domingo, 25 de noviembre de 2012

Es legítimo rebelarse contra poderes tiránicos

Lo que comenzó con manifestaciones de indignación en las calles de las ciudades españolas ha alcanzado a asociaciones de Magistrados, de Abogados, de Fiscales y de Secretarios judiciales. Hasta de Ayuntamientos que han retirado sus fondos de los bancos responsables de desahucios a miles de familias vulnerables. Aparte de más de 300.000 ejecuciones y “lanzamientos” de locales y espacios de trabajo.
 
Muchos se mofaron y nos llamaron “perro-flautas” a quienes participábamos en manifestaciones contra la corrupción. Por la política de un gobierno que traicionó el compromiso de su programa electoral convirtiendo su legitimidad de origen en ilegitimidad de ejercicio.
 
Como profesor de universidad, jurista, periodista en ejercicio y fundador de una de las ONG más importantes desde la Universidad complutense de Madrid, y en otras universidades de España, me he sentido agredido e interpelado por unos políticos al servicio de la banca y de los llamados “mercados” que imponían la descomposición del Estado de Bienestar social y hasta del Estado de derecho.
 
¿Cómo si no interpretar los cinco millones de personas sin empleo en una población de 40 millones? ¿Cómo no reaccionar ante el ataque a la educación, desde primaria hasta la investigación en universidades y centros de prestigio internacional que ven sus fondos saqueados? ¿Cómo, habiendo alcanzado el cuarto pilar del Estado de Bienestar con la Ley de Ayuda a personas dependientes, comprobamos los recortes en sanidad y la privatización de los mejores hospitales? En un país con enorme prestigio en la formación y el ejercicio de sus médicos, enfermeras, ayudantes sanitarios y en la atención médica a todos los residentes en territorio español.*_ _*
 
Se incrementan los suicidios ante la angustia de no poder garantizar el sustento a sus familias, estudios, medicamentos y la gratuidad en la defensa jurídica.
 
La insaciable codicia de los /banksters/ ha llevado a la ruina a millones de personas que habían confiado sus ahorros a Cajas y a bancos que se enriquecieron durante la burbuja inmobiliaria.
 
Han impuesto a un gobierno de derribo la ayuda con fondos de la Unión Europea de 40.000 millones de euros para “sanear” lo que llaman “bancos malos” en donde han concentrado los desechos de sus sentinas.
 
Nuestros bancos tienen un historial de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, de la droga y de evasiones de impuestos. Con razón se habla de /banksters/ al referirnos a responsables de envío de ingentes cantidades a paraísos fiscales.
 
Los ciudadanos hemos dicho /basta/ lanzándonos a las calles en manifestaciones multitudinarias de profesores de colegios y de universidades, de personal sanitario, de familias despojadas de sus viviendas sin aceptar la dación en pago ni admitir alquileres sociales.
 
¿Quiénes tildaron de demagógicos a millones de personas que utilizamos las redes de Internet para denunciar con datos que causan vergüenza y legítima ira en la sociedad de la información y de derechos humanos, políticos y sociales para todos?
 
Un país con la tradición, cultura e historia de España ha visto con bochorno a su Jefe de Estado pidiendo perdón por sus devaneos amorosos y cinegéticos, y a un yerno llevado ante los tribunales por delitos que encienden los ánimos de los ciudadanos.
 
Se han reído, desde 2008, cuando ya la crisis económica era una realidad, hasta que la brutalidad de un gobierno entregado a opacas fuerzas ajenas a nuestra comunidad social y política ejecutó el desastre. La ciudadanía ha dicho no y nos hemos alzado: indignados, primero; rebeldes, después y dispuestos a exigir el respeto a nuestros derechos por los medios que sean necesarios. Pues nadie está obligado a obedecer leyes injustas, por muy legales que parezcan.
 
También eran “legales” el /apartheid/ de Sudáfrica, la discriminación de indígenas y por el color de su piel, de mujeres en países despóticos y tiránicos pero ricos en hidrocarburos. Eran “legales” los campos de exterminio en la Alemania nazi, los gulags en la URSS, la revolución cultural en China, las castas en India, la apropiación de las mejores tierras arrancadas a los indígenas en Latinoamérica, África y Asia.
 
¿Acaso no eran “legales” las inhumanas colonizaciones de inmensos territorios en África, América y Oriente, y los gobiernos títeres con gobernantes corruptos que mantuvieron el saqueo de sus riquezas, y la explotación de sus gentes?
 
Ante los nuevos tiranos, hoy mercados y poderes financieros, no sólo es lícita la resistencia sino que se convierte en deber cuando aplastan a las gentes.
 
En España, y pronto en otros países oprimidos por sistemas financieros que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad y a los legítimos derechos a la búsqueda de la felicidad. De sabernos responsables y ciudadanos de la única patria que existe: en donde podamos vivir con dignidad.
 
- José Carlos García Fajardo es Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Director del Centro de Colaboraciones Solidarias <http://ccs.org.es/> (CCS)
Twitter: @CCS_Solidarios

