martes, 30 de julio de 2013

Lo que de verdad nos deja el capitalismo

Casper Gutman, personaje de la novela El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es un gángster de modales exquisitos, capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosísima estatua de un halcón esculpido en oro y piedras preciosas. Cuando un detective privado le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya, Gutman responde: “Un objeto de tal valor pertenece indudablemente a quien lo coja”.

La inmoralidad de la respuesta coincide con la de la minoría que controla la economía. Lo que buscan es quedarse con todo y, para lograrlo, en los 80 tuvieron la desfachatez de pretender que no había alternativa al capitalismo, cuyo triunfo sobre el comunismo prometía estabilidad y desarrollo sin fin. Treinta años después sabemos que es falso y sabemos también lo que nos ha dejado en verdad el capitalismo realmente existente.

Nos ha dejado una crisis global económica, financiera, social y moral como nunca se ha visto. Y la destrucción del llamado estado de bienestar que, sin ser como para lanzar cohetes, era lo más próximo a un estado social que redistribuyera con alguna justicia parte de la riqueza.

El capitalismo nos deja la existencia impune de los paraísos fiscales. Perversa realidad, pues la evasión de impuestos masiva (imposible sin paraísos fiscales) reduce en los países pobres o empobrecidos del 30 al 40% de ingresos del Estado. Por lo mismo, la Unión Europea deja de ingresar anualmente 200.000 millones de euros y Estados Unidos 100.000 millones de dólares. Mientras el terrorismo mueve impunemente 500.000 millones de dólares que le permiten perpetrar violencias y crímenes, en tanto que el crimen organizado lava su dinero negro. Gracias a los paraísos.

Nos deja también este capitalismo realmente existente el hambre con visos de ser crónico. En 2007 solo especulaban en el mercado de derivados de alimentos básicos 13.000 millones de dólares, pero en 2008 ya lo hacían 320.000 millones de dólares, que contribuyen a subir indecentemente los precios de alimentos esenciales. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, acusa directamente a los especuladores financieros de ser responsables de que no se acabe el hambre.

El capitalismo realmente existente nos deja el asalto sistemático a las tierras fértiles de África, América Latina y Asia por poderosos grupos capitalistas para producir de modo intensivo para exportar. Así expulsan al campesinado local que aseguraba cierta soberanía alimenticia en esos lugares. Nos deja por tanto el capitalismo, como denuncia Ziegler, estructuras económicas criminales que fabrican la masacre cotidiana del hambre; principal causa de muerte, más que guerras, enfermedades cardiovasculares o cáncer.
Este capitalismo realmente existente nos deja la arremetida contra el agua, pues se la quieren apropiar, y por cuyo derecho y uso hay que luchar ya con uñas y dientes.

Y nos deja una letal desigualdad creciente. Según Credit Suisse (nada sospechoso de izquierdismo), un muy minoritario 10% de población mundial posee el 85% de la riqueza del planeta y, un aún más reducido 1% de la población mundial es dueño del 43 % de la riqueza.

Finalmente nos deja el capitalismo un decorado de democracia. Una democracia vacía. Junto a la mayor violación sistemática conocida de derechos humanos.

Un legado a beneficio, honra y gloria de la minoría rica. De los llamados mercados, que no son anónimos sino la minoría misma. En realidad, unos 700 bancos, compañías de seguros y corporaciones industriales que controlan 43.000 empresas multinacionales, según han demostrado Stefano Battiston, James Glattfelder y Stefania Vitali. El 0,1%.

John Houston retrató el talante de la minoría rica en el filme Cayo Largo. En un hotel coinciden un soldado, que vuelve a casa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gángster deportado que vuelve a Estados Unidos clandestinamente para un negocio sucio. La proximidad de un huracán pone nerviosa a la gente y, en un enfrentamiento entre el gángster y el dueño del hotel, el soldado intenta pacificar con la pregunta, ¿qué quiere Rocco? Y él mismo responde: Quiere más. Rocco confirma: Eso es, quiero más. El soldado pregunta de nuevo: “¿alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y contesta Rocco: “Nunca tengo bastante”.

Es lo que ocurre con quienes se apropian de la riqueza del mundo. Quieren más y nunca tienen bastante. Pero no podemos permitírselo. Porque nos va la vida, la justicia y la dignidad en ello.

Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)

domingo, 28 de julio de 2013

La corrupción es el resultado de la existencia de grandes poderes económicos

La corrupción política no es un fenómeno exclusivamente español, a pesar de lo que nos pueda parecer observando los recientes escándalos relacionados con la trama de financiación ilegal del Partido Popular. En todos los países del mundo la corrupción política y empresarial es una lacra que beneficia a ciertos sectores de la población a costa de perjudicar a otros. No obstante, lo que sí parece ser cierto es que en nuestro país la corrupción ni está tan mal vista ni está tan castigada como en otros países del centro y norte de Europa. Y en esto tiene mucho que ver la tradición democrática que existe en cada país, pues en aquellas regiones donde más tiempo llevan rigiéndose por instituciones democráticas, mejores son los mecanismos de detección y penalización de prácticas corruptas; y al revés. Es por ello que no sorprende ver cómo países que han sufrido dictaduras recientes como España, Portugal o Grecia presenten unos índices de corrupción (según la organización Transparencia Internacional) más elevados que otros países con mayor tradición democrática como lo pueden ser Francia, Reino Unido o los Países Bajos. No es muy difícil de imaginar: si durante los regímenes dictatoriales las oligarquías dominantes podían hacer cualquier cosa que se les antojase sin apenas controles ni limitaciones, no nos debería sorprender mucho que a pesar de las transiciones democráticas dichas élites hayan seguido considerando “normales” ciertas prácticas corruptas.

Pero no nos desviemos del tema. ¿En qué consiste exactamente la corrupción política? Muchas veces se utiliza este término sin entender muy bien a qué puede hacer referencia. En realidad, existen muchas formas de corrupción. Entre las más destacadas cabe mencionar el tráfico de influencias, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. Todas ellas son formas muy diferentes de utilizar el poder público en aras de un beneficio propio. Pero a la que nos estamos acostumbrando últimamente y la que es en sí posiblemente la más grave es la que tiene que ver con el soborno (o cohecho). El cohecho es un delito por el cual una autoridad pública acepta un donativo o regalo por parte de alguien a cambio de realizar un acto determinado relacionado con su cargo. Es importante tener en cuenta esto porque el hecho de que el extesorero del Partido Popular recibiera “donativos” por parte de determinados grupos empresariales no hace sino evidenciar un delito de cohecho. En este contexto “donativo” suena mejor que “soborno”, pero no deja de ser lo mismo. Las empresas no le hacían regalos al Partido Popular por amor al arte, sino que obviamente lo hacían esperando alguna contraprestación.

Para que exista un gobernante sobornado debe existir también un agente que lo soborne. Y para que pueda sobornar de forma efectiva el agente en cuestión tiene que poseer y controlar muchísimo dinero. Y es aquí donde encontramos el denominador común de todos los países del planeta que sufren este tipo de corrupción. No podemos olvidar que vivimos en sociedades capitalistas donde la riqueza y la renta están distribuidas de una forma muy asimétrica. En estas sociedades siempre hay súper-ricos, y súper-pobres. Y mientras existan los primeros seguirá existiendo el riesgo de que los gobernantes sean sobornados. No es casualidad que los países donde existen niveles bajos de corrupción sean también los que gozan de una distribución de la renta más igualitaria (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos…).

Mientras existan poderes económicos tan vigorosos, el poder político será más fácilmente sobornable. Esto es algo que no se le escapa a la mayoría de la población. Según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional, un 66% de españoles cree que el gobierno actúa “en gran medida” o “totalmente” guiado por los intereses de grupos de presión  y grandes empresas. Al mismo tiempo, según las últimas cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a las grandes empresas casi en el mismo escalón.

Por eso ningún país del planeta se libra de este tipo de corrupción, porque vivimos en un mundo capitalista en el cual 41 de las 100 mayores economías mundiales son empresas (el resto son países). Frente a poderes económicos tan importantes y preponderantes, cualquier esfuerzo por combatir la corrupción se quedará corto. Si se quiere batallar con eficacia la corrupción no queda más remedio que atacar a la raíz del problema, y ello pasa necesariamente por la reducción y debilitamiento de estos desmesurados poderes económicos.

Eduardo Garzón
Saque de esquina

Artículo publicado en el diario digital Andaluces.es, 22 de julio de 2013

jueves, 18 de julio de 2013

La otra cara de la globalización neoliberal.La globalización de la pobreza

"Somos la primera generación que puede erradicar la pobreza". En el año 2005, en las campañas de promoción de los Objetivos del Milenio, este eslogan expresaba, a costa de olvidar la historia real de las luchas de las generaciones anteriores y las razones por las que no consiguieron vencer, el optimismo autosatisfecho con que se afrontaba entonces en los países del Norte la erradicación de la pobreza del Sur. Porque era obvio que cuando se hablaba de “pobreza” se hacía referencia a otros países y pueblos, los del Sur global. Ocho años después, buena parte de esa “generación” está más preocupada por librarse de la pobreza cercana que por erradicar la lejana.

La crisis capitalista que estalló en el año 2008 está transformando el mundo con una radicalidad que sólo tiene parangón en los orígenes del capitalismo. Como diagnosticó Karl Polanyi en su imprescindible La gran transformación: "El mecanismo que el móvil de la ganancia puso en marcha únicamente puede ser comparado por sus efectos a la más violenta de las explosiones de fervor religioso que haya conocido la historia. En el espacio de una generación toda la tierra habitada se vio sometida a su corrosiva influencia"/1. El triunfo del neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado dio inicio a una “segunda corrosión”, que arrasó las economías de los países del Sur con los planes de ajuste estructural y comenzó una demolición sistemática tanto de los sistemas públicos en los que estaba basado el Estado del Bienestar como de los valores morales asociados a ellos.

Al comienzo de la crisis financiera que hoy sufrimos, se hizo célebre una frase del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamando a "refundar sobre bases éticas el capitalismo". Expresaba así los temores de las élites hacia el rechazo social a un modelo económico desnudado por la caída de Lehman Brothers y las tramas ocultas de la financiarización que, en aquel momento, sólo empezaban a emerger. Lamentablemente, esa contestación no llegó a alcanzar ni la fortaleza necesaria ni una expresión política significativa en los países del Centro, con la excepción de la organización Syriza en Grecia.

Una vez comprobada la debilidad del adversario, cambió radicalmente el sentido de la “refundación”. "Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando". El lema del multimillonario Warren Buffett, que como tantos otros –George Soros en primer lugar– ejerce de filántropo en los ratos libres con las migajas de sus actividades de especulación financiera, resume la dinámica fundamental de la situación internacional: ciertamente, asistimos a un intento de “refundación del capitalismo”, pero no sobre “bases éticas”, sino sobre las bases de la lucha de clases y por medio de la acumulación por desposesión –según la expresión de David Harvey– de los bienes comunes y públicos, y de los derechos sociales y las condiciones para una vida digna de la gran mayoría de la población mundial/2. Las políticas de ajuste estructural de los ochenta y noventa en el Sur imperan ahora en la Unión Europea con fundamentos similares y nombres diversos: austeridad, disciplina fiscal, reformas, externalizaciones.

Este es el marco general de la “globalización de la pobreza” que es el tema del presente artículo. Llamamos así a la lógica común que produce y reproduce el empobrecimiento de las personas en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur. Pero es necesario analizar las diferencias en los procesos políticos y económicos creadores de pobreza, en sus consecuencias materiales en la vida de las clases trabajadoras y en las percepciones sociales que se tienen de estos procesos. Mostraremos también el rol que, desde los gobiernos de los países centrales y las instituciones multilaterales, quiere asignarse al mercado y a las grandes empresas en la erradicación de la pobreza, así como el papel residual que va a cumplir la cooperación internacional para el desarrollo tras el estallido del crash global.

Somos conscientes de que las categorías, que utilizaremos indistintamente, Norte/Sur o Centro/Periferia simplifican la realidad, en general, y especialmente en lo que se refiere a la pobreza. Sin duda, hay muchos “Sures”, e incluso dentro de un mismo continente hay una enorme distancia política y social entre, por ejemplo, México y los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA). En los límites de este texto, trataremos de analizar por qué todavía pueden señalarse excepciones a esta regla, que aún permiten establecer diferencias significativas en el tratamiento que se da a la pobreza en los países centrales y periféricos. Para ello, partiremos de datos fiables, entre los que no está, por cierto, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que en el año 2011 situaba a Chipre en el muy honorable puesto 31 y con tendencia ascendente; por tener una referencia, Venezuela ocupaba el puesto 71 en la misma clasificación.

Entre la pobreza y las “clases medias”
Según una interpretación ampliamente difundida, la crisis capitalista está siguiendo un curso paradójico que cuestiona los esquemas tradicionales sobre la jerarquía Norte-Sur: mientras que las economías del Centro, especialmente la de la Unión Europea, bordean o se hunden en la recesión, las economías periféricas, sobre todo las de los países llamados “emergentes”, mantienen año tras año altos niveles de crecimiento, por encima del 5% del PIB. Una de las consecuencias de esta asimetría es que la pobreza ha hecho su aparición en el Norte como un problema político importante, con un gran impacto social, mientras que, a la vez, parecería estar en retroceso en el Sur. Frecuentemente, se asocia esta situación con el estado de las “clases medias”, nuevo mantra sociológico que se ha convertido en el criterio de medida de numerosos fenómenos sociopolíticos relevantes, desde la movilidad social a la crisis de la democracia.

Hay en estos enfoques datos relevantes que dan cuenta de cambios profundos en la situación internacional: por ejemplo, la relativa y desigual autonomización de los países del Sur, bajo el liderazgo de aquellos que forman parte de los BRICS –Brasil, India, China y Sudáfrica; no cabe incluir a Rusia desde ningún punto de vista en la categoría “Sur”–, respecto a los “viejos” imperialismos, EEUU y la UE/3. En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, sin embargo, esta consideración del contexto internacional es más que discutible. Empezaremos por el Sur, planteando dos tipos de problemas: el primero, la valoración de los logros alcanzados en la erradicación de la pobreza; el segundo, el uso y la manipulación de la categoría “clases medias”.

Con la habitual afición de los políticos del establishment a las cifras redondas, el secretario general de Naciones Unidas ha contado los mil días que quedan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se ha mostrado extraordinariamente satisfecho de los logros ya alcanzados. En especial, porque en los últimos doce años "600 millones de personas han salido de la pobreza extrema, lo que equivale al 50%". El cálculo es cuanto menos engañoso: según el Banco Mundial, en 1990 el 43% de la población mundial vivía con menos de 1,25 dólares al día, mientras en 2010 esta cifra ha caído al 21%; esta es la reducción a la mitad a la que se refiere Ban Ki-Moon. Pero no informa ni de las condiciones de extrema pobreza que siguen existiendo cuando se supera la barrera de los 1,25 dólares de ingreso diario –más del 40% de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día–, ni de que cerca de 1.300 millones de personas siguen viviendo por debajo de ese nivel. Al final, esa reducción de la pobreza extrema se debe a los grandes países emergentes, fundamentalmente a China, y no tiene nada que ver con las políticas y proyectos inspirados en los ODM ni tampoco con la ortodoxia económica imperante.

En la presentación de esta nueva campaña, que tuvo lugar el pasado 2 de abril en la Universidad de Georgetown bajo la marca de "Un mundo sin pobreza", el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmó: "Nos hallamos en un auspicioso momento histórico, en que se combinan los éxitos de décadas pasadas con perspectivas económicas mundiales cada vez más propicias para dar a los países en desarrollo una oportunidad, la primera que jamás hayan tenido, de poner fin a la pobreza extrema en el curso de una sola generación". No puede tomarse en serio un proyecto que tiene como punto de partida una visión tan poco consistente de la situación internacional, en la que por cierto no podía faltar la ya habitual coletilla generacional.

La ingeniería estadística sobre las “clases medias” merece una mayor atención. Un reciente estudio publicado por el Banco Mundial/4 propone un cambio importante en la caracterización y medición de la pobreza: lo más significativo es el uso del concepto de "seguridad económica", entendido como "baja probabilidad de volver a caer en la pobreza". De ahí nace una nueva categoría, la población "vulnerable", una estación de paso desde la pobreza hasta la entrada en la "nueva clase media", formada por quienes han alcanzado la "seguridad económica" y garantizarían la "estabilidad económica futura". La suma de pobres, vulnerables y clase media supone el 98% de la población latinoamericana; por tanto, la medida del éxito en la lucha contra la pobreza sería una movilidad social ascendente hacia la clase media. Esto es lo que, según los autores, está ocurriendo, ya que "la clase media en América Latina creció y lo hizo de manera notable: de 100 millones de personas en 2000 a unos 150 millones hacia el final de la última década". Nos estaríamos acercando, siguiendo esa argumentación, a un continente de “clases medias” que habría superado definitivamente el peso determinante de la pobreza.

Aunque los criterios cuantitativos sean sólo unos de los que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la pobreza, en ocasiones son imprescindibles para concretar los términos del debate/5. Si hacemos caso al Banco Mundial, se considera pobres a quienes tienen ingresos inferiores a 4 dólares; estos vienen a representar el 30,5% de la población latinoamericana. Las personas que tienen entre 4 y 10 dólares al día serían las “vulnerables”, el 37,5% de la ciudadanía de América Latina. Por encima de los 10 hasta los 50 dólares de ingreso diario estaría la “clase media”, el 30% de la población continental. Por último, el 2% restante son los considerados “ricos”, que ingresan más de 50 dólares al día. Tomando como referencia el salario mínimo existente en Ecuador, unos 300 dólares mensuales, podemos comprobar, en fin, que con un ingreso como este se tendría acceso a la “clase media”. No parece, pues, que tal clasificación sea razonable: lo suyo sería concluir que, al menos, el 68% de la población latinoamericana es pobre. Y además, continuando con la referencia ecuatoriana, vemos que esa “clase media” se compondría, en realidad, de trabajadores con ingresos de entre uno y cinco veces el salario mínimo, es decir, quienes están entre un frágil escalón por encima la pobreza y el nivel medio-alto de la población asalariada.

Brasil aparece como uno de los principales estandartes utilizados para justificar todo este proceso de ascenso de las “clases medias”. Así, el Gobierno brasileño define como clase media a quienes alcanzan un ingreso per cápita mensual de entre 291 y 1.019 reales,/6 de manera que el 54% de la población del país pertenecería a esta supuesta “clase media”. En la última década, 30 millones de personas (el 15% de la población) habrían “salido de la pobreza”, ya que pasaron a disponer cada mes de ingresos superiores a 250 reales. Teniendo en cuenta que en Brasil el salario mínimo es de 678 reales, esta “clase media” tendría unos ingresos que oscilarían entre el 42% y el 150% de un salario mínimo. Con semejantes criterios, parece fácil alardear de que Brasil sea ya un país de “clases medias”, unas “clases medias” cuyos ingresos no permiten siquiera alcanzar una cobertura digna de las necesidades básicas.

Es verdad que, para evaluar esta cobertura, también hay que tener en cuenta otros factores; sobre todo, la extensión y calidad de los servicios públicos al alcance de los ciudadanos y, por tanto, el volumen de gasto social destinado a ellos. Por eso es muy importante tener en cuenta que, en cuestiones económicas básicas, Brasil, como la gran mayoría de los países del Sur, se somete a la ortodoxia dominante: con nueve días del pago de la deuda externa podría cubrirse todo el presupuesto del programa Bolsa Familia, eje de la política asistencial y de la base electoral del partido gobernante/7. Si podemos decir que con la crisis capitalista los programas de ajuste estructural han viajado del Sur al Norte, los fundamentos del Estado del Bienestar, por el contrario, no han hecho el viaje desde el Norte hasta el Sur.

Dice David Harvey que "el crecimiento económico beneficia siempre a los más ricos". Efectivamente, ellos están siendo los principales beneficiarios del crecimiento en los países del Sur, de ahí que el incremento del PIB se vea acompañado del aumento sostenido de la desigualdad. La bonanza económica no está produciendo un incremento de esas ficticias “clases medias”, sino de millones de empleos precarios, con bajos ingresos, mínimos derechos laborales y grandes carencias en servicios sociales. “Trabajos brasileños” se les llama, precisamente, en algunos análisis sociológicos con sentido crítico. Pero son mucho más habituales los enfoques afines a las ideas del Banco Mundial, que en sus versiones más delirantes llegan nada menos que a llamar “neoburguesía” a la “clase media”.

No han terminado los procesos de empobrecimiento en el Sur, pero es cierto que se han modificado. Sustancialmente, sólo en aquellos países –como Venezuela– que están realizando un esfuerzo considerable más allá del incremento de los ingresos de los trabajadores pobres, apostando por el establecimiento de potentes redes públicas de educación, vivienda y sanidad. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, se ha pasado de la extrema pobreza al empleo extremadamente precario, en un camino que además tiene vuelta atrás. Si las frágiles expectativas de movilidad social ascendente se quebraran, una posibilidad nada descartable dadas las actuales perspectivas de la economía global, la situación en el Sur tendería a parecerse más a las revoluciones árabes que a los ficticios paraísos de la “clase media”.

Extensión y percepción social de la pobreza
En la Unión Europea, antes del estallido de la crisis financiera, 80 millones de personas –el 17% de la población– sobrevivían en la pobreza. En el año 2010, la cifra había aumentado hasta los 115 millones de personas (23,1%) y se estimaba que un número similar se encontraba "en el filo de la navaja"/8. Pero, para entender la situación actual, hay que considerar la etapa anterior al crash global. Porque si es significativo y alarmante el crecimiento de la pobreza, también debía haberlo sido que antes de 2008 la pobreza fuera ya una lacra masiva tanto en la Unión Europea como en España, donde entre 2007 y 2010 pasó de afectar a 10,8 millones de personas (23,1% de la ciudadanía) a 12,7 millones (25,5%).

La extensión de la pobreza es, sin duda, un problema de primera magnitud. Creemos, sin embargo, que no explica por sí sola que en cinco años la pobreza haya pasado de ser considerada por la mayoría de la población europea como un problema marginal y ajeno, “invisible”, cuyo control quedaba a cargo de las organizaciones asistenciales y con mínimos subsidios públicos, a afectar a la situación y los temores de esa mayoría de la ciudadanía que se consideraba liberada para siempre de “caer en la pobreza”. Se afirma ahora que la pobreza se ha hecho más intensa, más extensa y más cíclica. De estas características hay que destacar la tercera, que indica una tendencia al incremento de la pobreza sin “brotes verdes” en el horizonte, estimulada por las políticas que se imponen implacablemente en la Unión Europea, sin alternativas creíbles a medio plazo. La pobreza se ha hecho “visible” en la UE no sólo porque haya más pobres, sino fundamentalmente porque se ha masificado la conciencia del riesgo de caer en la pobreza/9.

Diagnosticar el problema como una “crisis de las clases medias” es una simplificación que no permite entender ni las causas de la crisis actual ni las condiciones básicas para revertir esa tendencia al empobrecimiento. También en los países del Norte este es un concepto manipulable y fundamentalmente subjetivo: un mileurista era hace unos pocos años el símbolo de la precariedad, hoy sería considerado un miembro más de la “clase media”. Es más útil considerar en su conjunto los elementos principales, bien conocidos, que han ido produciendo la corrosión de la “seguridad social”, con minúscula, característica fundamental del Estado del Bienestar: el paro masivo, de larga duración y con subsidios decrecientes; el incremento de los “trabajadores pobres” porque el trabajo precario y sometido al poder patronal ya no asegura ingresos suficientes para una vida digna; los recortes drásticos en el empleo en la administración y en los servicios públicos, que amenazan al funcionariado; el riesgo de no poder hacer frente a las deudas contraídas en la etapa anterior, que permitieron una burbuja de alto consumo en las clases trabajadoras pese a la tendencia generalizada a la caída de los salarios desde los años noventa; el deterioro de la calidad de la sanidad y la educación, y el aumento de los pagos a cargo de los usuarios que sirven para avanzar en su privatización.

Todo este conjunto de medidas responde a una lógica común que es el principio fundamental de la economía política neoliberal: la reducción sistemática del coste directo e indirecto de la fuerza de trabajo. En condiciones de relaciones de fuerzas muy favorables para el capital, eso termina desgarrando las redes de seguridad que constituían la base de estabilidad del sistema. Es aquí, en la debilidad de las clases trabajadoras, incluso aquellas que consideraban un logro garantizado el empleo estable de calidad, con sanidad y enseñanza básica públicas y gratuitas y jubilación en condiciones dignas, donde ha nacido el pánico a la pobreza y, al mismo tiempo, la impotencia para hacerle frente. Y es que, a diferencia de la situación en muchos países periféricos, donde con independencia de la orientación política de los gobiernos se ponen en marcha políticas focalizadas en la pobreza –habitualmente por razones de gestión de conflictos y construcción de clientelas electorales, muy alejadas de la idea de solidaridad–, en los países del Centro, y particularmente en la UE, las políticas que se aplican siguen sometidas a la “regla de oro” de privilegiar los intereses del capital sobre las necesidades de la población, tratando la atención social a la población empobrecida como un lastre y recortando sistemáticamente los fondos destinados a ella. En este contexto, que el año 2010 haya sido etiquetado como el "Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social" no deja de ser un sarcasmo.

Desde los primeros estudios de los conflictos sociales característicos de la sociedad capitalista, se ha considerado un rasgo fundamental de la clase obrera la “inseguridad” en las condiciones de vida. Cuando, gracias a las políticas propias del Estado del Bienestar, pareció que esta característica desaparecía para una gran parte de la población trabajadora, la categoría de “clase media” cumplió la función de certificar esa nueva situación: "Hemos dejado de ser clase trabajadora", vino a decirse entonces. El neoliberalismo desarrolló con éxito "una demonización de la clase obrera", según la expresión de Owen Jones en su excelente reportaje Chavs,/10 tratando a esta como un grupo social en declive, cuyos ingresos no provienen del trabajo sino de los subsidios públicos.

Generalizando la inseguridad social y aproximando la amenaza de la pobreza, la crisis está debilitando estas barreras ideológicas que fragmentaban el tejido social de las clases trabajadoras. Pero no caerán si no se enfrentan a alternativas que comprendan que sólo puede lucharse eficazmente por la erradicación de la pobreza venciendo a quienes la producen.

Mercado y empresas para “luchar contra la pobreza”
"El capital, las ideas, las buenas prácticas y las soluciones se extienden en todas direcciones"/11. Sumidos en una crisis económica, ecológica y social como nunca antes había conocido el capitalismo global, estamos asistiendo al final de la “globalización feliz” y a la demolición de la belle époque del neoliberalismo/12. Pero las grandes corporaciones y los think tanks empresariales insisten en no darse por aludidos; lejos de cuestionar su responsabilidad en el actual colapso del sistema socioeconómico y en la crisis civilizatoria, las empresas transnacionales vuelven a presentarse como el motor fundamental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Según el pensamiento hegemónico, la gran empresa, el crecimiento económico y las fuerzas del mercado han de ser los pilares básicos sobre los que sustentar las actividades socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. Eludiendo su responsabilidad en el origen de la crisis sistémica que hoy sufrimos, así como el hecho de que ellas están siendo precisamente las únicas beneficiarias del crack, las grandes corporaciones nos proponen más de lo mismo: que el fomento de la actividad empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento innovador sean los argumentos fundamentales para la “recuperación económica”.

Esta reorientación empresarial consiste en aplicar, junto con una táctica defensiva basada en el marketing, una estrategia ofensiva para pasar de la retórica de la “responsabilidad social” a la concreción de la “ética de los negocios” en la cuenta de resultados mediante toda una serie de técnicas corporativas. Y su objetivo no es el de atajar las causas estructurales que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan las condiciones para vivir dignamente a la mayoría de la población mundial, sino gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. Es lo que hemos denominado pobreza 2.0 y constituye uno de los negocios en auge del siglo XXI/13. En los países del Sur global, por un lado, eso se traduce en el deseo del “sector privado” de incorporar a cientos de millones de personas pobres a la sociedad de consumo; en el Norte, por otro, significa la no exclusión del mercado de la mayoría de la población, una cuestión central ante el creciente aumento de los niveles de pobreza en las sociedades occidentales como consecuencia de las medidas económicas que se están adoptando para “salir de la crisis”.

"Ya es hora de que las corporaciones multinacionales miren sus estrategias de globalización a través de las nuevas gafas del capitalismo inclusivo", escribían hace diez años los gurús neoliberales que llamaban a las grandes empresas a poner sus ojos en el inmenso mercado que forman las dos terceras partes de la humanidad que no son “clase consumidora”. "Las compañías con los recursos y la persistencia para competir en la base de la pirámide económica mundial tendrán como recompensa crecimiento, beneficios y una incalculable contribución a la humanidad", decían entonces/14. Hoy, las corporaciones transnacionales han asumido plenamente esta doctrina empresarial y han puesto en marcha una variada gama de estrategias, actividades y técnicas que tienen como objetivo que las personas pobres que habitan en los países del Sur se incorporen al mercado global mediante el consumo de los bienes, servicios y productos de consumo que suministran estas mismas empresas. “Responsabilidad social”, “negocios inclusivos” en “la base de la pirámide”, “inclusión financiera”, “alfabetización tecnológica” y, en definitiva, todas aquellas vías que permitan lograr el acceso a nuevos nichos de mercado se justifican con el argumento de que van a contribuir al “desarrollo” y la “inclusión” de las personas pobres. Pero, como recalcó Evo Morales en la última Cumbre Unión Europea-CELAC, "cuando nos sometemos al mercado hay problemas de pobreza; problemas económicos y sociales, y la pobreza sigue creciendo".

Al mismo tiempo, en los países centrales, donde también están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad, en vez de emplear los recursos públicos en políticas económicas y sociales que pudieran poner freno a esa situación, las instituciones que nos gobiernan no se han salido de la ortodoxia neoliberal y han emprendido toda una serie de contrarreformas que van a contribuir a aumentar el empobrecimiento de amplias capas de la población. Y las grandes empresas, en este contexto, están rediseñando sus estrategias para no perder cuota de mercado: "En Madrid, Londres o París también hay favelas, aunque no se llamen así", sostiene un experto brasileño en “la base de la pirámide”, "es un mercado creciente que compone la nueva clase media con poder de consumo"/15. [15] Gigantes como Unilever, por ejemplo, ya están pensando en trasladar aquí estrategias que antes probaron que funcionaban en países del Sur/16. Pero, aunque algunas multinacionales están viendo cómo aplicar en Europa la lógica de los “negocios inclusivos”, la mayoría de las grandes corporaciones ha optado por no innovar demasiado cuando lo que se trata es de seguir incrementando los beneficios: la continuada presión a la baja sobre los salarios/17 y la expansión de la cartera de negocios a otros países y mercados han sido, hasta el momento, las vías preferidas por las empresas para continuar con sus dinámicas de crecimiento y acumulación.

La tendencia a considerar el incremento del crecimiento económico como la única estrategia posible para la erradicación de la pobreza se ha visto reforzada desde que estalló la crisis financiera. Con el actual escenario de recesión, las grandes corporaciones pretenden incrementar sus volúmenes de negocio y ampliar sus operaciones en las regiones periféricas para así contrarrestar la caída de las tasas de ganancia en Europa y EEUU. Por su parte, los gobiernos de los países centrales abogan por un aumento de las exportaciones y de la internacionalización empresarial como forma de “salir de la crisis”. Según la doctrina neoliberal, la expansión de los negocios de estas compañías a nuevos países, sectores y mercados redundará en un incremento del PIB y, por consiguiente, en una mejora de los indicadores socioeconómicos, fundamentalmente en el aumento del empleo. «La única solución posible para superar la crisis y volver a crear puestos de trabajo es recuperar el crecimiento económico», resume el presidente de La Caixa, quien para lograrlo propone «buscar nuevas fuentes de ingresos, diseñar nuevos productos y abrir nuevos mercados»/18.

A pesar de que las afirmaciones acerca de una correlación directa entre el crecimiento del PIB y los avances en términos de desarrollo humano no resistirían ningún análisis serio, la idea de que crecimiento económico es equivalente a desarrollo se ha hecho dominante en el discurso de la “lucha contra la pobreza”. De esta manera, las referencias al crecimiento de las economías nacionales –cuantificadas exclusivamente a través del aumento del PIB– como vía para la superación de la pobreza no solo forman parte de toda la arquitectura discursiva de la agenda oficial de desarrollo, sino que además se están pudiendo llevar a la práctica mediante la asignación de medios y recursos públicos para las estrategias de fomento de la actividad empresarial y de los “negocios inclusivos”. Esto es así porque las principales agencias de cooperación y los gobiernos de los países del Centro, así como los organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales e incluso muchas ONGD, avalan este discurso y trabajan por incorporar al “sector privado” en sus estrategias de desarrollo.

De la cooperación internacional a la filantropía empresarial
La cooperación para el desarrollo, en tanto que política pública de solidaridad internacional, difícilmente encuentra encaje en este marco. Y es que, en las contrarreformas estructurales que se imponen en la actualidad, la cooperación internacional no está teniendo un destino diferente al del resto de los servicios públicos: la privatización y la mercantilización. No puede decirse que en los últimos años se haya provocado un cambio de rumbo en la senda emprendida por los principales organismos y gobiernos que lideran el sistema de cooperación internacional, sino más bien lo contrario: en el marco de la búsqueda de alternativas neoliberales para huir hacia delante con la actual situación, la crisis ha llevado a que toda la renovada orientación estratégica de la cooperación para el desarrollo se refuerce y cobre aún más sentido.

Por eso, estamos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda internacional con vistas a reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur, los que se considera que son los principales actores sociales –grandes corporaciones, Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil– en las estrategias de “lucha contra la pobreza”. La hoja de ruta para los próximos tiempos parece clara: otorgar la máxima prioridad al crecimiento económico como estrategia hegemónica de lucha contra la pobreza, considerar al sector empresarial como agente de desarrollo en las líneas directrices de la cooperación, reducir los ámbitos de intervención estatal a determinados sectores poco conflictivos y limitar la participación de las organizaciones sociales en las políticas de cooperación para el desarrollo/19.

Ya no es posible "seguir exportando tanta solidaridad", las "circunstancias han cambiado" y los compromisos contra la pobreza han de reorientarse "hacia nuestro territorio". Eso afirmaba el pasado mes de septiembre el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, para justificar la decisión de su Gobierno de poner fin a las políticas de cooperación internacional. Es sólo un ejemplo de cómo, siguiendo una línea argumental similar, tanto el Gobierno central como la mayoría de las administraciones autonómicas y municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus presupuestos para cooperación al desarrollo en 2012. Y para este año, lejos de augurarse una recuperación –cierto es que existen algunas excepciones a esta tendencia generalizada–, caminamos en la misma dirección: como ha denunciado la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, a los 1.900 millones de euros que se recortaron el pasado año se le sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española pasará a suponer solamente el 0,2% de la renta nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de los noventa. "Fue un error perseguir el 0,7%", dice ahora el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, renunciando así a la que desde hace dos décadas ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de las ONGD en el Estado español y que los sucesivos ejecutivos se habían comprometido a cumplir firmando el Pacto de Estado contra la Pobreza.

En los años ochenta y noventa, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de AOD. Hoy, la cooperación al desarrollo ya no cumple un papel fundamental para la legitimación de la política exterior del país donante, como lo venía haciendo hasta el comienzo de la crisis financiera. Aunque aún puede seguir desempeñando un rol secundario en la proyección de imagen internacional, su función esencial es la de asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su expansión global, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en “la base de la pirámide”.

En el caso que nos toca más de cerca, todo ello se articula en torno a la famosa marca España, un proyecto para atraer capitales transnacionales a nuestro país –con EuroVegas como modelo bandera– y fomentar la internacionalización de las empresas españolas: en palabras de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, "los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas". Esto se constata, sin ir más lejos, en el presupuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para este año, en el que se observa que la partida de cooperación para el desarrollo ha disminuido el 73% entre 2012 y 2013 mientras, en el mismo periodo, han subido el 52% los fondos para la acción del Estado en el exterior a través de sus embajadas y oficinas comerciales/20.

Nos hemos habituado a escuchar con frecuencia, en el discurso oficial, una frase que se repite a modo de justificación: "Bastante tenemos con la pobreza de aquí como para preocuparnos de la de otros sitios". Es evidente que los últimos gobiernos españoles, tanto el actual como el anterior, han incumplido una y otra vez sus compromisos sobre la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza a nivel mundial/21. Y a la vez, no es verdad que, a cambio, se estén destinando más fondos para afrontar la extensión de la pobreza en nuestro país. Aquí y ahora, esa labor se está dejando en manos de algunas ONG y de las grandes empresas, recuperando la obra social, la caridad y la filantropía como forma de paliar las crecientes desigualdades. Mientras crece la desigualdad a marchas forzadas –desde 2007, la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre en España ha subido un 30%–,/22 resurge con fuerza la filosofía del “neoliberalismo compasivo”, basada en la idea de que pueden paliarse la pobreza y el hambre aportando “lo que nos sobra”.
"Cada vez más gente de la que imaginas necesita ayuda en nuestro país", decía Cruz Roja en sus anuncios para el último "Día de la Banderita", poniendo el foco en la pobreza “local”. "Cuenta conmigo contra la pobreza infantil", ese era el lema de la pasada campaña navideña de La Caixa y Save the Children, añadiendo lo de “infantil” para darle un toque adicional de sentimentalismo. Y tenemos muchos más ejemplos de cómo las grandes corporaciones están intentando reapropiarse de las buenas intenciones y de la solidaridad de una ciudadanía cada vez más preocupada por el incremento de la pobreza y el hambre: desde la filantropía de Amancio Ortega, patrón de Inditex y tercer hombre más rico del planeta, que ha donado 20 millones de euros a Cáritas (el 0,05% de su fortuna), hasta los spots tipo "siente a un pobre a su mesa" que han publicitado diferentes ONGD,/23 pasando por el auge de los bancos de alimentos, a los que han anunciado donaciones grandes empresas como Mercadona o Repsol. Hace años, la “solidaridad de mercado” se medía en base al dinero recaudado en los telemaratones, hoy parece computarse a partir de la cantidad de bolsas de comida que pueden donarse a las organizaciones asistencialistas.

Repensando el modelo de desarrollo
"No es una crisis, es una estafa", gritan los manifestantes que protestan por la privatización de la sanidad, la educación y el agua. Y efectivamente, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que los grandes capitales privados estén saliendo reforzados de la crisis mientras, por el contrario, la mayoría de mujeres y hombres van perdiendo empleo y vivienda, sanidad y educación, pensiones y derechos sociales conquistados en el último siglo. En este contexto, los cambios sustanciales para luchar contra la pobreza sólo pueden darse confrontando, en alianza con las organizaciones políticas y sindicales y con los movimientos sociales emancipadores, a las reformas económicas y los ajustes estructurales que cada día producen y reproducen un mayor empobrecimiento.

Ante el desmantelamiento de la cooperación como política pública de solidaridad internacional, la única forma de no perder ese sentido solidario que ha presidido las actividades de muchas organizaciones españolas de cooperación internacional en las dos últimas décadas es trabajar, aquí y ahora, en la formulación y puesta en práctica de una agenda alternativa de desarrollo en la que la cooperación solidaria se entienda como una relación social y política igualitaria, articulada con las luchas y los movimientos sociales emancipadores. No podemos pensar que vamos a aliviar la pobreza con lo que nos sobra, hace falta otro programa político. Trabajando en la construcción de alternativas solidarias que pueden contribuir a la resistencia social frente a los procesos de empobrecimiento y, en un futuro, a ganar fuerza para revertirlos, es decir, para cambiar de raíz la economía política dominante, tutelada por la dictadura de la ganancia. En eso estamos.
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Texto publicado en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013, pp. 143-156
Miguel Romero es editor de la revista VIENTO SUR y Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Ver en línea : PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013.

Notas
1/K. Polanyi, La gran transformación, La Piqueta, Madrid, 1989, p. 66.
2/D. Harvey ha desarrollado recientemente las modalidades de esta acumulación, como puede verse en esta entrevista de E. Boulet al geógrafo británico: «El neoliberalismo como “proyecto de clase”», Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
3/ No es el tema central de este artículo, pero dejemos claro que no hay nada que lamentar en esto que podríamos llamar “desoccidentalización”, por más problemática que sea la nueva relación de fuerzas a nivel global desde el punto de vista de los intereses de las mayorías sociales.
4/ F. H. G. Ferreira, J. Messina, J. Rigolini, L. F. López-Calva, M. A. Lugo y R. Vakis, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Panorama general, Banco Mundial, Washington, 2013.
5/ Los principales datos que aquí vamos a citar están tomados de J. L. Berterretche, "Los tramposos delirios de los tecnócratas del Banco Mundial", Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
6/El tipo de cambio es de 1 real = 0,38 euros. El salario mínimo en Brasil es de 678 reales, por tanto, unos 257 euros.
7/ El 42% del presupuesto federal brasileño se destina al pago de la deuda pública. Los presupuestos de educación y sanidad equivalen solamente al 8% y 10%, respectivamente, de esta enorme sangría de los fondos públicos.
8/ Así lo recogía el diario El País, 30 de marzo de 2013, pp. 4-5.
9/ Diferentes estudios alertan de ello: Intermón Oxfam, por ejemplo, en Crisis, desigualdad y pobreza (Informe nº 32, 2012), pronostica que en España pasaremos de tener 12,7 millones de pobres (27% de la población total) en 2012 a 18 millones (38%) en 2022.
10/ O. Jones, Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, Madrid, 2012.
11/ Eso afirma el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, Visión 2050. Una nueva agenda para las empresas, Fundación Entorno, 2010).
12/ R. Fernández Durán, La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. Preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial, Libros en Acción, Virus y Baladre, 2011.
13/ Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en: M. Romero y P. Ramiro, Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona, 2012.
14/ C. K. Prahalad y S. L. Hart, "The fortune at the bottom of the pyramid", Strategy and Business, nº 26, 2002.
15/ "En Madrid hay favelas aunque no se llamen así", El País, 3 de septiembre de 2012.
16/ «En Indonesia, vendemos dosis individuales de champú a dos o tres céntimos y aún así obtenemos un beneficio decente», afirma un ejecutivo de la compañía en «La pobreza regresa a Europa», Público, 27 de agosto de 2012.
17/ En este año, por primera vez los excedentes empresariales (46,1%) han superado a las rentas salariales (44,2%) en el cómputo del PIB español.
18/ I. Fainé, "Crecer para dirigir", El País, 2 de noviembre de 2011.
19/ G. Fernández, S. Piris y P. Ramiro, Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: Bases para un encuentro necesario, Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013.
20/ CONGDE, "Análisis y valoración de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013", 8 de octubre de 2012.
21/ Plataforma 2015 y más, "España lidera la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo y lleva la cifra de cooperación a su mínimo histórico", 3 de abril de 2013.
22/ Cáritas, Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, Fundación Foessa, 2013.
23/ Acción contra el Hambre, por ejemplo, nos invitaba a dar un donativo por cada “menú solidario” que consumiéramos en uno de los «Restaurantes contra el hambre» que formaban parte de la campaña; en una línea similar, Intermón Oxfam nos llamaba a sentarnos en su "Mesa para 7.000 millones".

Miguel Romero y Pedro Ramiro
Viento Sur
http://vientosur.info/spip.php?article8155
 

miércoles, 17 de julio de 2013

Vivienda para todos: no quieren, pero se puede

Campañas como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están devolviendo la dignidad y la capacidad de actuación colectiva a personas hasta hace poco aisladas, culpabilizadas y abrumadas por el miedo. Sus acciones de desobediencia no surgen de la nada. Recogen –y reinventan— la mejor tradición del movimiento vecinal antifranquista y una herencia que se remonta, al menos, a los sindicatos de inquilinos existentes en Bilbao, Sevilla, Tenerife o Barcelona a principios del siglo XX. A la impunidad financiera, a la voracidad especulativa y a la criminalización de la protesta, oponen algo sencillo pero elemental: priorizar las necesidades básicas de las personas y hacer del acceso a la vivienda y a la ciudad un derecho fundamental y un bien público-común.

