleo u otros que abundan en la zona, así como de su incipiente desarrollo industrial.

En lo que se refiere a la deuda externa, serían necesarias medidas encaminadas a abolir o anular y no sólo “aliviar” o “aligerar” la deuda externa de los países menos desarrollados. En este sentido, deberían llevarse a cabo, por ejemplo, auditorías para determinar el origen de dicha deuda, pues en gran parte es de naturaleza odiosa e ilegítima por ser fruto de decisiones y actos ilícitos y fraudulentos cometidos por gobernantes corruptos y altos cargos de instituciones internacionales, así como de empresas y bancos transnacionales, para su exclusivo beneficio 20 . Asimismo, debería anteponerse la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de la población al reembolso de la deuda externa a la hora de asignar los recursos presupuestarios e incluso, si procede, alegar el estado de necesidad o de fuerza mayor, debido a la escasez de dichos recursos, a fin de suspender el reembolso de la citada deuda.

Una alternativa sumamente interesante consiste en la creación de un Banco del Sur para los países del Tercer Mundo, de modo que éstos puedan colocar sus reservas de divisas en dicho Banco y no en bonos del Tesoro de EE.UU. Asimismo, dicho banco debe proteger a estos países contra los ataques especulativos por parte de capitales procedentes de los países ricos y ayudarles en sus problemas de liquidez, es decir, una especie de “FMI del Sur”. En este sentido, el Banco del Sur también tendría como objetivos, por ejemplo, romper la dependencia y subordinación de los países periféricos respecto del mercado financiero internacional y canalizar las inversiones, el ahorro interno y en general todos sus recursos en función de su propio desarrollo y de las necesidades reales de su población, en particular de los más vulnerables. Se trataría obviamente de un banco público alternativo al Banco Mundial y al FMI y estaría financiado principalmente por aportaciones de los Estados miembros, a las que podrían añadirse ingresos fiscales obtenidos mediante impuestos internacionales. Los destinatarios de los créditos y donaciones del Banco del Sur deben ser prioritariamente instituciones o empresas públicas prestatarias de servicios públicos y, en todo caso, debe evitarse que dicho Banco se utilice para administrar o reembolsar el servicio de la deuda externa.

Asimismo, es necesario reformar a fondo instituciones internacionales como el FMI, el BM y la OMC, o reemplazarlas por otras más democráticas. Por otro lado, debe establecerse un marco jurídico internacional de obligado cumplimiento que regule la actividad de las empresas y bancos transnacionales, y no un mero “código de buenas prácticas” fijado y supervisado por ellos mismos. También deben establecerse sistemas de tributación internacional, es decir, normas y obligaciones plenamente jurídicas, y no meramente donaciones, para financiar programas de desarrollo. En particular, dichos sistemas tributarios internacionales deben ser plenamente aplicables en los denominados “paraísos fiscales” 21 .

Una vez más, procede reiterar el compromiso de los países ricos de destinar el 0,7% de su PNB a AOD para estimular el desarrollo de los países pobres y de éste dedicar al menos el 0,15% (20% del 0,7%) para los países más pobres (Países Menos Avanzados), concretamente para programas y proyectos de desarrollo encaminados a lograr el acceso universal a servicios públicos que permitan la satisfacción de las necesidades básicas y a combatir los peores efectos de la pobreza. .

Otra alternativa relevante se refiere al desarme: si se llevaran a cabo políticas para hacerlo efectivo, ello permitiría canalizar hacia políticas de desarrollo una enorme cantidad de recursos 22 . De hecho, en 2006 los gastos en armamento superaron en 11,6 veces la cantidad destinada a AOD. Tales recursos, facilitarían enormemente llevar a cabo medidas específicas para combatir enfermedades que se cobran un elevado número de vidas humanas (SIDA, malaria, por ejemplo) y para reducir los efectos desmesurados de los desastres y catástrofes naturales en dichos países.

Asimismo, hay que mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre del año 2000. En dichos objetivos los líderes mundiales (participaron en total 189 Estados) fijaron una serie de metas a lograr en plazos definidos y cuyo progreso hacia su realización fuera mensurable. Dichas metas y objetivos consisten básicamente en la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades endémicas, el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Entre los objetivos citados figura el reducir a la mitad el número de personas que subsisten con menos de un dólar diario para el año 2015. En la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en el año 2002, se insistió particularmente en las metas encaminadas a reducir el número de personas que carecen de acceso al agua potable y de saneamiento e higiene básicos, entre otros. Sin embargo, son múltiples las voces que manifiestan abiertamente su pesimismo al respecto, en la medida en que no se están llevando a cabo profundas reformas en el proceso de globalización o mundialización económica imperante, que no hace sino ahondar más y más la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres no sólo a escala mundial, sino también en el interior de cada país, incluidos los más ricos e industrializados.