Desahucios: ¿rescatar a los bancos, pero no a las personas?. Entrevista

La tragedia de los desahucios, con tres suicidios conocidos en su haber, ha acabado por hacer estallar la indignación popular, que no comprende como se puede rescatar con dinero público, al coste de una gran recesión, a la banca privada y que esos mismos bancos sean capaces de ejecutar contra los ciudadanos desahucios que les privan del derecho a la vivienda, les hunden en la miseria y les llevan, en algunos casos al suicidio. Tras las protestas provocadas por el último en Baracaldo, ha seguido una tragicomedia en la que la banca se adelantaba al gobierno en el anunció de una moratoria de dos años, PP y PSOE –responsables de la actual legislación permisiva con los desahucios- se reunían durante tres días para no llegar a ningún acuerdo y finalmente el Consejo de Ministros anunciaba un borrador de “medidas urgentes” que abrirán un debate parlamentario sobre como se cataloga a los pobres de necesidad que no puedan pagar sus hipotecas y cuanta carne se puede cortar sin derramar sangre, como en el Mercader de Venecia. Hemos seleccionado estos textos como orientación en esta situación de emergencia.
“Los desahucios son la prueba de que vivimos en una democracia descafeinada”
Ada Colau. Entrevista
Ada Colau (Barcelona, 1974) es la cara más visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Portavoz y una de las impulsoras del colectivo, lleva una década trabajando por el derecho a la vivienda. El jueves recibió a eldiario.es en Barcelona, pocas horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas del Gobierno contra los desahucios, y habló de la situación actual de la problemática de la vivienda. Colau se dirigía a Madrid al mediodía y ante la pregunta obligada de si iba a reunirse con el Gobierno o el PSOE, la activista no ha podido evitar reír y ha asegurado que todavía no se han puesto en contacto con la PAH. Más tarde, desde la capital, valoró como insuficientes las medidas del Gobierno.
¿Ha habido avances en el derecho a la vivienda en estos últimos días?
Creo que estamos avanzando ni que sea por la concienciación social que se ha producido. Hace cuatro años nadie tenía el tema de la vivienda como un problema de la crisis y ahora mismo está en el epicentro. Se ha avanzado a nivel de concienciación social, pero llega tarde y quien va por detrás de la sociedad, como es habitual, es el Estado, y aún nos queda por avanzar. Hoy [por ayer] se aprobarán medidas de urgencia en el Consejo de Ministros que seguramente serán algún avance, por lo menos para algunos colectivos afectados, pero en general no tocarán el núcleo del problema, con lo cual en el ámbito legislativo aún quedará mucho por regular para garantizar el derecho a la vivienda. Tendremos que seguir haciendo presión, pero en lo más difícil, que es la movilización social y la conciencia social, sí que estamos avanzando. Creo que ya ha calado profundamente que la vivienda es un derecho y una necesidad básica que se debe cubrir y que no se puede permitir una especulación abusiva sin ningún límite a costa de vulnerar los derechos de la mayoría de la población.
¿Qué soluciones proponéis?
Para garantizar el derecho a la vivienda se deberían hacer bastantes cosas, pero ahora mismo apostamos por medidas de urgencia, porque las reclama una situación de emergencia. Son la dación en pago, para que la gente no quede endeudada de por vida por culpa de la vivienda, y por otro lado la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual. Para nosotros es vulnerable toda aquella persona que no pueda pagar la hipoteca, y por lo tanto tendrían que pararse inmediatamente hasta que haya una solución a medio o largo plazo.
¿De qué tipo?
La solución tendría que pasar necesariamente por reutilizar las viviendas vacías que están en manos de las entidades financieras transformándolas en un parque de alquiler social. Ahora mismo tenemos una ocasión única. Hoy [por ayer] no solo se aprueban las medidas contra los desahucios, sino también el decreto del banco malo, y nos tememos que ratificaran lo que había anunciado el gobierno. Ya que el estado intervendrá y comprará casi 90 mil pisos vacíos en manos de entidades financieras, sería la ocasión ideal para convertir este banco malo en un banco bueno, en un banco social, y que los pisos pasen a régimen de alquiler para las personas que lo necesitan. Desgraciadamente, parece que el gobierno pretende ofrecer estas viviendas a inversores extranjeros para que se vuelva a especular con ellas. Nos tocará hacer mucha presión porque lo que es intolerable es estar en el país con más viviendas vacías de toda Europa y que sea el país donde más se desahucia y dónde menos realojos en régimen de alquiler social se producen. Es un contrasentido con el que hay que acabar de una vez por todas y si el gobierno no reacciona a tiempo, estoy segura que la ciudadanía, como ya lo está haciendo, será la que empiece a dar un uso social a estos pisos. Ya se están produciendo centenares de ocupaciones, algunas reivindicadas, otras no, porque la gente evidentemente no puede ver como llega el invierno y con sus hijos se quedan en la calle, cuando miles de pisos se están deteriorando, con lo cual se están produciendo muchas ocupaciones, y más que se producirán si no se interviene y se regulan estas viviendas para pasarlas a alquiler.
Hay quien dice que la dación en pago retroactiva...
¿Haría tambalear el sistema?
Sí.
El sistema se ha hundido solo. No hace falta que se apruebe la dación en pago para que se hunda nada. Las entidades financieras han hecho una gestión pésima de la política de créditos y del sector inmobiliario. Nos han hundido toda la economía, no solo a la gente afectada por la hipoteca o por las preferentes. Ya hemos rescatado las entidades financieras en tres ocasiones y ahora llega la cuarta, que será el banco malo. Una vez se las rescata porque han quebrado y han hundido la economía del país, lo mínimo es exigir alguna contrapartida social. A parte de esto, hay una demagogia absoluta con este tema. Algunos estudios económicos dicen que la dación podría costar como mucho 20 mil millones de euros, que este dinero ya se le ha dado a Bankia para rescatarla, y en cambio sigue siendo de las entidades que más desahucia y más ejecuta. Además, el agujero real de las entidades con el tema inmobiliario viene de las promotoras y las inmobiliarias. La Asociación Española de la Banca reconoce que la morosidad no pase del 3% en las viviendas familiares, que no es nada teniendo en cuenta el 26% de paro. Realmente donde tienen el problema de morosidad inmobiliaria es en las fallidas de inmobiliarias, que sí tienen derecho a la dación en pago, con unos activos que están mucho más desvalorizados, porque son solares y edificios a medio construir que no valen absolutamente nada, mientras las viviendas familiares son los activos que más valen porque son los que más demanda pueden tener. La morosidad en el sector inmobiliario es cuatro o cinco veces superior a las viviendas familiares. Regular la dación en pago significaría una victoria ciudadana y demostraría que efectivamente la presión social puede poner límites al poder financiero. Y no tienen más remedio, porque el país no saldrá de la crisis si centenares de miles de personas se quedan excluidas del sistema para siempre, condenadas a la economía sumergida, a la exclusión social.
Dice que serían medidas de urgencia.
Sí, son medidas de emergencia para la situación actual de los desahucios y las ejecuciones, pero en realidad, por ejemplo, hay que regular el alquiler, en un sentido muy distinto de lo que está haciendo el gobierno. Ahora mismo hay una reforma del alquiler en curso que pretende liberalizar aún más el alquiler, cuando se ha demostrado un fracaso. Tenemos uno de los alquileres más caros e inestables de toda Europa y precisamente esto es lo que ha llevado mucha gente a hipotecarse, porque el alquiler no era una opción estable en España. Hace falta un alquiler, todo lo contrario, más estable, con precios regulados como existe por ejemplo en Alemania, de manera que quien quiera hacer un plan de vida a largo plazo vea en el alquiler una alternativa real, no como ahora que al cabo de cinco años te pueden echar o triplicarte el precio. Entonces, es necesario regular el alquiler para que de seguridad a los inquilinos, en el sentido contrario de la reforma que ahora mismo está en curso por parte del gobierno.
¿Por qué ha sido ahora cuando se ha puesto este tema sobre la mesa?
Yo creo que, dentro de la dificultad del momento y de la gravedad de la situación, nos debemos felicitar, porque la movilización social ha liderado el debate sobre este tema. Lleva cuatro años luchando en las calles y haciendo lo que debería hacer la administración para parar los desahucios, para negociar con las entidades financieras, y todo este trabajo de presión, de negociación con las entidades y de visibilización de las demandas de la ciudadanía, ahora está teniendo efectos. Se ha ido concienciando, primero la voz de la gente afectada, porque cuando empezamos nadie sabía qué era la dación en pago, después todas las organizaciones sociales y sindicales han apoyado nuestras demandas, luego desde el ámbito institucional, centenares de ayuntamientos han aprobado mociones apoyando estas demandas. Finalmente, llegó el poder judicial, por definición conservador y prudente, posicionándose sobre la normativa vigente, y ha sido muy contundente, porque evidentemente la situación que ve en nuestros juzgados es muy grave. También ha llegado un informe de Naciones Unidas durísimo, que condena la política de vivienda del Estado español como una de las peores del mundo. Después un predictamen de la Unión Europea que denuncia que la legislación hipotecaria española es incompatible con la normativa básica europea. Y desgraciadamente, algunos casos de suicidios que han saltado a la opinión pública, aunque sabemos que hay más, y han acabado de crear la alarma social. Esto se ha trasladado a los medios y esta presión ha hecho que el gobierno tuviera que reaccionar. Lo que es lamentable es que el Partido Popular y el Partidos Socialista sean los últimos en llegar a este debate, cuando llevamos cuatro años interpelándolos y en estos cuatro años nunca nos han querido ni consultar ni recibir, no hemos recibido ni una llamada, y ahora pretenden ser ellos los que aprueben las medidas sin consultar a los que llevamos mucho tiempo trabajando el tema. No lo reclamamos porque fuéramos los primeros en decirlo, sino porque conocemos el problema de primera mano. Cada día nos reunimos con entidades, vamos al juzgado, nos reunimos con la gente afectada, … Así que conocemos muy bien cual es su perfil, cual está siendo la realidad de la negociación con las entidades financieras, y menospreciar esta experiencia y este conocimiento me parece bastante arrogante y miope por parte del gobierno.
¿La Iniciativa Legislativa Popular de la PAH puede ver se afectada ante las medidas urgentes del gobierno?
La ILP ha recogido más de 600.000 firmas, ya tiene las necesarias para tramitarse en el Congreso, pero queremos agotar el plazo que tenemos hasta final de enero para recoger un millón de firmas como mínimo y demostrar el auténtico apoyo social y las demandas que realmente quiere la ciudadanía, que no son las que está regulando el gobierno. En principio siguen tan vigentes como ahora, porque a la espera de lo que salga hoy [por ayer] del Consejo de Ministros, lo que se aprobará será una moratoria parcial de desahucios, que solo afectará a unos pocos colectivos, y no se está diciendo nada sobre la deuda. Hay centenares de miles de personas ya afectadas por una deuda de por vida y solo esto ya es un factor de exclusión social que provoca una situación de emergencia que se debe combatir. Solo esto ya es un motivo por el que la ILP mantiene toda su vigencia. El gobierno podría ser tan arrogante como para, además de no haber escuchado las demandas de la ciudadanía, ahora que se ha puesto a regular en esta materia, decir que no acepta debatir la ILP cuando llegue al Congreso porque ya ha tomado medidas en la cuestión de los desahucios. Pero igual que con el código De Guindos anunciaron a los cuatro vientos que aprobaban la dación en pago para la gente que lo necesitaba y se ha demostrado un fracaso absoluto, al que se han podido acoger poquísimas personas, yo creo que ahora también, si vuelven a tomar medidas demasiado parciales, que no abordan los problemas de fondo de la ley hipotecaria, nos volveremos a encontrar que a los pocos meses volveremos a tener oleadas de desahucios y centenares de miles de personas afectadas por una deuda de por vida. La realidad se impondrá y no podrán ignorar la ILP así como así.
¿ L a ILP es un buen mecanismo para cambiar la legislación?
En el España la ILP no es un gran mecanismo, pero es el único que hay de participación democrática. Vivimos en una democracia descafeinada que ofrece muy pocos mecanismos de participación, y son muy limitados e insuficientes. La ILP requiere un enorme esfuerzo porque te ponen muchas trabas burocráticas. Cuando haces todo este esfuerzo para recoger centenares de miles de firmas, llega al Congreso y no es vinculante, lo pueden descartar sin ni siquiera debatirlo. Por lo tanto, es claramente insuficiente, pero es el único mecanismo de participación para que sea la ciudadanía quien lleve directamente una propuesta de ley al Congreso sin pasar por un partido político.
Y habéis apostado por ello.
Nosotros como plataforma no somos ingenuos, sabemos que es totalmente insuficiente, pero también es una excusa de movilización, para llevar el debate social a la calle, y creemos que esto ha funcionado y los éxitos se están viendo. Pero a parte de esto, la ILP culmina un proceso en el que hemos agotado todas las vías democráticas de interpelación a la administración pública. A parte de parar desahucios, antes y después hablamos con servicios sociales, oficinas de vivienda, partidos políticos, ayuntamientos, recogemos firmas, … Realmente hemos agotado todas las vías que nos da el sistema para intentar resolver este problema. Si después de intentarlo todo y recoger las firmas, la administración pública sigue sin regular las medidas de mínimos para hacer frente al mayor problema de la gente afectada, estará justificando que la ciudadanía dé un paso adelante y suba el tono de las protestas. Evidentemente, no pararemos aquí. Hemos utilizado el mecanismo limitado de la ILP, pero si no lo escuchan, no nos quedaremos de brazo cruzados y tomaremos otras acciones de desobediencia civil, porque hay vidas en juego y no podemos estar a la espera que algún día el gobierno se dé cuenta de que hay que regular esto.
¿Qué papel juega la política institucional en esto?
Desde luego se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo, lo está demostrando la ciudadanía, que está forzando las entidades a negociar casos que antes no negociaban o parando los desahucios. Lo que es increíble es que la administración, que tiene muchos más recursos que la ciudadanía, no esté haciendo mucho más. Muchas administraciones locales o autonómicas te ponen la excusa de que es una competencia estatal y no está en sus manos, pero cuando hay una situación de emergencia cualquier administración tiene responsabilidad directa por lo que está pasando y de la acción o no-acción que tome. Si hay una situación de emergencia, como podría ser un terremoto o un desastre natural, el ayuntamiento no estaría esperando que el gobierno central lo autorice a intervenir. Debe hacerlo para proteger las vidas de las personas, ponerlas en un lugar seguro, pueden expropiarse viviendas que estén en mal estado, … Estamos en una situación parecida. 400.000 ejecuciones hipotecarias, centenares de miles de desahucios, con un 26% de paro es claramente una situación de emergencia, y los suicidios lo demuestran. Hace falta una intervención ya. Si el gobierno central no reacciona, las otras administraciones deberían estar interviniendo mucho más. Deberían estar expropiando usufructos de las viviendas vacías, para realojar las familias que lo necesiten, o presionando mucho más las entidades financieras, como el ayuntamiento de Tenerife, que ha retirado un millón y medio de euros de Bankia porque no aceptaba negociar unos casos de desahucios. Puede haber muchos ejemplos, desde donde pone el dinero la administración, a penalizaciones fiscales a los pisos vacíos, o expropiaciones temporales del usufructo. Hay muchas intervenciones que ahora mismo no se están explorando por cobardía política.
Le han propuesto presentarse a estas elecciones catalanas .
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds y la Candidatura d’Unitat Popular.
¿Por qué optó por no hacerlo?
No lo descarté de entrada porque alguna gente de mi entorno me dijo que lo considerara, porque estamos en un momento excepcional y difícil, en el que es importante que la voz de la gente que se está movilizando en la calle por los derechos sociales esté dentro del Parlament, pero sí dejé claro desde el principio que no haría ninguna acción individualmente. No creo en la política de fichajes individuales. Soy una cara algo más visible de una movilización mucha más amplia que no hubiera existido porque miles de personas están organizadas, se levantan cada día y madrugan para parar un desahucio o negociar con una entidad financiera. Yo sola no puedo hacer nada. La política de las individualidades es una política ficticia, del espectáculo, pero no es realmente transformadora. Aprecio la sensibilidad y creo que es positivo que haya partidos que reconozcan el protagonismo social y de alguna manera intenten vincularse a él. Creo que es una buena señal, pero no creo que sea la solución. La solución pasa por otro tipo de política, y es un trabajo que tendremos que hacer entre muchos a medio largo o plazo.
¿Qué tipo de política?
Para que haya una política realmente transformadora necesitamos procesos colectivos en los que el máximo de gente participe. Creo que estamos en una crisis de la democracia representativa, que los partidos son instituciones desfasadas, del siglo pasado, que no responden a la realidad actual. Necesitamos estructuras mucho más abiertas, mucho más participativas. De alguna manera, hay que refundar la democracia, porque estamos en un momento de crisis del paradigma político y económico. Las movilizaciones del 15-M han puesto esto claramente sobre la mesa. Necesitamos procesos realmente constituyentes, en los que participe el máximo de gente posible, y aquí muchas personas podríamos jugar un papel u otro en función de las necesidades del momento. Si hubiera un proceso así yo estaría dispuesta a participar como cualquier otra persona.
¿Qué reclamaría al Parlament que saldrá del 25-N?
Que empezara a abrir procesos para acabar con esta forma de representación rígida, en la que unas pocas decenas de personas se autoerigen la representación por haber recibido unos votos y la participación ciudadana queda excluida hasta pasados cuatro años. El Parlament tendría que abrirse a procesos de reforma estructural de la participación democrática para reconocer el protagonismo social de muchas movilizaciones sociales, que conocen los problemas directamente, que están trabajando las soluciones y por lo tanto no necesitan representantes sino un espacio de participación y decisión directa.
¿Y en lo referente a la vivienda?
Lo primero que tendría que hacer es separar esta dependencia de los poderes económicos fácticos. Ahora mismo hay una relación obscena de dependencia entre el poder político y el económico, hay una claudicación absoluta y los intereses de los grandes poderes económicos –no de la economía en general– deciden la política aparentemente democrática y hay que cortar ya este vínculo. En el caso de las hipotecas es clarísimo. Los dos partidos mayoritarios han estado bloqueando cualquier tipo de solución hasta ahora porque tienen una relación de dependencia con el poder financiero. Mientras esto sea así y exista esta puerta giratoria donde la gente pasa por política y acaba luego en un consejo de administración, la democracia plena no será posible.
Llega mi desahucio
Cristina Fallarás
A las 19.40 de este pasado martes sonó el timbre de la puerta. Abrió Lucas (10) y Pepa (4) salió corriendo a ver quién llegaba. Como al día siguiente tocaba huelga y no iban a ir al colegio, tenían ánimo de viernes.
-Mamá, es un señor.
Por las mañanas, cuando trabajo sola en casa, no suelo abrir la puerta. Las puertas de la mañana siempre abren malas noticias. Pero las ocho menos veinte de la tarde suelen traer amigos o un vecino al que se le ha caído un calcetín.
En cuanto enfrento al tipo del rellano sé lo que ha llegado.
-Le traigo una comunicación del juzgado.
Bajo el brazo derecho lleva un paquetón de folios, calculo que unos 300. Con la izquierda me tiende un papel.
-¿Es la orden de desahucio? –pregunto.
Llevo ya algún tiempo esperándola, desde que el BBVA me comunicó que si quería saber algo de mi hipoteca me pusiera en contacto con los servicios jurídicos. Cuando una oye en la oficina bancaria "servicios jurídicos" sabe que las cosas han pasado a un lugar en el que se manejan otras palabras, otros términos. Es una sensación similar a la que provocaban "las cosas de los mayores" en la primera adolescencia. Tendrás que vivirlas, vas a oírlas, pero lo esencial se te va a escapar.
-Bueno, más o menos –el tipo titubea–. Tiene usted que presentarse en el juzgado y firmarme esto.
-¿Y si no lo firmo?
-Le va a dar igual.
A lo lejos se oyen los primeros petardos, calentando una huelga general que alguna lumbrera, ya me da igual de qué partido, ha calificado de "huelga política", como si hubiera alguna huelga que no lo fuera. Qué sabrán.
-Niños, id tirando hacia el salón.
Firmo. Total… Firmo y agarro el paquetón de folios. Juzgado de Primera Instancia 4 Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Procedimiento Ejecución Hipotecaria xxx/2012 Sección 2C. Parte demandante BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Procurador IRENE SOLA SOLE. Parte demandada Cristina Fallarás Sánchez. Me detengo a pensar que el nombre del demandante y de la procuradora están escritos en mayúsculas y el mío, en minúsculas. Qué curioso las cosas que nos llaman la atención cuando la realidad se empina y hace frío.
Hay amigos en casa. Dejo el taco de folios sobre la repisa y hablo con ellos de las cosas de la huelga. He publicado un artículo donde enumero las razones –las primeras que me han venido a la cabeza, tengo muchas más— por las que me sumaré. Luego, les paso los folios y me voy a la galería. No quiero que se rompa la sensación que he conservado intacta durante los meses que lleva recorridos mi desahucio –un desahucio es un proceso largo, muy largo, en el que cuando interviene el juez tú ya andas un poco menos recta, esos crujidos por la noche—, la sensación que he guardado bien: no me puede pasar a mí, aunque diga que nos puede pasar a todos, aunque no pueda pagar, aunque esté entre los primeros despidos de la crisis, hace ya cuatro años. No quiero que se rompa la sensación de que si sigo trabajando, si sigo escribiendo, si sigo publicando pasará algo. ¿Qué? Yo qué sé.
Cuando empezó todo esto, mis amigos me preguntaban "¿Y qué harás si te desahucian?". Mi respuesta siempre era la misma: No puedo pensar en eso, tengo que seguir adelante, si dejo de pedalear me caigo. Cuando una persona deja de pagar su alquiler o su hipoteca es porque no tiene dinero para hacerlo. Parece de Perogrullo, ¿no? Cuando una persona no tiene dinero para pagar su casa, si se la quitas o si te la da –la dación en pago es una medida rastrera—, ¿dónde crees que puede ir? ¿Crees que alguien le va a alquilar un piso? Y en el lejanísimo caso de que así sea, ¿cómo va a pagarlo (de nuevo)?
Me siento en el ordenador de la galería. Creo que todas estas cosas hay que contarlas, como los despidos de embarazadas, como las diferencias de salarios, como cualquier abuso. Creo que hacerlas públicas ayuda a que hayamos llegado a este punto. Miserable, sí, pero punto al fin con información circulando. Así que enciendo el ordenador y, por inercia, me doy un paseo por los periódicos digitales.
Leo:
Me sorprende no sentir rabia. La furia con la que he vivido durante los últimos dos años ha dado paso a una sensación de desánimo, vergüenza y soledad. Aquellos a quienes los ciudadanos elegimos para que gestionaran este país no solo no han estado a la altura, sino que han desertado, han dado la espalda a las personas que dependen de ellos, de sus decisiones, de las leyes que dicten. Los unos y los otros, todos. Los ciudadanos españoles ya no creen en el papel de sus políticos. A mí me parece sencillamente que no hay Gobierno y me abruma este país que veo retroceder, con peineta y banqueros, hacia épocas que no recuerdo haber vivido.
Termino de escribir esto a las 23.45 de la noche de este martes pasado en el que me llegó la orden de desahucio. Un cuarto de hora antes de que empiece la segunda huelga general del año. Yo estuve ahí. Contra todos ellos. Política, claro
Cristina Fallarás es periodista y novelista. Ha colaborado con la cadena Ser, El Mundo y El Periódico de Cataluña. Su novela Las niñas perdidas fue premio Hammett de novela negra 2012. Publica el blog Ellas.



Comunicado de la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH): La banca dicta, el gobierno redacta un Decreto Ley

El Gobierno cede una vez más a la presión de la banca y anuncia medidas que excluyen a la mayoría de la gente afectada.

Con más de 400 mil ejecuciones hipotecarias, 350 mil desahucios a sus espaldas, #PPSOE ha llegado tarde y mal al drama de los desahucios. Durante una semana nos han mareado con el anuncio de negociaciones para paliar uno de los problemas más graves de la sociedad española y que solo ha salido a la luz gracias a la denuncia de las movilizaciones ciudadanas. #PPSOE no solo llegan tarde y mal, sino que no han sido capaces de llegar a un acuerdo.

Hoy jueves 15 de noviembre, el Gobierno ha decidido escurrir el bulto de una forma casi macabra aprobando un Decreto Ley llamado “anti-desahucios”, el cual paralizaría los desahucios durante dos años al estilo del célebre -por fracasado- Decreto “De Guindos”. Un Decreto Ley que se basado en : una artimaña basada supuestamente en criterios económicos y de vulnerabilidad, con el único fin de contentar a la banca y excluir por segunda vez a la mayoría de gente que está sufriendo este drama.

Hablando claro: han eludido establecer una moratoria de desahucios eficaz, una exigencia ciudadana unánime. Ni siquiera se han adoptado medidas como la que ya se ejecuta en Francia, donde cada año decretan moratoria invernal generalizada de los desahucios. Tal vez ni los tristemente fallecidos entrarían en los criterios de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y De Guindos. Tampoco entrarían otros centenares de miles de familias: por ejemplo una pareja con dos hijos menores de 4 y 6 años con un subsidio por desempleo de 420 euros que tiene fecha de desahucio fijada mañana.
Además, para esconder una de las claves, la retroactividad (¿qué pasa con las 350 mil familias desahuciadas?) anuncian la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler que se nutriría de las viviendas “robadas” a las familias. Se hace el anuncio, pero no se dice ni cuántas, ni cómo se crearía ese parque de vivienda social.

Todo lo demás… los centenares de miles de afectadas que no entran en el decreto, las deudas impagables de todos los afectados etc. puede y deberá esperar a la tramitación parlamentaria en el Congreso como proyecto de ley.
Ni una palabra sobre la ILP hipotecaria, que hoy mismo ha recibido la validación de la Oficina del Censo Electoral de 614.246 firmas presentadas hasta hoy. Ni una palabra de la PAH, ni un gesto para incluir a los afectados en las posibles soluciones, ni caso las propuestas que desde 2008 hemos puesto encima de la mesa: dación en pago retroactiva, stop desahucios y parque de vivienda de alquiler social (sujeto a renta).

La PAH y la mayoría de la sociedad lo tiene claro: todo era #PuroTeatro. La patronal de la banca dictó el decreto la semana pasada y el Gobierno redactó ahora lo que le manda “su amo”. Una vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca, todo lo otro son daños colaterales de la guerra del 1% contra el 99%. Las prisas por adjudicarse la exclusiva nos hace nuevamente ver cómo los intereses de muchos son usados en beneficio de unos pocos, sin cambiar la situación.

Pero también tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras.

La PAH continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora, es así como ha conseguido paralizar más de 500 desahucios frente a los 400.000 impulsados por las leyes injustas de #PPSOE. Seguiremos exigiendo que la moratoria se aplique a todas las familias, siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual.

No valen medidas publicitarias, ni pequeñas modificaciones que no aborden el problema de raíz. La PAH no aceptará rebajas ni medidas trampa. Las soluciones que la PAH lleva años exigiendo son claras:
        Dación en pago reatroactiva!
        Moratoria de desahucios inmediata!
        Alquiler social ya!
Nos avalan más de 600.00 firmas de la ILP donde quedan recogidas nuestras demandas de mínimos.


viernes, 23 de noviembre de 2012

Las otras deudas

Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.

En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.

Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima --aquella que es razonable pagar-- y deuda ilegítima --la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar--. Para cerrar el círculo, en fin, estamos obligados a certificar un dato sangrante que ilustra de manera fehaciente la condición de quienes nos gobiernan: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación general acometida en el último decenio --si desaparecen las normas desaparecen también los delitos--, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial.

De todo lo anterior hay que extraer lo que a mi entender es una conclusión obvia: sobran los motivos para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas que las instancias que están en el origen de ésta --bancos y cajas de ahorro-- siguen recibiendo. Como sobran las razones para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban definitivamente arrinconadas por la historia.

Me importa subrayar, eso sí, y ahora cambio de tercio, que la negativa a sacarle las castañas a bancos y cajas de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres.

La segunda de esas deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión.

La tercera, y última, de las deudas que estamos obligados a considerar es la que tenemos con los integrantes de las generaciones venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en el planeta Tierra. A unos y otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad.

Mientras rechazamos la deuda que nuestros gobernantes nos han endosado, hagamos por pagar estas tres onerosas deudas que cabo de mencionar. 

Carlos Taibo
Nuevo desorden

 

viernes, 16 de noviembre de 2012

Que nos quiten el pie de encima

Todos conocemos la amarga historia del borrico del gitano que, cuando ya estaba a punto de vivir sin comer, se murió por empecinado. Así está la sociedad más vulnerable en esta España gobernada por títeres al servicio de la banca y del gran capital. De esta forma pretenden transformar la plutocracia vigente (gobierno de los más ricos) en oligarquía y en oligopolio por derecho de pernada. Una falacia se impone mejor cuanto más monstruosa se muestre. Las mentiras pueden ser desmontables pero el horror es más eficaz cuanto más despersonalice a las gentes y las hagan sentirse culpables de sus desgracias. Es el terrible mito de la condena de quienes se han atrevido a pensar y a saberse responsables de sus vidas por dioses, que no existen.

Cuenta un avezado analista que el hecho gravísimo es que, en tanto no se embride a los bancos, no se podrá salir de la crisis. España está hipotecada por los bancos que hacen y deshacen. Los bancos son la expresión más genuina del capitalismo salvaje. Y no tienen alma ni sentimientos. El Ejército ha sido controlado, la Iglesia es como el banco del alma y del miedo al supuesto Más Allá. Pero los bancos son la durísima realidad, rayana en la usura. Son inmunes a todo castigo. No hay Gobierno que se atreva a legislar en su contra. Con los desahucios, a lo más que se ha llegado es a la limosna de posponer sus fraudulentos derechos, puesto que la dación en pago, desde el Derecho Romano, es lo único realmente legal, y lo demás, que no sea suficiente y que las vidas de los desahuciados queden hipotecadas a perpetuidad, fueron añadidos incorporados en las letras pequeñas de los contratos.

Como en el lodazal florecen nenúfares y lotos, la movilización social en España durante los últimos años ha sido grandiosa, ejemplar y hasta heroica al lanzarse a las calles para impedir los desahucios de familias sin recursos con ancianos, niños y hasta con personas discapacitadas o dependientes. Se enfrentaron a la violencia de las fuerzas de orden público, a los agentes judiciales y al silencio de los magistrados que ahora parecen haber despertado del sueño que mantuvieron.

Como figura paradigmática está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que considera “insuficiente” el decreto sobre desahucios y ve detrás manifiestas “presiones de la banca”.

Ada Colau, representante de esa plataforma denuncia que esa moratoria de dos años para casos excepcionales de vulnerabilidad es muy decepcionante. La presión social, sobre todo tras los suicidios habidos estas semanas, ha provocado que el Gobierno reaccione, pero las medidas anunciadas son insuficientes.

“Nosotros, dice, reclamamos y contamos con una Iniciativa Legislativa Popular firmada por 600.000 personas, que se aplique esa moratoria a todos los que no puedan pagar la hipoteca de su vivienda habitual por motivos de insolvencia económica sobrevenida por la crisis”.

El escándalo es que estas medidas quedan lejos de solucionar la deuda de las personas, 400.000 en los últimos años, que han sido desahuciadas y que siguen teniendo que pagar la hipoteca al banco. Lo que se necesita es que esas personas puedan entregar las llaves y su deuda sea condonada, que no perdonada.

Y así como para modificar nada menos que la Constitución española bastaron unos días para “limitar al 3% el déficit social”, por imposición de Bruselas, los desahucios no se han paralizado. La plataforma ha tenido que convocar a la gente para detener desalojos a pesar del anuncio de paralización. En algún caso, se ha parado por iniciativa del juzgado y en otros los han tenido que para los voluntarios sociales peleando a las puertas de los domicilios.

Esto constituye un logro de la sociedad civil, que ha conseguido movilizar a la opinión pública, por medio de Internet y a través de los medios de comunicación, aunque para ello haya habido que llegar a la pérdida de vidas humanas por suicidio.

Parece que, ante el dilema de si es más importante el pago de las deudas o las vidas humanas, la sociedad civil se alza sin dudar, a pesar del Bundesbank y de la opresión de los “mercados”. Mientras la Asociación de Banca se muestra satisfecha, el PSOE y la mayoría de partidos de izquierda, dolidos por no haber sido consultados, califican de “parche” la medida y dejan la puerta abierta para seguir negociando con el Gobierno, al tiempo que mantendrán contactos con otros colectivos.

A todo esto, la troika formada por FMI, Comisión europea y Banco Central Europeo, pretenden “echarnos una mano”, pero con palabras de Julius Nyherere, “la conciencia de África”, cuando era Presidente de Tanzania y enviados europeos pretendían entregarle una ayuda, respondió “No les pedimos que nos echen una mano, basta con que nos quiten el pie de encima”.

José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

jueves, 15 de noviembre de 2012

Europa: las huelgas de la dignidad

En 24 países de la Europa comunitaria, este 14 de noviembre se han convocado paros parciales, y en España, Portugal, Malta y Grecia los sindicatos se han decantado por la huelga general. Un malestar acompañado de indignación y, por qué no decirlo, de frustración, se adueña de las clases trabajadoras. Desde hace dos décadas, en Europa, de forma lenta pero continuada, desaparecen derechos considerados universales y de calidad. Asimilados como un logro de la democracia representativa y una sociedad más justa e igualitaria, pocos podrían haber vaticinado su defunción política. Hablamos de educación pública, salud universal, vivienda social, salarios dignos o trabajo estable. Hoy estos derechos se extinguen en medio de la algarabía de las clases dominantes. El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Joan Rosell, se mofa de las protestas y sus convocantes. No tienen propuestas y desde el punto de vista interior, y todavía más desde el punto de vista exterior, la huelga supone un torpedo contra la recuperación. Dicho argumento lo acompaña con su frase preferida: se acabó el café para todos, aludiendo a la necesidad de acabar definitivamente con el Estado de bienestar. Rosell, acusa a la clase trabajadora de vivir del desempleo y aprovecharse de la buena voluntad de empresarios honrados que trabajan 14 o 16 horas al día, mientras el obrero sólo lo hace ocho horas y protegido por una legislación paternalista. Lo que no dice Rosell es que la CEOE ha recibido 20 mil millones en subvenciones del Instituto de Crédito Oficial en 2012, y la banca, 50 mil millones. Rosell no tiene empacho. Según su teoría, los trabajadores son responsables, en gran medida, de la crisis. Han vivido por encima de sus posibilidades. Hoy deben pagar la factura.
 
La política de austeridad diseñada por el capital financiero y las burguesías trasnacionales no tiene límite, engullendo y desprendiéndose de lo considerado superfluo. Entre lo prescindible se hallan personas jóvenes, ancianos, trabajadores, campesinos, familias y emigrantes. Pero también instituciones. Universidades, polideportivos municipales, centros de salud primaria, oficinas de empleo público. Ambos, personas e instituciones, son un obstáculo en su camino por lograr el control de la sociedad. Hay que dejar paso libre a las compañías de seguros privados, de trabajo temporal. La educación se transforma en un negocio. Todo se mide en función del beneficio económico. No hay consideraciones sociales, sólo monetarias.

En este contexto, millones de ciudadanos, por primera vez en la historia contemporánea de Europa occidental, deciden salir a la calle y levantar juntos su voz contra las políticas de austeridad y recortes diseñadas por Alemania, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los países del G-8. Políticas cuyo resultado es un incremento de la pobreza, reapareciendo el hambre, la desnutrición y las enfermedades de salud pública, piojos, liendres y, como broche de oro, el sarampión.

En España, el desamparo que supone perder el empleo y la imposibilidad de seguir pagando alquiler y préstamo hipotecario se traduce en miles de órdenes de embargo y desahucio. Familias enteras se han quedado en la calle, sin techo, sin medios para sobrevivir ni cobertura sanitaria. La acción depredadora de los bancos, en complicidad con los grandes partidos y sus gobiernos, les permite seguir actuando con total impunidad. Pero las entidades financieras no están conformes: exigen más y más. Ahora piden la cabeza de los avalistas, quienes son desposeídos de sus bienes. Es la otra parte de la historia. Padres que estamparon su firma apoyando la hipoteca de sus hijos se ven sometidos al mismo proceso. Embargados y expulsados de sus casas se convierten en víctimas propicias de contratos usureros y perversos. Por el precio de una, los bancos obtienen dos viviendas. Ahora nos encontramos con personas que han estado toda una vida trabajando, ahorrando, que han pagado sus letras, que tienen el piso en propiedad, sin cargas, con edades comprendidas entre 50 y más años, siendo despojados de su vivienda.

La huelga general es un grito a la esperanza. No todo está perdido. Sin embargo, los empresarios y la patronal hacen lo posible por impedir que sus trabajadores ejerzan el derecho a huelga. Las reformas laborales impulsadas por el PSOE, primero, y ahora por el Partido Popular, permiten el despido libre. El miedo de cientos de personas que comparten los motivos y desean participar de la jornada de huelga los hace abstenerse y acudir a sus centros de trabajo. Son conscientes, se están jugando su empleo y en tiempos de crisis, no es aconsejable hacerlo. Los empresarios se frotan las manos. Si usted hace huelga, aténgase a las consecuencias. Con 5 millones de desempleados no tengo problemas. El despido sale barato y un contrato basura siempre es una buena opción de cambio.

Aun así, hay quienes deciden enfrentar el miedo, seguros de la dignidad que los embarga. Acuden al trabajo pero dejan constancia pública de la presión a que son sometidos por parte de sus jefes. En esta dinámica, tras la jornada laboral se suman a las manifestaciones convocadas en cada ciudad y pueblo de España cientos de jóvenes, estudiantes, médicos, enfermeras, trabajadores, agricultores, mineros, pescadores, empleados públicos, campesinos, jornaleros. Su presencia calla bocas. Es posible que los empresarios boicotearan la huelga y el gobierno señalase que el llamado fue un fracaso. Pero el lema Nos dejan sin futuro resulta ser suficientemente explícito para acudir a la cita. El triunfo de la huelga general es un hecho. Cientos de miles de voces se funden en un solo grito: no a las políticas de austeridad. La dignidad no se extravió en el camino. Mientras tanto, los políticos corruptos, de espalda a los ciudadanos, aprueban su plan de recortes, en un Parlamento desprestigiado y sin vocación democrática.

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

miércoles, 14 de noviembre de 2012

#14N Murcia. Imagen. Agresión policial


#14N. Murcia.
Agresión policial

Carlos G. miembro de la PAH.
Fractura nasal múltiple y fractura de pómulo izquierdo. Ingreso hospitalario y pendiente de intervención quirúrgica.

Sencillamente inaceptable.
Protegen los bancos y agreden a las personas. 
Exigimos responsabilidades por esta salvaje agresión.

Nota AM. 
Desde aquí nuestro apoyo y todo nuestro animo a Carlos. Esperamos tu pronta recuperación
Seguimos hacia delante.
Salud y Desobediencia Civil!

Fuente imagen: La Verdad de Murcia

martes, 13 de noviembre de 2012

#14N. Comunicado de Attac España de apoyo a la Huelga General

ATTAC ESPAÑA APOYA Y LLAMA A LA CIUDADANÍA A SUMARSE A LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE

ATTAC España apoya la Huelga General del 14 de Noviembre y llama a la ciudadanía a participar en ella en toda su extensión (en el ámbito laboral, como persona asalariada, autónoma, o propietaria de un pequeño comercio, pero también en la utilización de servicios públicos, de consumo y de cuidados, último eslabón de la subsistencia que soportan de forma mayoritaria las mujeres) y lo hace como inicio hacia un proceso de convergencia de todas las fuerzas antineoliberales europeas, en el que de forma necesaria tienen que participar tanto las organizaciones tradicionales de la izquierda, como los nuevos movimientos ciudadanos que se identifiquen con el movimiento antineoliberal.

Quienes están impulsando las políticas neoliberales son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, con la complicidad de unos Gobiernos que les han facilitado el terreno en el ámbito legislativo para acometer la estafa a la que la ciudadanía europea está siendo sometida. Los agentes económicos que impulsan estas políticas – las grandes empresas y los agentes financieros que actúan tras la opacidad de la bolsa – quieren seguir sacando provecho de la precariedad de recursos con los que vive la gran mayoría de la población.

En una primera fase de supuestas medidas para resolver la crisis, inyectaron grandes cantidades de dinero público en la banca privada, trasvasando de esta forma deuda privada en deuda pública. Más tarde modificaron la Constitución Española para auto imponer el pago de esa deuda a la banca privada como prioridad de ejecución de los presupuestos públicos. Y con la excusa de no generar déficit y mayor deuda, están desmantelando el modelo de sociedad basado en garantizar el ejercicio de los derechos básicos, como el derecho a la salud, a la educación y a la red de servicios sociales y los derechos laborales adquiridos tras años de reivindicación. Se aplican las medidas de ajuste de la UE como única salida posible de una crisis creada por un sistema económico basado en la especulación y la dictadura del mercado financiero.

Esta situación es una realidad que viven más países europeos y que por ello también se unen a la huelga por primera vez de forma simultanea desde la constitución de la UE: Portugal, Grecia, Italia, Malta, Chipre, junto con las movilizaciones que tendrán lugar en Francia, Alemania o Bélgica.

ATTAC-España afirma que hay alternativas posibles y viables que tienen como base el interés de las personas y no del capital, entre otras,
  1. la institución inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado del 2013;
  2. la abolición de los paraísos fiscales (con la consecuente prohibición de asignar obras o contratos desde la Administración a empresas que los utilicen);
  3. una reforma fiscal, unida a una lucha real en contra del fraude, que haga recaer los costes de la consolidación fiscal sobre las grandes empresas y las grandes fortunas responsables del 72% del fraude fiscal en España;
  4. la inmediata constitución de una banca pública a partir de las cajas de ahorros;
  5. recursos públicos para programas de creación de trabajo, y una política de reorganización del trabajo para mejor repartirlo, reduciendo la jornada laboral con paridad de salario.
La movilización social es la única herramienta para hacernos oír, es un derecho al que estamos llamados a ejercer el 14 de Noviembre. Y nos seguiremos movilizando de forma permanente hasta conseguir revertir la actual ofensiva neoliberal y antisocial.

Attac España
13 noviembre 2012

#14N. "El mejor motivo para hacer huelga: no poder hacerla"

Puede que haya quien no se ha enterado a estas alturas de que el próximo miércoles hay huelga general. Y no será por culpa de los convocantes, que hacen todo lo que pueden por difundirla, sino más bien del piquete antihuelga, que esta vez parece más discreto que otras veces.

Sorprende el poco ruido que la derecha mediática, política y empresarial está haciendo con la huelga del 14-N, en comparación con lo activos que estuvieron en las últimas convocatorias. No he encontrado en la última semana ni una sola portada protagonizada por los sindicatos. Nada de liberados, subvenciones, restaurantes de lujo, cruceros; nada de la munición con que el piquete antihuelga atacó a CCOO y UGT en las dos últimas huelgas generales.

Como estamos a sólo cinco días del 14-N, se me ocurren varias explicaciones a ese perfil bajo que el piquete antihuelga ha elegido esta vez: a) que se hayan dado cuenta de que sus ataques consiguen el efecto contrario, movilizan más gente (como se vio el 25-S); b) que estén tan entretenidos en sacudir a Artur Mas que no les quedan fuerzas para más golpes; c) que estén muy ocupados preparando la portada del día después, que sin sorpresa dirá “Fracasa la huelga”: o d) que piensen que esta vez no hace falta mucho piquete antihuelga, porque bastante difícil es ya para la mayoría hacer huelga, y no hace falta insistir.

Supongo que es por una mezcla de todo lo anterior, pero me quedo con esta última razón, pues flota en el ambiente de esta huelga, más que en las anteriores: la dificultad de cada vez más ciudadanos para secundarla. Una vez más se cumple eso de que cuanto más justificada está una huelga, más difícil es participar en ella.

Habrá quien piense que no puede hacer huelga porque no tiene trabajo al que faltar: cerca de seis millones de parados a los que nadie podrá descontar un día de sueldo. Otros no se atreven a secundarla, por miedo a represalias en su empresa, ya que desde la última reforma laboral es más fácil y más barato despedir, y está también en manos del empresario cambiar las condiciones de trabajo o reducir el sueldo al margen del convenio. Y en línea con esto último, hay un tercer sector de trabajadores cuya penuria económica les hace muy cuesta arriba perder un día de sueldo, pues bastante justos andan ya.

Tres motivos posibles para no hacer huelga: estar en paro, tener miedo, pasar estrecheces. Son exactamente los tres principales motivos por los que sí hay que hacer huelga el miércoles; tres razones de peso para unirse a la movilización del 14-N.

En primer lugar, el paro. Huelga contra una política económica que sigue sumando parados de cien mil en cien mil sin mover un dedo; contra una reforma laboral que ha puesto alfombra roja para los despidos en masa; contra un gobierno que renuncia a intentar otra cosa, acepta que 2013 sea un año perdido, y nos condena a años de elevado desempleo.

En segundo lugar, el miedo. Si en la huelga anterior conocimos muchos casos de coacción empresarial contra trabajadores para que fuesen a trabajar, hoy es todavía más poderoso el chantaje, hasta el punto que muchos trabajadores ni siquiera lo necesitan, pues lo han interiorizado, como pasa con la censura en los regímenes autoritarios. Entre la presión del elevado paro, y una reforma laboral que puso en la mano de la empresa todo el poder, el miedo ambiental es mayor que nunca. Y contra eso es más necesario protestar, porque si hoy no haces huelga por miedo, puede que no tengas más oportunidades en el futuro, seguirás perdiendo derechos.

En tercer lugar, la penuria. Una huelga general contra el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, contra el aumento de la desigualdad y la exclusión; y contra la transferencia descarada de riqueza desde la clase trabajadora hacia el sector financiero, la gran empresa y las rentas altas, mediante rescates bancarios, banco malo y el desmantelamiento y privatización de lo público.

Hay muchos más motivos, pero esos tres ya justifican hacer huelga. Además, los parados deben saber que sí pueden secundarla, pues no sólo es laboral, también de consumo y de usuarios de servicios públicos, además de poder participar en las movilizaciones de ese día. Por su parte, quienes tienen miedo deben pensar que cuantos más seamos, más podremos protegernos unos a otros, a la manera en que los ciudadanos hemos acompañado a tantos colectivos en lucha últimamente. Y quienes se ven ya demasiado pobres como para perder un día de sueldo, que sepan que aún se empobrecerán más si no conseguimos detener a los fabricantes de miseria.

Quienes más motivos tienen para hacer huelga el 14-N son precisamente quienes más difícil tienen participar. Y por paradójico que parezca, no poder hacer huelga es el mejor motivo para hacerla.

Isaac Rosa
eldiario.es

lunes, 12 de noviembre de 2012

Los desahucios invisibles

La mayoría de las familias que son desahuciadas en España por no poder pagar su hipoteca no lo cuentan. No se atrincheran para aguantar ante la policía que llega con la cruel orden de desalojo. No llaman al 15-M ni tampoco a las cámaras de televisión. No se resisten ni luchan. "Les mienten a sus vecinos, les dicen que se mudan a otro barrio o a otra ciudad, que les ha salido un trabajo fuera, que ya escribirán", me cuenta un abogado que conoce de cerca esta tragedia. "Piden al banco entregar las llaves en el juzgado o en la sucursal para evitar que nadie más se entere. No quieren pasar por el oprobio de que la gente les vea como fracasados. No quieren afrontar su derrota".  
Su reacción es humana y explica unas cuantas cosas. La principal: cómo es posible que una sociedad con 350.000 desahucios en cuatro años haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la magnitud de esta catástrofe. En los últimos meses, siempre según los datos del CGPJ, el número creció todavía más: ya son 517 desahucios de media al día, algo más de 21 cada hora. Cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda, envolver su vida en papel de periódico, guardar sus ilusiones en cajas de cartón, meter su orgullo entre plástico con burbujas y cerrar la puerta por última vez, sabiendo que dejan atrás sus ahorros y su casa, pero que sus deudas se quedan.

Paréntesis asimétrico

Hace unos años, cuando empezó esta pesadilla, el entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pidió «un paréntesis en el libre mercado» para afrontar la crisis. Sus declaraciones provocaron la hilaridad general, pero con el tiempo su deseo se ha cumplido. Las santas leyes del libre mercado se han detenido, aunque de forma un tanto asimétrica: tras años de privatizar los beneficios hemos socializado las pérdidas, pero no las de todos. Hemos rescatado a la banca, a las autopistas e incluso a los fabricantes de armas: Mariano Rajoy aprobó para el sector militar un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros hace unas semanas, dentro de "los presupuestos más sociales de la historia". Solo en el 2010, el sector financiero se llevó 87.497 millones de euros del dinero público: el 99,59% de todas las ayudas contra la crisis de ese año. Y eso que el verdadero rescate llega ahora.

Hay argumentos poderosos para justificar el rescate a la banca: el mejor de ellos, que la alternativa es aún peor. Sin embargo, no hay cínico capaz de argumentar que un Estado que se dice democrático tenga océanos de dinero para salvar al sector financiero pero no encuentre un par de cubos para rescatar a los desahuciados. Si la banca es "sistémica", también tienen que serlo las familias.

Ignacio Escolar
El Periódico.com

#14N. Huelga General Social. Convocatoria 14N-12hs: Si nos roban el futuro, paramos la ciudad.

Cortes de tráfico y acciones de desobediencia civil no-violenta en todos los municipios del estado español.

El próximo 14N está convocada una jornada de Huelga General contra las políticas de recortes y austeridad. Se trata de una cita importante en la que volveremos a tomar las calles y demostrar que una gran mayoría social nos oponemos a unas políticas destinadas a salvaguardar los intereses de los poderes financieros y las élites empresariales y que nos condenan a un proceso de precarización, empobrecimiento y pérdida de derechos sin precedentes en la historia reciente.

Esta Huelga General, la segunda convocada en un año y acompañada por huelgas y manifestaciones en toda Europa, se enmarca en un proceso de movilización social inédito en el que durante más de un año y medio millones de personas hemos exigido un cambio de rumbo radical en la forma de afrontar la crisis y lo hemos hecho de múltiples formas: acampadas, manifestaciones, acciones directas, paralización de desahucios, huelgas generales y sectoriales, toma de edificios, colegios, bancos, universidades y hospitales, creación de asambleas y espacios de participación, rodeando el Congreso, Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos, acciones comunicativas en las calles y en las redes y un larguísimo etcétera.

La Huelga del próximo 14 de Noviembre nos interpela por lo tanto a todos los sectores sociales y personas afectadas por las políticas del mal gobierno: Parados-as, trabajadores-as precarios sin derechos, familias desahuciadas o sin acceso a una vivienda digna, estafados por la banca, estudiantes golpeados-as por el aumento de tasas y la reforma neoliberal de la educación, ciudadanos-as que ven aumentar los costes de bienes y servicios básicos, usuarios-as de una sanidad cada vez menos pública y universal, autónomos y pequeños comerciantes asfixiados por la falta de apoyos y toda la galaxia de trabajadores-as y figuras laborales cuyas condiciones de vida y trabajo se han visto precarizadas en los últimos tiempos.

¿Cómo participamos de una Huelga los parados-as,precarios-as, estudiantes, vecinos-as y ciudadanos-as que no contamos con un trabajo fijo o formal? Parando la ciudad.

Llamamos a no parar sólo en los centros de trabajo, sino a parar la ciudad al completo.

Llamamos al 99% de la población, al conjunto de personas afectadas por las medidas del mal gobierno a cortar calles, avenidas, autopistas y demás acciones de desobediencia civil no-violenta que interrumpan el normal funcionamiento de nuestras ciudades de forma simultánea el 14N a las 12hs en todos los municipios del estado español.

Esta Huelga no es sólo cosa de sindicatos, es cosa de todos y todas, nuestro presente y futuro están en juego. Esta Huelga no es sólo para protestar contra el deterioro de las condiciones laborales, sino para exigir una serie de medidas básicas que permitan garantizar una vida digna al 99%:

-Ni un euro más de dinero público al sector financiero. Auditoría de la deuda e impago de aquellos tramos de la misma que correspondan a operaciones de la burbuja especulativo-financiera.

-Plan de inversión pública que garantice una educación y una sanidad públicas, de calidad y de igual acceso a todas las personas.

-Retirada de la última reforma laboral e inversión pública para la creación de empleo digno y para garantizar ayudas públicas para desocupados y personas sin ingresos.

-Paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del inquilino y el impago sea por motivos ajenos a su voluntad, dación en pago retroactiva y conversión del stock inmobiliario de las entidades financieras en un parque de viviendas en alquiler social cuyo coste no supere el 30% de los ingresos del inquilino.

-Dimisión del gobierno y puesta en marcha de un proceso constituyente radicalmente democrático que concluya con una nueva constitución basada en la democracia real, que anteponga los derechos colectivos al interés privado y que garantice de forma efectiva una vida digna para todas las personas.

Participa, convoca a personas de tu ciudad o municipio y súmate a la convocatoria. Esta huelga es tuya, nuestra, de todos y todas, de cualquiera. Toma la Huelga.
Rescatemos Personas, No Bancos.