La falta de garantías del derecho a una vivienda digna fue un factor determinante en la gestación de la crisis actual. Ahora, las luchas en torno a su configuración como derecho y no como un simple objeto de especulación están siendo un elemento clave en la resolución de la misma. Estas disputas no expresan un conflicto menor. Apuntan al corazón de un tipo de capitalismo inmobiliario-financiero-caciquil que hunde sus raíces en el franquismo, que ha marcado buena parte del “consenso” fraguado en la transición y que se ha visto espoleado por las políticas monetaristas y neoliberales de la Unión Europea [1]. El estallido de la crisis de 2008, en realidad, no ha hecho sino sacar a la luz los rasgos más grotescos de este modelo. Con resultados contradictorios. A ojos de amplias capas de la población, el derecho a la vivienda sigue apareciendo como una promesa de papel. Como un derecho devaluado y sacrificado sin pudor a los intereses patrimoniales de entidades financieras, promotores y otros poderes privados. Al mismo tiempo, sin embargo, sigue operando como bandera de denuncia y de deslegitimación de las actuaciones públicas y privadas que propician su vaciamiento. Y como exigencia, al mismo tiempo, de unas condiciones habitacionales más dignas, sostenibles e igualitarias.

1- Impunidad financiera y desprotección de las víctimas de la estafa hipotecaria

El estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo un impacto fulminante e inmediato sobre decenas de miles de familias. Ya en 2008, el Consejo General del Poder Judicial documentó 58.686 ejecuciones hipotecarias, más del doble de las casi 26.000 que tuvieron lugar en 2007 [2]. La denuncia de esta situación por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió el apoyo de diferentes organismos locales e internacionales. Todos ellas constataron la necesidad de que la entrega de la vivienda principal afectada por una deuda hipotecaria impagable fuese suficiente para liberar al deudor de buena fe. A pesar del creciente apoyo social a la medida, ni el gobierno del PSOE ni el del PP darían una respuesta satisfactoria a esta demanda. Obsesionados por apuntalar la solvencia de los bancos, sus políticas se cuidarían de otorgar a las familias afectadas cualquier protección que pudiera reputarse excesiva a ojos de los  grandes inversores. Se promoverían, sí, refinanciaciones de deudas y moratorias en los pagos. Pero solo se recurriría a las suspensiones de desalojos en casos de extrema vulnerabilidad social y económica. Lejos de ser considerados víctimas de un fraude, las personas afectadas serían tratadas como potenciales aprovechadas cuya buena fe era necesario probar en todo momento.

Los partidos mayoritarios de ámbito estatal apenas presentaron diferencias en esta lectura de los hechos. Al llegar al gobierno, en realidad, el PP se limitó a profundizar una tendencia ya trazada por su antecesor. Así se puso de manifiesto con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2012. En virtud del mismo se establecía un Código de buenas prácticas bancarias que pretendía abrir la puerta a daciones en pago negociadas. Pese a las supuestas virtudes de la propuesta, la escasa presión sobre las entidades financieras y las estrictas condiciones que debían cumplir las familias para acogerse condenaron el Código al fracaso. Según cifras del Ministerio de Economía, durante su primer año de funcionamiento, se tramitaron 3.322 solicitudes. De ese total, unas 2.190 se rechazaron por incumplimiento de los requisitos exigidos. Al final, solo se consiguieron 298 daciones en pago.

La situación de alarma social creada por la cadena de suicidios de personas que iban a ser desalojadas de sus viviendas,  forzó la adopción de nuevas respuestas [3]. A través de un nuevo Decreto-Ley -el 27/2012-, el Gobierno se planteó dos objetivos. Por un lado, facilitar una moratoria de dos años en los desalojos que afectasen a familias en situación de extrema vulnerabilidad social y económica. Por otro, impulsar la creación de un Fondo Social de Vivienda para alojar a familias víctimas de procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las retóricas declaraciones a favor de los afectados, ambas medidas tenían un alcance limitado. De entrada, las condiciones para acogerse a la moratoria del desalojo eran de una severidad manifiesta y dejaban fuera casos clamorosos. Tanto, que en poco tiempo el propio Gobierno pasó de calcular las familias que se acogerían de 600.000 a reconocer que serían menos de 120.000. En este mismo contexto, caracterizado por la depreciación de los bienes inmuebles, la acumulación viviendas vacías en manos de las entidades financieras, y la precipitación de los desahucios, el gobierno impulsó la creación de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). La creación de la entidad, más conocida como Banco Malo, fue presentada como un simple instrumento de gestión de activos. Sin embargo, suponía la creación de la mayor inmobiliaria de todos los tiempos, la cual dispondría de 89.000 viviendas acabadas y acumularía 13.000 km cuadrados de suelo. Básicamente, tanto la SAREB como los bancos que le traspasasen inmuebles contarían con apoyo financiero público. Este llegaría a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y de la garantía estatal de los créditos a inversores privados.

A pesar de esta consignación de dinero público, la regulación del SAREB no preveía ninguna medida efectiva para apaciguar la situación de emergencia habitacional o para corregir la orientación propietarista y de promoción de la vivienda como inversión. El Banco Malo promovería la venta o el alquiler del patrimonio que gestiona a través de grandes fondos de inversión caracterizados por una orientación claramente especulativa. Es verdad que luego se dispondría que unas 5.981 viviendas se destinarían a alquiler social. Sin embargo, esto representaba apenas el 10,57% del total de viviendas en manos del propio SAREB. Así las cosas, todo apuntaba a una nueva operación, más que de rescate ciudadano, de salvamento de las entidades financieras más involucradas en la gestación de la burbuja inmobiliaria (Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia y Banco de Valencia).

La voluntad de proteger a las entidades financieras y de favorecer el negocio inmobiliario también se pondría de manifiesto en otras actuaciones. Una de las más escandalosas fue el anuncio de dar permisos de residencia (no de trabajo) a las personas inmigrantes que compraran inmuebles de más de 160.000€ (que finalmente se convertirían en 500.000€). La otra, la distorsión de las propuestas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago retroactiva, del alquiler social y contra los desalojos [4]. En contra de las exigencias de mínimos planteadas por la PAH y otras organizaciones, la Ley 1/2013 aprobada por el PP en el mes de mayo vincula la moratoria de los desalojos a criterios de exclusión social y económica que se alejan de la realidad de las personas con deudas hipotecarias impagables. La normativa gubernamental, de hecho, arranca con un preámbulo mucho menos crítico con la banca que el de la ILP. El relato oficial, de hecho, refuerza el mito según el cual los ciudadanos que compraron una vivienda habitual habrían vivido por encima de sus posibilidades. El articulado de la ley, por su parte, no incluye de manera mínimamente creíble ninguno de los tres reclamos defendido por la ILP: ni la dación en pago retroactiva, ni una moratoria amplia de desalojos por razones económicas, ni el alquiler social para las familias y personas afectadas.

Tal como ocurrió con el fracasado Código de Buenas Prácticas, la norma solo prevé la paralización de desahucios en casos muy extremos. Para ello, introduce distinciones de dudosa técnica jurídica, rayanas en la discriminación, como las que dejan fuera de protección, sin justificación alguna, a niños mayores de 3 años. Tampoco se contempla, en realidad, un mecanismo efectivo que posibilite una segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas. Simplemente se sustituye la dación en pago por un incremento del 10% en el valor por el cual las entidades financieras se adjudican el inmueble (el cual pasa del 60% al 70%). Por otro lado, se vincula la posibilidad de condonar una parte de la deuda pendiente a una recuperación económica de las familias que deja fuera al grueso de personas afectadas [5].

El trámite parlamentario de la ILP, en realidad, no ha servido ni para que las personas afectadas puedan participar, ni para reforzar la tutela judicial de las mismas, ni para promover que la adjudicación de la vivienda por la entidad financiera se corresponda con el valor de tasación del inmueble. La promoción del alquiler social, por su parte, merece tan sólo una mención genérica en una disposición adicional que no impone ni al gobierno ni a las entidades financieras mandatos concretos (como la obligación de destinar a alquiler social al menos 30% de los pisos adquiridos a bajo coste por el Fondo Social de Viviendas, sugerida por el Defensor del Pueblo de Cataluña).
 
Así las cosas, la publicitada Ley antidesahucios se ha resuelto en una mera amalgama de normas ya dictadas por el Gobierno. Con un objetivo básico: asegurar que los intereses de las entidades financieras no resulten perjudicados por las demandas de las personas y familias afectadas (y estafadas, en muchos casos). De este modo, no solo se realiza una traducción mezquina de las exigencias planteadas por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 14 de marzo, que consideraba incompatible la normativa hipotecaria española con la regulación europea en materia de consumo [6]. También se mantiene la impunidad de una operación fraudulenta a gran escala sin cuya impugnación frontal es imposible plantear cualquier alternativa democratizadora al actual régimen político, económico y financiero. 

2- La (contra)reforma de la ley de arrendamientos urbanos

Si la cuestión de las ejecuciones hipotecarias ha tenido un cierto impacto social, ello se debe tanto a la trágica situación de las familias afectadas como a la presencia, detrás de ellas, de las entidades financieras. Esto ha llevado a descuidar una situación de creciente relevancia: la de las personas desahuciadas por impago de alquiler. Aquí, tanto el PSOE como el PP han apelado al mito del pequeño propietario para impulsar políticas de “flexibilización” del alquiler que lo protegerían frente a inquilinos irresponsables.

Así, siguiendo el camino abierto por la llamada “Ley del desahucio exprés” impulsada por los socialistas en 2009, el PP ha aprobado una significativa reforma en materia de arrendamientos urbanos el pasado mes de junio. El objetivo declarado de esta Ley –la 4/2013–, es “dinamizar el mercado de alquiler”. Los medios para lograrlo, empero, son más que discutibles. Básicamente, la norma refuerza el papel del propietario, con independencia de que sea pequeño o grande, debilitando la posición de los inquilinos y estigmatizando los impagos por razones de necesidad [7]. En términos concretos, la reforma reduce de 5 a 3 años la duración del contrato de alquiler. Esto significa que cada 3 años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. Además, se desvincula la subida de la renta anual al aumento del IPC. La ley prevé que arrendador y propietario decidan “libremente” qué criterio aplicar para determinar el incremento de la renta. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y por lo tanto la renegociación de las condiciones. Por otra parte, se agilizan los desahucios por impago. Un solo mes de incumplimiento del alquiler puede dar lugar a un procedimiento expeditivo en el cual la persona tan sólo dispone de diez días para satisfacer la deuda. Finalmente, se crea un registro de morosos –“Registro de sentencias firmes de impago de alquiler”-, en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler.
 
Por sus costes sociales y económicos inmediatos, una política de este tipo resulta suicida. Al precarizar aún más la posición de los arrendatarios, desincentivará el cuidado de los pisos alquilados y acabará por criminalizar a las personas con necesidades más agudas. Asimismo, fomentará un interesado enfrentamiento entre los inquilinos más vulnerables y los pequeños propietarios que también se han visto empobrecidos con la crisis. Mientras, las grandes inmobiliarias y las entidades financieras podrán seguir especulando con un parque de viviendas infrautilizado que bien contribuiría a aliviar el problema. De este modo, a los desahucios por ejecuciones hipotecarias se suman los de miles de personas que, sobre todo en núcleos urbanos donde el alquiler es mayoritario, no llegan a fin de mes y corren el riesgo cierto de quedarse en la calle.

Por otro lado, una política de este tipo se aleja de las mejores prácticas en la materia, que incluyen tanto el fomento de parques robustos de vivienda social de alquiler a precios asequibles, como medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, los contratos de alquiler son indefinidos y existen límites a los precios del mercado privado que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el caso español.

3- El derecho a la vivienda: acoso, derribo, resistencias.
 
Las medidas aquí descritas demuestran la férrea persistencia de unas políticas financieras, habitacionales y urbanísticas que desnaturalizan por completo los elementos nucleares del derecho a la vivienda y de lo que debería ser un Estado social digno de ese nombre. En ocasiones, la línea de actuación del gobierno no constituye sino la prolongación de medidas adoptadas durante el anterior gobierno socialista. A veces, en cambio, se advierten saltos hacia adelante e incluso intentos de retornar a algunas políticas ya defendidas por el Partido Popular entre 1996 y 2004 [8]. Contempladas con alguna distancia, en realidad, muchas de estas políticas aparecen como un intento errático de mantener a toda costa los pilares de un capitalismo inmobiliario-financiero-caciquil sobre el que se asienta buena parte del régimen heredado del franquismo y hoy rendido a los intereses de la Troika. 

Este vaciamiento del derecho a la vivienda en beneficio de las entidades financieras y de los grandes propietarios no se ha impuesto, en todo caso, de manera unilateral. Ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y ha generado innumerables resistencias jurídicas y sociales. Como consecuencia, de hecho, de la presión social en la calle, la Relatora Especial para el derecho a la vivienda de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, denunció en 2009 [9] y 2012 [10] la situación de emergencia habitacional a la que estaban conduciendo las alarmantes cifras de desalojos. En sus anuales informes, la Relatora constataba los nocivos efectos que la financiarización de la vivienda a través del impulso de los mercados hipotecarios había tenido para las capas más vulnerables de la población en países como Estados Unidos o España. Frente a dicha situación exhortaba a los estados a resolver la crisis habitacional con la misma urgencia y predisposición que estaban exhibiendo frente a la crisis de las entidades financieras. En ese sentido, les exigía fomentar regímenes de tenencia seguros distintos a la propiedad privada, como el alquiler asequible y estable en el tiempo o la propiedad colectiva.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas también reprobó las vulneraciones al derecho a la vivienda producidas por las políticas gubernamentales. En su informe de 2012, referido al Estado español [11] destacaba, entre otros puntos problemáticos: las crecientes dificultades para hacer frente al pago de hipotecas de larga duración; la discrecionalidad del llamado Código de Buenas Prácticas, en la medida en que dejaba en manos de las entidades financieras la admisión o no de la dación en pago; la persistencia de desalojos forzosos que vulneraban las garantías procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva; o la ausencia de alternativas de alojamiento o de compensación para las personas afectadas. A partir de este diagnóstico, precisamente, el Comité recomendaba al Estado la inclusión de procedimientos de desahucio que respetaran los estándares internacionales en la materia. Asimismo, lo instaba a emprender modificaciones legislativas que facilitaran la dación en pago, que incentivaran el alquiler y aumentaran la oferta de vivienda social, y que permitieran contar con información desagregada sobre el impacto efectivo de la crisis económica en las personas sin techo.

Aunque tímidamente, también los tribunales locales procuraron reaccionar ante la situación de emergencia habitacional que se imponía. Pese a los pocos resquicios ofrecidos por la legislación hipotecaria, algunos jueces recurrieron a categorías como las del abuso del derecho o a doctrinas como la de los actos propios para proteger a las personas frente a los bancos. Muchas de estas vías se vieron debilitadas cuando el Tribunal Constitucional (TC) inadmitió a trámite una cuestión de constitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell [12]. Sin embargo, el propio TC acabó desautorizado por la ya aludida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que denunciaba la permisividad de la legislación hipotecaria española con la existencia de cláusulas abusivas.

En el ámbito local, diferentes ayuntamientos y corporaciones locales aprobaron mociones en las que instaban al Gobierno central a aceptar la dación en pago retroactiva y a garantizar el acceso a un alquiler social a las familias afectadas. Algunos plenos municipales también acordaron dificultar la participación de la policía local en los desahucios. Igualmente, instaron al gobierno central para que fueran las entidades financieras, y no las personas que consiguen la dación en pago o son víctimas de una ejecución hipotecaria, quienes cargasen con tributos como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal [13].

Estas medidas se verían complementadas por otras, como la creación de comisiones mixtas para evitar desalojos o bien para paliar sus efectos, o como la promoción del alquiler social de pisos públicos desocupados en zonas de alta demanda residencial. En algunas localidades, como en Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento amenazó con cancelar la cuenta municipal a entidades financieras que no consentían la negociación con los afectados. La amenaza, de hecho, logró paralizar el desalojo y fue replicada por otros ayuntamientos como el de Ares en Galicia.

Algunos ayuntamientos ha utilizado la vía prevista por el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2008, que aprueba el texto refundido de la Ley del suelo, para expropiación de las viviendas de aquellos propietarios que hayan incumplido sus deberes de conservación y/o rehabilitación. En la Comunidad Autónoma Valenciana, por ejemplo, se emprendieron acciones orientadas a la expropiación, rehabilitación y el alquiler social de viviendas en poder de entidades financieras. En Cataluña, por su parte, algunos ayuntamientos han aprovechado los resquicios ofrecidos por la Ley autonómica 18/2007, del derecho a la vivienda, para sancionar a los propietarios de inmuebles residenciales desocupados. Con base en esta normativa, precisamente, el Ayuntamiento de Terrassa abriría más de 300 procedimientos administrativos contra entidades bancarias por utilización anómala de viviendas de su propiedad [14].

Seguramente, una de las actuaciones más incisivas en esta materia ha sido el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril de 2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado en Andalucía. La gran virtud de la norma andaluza fue colocar en primer plano la necesidad de intervenir en el mercado para impedir los usos anti-sociales de la propiedad, sobre todo por parte de las entidades financieras. A la hora, en efecto, de tratar la cuestión de las viviendas deshabitadas, la norma se cuida de distinguir entre personas físicas y jurídicas. Cuando los propietarios son personas físicas, lo que se contempla, ante todo, son incentivos dirigidos a facilitar el alquiler de los  inmuebles en cuestión. Cuando se trata de personas jurídicas, como las entidades financieras o las grandes inmobiliarias, se establecen sanciones de hasta 9000€. Y se prevé la posibilidad de expropiar el uso de los inmuebles desocupados con el objetivo de destinarlos a alquiler social. Con arreglo a este precepto, las familias en mayor situación de vulnerabilidad en proceso de ejecución hipotecaria podrán aplazar el lanzamiento y permanecer en sus viviendas hasta 3 años pagando un máximo del 25% de los ingresos de la unidad familiar.

Ciertamente, la propuesta presenta algunos puntos discutibles. No queda claro, por ejemplo, si el justiprecio pagado a las entidades financieras por la expropiación de uso de sus viviendas se realizará siguiendo criterios de mercado u otros más equitativos. Algunas organizaciones sociales también han señalado que algunos criterios exigidos para poder acogerse a la norma son demasiado restrictivos. Con todo, en un contexto en el que muchos recortes se imponen con la lógica de lo “inevitable” y de la “ausencia de alternativas”, las potenciales de la medida no pueden negarse. Por un lado, porque se trata de un instrumento útil para paralizar lanzamientos que afectan a familias en auténticas situaciones límite. Por otro, porque coloca en el centro del debate la necesidad de ir generando medidas que permitan “expropiar a los expropiadores”, priorizando el valor de uso de las viviendas por encima de su valor de cambio. 

Es esta última posibilidad, seguramente, la que explica que la Comisión Europea haya reaccionado de manera fulminante enviando una carta de advertencia al Gobierno español. En ella, señalaba que la normativa andaluza podía ser vista como un factor “que debilita la calidad de los activos y generar incertidumbre jurídica para los inversores nacionales e internacionales”. En obediente acatamiento de este juicio, y con el visto bueno del Consejo de Estado, el presidente del Gobierno no dudó en recurrir ante el Tribunal Constitucional las disposiciones más incisivas del Decreto-Ley, solicitando su inmediata suspensión.

Este recurso, mansamente tramitado por un Tribunal Constitucional cada vez más conservador, supondrá la congelación de los 12 expedientes de paralización de desahucios ya tramitados ante la Junta andaluza. Pero hará más visible, también, la sumisión del Gobierno a los grandes poderes privadas y su impotencia para dar respuesta a las necesidades de miles de familias y personas. No en vano, el Decreto-Ley andaluz ha sido emulado por iniciativas similares, como la ley navarra aprobada con el apoyo del Partido Socialista, Bildu, Aralar-Nafarroa Bai, Izquierda-Ezquerra y Geroa Bai. Contra la idea de anomalía que pretende transmitir el PP, estas iniciativas se inspiran en medidas coactivas y sancionatorias que ya existen en otros países europeos como Francia, Reino Unido, Holanda o Suecia. El punto de partida de estas políticas es que la existencia de viviendas infrautilizadas de manera permanente e injustificada no puede considerarse una situación normal, sino una patología que debe combatirse, sobre todo en situaciones graves de exclusión residencial.

A cinco años del estallido de la crisis, el Reino de España ha pasado a encabezar las listas de estados europeos con mayor número de viviendas desocupadas (unos tres millones y medio, según los cálculos más fiables). Esta situación, sumada a la falta de reacción de los poderes de Estado, explica que la PAH haya lanzado una campaña destinada a promover la ocupación colectiva de edificios vacíos en manos de las entidades financieras, así como recuperaciones individuales de pisos. Esta campaña, conocida como Obra Social de la PAH, busca que las familias puedan regresar a sus casas, si están vacías, o que al menos tengan una alternativa a quedarse en la calle, mientras abren una negociación “real” con las entidades bancarias. Esta campaña ya ha permitido, solo en Cataluña, realojar a más de 600 personas desahuciadas en 13 bloques de edificios y en decenas de viviendas individuales.

Habrá que ver cómo reaccionan los jueces frente a este tipo de iniciativas [15]. Lo cierto, como sostiene la PAH, es que su campaña no pretende promover ocupaciones ilegales, sino recuperaciones legítimas de viviendas infrautilizadas por entidades que han recibido grandes cantidades de dinero público. De hecho, cuando su portavoz, Ada Colau, o el diputado de la CUP en el Parlamento catalán, David Fernández, insisten en la responsabilidad criminal del ex presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, no están señalando simplemente a una persona. Están impugnando toda la red de complicidades institucionales y privadas sobre las que se ha asentado el capitalismo financiero-inmobiliario-caciquil de las últimas décadas.

Iniciativas como la de la PAH están devolviendo la dignidad y la capacidad de actuación colectiva a personas aisladas, culpabilizadas y abrumadas por el miedo. Sus acciones de desobediencia no surgen de la nada. Recogen (y reinventan) la mejor tradición del movimiento vecinal antifranquista y una herencia que se remonta, al menos, a los sindicatos de inquilinos existentes en Bilbao, Sevilla, Tenerife o Barcelona a inicios del siglo XX. A la impunidad financiera, a la voracidad especulativa y a la criminalización de la protesta, oponen algo sencillo pero elemental: priorizar las necesidades básicas de las personas y hacer del acceso a la vivienda y a la ciudad un derecho fundamental y un bien público-común. 

NOTAS: [1] Para esta caracterización, ver J. M. Naredo, “El modelo inmobiliario español y sus consecuencias”, en J.M. Naredo y C. Taibo, De la burbuja inmobiliaria al decrecimiento, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2013 [2] Según el CGPJ, entre 2008 y 2012 los totales acumulados han sido de 415.220 procedimientos de ejecución hipotecaria y 244.400 lanzamientos. Un estudio reciente del Colegio de Registradores de la Propiedad de  España calcula que la mayoría de estos lanzamientos corresponden a viviendas habituales. En términos absolutos el mayor peso de la morosidad se produjo en  los territorios con mayor volumen de construcción residencial, como la Costa Mediterránea. Vid. Panorama Registral: Impagos hipotecarios 2012, Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España, Madrid, 2012 [3] Es difícil calcular con certeza el número de personas que se han quitado la vida por no poder hacer frente al pago de la vivienda. Basta consignar los casos de José Miguel Domingo, de 54 años de edad, vecino de Granada,  que se ahorcó el 25 de octubre pocas horas antes de ser desahuciado; de Manuel G. B. de 53 años, que ese mismo día, se lanzó al vacío desde su casa en Valencia tras llamar al timbre un miembro de la comisión judicial que venía a desalojarlo; o de Amaia Egaña, de 53 años, de Barakaldo, Euskadi, que el 9 de noviembre se arrojaba desde la ventana de su casa en un cuarto piso, cuando la comisión judicial del lanzamiento iba a desahuciarla [4] La modificación fue tal que el día de su votación en el pleno del Congreso el grupo promotor quiso retirar la ILP, pero una interpretación restrictiva de la normativa se lo impidió La modificación fue tal que el día de su votación en el pleno del Congreso el grupo promotor quiso retirar la ILP, pero una interpretación restrictiva de la normativa se lo impidió. La modificación fue tal que el día de su votación en el pleno del Congreso el grupo promotor quiso retirar la ILP, pero una interpretación restrictiva de la normativa se lo impidió [5] En concreto, prevé una quita del 35% de la deuda para quienes consigan pagar el 65% del remanente en cinco años desde el remate o adjudicación, y una quita del 20% para quienes paguen el 80% del remanente en diez años [6] Las miles de personas inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria dispusieron tan sólo de un mes a contar desde el pasado 15 de mayo para denunciar posibles cláusulas abusivas. La limitación de los intereses de demora, por su parte, se sitúa en tres veces el interés legal del dinero, cifra que continúa siendo muy elevada (alrededor del 12%) y que de nuevo se aleja de la legislación europea en la materia [7] De hecho, según datos del Consejo General del Poder Judicial en 2012 el número de desahucios por impago de alquiler, 54.718, superó al de lanzamientos hipotecarios, 43.853. En ciudades como Barcelona, más del 80% de los desalojos están vinculados a dificultades en el pago de alquiler [8] Otra de las obsesiones gubernamentales es reactivar el deprimido sector de la construcción. Para ello, el gobierno se ha propuesto cambiar las leyes vigentes de suelo y de propiedad horizontal, reforzando nuevamente los derechos del propietario. Una enmienda a última hora del Grupo Popular del Congreso, de hecho, ha incorporado a dicho proyecto de ley  una vieja aspiración  de los promotores inmobiliarios, la suspensión de  la reserva de suelo  (30% de la edificabilidad) para la construcción de vivienda protegida o equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría  cuatro años y deberán aceptarla  las comunidades autónomas [9] A/HRC/10/7, 4 de febrero de 2009 [10] A/67/286, 10 de agosto de 2012 [11] E/C.12/ESP/CO/5, 6 de junio de 2012 [12]Auto 113/2011, de 19 de julio de 2011 [13] Esta modificación ya se ha introducido para los pocos casos que cumplen las condiciones para acogerse al Código de buenas prácticas bancarias, de modo que bastaría con su ampliación [14] El ayuntamiento les concede un mes de plazo para que ocupen la vivienda. También les ofrece también la posibilidad de que cedan la vivienda al municipio para que la alquile.  En caso contrario, se les impondrá la sanción correspondiente y, si no se rectifica, las posteriores multas coercitivas [15] Recientemente, varios integrantes de la PAH de Sabadell ocuparon un edificio que llevaba cuatro años vacío. Uno de los bloques pertenecía al SAREB, que exigió el desalojo por vía penal. El tribunal que se ocupaba de la causa rechazó la petición y argumentó que los pisos no estaban cumpliendo una función social

Gerardo Pisarello es profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso