La gestión de la crisis financiera por parte de los gobiernos
europeos, rescatando a los bancos y recortando derechos sociales,
provocará sin duda un empobrecimiento de amplios grupos de la población
y, cabe esperar, aumentará la conflictividad social. El gobierno del PP
ya está pensando en estos términos y ha lanzado en consecuencia una
propuesta de reforma del código penal. El Observatorio Metropolitano, ya anunciaba en un libro recién publicado, Spanish Neocon,
que ante las escasas perspectivas de mejora económica, la derecha
podría empezar a construir un discurso que ponga el foco sobre la gente
que está pagando la crisis y quienes protestan contra las medidas del
gobierno, utilizando términos tales como “delincuentes”, “vagos” y
“violentos”.
Es una vieja estrategia, bien conocida en EEUU, por la que los pobres
son culpabilizados de su desempleo, carencia de casa o necesidad de
apoyo social. El que no tiene empleo pasa a ser un “vago” o un
“parásito”, los que se movilizan son considerados “delincuentes” o
“busca-jaleos”. Se crea una línea divisoria entre aquellos que mantienen
el empleo o un pequeño negocio, “gentes de bien”, y quienes ponen en
“riesgo” su tranquilidad: los desempleados, los que protestan por la
situación, los que recurren al pequeño robo, a la compra-venta alegal o
al menudeo. Esta estrategia busca hacer olvidar las causas políticas y
económicas de los actos de estas personas y convertir la crisis-estafa
en un problema de orden público.
Así, se han anunciado reformas contra los pequeños robos y contra
las movilizaciones. Entre las primeras, encontramos que cualquier hurto
será delito al margen de la cantidad que se haya sustraído -ahora se
exige que se supere los 400 euros- si el autor lo ejecuta sin saber “el
lucro ilícito que obtendrá”. Por ejemplo, el que se lleve un bolso
cometerá un delito independientemente de que en el monedero haya tres
euros o mil. Se crearán tipos penales especiales y agravados para
algunas formas de robos, hurtos y apropiaciones indebidas. Y se
adoptarán “medidas cautelares inmediatas, incluida la prisión
provisional, en supuestos de multirreincidencia”. No se ha oído nada
sobre aumentar las penas de los corruptos. Y para los grandes
defraudadores una amnistía fiscal. ¿Quién es el criminal?
Por la parte de los revoltosos, se considerará “como delito de
atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante
las fuerzas de seguridad” y será delito de desórdenes públicos
penetrar u obstaculizar el acceso a establecimientos públicos. Es
decir, impedir de forma temporal la entrada a una oficina de banco para
denunciar un desahucio, concentrarse delante de la Consejería de
Educación o permanecer en una plaza en contra de la opinión de la
policía será un delito. Tal como dejó claro el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, convocar concentraciones por Internet que alteren
“gravemente el orden público” serán consideradas “delito de integración
en organización criminal”. Un claro mensaje al 15M y a todo tipo de
organización ciudadana a través de las redes sociales.
Ya se han levantado voces críticas desde judicatura, por ejemplo, Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia ha expuesto que la Delegación del Gobierno “debe garantizar el derecho de manifestación aunque no esté comunicada. Además, si es pacífica debe prevalecer este derecho a otros si no se vulneran flagrantemente”. Con esta reforma penal, Ghandi iría a la cárcel; se dificulta precisamente la posibilidad de una protesta pacífica.
Ya se han levantado voces críticas desde judicatura, por ejemplo, Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia ha expuesto que la Delegación del Gobierno “debe garantizar el derecho de manifestación aunque no esté comunicada. Además, si es pacífica debe prevalecer este derecho a otros si no se vulneran flagrantemente”. Con esta reforma penal, Ghandi iría a la cárcel; se dificulta precisamente la posibilidad de una protesta pacífica.
El control de la calle es tarea de los sectores más duros de la
derecha a nivel político y mediático. Los neoconservadores lo saben y
quieren aprovechar su oportunidad para conseguir mayor peso político.
Pero llenar los ya paralizados juzgados con casos menores y activistas
pacíficos es lo peor que le puede pasar a nuestro sistema judicial. Los
detenidos, juzgados y encarcelados no salen baratos. Gastar recursos
públicos en cuestiones penales menores, cuando se hacen recortes en
educación y servicios sociales es un claro síntoma del tipo de gestión
de la crisis que pretende llevar a cabo el gobierno. Este modus operandi
contribuye a generar un ambiente en el que la prioridad parece ser
controlar “una espiral de violencia” en palabras de Jorge Fernández
Díaz, y no salvar lo que verdaderamente importa: la sociedad y la
democracia.
-> Iniciativa para difundir al extranjero la criminalización que pretende la reforma del código penal: http://piratepad.net/dP2oUT4sc3
Madrilonia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario