Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone
en red, apoya y amplifica a los colectivos que proponen acciones
directas para conseguir el cambio.
Un proyecto de redesDRY en colaboración con PAH, Madrilonia, iaioflautas y otros colectivos especializados que trabajan en los distintos ámbitos.
1. Rescate a las personas y no a los bancos
Frente a la crisis global del sistema financiero, los gobiernos y los
lobbies económicos están intentando salvar sus intereses a golpe de
endeudamiento público y recortes en derechos sociales. Ante la crisis de
la deuda que está asolando toda Europa, la llamada ‘troika’ (Fondo
Monetario Internacional [FMI], Comisión Europea [CE] y Banco Central
Europeo [BCE]) quiere forzarnos a seguir sufriendo políticas de
austeridad y reformas como la laboral para poder salvar así a los
acreedores. Ante esta situación:
1. No vamos a admitir que se nos gobierne a golpe de recorte,
mientras esperamos que banqueros y políticos encuentren solución a la
cuadratura del círculo: salir de la crisis recortando.
2. Ya que nadie va a rescatar a las de abajo, debemos ejercer nuestro propio rescate construyendo frentes amplios de disenso a la deuda y la austeridad. En este sentido, resulta fundamental promover una Auditoría Ciudadana de la Deuda que ponga sobre la mesa la ilegitimidad de la deuda y señale a sus responsables.
Las agencias de rating y los grandes organismos financieros no nos
representan. No les vamos a obedecer con la cabeza agachada. Cualquier
pueblo a la altura de las circunstancias debe desobedecer la dictadura
financiera. Los gobiernos ‘políticos’, que coinciden con los gobiernos
‘financieros’, no se van a oponer a esta deudocracia que nos empobrece
más día a día. Nos toca a las personas rescatarnos a nosotras mismas.
Hay que tomar conciencia de que no vivimos en una democracia, sino en una deudocracia.
Las Auditorías ciudadanas de la deuda pueden ayudarnos a explicar el
tsunami financiero que ha conllevado un trasvase de la deuda privada
hacia la deuda pública mediante los rescates de bancos en quiebra. Las
Auditorías identifican también quiénes son los culpables de esta
situación y revelan cómo la responsabilidad se carga, sin embargo, sobre
las espaldas de la ciudadanía. Tenemos que hacer que todos los caminos
conduzcan a Islandia: todos los culpables a la cárcel.
Tenemos que dar otros pasos en respuesta a la crisis. En lugar de
rescatar a los banqueros construyamos y apoyemos una banca ética, no
corrupta ni basada en la especulación, que responda a las necesidades de
la población. También digamos ‘no’ al pago de la deuda ilegítima que ha
permitido a los bancos forrarse. ‘No’ a pagar la deuda contraída en
contra de los intereses de la ciudadanía.
2. Educación y Sanidad universales, públicas, gratuitas y de calidad
La Constitución Española garantiza en el artículo 28, “el acceso
universal, permanencia, movilidad y salida sin discriminación alguna” a
la educación. El artículo 43 “reconoce el derecho a la protección de la
salud” y cita que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios.”
Los gobiernos de PP, PSOE y CiU están limitando el acceso gratuito y
universal a estos dos servicios, escudándose en la insosteniblidad y
acusándonos de derrochar el dinero público al abusar de los servicios.
Pero, para Sanidad, el estado Español destina sólo un 7% del Producto
Interior Bruto, un porcentaje dos puntos por debajo de la media europea
¿Es insostenible entonces el sistema, o, al contrario, está
infrapresupuestado?
Con tales excusas, imponen políticas en contra de los intereses de la
mayoría de la población, aplicando recortes en servicios básicos de más
de 10.000 millones de euros.
En Sanidad implantan el mal llamado ‘co-pago’ (se trata en realidad
de un ‘re-pago’, porque ya pagamos con nuestros impuestos por los
servicios que además ahora quieren gravar), el euro y el incremento en
el pago del 10% de las recetas médicas (10% pensionistas, 50% activos),
la negación de la atención continuada a inmigrantes y mayores de 26 años
sin cotización previa, la supeditación de dietas, ortesis y prótesis y
transporte sanitario a las condiciones económicas de cada persona y el
adelgazamiento de la cartera de servicios básicos en pro de la
accesoría/complementaria (sujeta a más ‘repagos’).
Con todos estos recortes, se rompe el derecho constitucional a la
protección de la salud y se deja desprotegida a gran parte de la
población en un momento de crisis económica.
Los recortes en educación así como las subidas de tasas para acceder a
la enseñanza pública en todos sus niveles (subida de un 66% en
matrículas universitarias, FP de pago en Cataluña y 28% de recortes en
subvenciones a guarderías) suponen la negación de unos derechos
constitucionales que deberían estar garantizados. Por otra parte, no
solo se trata de re-pagar la educación pública sino que están degradando
la calidad de la enseñanza hasta límites que nunca imaginamos: se
aumenta hasta un 20% el número de estudiantes por aula, se reducen
drásticamente las plantillas docentes, se acaba con las AMPAS, con la
atención a la diversidad, con las extraescolares, con los equipos de
orientación psicopedagógica, se cierran escuelas, se frena el programa
de digitalización de las aulas, se elimina la sexta hora, se retrasan
las substituciones hasta la tercera semana de baja… por no hablar de las
escuelas que aún siguen en barracones o las que no tienen calefacción.
Cuando se recorta en Educación y Sanidad se ataca al bienestar de todas las personas.
Como usuarias del sistema público, estamos viendo constreñido nuestro acceso a los derechos básicos.
Como empleadas, se recortan drásticamente
nuestros salarios a la vez que aumentan las horas y cargas de trabajo.
No podemos permitir que la socialización de las pérdidas provocadas
por un modelo de desarrollo insostenible se traduzca en peor salud y
educación para las personas de a pie. Pero tampoco se trata de mantener
lo que había antes sin cuestionarlo, sino más bien de mejorarlo. Tenemos
que asumir como incuestionable que invertir más en mejores sistemas de
educación y de salud no es un ‘gasto’, sino que redunda en el bienestar
colectivo y supone un beneficio, una inversión.
Los recortes en Sanidad y Educación son actos criminales,
absolutamente evitables. No vamos a ser gobernados por quienes dicen que
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y no pararemos de
luchar hasta que el buen vivir sea repartido de una manera accesible a
todos y todas.
3. No a la precarizazión. Distribución de la riqueza
¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos que supeditar nuestra
capacidad de trabajo a conseguir un salario para pagar las necesidades
básicas: vivienda, agua, alimentación, etc.? Esta pregunta es un punto
de partida para reflexionar sobre cómo funciona el sistema productivo
vigente, y cuál es el futuro catastrófico al que nos conducen las élites
políticas y económicas. Es urgente cuestionar de raíz la precarización
cada vez más extendida en nuestra sociedad.
La actual reforma laboral
impuesta por el PP profundiza las ya iniciadas por el gobierno del
PSOE, bajo las doctrinas neoliberales. Se facilitan los despidos, se
ajustan al máximo los salarios, se deslegitiman los convenios colectivos
y se anulan nuestras herramientas para defender el trabajo. Esta
continuada reforma laboral reduce progresivamente los derechos
conquistados históricamente por las luchas, con la paradójica promesa de
aumentar el empleo.
Quienes trabajamos ya hemos experimentado que el debilitamiento de
nuestros derechos no produce el prometido crecimiento. Más bien se
concentra el poder y la riqueza en el capital y las élites. Si se
abarata lo que el trabajo le cuesta al capital, se generaliza un modelo
basado en la lucha por la supervivencia de la mayoría, coronado por el
privilegio privilegio de unos pocos.
Como bien sabemos, la reducción de los derechos de quienes trabajan va
de la mano de una eliminación cada vez mayor de las becas, los
subsidios, de las ayudas al desempleo. No es un problema futuro, sino
una urgencia ya presente. ¿Cómo quieren que sobreviva aquella parte cada
vez mayor de la sociedad que se encuentra desprotegida?
Reconocer que la riqueza se produce de manera cooperativa y que es
necesario repartirla de forma justa es la clave para construir otro
modelo productivo.
La vida y el mercado no son sinónimos. No solo producimos cuando lo
reconoce el capitalismo o el mercado. Es necesario diferenciar ‘trabajo’
de ‘empleo’. Quienes no tienen empleo, también trabajan. Trabajamos y
producimos mientras ejercemos los cuidados, estudiamos, reciclamos,
usamos internet, nos comunicamos y luchamos por nuestros derechos. En
una palabra: producimos riqueza mientras vivimos y construimos nuestra sociedad.
Es necesaria una reforma fiscal
que grave los mayores beneficios del capital, los bienes patrimoniales y
los flujos financieros como un primer paso para un reparto equitativo
de la riqueza. Pero sobre todo es imprescindible repartir los beneficios económicos
que resultan de la cooperación social, sea en forma directa
(monetaria), sea en forma indirecta (acceso universal a transporte,
salud, vivienda o educación). Una Renta Básica Universal permitirá acabar con la supeditación de la vida y del trabajo de cooperación social al neoliberalismo.
Exigimos la garantía de nuestra existencia. Tenemos que pensar en qué
consiste una buena vida. No queremos una vida sometida a la acumulación
de la riqueza, sino que la riqueza social que producimos esté destinada
a hacer sostenible nuestra vida en sociedad. Para que nuestro trabajo
no esté obligatoriamente sometido al empleo, sino que esté liberado y
sea útil para nuestra vida en común.
Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone en red, apoya y amplifica a
los colectivos que proponen acciones directas para conseguir el cambio.
4. Por el derecho a una vivienda digna
Vdevivienda salió a la calle en 2006 para decir al mundo que la
burbuja inmobiliaria iba a estallar. La PAH (Plataforma de Afectados/as
por la Hipoteca) trabaja actualmente para que se organicen quienes viven
las consecuencias del estallido. Nunca ha habido tanta vivienda vacía,
ni tampoco tanta gente sin vivienda.
El artículo 47 de la Constitución Española dice:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Ante una Constitución de papel mojado, ante la vergüenza que sentimos
hacia unos poderes públicos incapaces de garantizar el acceso a la
vivienda y ante la necesidad de todas las personas de vivir en una casa
“digna y adecuada”, la batalla por la reapropiación del derecho a la
vivienda ha comenzado.
Es necesario exigir el fin de los abusos de la especulación inmobiliaria.
Nuestros objetivos son:
1. La dación en pago retroactiva, es decir, que se cancele la deuda
con el banco a cambio de la entrega de la propiedad de la vivienda.
2. La paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del inquilino y el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad.
3. Al alquiler social, mediante el cual la persona afectada tendrá derecho a residir en su vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales.
4. La conversión del stock inmobiliario que acumulan las entidades financieras en parque público de alquiler social.
5. Promoción de un sistema de acceso a la vivienda no basado en la especulación, sino que constituya un derecho independientemente de la condición económica de las personas.Si nos suspenden la Constitución, suspendemos la obediencia.
5. Transparencia, democracia en red y libertades ciudadanas
Vivimos una reducción manifiesta de los derechos y libertades de la
ciudadanía. Con esto buscan minimizar nuestra participación tanto en las
calles como en las redes. La democracia entra en crisis cuando se
cancelan los derechos políticos de huelga, manifestación y reunión en el
espacio público, que son pieza clave de una sociedad democrática. Es
más, la propia democracia consiste en la defensa misma y en el ejercicio
que estamos realizando de esos derechos. El movimiento #15M ha
evidenciado la urgencia de reinventar la vieja relación entre sociedad
civil y gobierno, que está fosilizada en las democracias representativas
y parlamentarias. La ciudadanía ya no acepta ser espectadora de la
democracia. Por eso la estamos reconstruyendo activamente.Las
herramientas digitales permiten experimentar nuevas prácticas de participación política. No faltan ejemplos. En Islanda, el nuevo proceso constituyente se ha apoyado en una plataforma wiki
y en la participación de los ciudadanos a través de la redes sociales.
En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, famoso por los presupuestos
participativos y el Forum Social Mundial, se ha creado un gabinete digital
que ensaya a través de la red procesos de intervención de la ciudadanía
en las decisiones relativas a las políticas públicas. Las propuesta de democracia 4.0 abre la posibilidad de reapropiación de nuestra soberanía, reforzando el protagonismo social.
Afirmamos que el concepto clave es transparencia:
La transparencia es una condición fundamental de la democracia, que
los gobiernos evitan aun cuando se les exige cumplirla. Los gobiernos
españoles ha desoído las indicaciones recibidas en este sentido tanto
desde la ciudadanía como desde las instituciones europeas. Es el momento
de dejar atrás las formas estáticas de representación y de formación de
la opinión pública, de superar los modelos verticales de reparto del
poder y de la riqueza. Porque todo ello favorece la opacidad en la toma
de decisiones.
Articular una política de transparencia con el uso de herramientas
prácticas de participación y cooperación en red, significa reinventar la
democracia.
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