La denuncia del acuerdo
que se pretendía firmar en el marco de la OMC hace doce años, conocido como AMI (Acuerdo
Multilateral de Inversiones), está en el origen de ATTAC. Entonces se consiguió
impedir que los intereses privados mercantiles de las grandes corporaciones
globales se impusieran a la decisión soberana de los Estados. Es en este
contexto en el que ATTAC España sitúa
hoy la expropiación parcial de la empresa petrolera YPF por el Gobierno
argentino.
Se trata de un conflicto
entre el interés general de un pueblo y el interés particular de una empresa.
La representación democrática de la utilidad pública por el Gobierno argentino
frente a la representación corporativa de la utilidad privada por el Consejo de
Administración de YPF.
La legalidad de una
expropiación es la que da seguridad jurídica a los inversores si se cumple la
utilidad pública y se paga la correspondiente indemnización. Y, en caso de no
haber acuerdo entre las partes sobre el precio, esta legalidad se garantiza con
la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia competentes. La apelación
al “clima de negocios” no puede ser un chantaje, basado en consideraciones
fundamentalmente financieras de lucro privado, a las políticas que defiendan el
bien común.
El propio proceso de
privatización de YPF por el gobierno de Carlos Menem es denunciable desde la
perspectiva de Attac ya que según está probado se produjo a un precio muy por
debajo de su valor, después de socializar la deuda de la empresa petrolera y de
despedir a más de treinta mil de sus trabajadores.
No es aceptable la atribución que se hace
Repsol del descubrimiento del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta en Loma de la Lata, Neuquén, pues no se
corresponde con la realidad ya que ese yacimiento se sitúa en un área en la que
existen otros yacimientos de gas y petróleo descubiertos desde hace décadas
sólo que no se conocían sus características ni cuantía porque aunque se trata
de hidrocarburos convencionales están depositados en reservorios no
convencionales y a 3.500
metros de profundidad, para los que no había tecnología
disponible y que además presentan elevados riesgos medioambientales, Según
expertos altamente cualificados la extracción de gas no convencional debería abandonarse,
tanto por la violenta forma extractiva en el método aplicado, como por el
inmenso perjuicio medioambiental que nunca se podrá subsanar, incluyendo la
contaminación e intoxicación de las aguas de la zona.
La consideración de los costes
sociales y medioambientales de las industrias extractivas de recursos
energéticos estratégicos no renovables no sólo debe constar en la valoración de
la empresa, sino que debe ser el mascarón de proa de las actuaciones de YPF en el futuro. La ciudadanía argentina
tiene toda nuestra solidaridad en su lucha por conseguir que la gestión de la
empresa sea transparente y eficaz, evitando clientelismos, corrupción y evasión
de capitales.
ATTAC España rechaza la
intervención de nuestro Gobierno en defensa exclusiva de una empresa privada
transnacional cuya actuación está definida en función de los intereses
financieros de sus accionistas globales. La anterior privatización total de YPF
en 1992, la posterior incorporación de un socio argentino en 2005 con una
financiación pactada y su actual expropiación parcial, son capítulos de una
negociación entre partes.
La nueva geopolítica
mundial, con la presencia de las
económicas emergentes (China, India, Brasil, etc), no debe estar en
manos de las grandes corporaciones globales. Somos los ciudadanos del mundo
quienes tenemos que establecer las nuevas reglas de juego. Y para ello, debemos
empezar por exigir a todos nuestros gobiernos que nos representen y defiendan a
las nuevas generaciones. Aplicar esto en relación a los recursos no renovables
pasa por tratarlos como bienes públicos y no como mercancías sometidas a la
especulación financiera.
ATTAC pide por tanto a la ciudadanía española que
rechace y denuncie el corporativismo neoliberal que los gobiernos asumen como
principal cometido de su política la preservación de los beneficios de las
grandes corporaciones, cuyos intereses quieren representar. Y que se desmarque
de un discurso populista demagógico que, como en este caso, nos intenta
presentar a Repsol como una empresa “española” y no como lo que es, una gran
corporación multinacional. Sin olvidar que es una empresa que opera
abiertamente en paraísos fiscales y cuyos beneficios escapan en gran medida a las
Haciendas estatales. Si el gobierno español quisiese realmente que Repsol fuese
una empresa española tendría que proceder forzosamente a renacionalizarla, lo
que, por pertenecer a uno de nuestros sectores estratégicos, contaría con el
apoyo de Attac y de una gran parte de la sociedad española.
ATTAC España
27 de abril de 2012
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