Conclusión

Así pues, en un mundo como el actual, resulta pertinente reivindicar el derecho al desarrollo para todos, especialmente para los más vulnerables y desfavorecidos, y contra la pobreza; a un medio ambiente sano y a preservarlo ante el deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios; a la existencia de un patrimonio común de la humanidad que, asimismo, debe preservarse y del que debemos beneficiarnos todos, en contra de su privatización; a la asistencia humanitaria ante situaciones de extrema gravedad (desastres naturales, conflictos bélicos u otros), y a la paz y a la seguridad, contra la guerra y contra la violación de los derechos humanos. Estos derechos suelen denominarse “derechos de tercera generación” o “derechos de solidaridad” porque mediante ellos se pone de relieve la necesaria cooperación y solidaridad que debe existir entre todos los seres humanos a la hora de hacer respetar, proteger y promover aquellos valores y aspiraciones que se consideran comunes a todos (universales), conforme al espíritu y a la letra de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. En efecto, se requiere la contribución de todos los individuos y de todos los pueblos en un esfuerzo coordinado, conscientes de la existencia de una responsabilidad común y solidaria, así como el espíritu de cooperación necesario para hacer realidad estos derechos, aunque ello parezca cada vez más difícil en el contexto de un modelo de mundialización o globalización que, en general, prima y fomenta más bien lo contrario, es decir, la competitividad, la confrontación, el egoísmo, la unilateralidad y, en definitiva, la guerra de todos contra todos.

Notas

Este artículo figura en la “Revista Española de Desarrollo y Cooperación”, núm. 23, invierno de 2008, Madrid, que versa sobre derechos humanos y desarrollo.

Nicolás Angulo Sánchez es Doctor en Derecho y autor de El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, Iepala, Madrid 2005 (Reseña en “Revista Futuros”, núm. 13, 2006, vol. 4 ( http://www.revistafuturos.info/resenas/resenas13/derecho_desarrollo.htm ).

3 La DUDH sólo reconoce derechos individuales debido a que los Estados “occidentales” capitalistas impusieron su manera de entender los derechos humanos, es decir, según la doctrina liberal individualista, entre otras razones porque buena parte de dichos Estados mantenían entonces sometidos bajo régimen colonial multitud de pueblos y territorios, que más tarde constituirían el “Tercer Mundo” al descolonizarse y donde tales derechos humanos ni se reconocían ni se respetaban a las poblaciones autóctonas.

4 Véase KUNANAYAKAM, Tamara: “Pour un nouvel ordre internacional”, en Quel développement ? Quelle coopération internationale ? , CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), Ginebra 2007, p. 14.

5 Véase M'BAYE, Kéba: “Le droit au développement comme un droit de l'homme”, lección inaugural de la tercera sesión de enseñanza del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, Estrasburgo, julio de 1972, publicado en Revue des droits de l'homme, A. Pédone, Paris 1972, p. 528).

6 Véase ONU: Droits pour tous ou loi du plus fort?, CETIM, Ginebra, 2005, capítulo 8, págs. 197-231.

7 Resolución 1514 (XV), 14 de diciembre de 1960, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

8 Resolución 1710 (XVI), 19 Diciembre 1961, de la Asamblea General de las Naciones Unidas

9 No ha lugar en este artículo para una enumeración exhaustiva de todos los textos relacionados con este tema, por lo que me remito a mi libro El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, op. cit., págs. 19-51.

10 Resolución 3201(S-VI), y su Programa de Acción, 3202(S-VI), 1 de mayo de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

11 Resolución 3281 (XXIX), 12 de diciembre de 1974, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

12 Resolución 3362 (S-VII), 16 de septiembre de 1975, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

13 Para una enumeración resumida de éstas y sus conclusiones, véase del autor: “ El Desarrollo como Derecho Humano” en Entelequia. Revista Interdisciplinar, núm. 6, Primavera 2008, págs. 291-300 (http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e06a12.pdf).

14 Véase HARVEY, David: Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid 2007.

15 Véase ZIEGLER, Jean: Los nuevos amos del mundo , Destino, Barcelona 2003.

16 Véase RUIZ DIAZ BALBUENA, Hugo: “Deuda odiosa o deuda nula”, en (http://www.cadtm.org/), así como Le Droit internacional, instrument de lutte?, CADTM y Syllepse, Paris 2005.

17 Véase el comunicado del CETIM (Centro Europa Tercer Mundo) con motivo del cuarto período de sesiones, 2007, del Consejo de Derechos Humanos, titulado “La deuda externa de los países en desarrollo” (http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=276).

18 Véase “ Raisons et déraisons de la dette. Le point de vue du Sud ” en Alternatives Sud , Vol. IX (2002), núm. 23, Centre Tricontinental (Louvain-La-Neuve, Belgique) y L'Harmattan (Paris).

19 Véase comunicado de prensa emitido en Paris (Dépêche AFP), el 3 de abril de 2007, por parte de varias agrupaciones de ONGs (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2558).

20 Véase ¡Investiguemos la deuda! Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo, AAJ, ATTAC (Uruguay), CADTM, CETIM, COTMEC, Auditoria Cidada da Divida (Brasil), Emaús Internacional, EURODAD, Jubileo Sur, South Centre, edit. CETIM y CADTM, Ginebra y Lieja 2006.

21 Los “paraísos fiscales” permiten a los más ricos eludir el pago de tributos, privando así a los Estados de los recursos que requieren los servicios públicos para atender las necesidades básicas de los más pobres, y además facilitan la fuga de capitales, en muchos casos conseguidos de manera ilícita.

22 Véase del autor “Paz, seguridad, desarme, desarrollo y derechos humanos”, en Textos de Economía, Paz y Seguridad, Vol 1, Nº 3, (http://www.eumed.net/rev/tepys/03/nas.htm).