Río + 20 y el camino de los pueblos

Entre el 15 y 23 de junio confluyen en Río de Janeiro concepciones de vida, intereses económicos y diversos propósitos políticos que concreta un momento de definiciones sobre los paradigmas y las lógicas dominantes que han de regir el futuro de la humanidad.

 

Río+20, sin embargo, aparece en 2012 en un escenario altamente contestatario, con movimientos sociales en el mundo que rechazan las exigencias arregladas por las corporaciones transnacionales del poder global. Estos movimientos han puesto al descubierto que en los dos últimos años las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron su mayor nivel histórico y que las reuniones de Copenhague (2009), Cancún (2010), Nagoya (2010) y Durban (2011), fueron solo escenarios en que los países causantes del calentamiento rehusaron asumir sus responsabilidades y se dedicaron a promover soluciones falsas como la “economía verde” y “gobernanza ambiental”, lo que pone de manifiesto que las potencias hegemónicas no están dispuestas a cambiar su matriz energética que genera las emisiones atmosféricas y que inciden en el calentamiento global.

 

Los movimientos sociales del mundo han lanzado una amplía convocatoria de la movilización mundial que emana de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro de Porto Alegre. A ella, se ha sumado una treintena de organizaciones sociales del Perú que han decidido tomar las calles –como el resto del mundo – este 5 de junio para expresar la Defensa de la Vida y la Madre de Tierra contra la Mercantilización de la Naturaleza. En la convocatoria, las distintas organizaciones peruanas, señalan lo siguiente: “A 40 años de declararse el Día Mundial del Planeta, a 3 años de la matanza de Bagua, este 5 de junio, a las seis de la tarde, en la Plaza Francia de Lima, saldrán a las calles para cuestionar el régimen de producción y consumo incontrolados y de búsqueda de ganancia sin límites, que separa y opone al ser humano de la naturaleza, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma”.

 

En este contexto, mientras el mundo habla del calentamiento global y de cuidar a la Madre Tierra, la empresa Yanacocha ubicada en Cajamarca, pretende ejecutar el controvertido proyecto minero Conga, uno de los más grandes del país que busca extraer oro a pesar de que dicha actividad demanda la desaparición de fuentes naturales de agua dulce y su sustitución por represas y diques artificiales para proveer de agua a las poblaciones aledañas. A este conflicto se suma la población de Espinar del Cusco cuestiona la minera Xtranta Tintaya por los daños que causa al medio ambiente. Ante este escenario, una gran mayoría de peruanos sostiene que no habrá respecto al medio ambiente si no se logra cambiar el modelo económico neoliberal y esto podrá ser alcanzado, si es que la sociedad peruana comienza a ver la lucha por el respecto a nuestros recursos naturales como una demanda legítima y necesaria, peruana y global.

 

Todo esto me recuerda a los alcances de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada el 22 de abril, en Cochabamba cuando dijo: “Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro. De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, (…) existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. (…). Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas”.

 

Los movimientos sociales del mundo se indignan, aprenden y acumulan experiencias, una de ellas, es la importancia de articular las expresiones de lucha globales con las locales frente a la crisis del sistema. Río+20 es un buen momento para rearticular el movimiento global y constituirse en bloque popular con alternativas capaces de oponerse a la mercantilización de la naturaleza. Ya que a dos décadas de ocurrida la Conferencia de las Naciones Unidas, conocida comúnmente como "Cumbre para la Tierra", efectuada en Río de Janeiro, en 1992, la Madre Tierra transcurre aún bajo el gobierno de tratados internacionales que inflingen la vida a la naturaleza. Por eso Río+20 será una gran movilización global contra el sistema capitalismo en defensa de la Madre Tierra.

 

Lima, 27 de mayo de 2010.

9:40 p.m.

 

Linda Lema Tucker

Socióloga y escritora peruana 

Alainet

http://alainet.org/active/55190%26lang=es

El fin de la Transición

La Transición española empieza a mostrar los primeros síntomas de agotamiento. ETA se diluye, los nazis se manifiestan libremente por Madrid, los periódicos publican fotos de la Amiga Muy Especial del Borbón y todo ese tinglado autonómico-crisol llamada Estado de las Autonomías empieza a venirse abajo.

Fraga ha muerto y Gabilondo tiene un videoblog. Revienta la burbuja inmobiliaria, la de la prensa, la del cine, la educativa y la de casarse con una infanta. Hasta la intocable Constitución puede tocarse ya (en pleno agosto, sí, pero, oye, es un paso). Apenas quedan aguiluchos en las fachadas de las grandes ciudades, respetar a los maricas ha entrado y salido del sistema educativo y los humoristas del tardofranquismo ya tienen carnet oro en Proyecto Hombre.

Hemos necesitado más de treinta años para asumir con naturalidad que hay que asumir con naturalidad que se silbe al himno nacional. Treinta años para descubrir que las fosas comunes no se tocan y que dejar la democracia en manos de estructuras partidistas y completamente opacas lleva a Bankia. Treinta años para darnos cuenta de que Marca no cuenta como leer ni Spanish Movie como cultura.

La parte mala es que no parece que hayamos aprendido la lección. La buena es que emigrar ahora es más barato que en los años 50. Y más rápido.

Si las cosas no se tuercen, en cuatro o cinco años podremos decir que la Transición democrática se ha cerrado en firme y que este país inicia una nueva etapa en su historia. Para entonces seremos más pobres (salvo los muy ricos, que serán más ricos) y todos tendremos un fondo de pensión y un seguro médico. Para entonces el Estado de las Autonomías quizá presente alguna deformidad con respecto a lo que ahora conocemos y una o dos bajas en curso. Para entonces la estructura de los partidos quizá haya dado lugar a un sistema un poco más honrado, menos oscuro y podrido.

Para entonces, esperemos, los padres de nuestra democracia estarán todos muertos, jubilados, presos o con alzhéimer. Si algo le debemos a esa generación es lo fácil que se lo han puesto a la nuestra; es muy difícil hacerlo peor.

José A. Pérez

Mimesacojea

http://www.mimesacojea.com/2012/05/el-fin-de-la-transicion.htmlhttp://www.mimesacojea.com/2012/05/el-fin-de-la-transicion.html

Aparatos de Estado y poder colectivo

Decían los clásicos que una situación revolucionaria se caracteriza por la existencia de un doble poder: el poder del Estado, expresado en sus instituciones gubernativas tales como el Ejecutivo, la policía, los tribunales de Justicia y los Parlamentos; y de otro lado la pléyade de asociaciones, consejos, comunas o colectivos en los que ‘el pueblo’ se organiza, debate y emprende las correspondientes acciones. Durante una revolución esos dos poderes coexisten; históricamente el proceso termina cuando uno de ellos triunfa, ya sea por un golpe de la contrarrevolución que restaura la situación anterior, ya sea por un avance de la revolución que crea nuevas instituciones.

Así fue en las revoluciones clásicas, en las que el conflicto terminaba con un enfrentamiento armado. La novedad de los procesos constituyentes a finales del siglo XX y en el XXI, especialmente en América Latina, es que los movimientos sociales logran construir plataformas políticas con las que acceder al poder del Estado por la vía electoral, pero el doble poder perdura en convivencia tensa con el poder estatal. El poder colectivo no desaparece en las instituciones estatales ni se agota en los procesos electorales, manteniendo siempre un ‘contra-poder’ en acto en el que se expresa la potencia colectiva desafiando el poder institucionalizado.

Pero mientras que en América Latina, tras una década de endeudamiento y de chantaje, han sabido reaccionar, en Europa se ha dado un movimiento inverso. Ante una izquierda estupefacta y temerosa de conjurar los viejos fantasmas de la revolución, los sectores neoliberales han impulsado una auténtica “revolución conservadora” utilizando para ello todas las palancas del Estado. La estrategia neoliberal victoriosa podría esquematizarse en varios pasos que han ido siguiendo meticulosamente en los últimos decenios: primero se lanza una campaña de desprestigio de los servicios públicos y de los discursos tradicionales de izquierda aprovechando hasta el último resquicio de sus debilidades; a continuación se conquistan espacios en las instituciones públicas lanzando desde ellos operaciones de gran calado que les refuerzan económicamente y les reportan cierta popularidad. En Madrid tenemos abundantes ejemplos con la construcción de infraestructuras, con la ingente cantidad de dinero público gastado en las campañas para las Olimpiadas, con la creación de los hospitales de gestión privada, con las ventajas para las escuelas y universidades privadas... Una vez instalados en el Estado se pone en marcha una espiral virtuosa por la que la magnitud de sus proyectos alimenta su prestigio hasta que estalla la crisis y se pone de manifiesto la endeblez de todo ello y, lo que es más importante, la magnitud de la deuda. Como consecuencia del endeudamiento se impone la austeridad y los recortes.

Lo curioso de este modo de hacer política es que los aparatos del Estado son los agentes de la privatización, la mercantilización y el endeudamiento y, ahora, de las medidas de recorte del gasto. Aunque el discurso siga siendo el del “hombre que se hace a sí mismo” del liberalismo clásico, nada tiene que ver con el poder económico y político que los sectores neoliberales ejercen desde sus puestos públicos y canalizan en provecho de sus empresas y consorcios, subcontratando los negocios a las empresas amigas y alimentando la corrupción política. Esta política, desgraciadamente, va más allá de las siglas puesto que, a pesar de sus diferencias de estilo y a veces de discurso, los dos partidos mayoritarios han operado del mismo modo, haciendo del poder público institucional una palanca para los negocios del grupo. De ahí el rechazo de las estructuras políticas actuales y la necesidad de construir un poder colectivo constituyente. La deuda pública, la mal llamada “deuda soberana”, no es pues una deuda que se haya generado para dar a los ciudadanos mayores o mejores servicios públicos sino que, en gran parte, es una deuda consuntiva que se suscribió para pagar esas mismas contratas que financiaban las campañas electorales, o las grandes infraestructuras o los eventos mayúsculos de los últimos años. Es una deuda que nada tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos aunque haya sido suscrita por las administraciones públicas en un marco de legalidad.

El 15M está poniendo en la picota ese tipo de política. A día de hoy todavía no sabemos calibrar claramente la radicalidad de la denominada spanishrevolution pero intuimos que estamos desbrozando un camino nuevo. Estamos construyendo un poder colectivo que se expresa en las múltiples asambleas y en las acciones que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional; estamos construyendo nueva institucionalidad política, rebasando la limitación de la participación en el ritual de las elecciones y del espectáculo de los partidos.

Dos poderes

Con ello se está abriendo una situación de doble poder en que el ‘principio de autoridad’, detentado por los poderes instituidos, se enfrenta al ‘poder democrático’ ejercido a través de las acciones masivas de desobediencia civil.

Ahora bien, ¿qué es lo que ‘está constituyendo’ este poder constituyente?, ¿cuáles son los rasgos o puntos de engarce del ‘poder en acto’ que estamos ejerciendo. En mi opinión cabe diferenciar varios aspectos: en primer lugar, el tejido de asambleas locales y de barrio, que, con la asamblea general más las múltiples comisiones y plataformas, configura un embrión de poder local capaz de desarrollar debates y discusiones, tomar decisiones, y encauzar la actividad de las innumerables personas que participan en el movimiento. Ellas son las que están paralizando los desahucios e imponiendo la dación en pago, las que negocian con los bancos, y las que ayudan a la ocupación de viviendas vacías y al realojo de aquellos que pierden sus casas ante la total despreocupación de las autoridades, cuyo objetivo es proteger a los bancos y no a las personas.

En segundo lugar se dibuja un mapa de nuevos derechos que rebasa el individualismo liberal de los derechos de primera generación e introduce los nuevos derechos emergentes: el derecho a la vivienda, a la ciudad, a la producción de cultura, al uso libre de internet, a una renta garantizada para todos y todas, en fin el “derecho a tener derechos” para todos los habitantes de los ricos territorios contemporáneos. Esos derechos son fundamentales y no están recogidos en las legislaciones actuales.

En tercer lugar se empieza a plantear que todas esas innovaciones deberían dar lugar a una nueva Carta Magna, una nueva Constitución que rebase la de 1978, ya obsoleta, en cuya elaboración –¡no como entonces!– tendrían que intervenir activamente todos esos nuevos poderes. Esa nueva Constitución no debería ser el final –como ocurrió en la Transición– sino el principio de una revolución democrática.

LA LEGITIMIDAD SOCIAL DEL ESTADO

Las actuales políticas anticrisis suponen el mayor ataque contra sus basamentos que haya sufrido nunca el Welfarestate. Su sistemática voladura implica la ruptura del pacto social y político sobre el que se asentaba la legitimidad del Estado en sí: ya que no asegura los derechos sociales ni regula la voracidad capitalista, ¿para qué le sirve a la colectividad? ¿Sólo como garante del monopolio de la violencia e instrumento de la racionalidad económica? Entonces, ¿con qué y cómo desmontarlo?

Monserrat Galcerán. Militante social, ensayista y profesora de Filosofía

Diagonal

http://www.diagonalperiodico.net/Aparatos-de-Estado-y-poder.html

Consecuencias de la reforma laboral (y que no te cuenta la ortodoxia económica)

Todo economista convencional con ambiciones tecnocráticas recomienda desde el inicio de la crisis, a través de los altavoces que generosamente le prestan los medios, dos medidas de política económica: austeridad y reformas estructurales. Bien es cierto que con el fracaso total, por otra parte anunciado y previsible, de tales políticas para restablecer la estabilidad financiera y económica en Europa (al acelerar la austeridad la espiral de deflación de deuda hacia una depresión en los países periféricos de la Eurozona), los economistas neoliberales mencionan la austeridad como mal inevitable. Asimismo, consideran que las reformas estructurales son necesarias para facilitar una salida más rápida de la crisis y llaman a profundizar en ellas.

Entre tales reformas figura como destacada y casi única la reforma laboral. Precisamente la reforma del mercado de trabajo, en vigor desde febrero, y que dada su “agresividad” parecería responder a lo que, según estos economistas, “necesita” la economía española. Pero, al igual que ocurre con la austeridad, los economistas neoliberales no explican cómo esas reformas estructurales podrían mejorar el crecimiento y, menos aún, cuantifican sus efectos, más allá de apelaciones genéricas a supuestas mejoras en la flexibilidad, la competitividad y el empleo. En un artículo anterior explicábamos cómo esa reforma laboral no responde a la necesidad de disminuir la tasa de paro, puesto que no es en la legislación laboral donde reside el origen del desempleo actual de la economía española. En este artículo cuantificaremos sus efectos a corto, medio y largo plazo sobre distintas variables: empleo, paro, PIB, salarios y productividad. Este artículo, además, servirá a los economistas de FEDEA[1] (que recientemente insistían, pese a la evidencia empírica en contra, en la legislación laboral como origen del desempleo e incluso del modelo productivo) para que conozcan los efectos negativos que en los próximos años tendrán las políticas que ahora defienden. Saberlos ahora les dará tiempo para rectificar en el momento adecuado su discurso, al igual que hicieran con su apoyo inicialmente entusiasta a las políticas de austeridad. Así, si leen este artículo, tendrán la oportunidad de afirmar con tiempo de sobra que ésta no era en realidad su reforma laboral, y de calibrar un modelo DGSE para obtener algún resultado que nos ilustre a los impíos ateos del libremercado, de cómo la clave por la que la reforma será un desastre se encuentra en que se ésta se quedó corta.

La reforma laboral sería ineludible según el consenso neoliberal por dos motivos:

1)      Se atribuye erróneamente el origen de las crisis a un problema de competitividad de los  países periféricos de la Eurozona.

2)      En contexto sin posibilidad de devaluación del tipo cambio, que restaure la competitividad perdida, se considera que la única salida sería una devaluación interna, como vía para mejorar la balanza de pagos y crecer vía exportación.

El primer argumento es una falacia. Cierto es que los índices de competitividad desde la entrada en la UEM se han deteriorado en España. Estos índices se refieren, como indica el gráfico de la izquierda, a tipos de cambio efectivos reales, es decir, la relación entre el índice de precios de un país y el de sus socios comerciales. En el caso español este índice ha empeorado, aunque no por un aumento de los costes laborales unitarios reales (y, por tanto, no por los salarios reales que, de hecho, se han reducido en la última década), sino por el incremento de los precios, apropiado por el excedente empresarial. Y es que suelen olvidarse de los beneficios empresariales como factor inflacionario. En todo caso es falso que tal deterioro de los índices de competitividad sean el origen del desequilibrio comercial, dado que la cuota de exportaciones de España se ha mantenido prácticamente estable durante la última década y, más aún, su crecimiento ha tenido una relación mayor con la evolución del comercio internacional que con los costes laborales unitarios relativos. Esto se debe a que en los países desarrollados la demanda de sus exportaciones es relativamente inelástica al precio unitario. Dicho de otro modo, variaciones en los precios modifican de forma limitada su demanda exterior, debido a que en gran medida se compite en diferenciación de producto.

El segundo argumento, como veremos al analizar el efecto a medio plazo de la reforma, hace equivalentes erróneamente los efectos de una devaluación interna, vía costes salariales, con una devaluación del tipo cambio. Sus efectos sobre los índices de competitividad pueden ser equivalentes, pero no lo son desde luego sobre la renta y el empleo.

La reforma laboral aprobada en febrero, por tanto, no pretendería otra cosa que limitar el poder de negociación y de derechos de la clase trabajadora para facilitar el ajuste de las plantillas y reducir salarios. Esta finalidad está en todas medidas que contiene: eliminación de la ultraactividad de los convenios, reducción de costes de despido y salida, cambio unilateral de condiciones de los salarios funcionales para el empresario, eliminación de autorizaciones administrativas en los ERE, de la tutela judicial en otros casos…

Pasemos entonces a analizar los efectos a corto, a medio y largo plazo.

EFECTOS A CORTO PLAZO: AUMENTO DEL DESEMPLEO

Esta reforma laboral entró en vigor por Real Decreto el día 13 de febrero, por lo que sus efectos en los datos del mercado laboral se producirían a partir de marzo. Lo que se observa con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2012 y del paro registrado en abril es que se acelera la caída de la ocupación y el ajuste vía cantidades.

En el gráfico inferior izquierdo se observa la relación entre variación porcentual del empleo y PIB desde el inicio de la recesión en 2008. La línea muestra la relación media entre variación del PIB y empleo. Los trimestres o puntos por encima de la línea indicarían una desaceleración de la destrucción del empleo respecto a la variación del PIB, es decir, un menor ajuste en cantidades y viceversa

Precisamente en el primer trimestre de vigencia de la reforma observamos una aceleración de la caída del empleo respecto al PIB y, contrariamente a lo que nominalmente pretendía la reforma, una aceleración del ajuste a la baja vía cantidades. Lógico si se piensa que la reforma se aplica en el contexto de una situación de caída acumulada de renta e ingresos, y con recesión, por lo que ésta facilita la expulsión de trabajadores del mercado laboral, agravando el problema desde un principio.

Esto viene corroborado por los últimos datos de paro registrado de abril (gráfico de la derecha). Pese a que se publicitó una caída del desempleo registrado en 6.632 personas, al tomar datos desestacionalizados (dato realmente relevante para determinar la tendencia mensual) se observa que el paro se aceleró en abril y marzo hasta niveles máximos desde finales de 2009 (1,6%), apogeo de la fase recesiva anterior.

En consecuencia, a corto plazo, la reforma laboral aumenta la destrucción del empleo al facilitar la expulsión de trabajadores del mercado.

EFECTOS A MEDIO PLAZO: CAÍDA SALARIAL, DE LA RENTA Y AUMENTO DEL DESEMPLEO

Como mencionábamos, el principal objetivo de la reforma laboral es promover una devaluación interna por medio de un ajuste salarial a la baja que mejore las exportaciones. Este razonamiento supone confundir erróneamente los efectos de una devaluación interna con los de una devaluación del tipo de cambio. Error que a su vez incluye otro: considerar los salarios como un precio más.

Una devaluación del tipo de cambio siempre provoca una mejora de las exportaciones y una reducción de las importaciones, incrementándose entonces la renta, si se cumple la condición de Marshall-Lerner[2], lo que empíricamente se cumple de manera generalizada. En cambio, una devaluación interna como la que promueve la reforma laboral v2ía salarios, no tiene por qué incrementar la renta, sino que probablemente, y casi con seguridad, dé lugar a una caída de ésta.

Una devaluación interna vía salarios tiene consecuencias en dos frentes:

1)      En cuanto a la demanda interna, en un contexto de fijación de precio mark-up[3] (competencia imperfecta) se genera una caída de precios, aunque menor que la de los salarios, deteriorando su poder adquisitivo. Esto reduce la demanda de consumo, mientras que la demanda de inversión, en la medida que no ve inmediatamente realizada la rentabilidad de la caída salarial, no se incrementa. Es decir, que la demanda interna cae (Kalecki, 1970). Añádase que el propio deterioro de las relaciones laborales en un contexto de desempleo masivo como el actual, induce a su vez a caídas en el consumo también entre quienes aún mantienen su puesto de trabajo, como medida de cautela. Ante el temor a perder el empleo optan por ahorrar.

2)      En cuanto a la demanda externa, el efecto inmediato sería obviamente de mejora de las exportaciones, pero dicha mejora debería compensar el efecto negativo sobre la demanda interna previa, y esto es altamente improbable. En todo caso, como vimos anteriormente, la demanda de exportaciones es relativamente inelástica (tiene una variación relativamente limitada con los cambios en el precio, debido a la relevancia de la competitividad estructural y a través de la diferenciación de producto), por lo que la posible mejora de las exportaciones derivadas de la caída salarial no compensará el descenso de la demanda interna.

El efecto neto de la devaluación interna vía caída salarial será un descenso de la renta, y no un aumento como en el caso de la devaluación del tipo cambio.

Recientemente, un informe de Crédit Suisse consideraba que una mejora del índice de competitividad de España hasta los niveles previos de hace una década, implicaría una caída anual del 3% en la tasa de salarios nominales durante los próximos 5 años.

Nosotros estimamos que, suponiendo en el mejor de los casos un comportamiento similar de la productividad por ocupado de España respecto de la Eurozona y una tasa de inflación en torno al 1,5% anual, reducir el índice de competitividad de España hasta el nivel del año 2000, implicaría una contracción del salario nominal y de la remuneración de asalariados en torno al 2,5% anual durante los próximos 5 años, y una caída del salario real del 1,6% medio anual.

Una vez conocido el efecto negativo sobre la renta y el PIB de una caída salarial (o devaluación interna, que acabamos de analizar), podemos cuantificar el efecto, sabiendo que la remuneración de los asalariados y el PIB se encuentran cointegrados. De esta forma, una variación de la remuneración de los asalariados explica la evolución del PIB, sin que se produzca una regresión espuria.[4] Al estimar esta relación, prevemos una caída del PIB anual durante los próximos 5 años del 0,4% anual respecto a un escenario base (es decir, contrafactualmente, si no se hubiera implementado la reforma). Ello supondría que en 2012 la caída del PIB no sería del -1,8% (como prevén los organismos multilaterales tipo Comisión Europea o FMI), sino del -2,2%. En 2013 no sería de entre el 0,1% o el -0,3%, sino del -0,6%... Y todo ello sin tener en cuenta los efectos de la espiral contractiva sobre la demanda agregada de los recortes del gasto y del ajuste presupuestario, que acelerarían el proceso de depresivo. Y sin contar tampoco que las políticas de ajuste se implmentan en un contexto de desapalancamiento en el sector privado, que ahorra para reducir su excesiva deuda acumulada.

Por todo ello, el efecto sobre la devaluación interna, vía caída salarial, será un descenso de la renta. Por su parte, esa caída de la renta disminuiría la ocupación, y con ello aumentaría la tasa de paro por encima del 27% en 2015, frente al 23% previsto en el escenario base por el Gobierno y organismos multilaterales. Y todo ello, al igual que en el caso de la renta, sin tener en cuenta el efecto contractivo del ajuste fiscal.

En consecuencia, a medio plazo, la reforma laboral tendrá como resultado una caída de la renta, el PIB y la ocupación, y un incremento de la tasa de paro respecto a los valores previstos por los organismos internacionales, y sin tener en cuenta los efectos contractivos adicionales de la austeridad fiscal. 

EFECTOS A LARGO PLAZO: CAÍDA DE LA PRODUCTIVIDAD

Los defensores de la reforma laboral afirman que sus mayores virtudes se observarán en el largo plazo. Lo bueno del largo plazo es que siempre está por llegar, lo que permite que todas estas promesas se mantengan en el tiempo, y si no se cumplen es porque aún falta para ese “largo plazo”. Eso sí, no cuantifican ni analizan cuáles serán esas consecuencias tan positivas, más allá de huecas palabras sobre “mejoras”, “crecimiento potencial”, “competitividad” y la “flexibilidad” de la economía española, a través de no se sabe muy bien qué mecanismo esotérico.

En el largo plazo la variable más relevante, que determina la evolución de la renta per cápita y del bienestar, es la productividad. Los defensores de la reforma laboral afirman, de forma sorprendente, que tal mejora de la productividad se produciría debido a que la reforma laboral, al reducir los derechos de los trabajadores, incentivaría su esfuerzo. Sorprendente afirmación porque a largo plazo, que es donde se aprecian los cambios relevantes de la productividad, los únicos determinantes de ésta son el stock de capital, el progreso técnico y lo que en los modelos neoclásicos se llama “capital humano”, es decir, formación de los trabajadores o valor de la fuerza de trabajo. El esfuerzo de los trabajadores, incentivado con su precariedad no es absoluto un determinante de la productividad a largo plazo.

Pero, como vimos anteriormente, el principal resultado de la reforma es una contracción de los salarios. El efecto de los salarios a largo plazo sobre la productividad es cuanto menos ambiguo. En los últimos años se han desarrollado trabajos en los que se demuestra la relación de causalidad desde los salarios hacia la productividad, debido a que el crecimiento de éstos empuja hacia un cambio técnico sesgado ahorrador de trabajo (Foley y Michl (1999)), y con ello a los empresarios a acelerar el progreso técnico y aumentar el stock de capital. Entre estos trabajos destacan los de Adalmir Marquetti (2004) quien, a través de datos de panel del Penn World Table, prueba la relación estable que va del salario a la productividad y no a la inversa. Esto explicaría que en aquellos países donde se han inducido caídas o moderación salarial se haya producido un estancamiento de su productividad, como por ejemplo Países Bajos (CWM Naastepad (2004))

En el caso de la reforma laboral española, la caída del salario real medio a la que, según estimamos anteriormente, induciría la reforma laboral (en torno al 1,7% anual en los próximos 5 años) provocaría un descenso de la productividad del trabajo, de acuerdo con un modelo de cointegración entre salario real y productividad, del 0,5% anual hasta el año 2020, frente a un relativo estancamiento previsto en los escenarios de consenso entre los analistas.

En conclusión, en el largo plazo la reforma laboral contribuiría a una caída de la productividad, que es el determinante de la renta per cápita a largo plazo para una economía. Esto retroalimentará un modelo de baja productividad-bajos salarios, que precisamente se dice querer cambiar con las reformas estructurales. 

Las consecuencias cuantificadas y estimadas en todos los horizontes temporales de la reforma laboral son evidentemente muy negativas sobre el empleo, los salarios, el crecimiento y la productividad. Sorprende la falta de debate sobre estas consecuencias de la reforma laboral, más allá de las vaguedades y argumentaciones ideológicas neoliberales sobre las pretendidas bondades de eliminar cualquier protección a los trabajadores para reducir el desempleo, pues se parte del reduccionismo de plantear el salario como un coste más, tal como señalaba Fernando Luengo recientemente en econoNuestra. Sobre todo porque esta reforma laboral ni siquiera es funcional al objetivo que dice perseguir: bajar la tasa de desempleo. No lo es y no lo será. Y además tendrá a largo plazo consecuencias sobre el modelo productivo, laboral y social tremendamente tóxicas.

REFERENCIAS

Foley y Michl (1999): Growth and Distribution, Harvard University Press. Massachussets.

Kalecki, M. (1970), Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos, Ariel, Barcelona.

Luengo, Fernando (2012), “Mercado de trabajo. Reflexión crítica de la lógica económica dominante”, en econonuestra.org. 08/05/2012.

http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=263:reformas-del-mercado-de-trabajo-reflexion-critica-de-la-logica-economica-dominante&catid=59:debate-mercado-de-trabajo&Itemid=88

Marquetti, A. (2004): “Do Rising Real Wages Increase The Rate of Labor-Saving Technical Change?. Some Economic Evidence”, Metroeconomica, 55 (4), pp. 432-441, Noviembre.

Naastepad (2004): “The Dutch productivity slowdown: the culprit at last?”, Structural Change and Economic Dynamics. 15 (2004); pp. 137–163

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[1] Los editores de FEDEA, en su habitual estrategia de construirse argumentos caricaturescos para luego rebatirlos, señalaban que la evidencia empírica, en contra de sus tesis que vinculan tasa de paro y legislación laboral, o bien es irrelevante (ya que se publica “en revistas de muy bajo impacto y poca credibilidad en cuanto al control de calidad que aplican a los artículos que publican”) o bien responde a intereses políticos o ideológicos (como los informes de la OCDE). Estos argumentos son llamativos por dos razones:

a)       Basar un argumento en términos de qué posiciones aparecen en revistas de mayor impacto es cuanto menos dudoso. Entre otras consideraciones por el sesgo que estos indicadores tienen hacia la ortodoxia académica. Dicho esto, aun así existe una batería de artículos recientes que cuestionan la relación entre legislación laboral y desempleo publicados en revistas indiciadas JCR (las publicaciones de mayor reconocimiento) y con índices de impacto superiores a los que figuran en la mayoría de artículos publicados por los propios miembros de FEDEA.

b)       FEDEA es una institución financiada en su totalidad por 14 empresas pertenecientes al IBEX-35, una  transnacional de serevicios de consultoría y una fundación de unos grandes almacenes. De estas 16 entidades que sostienen a FEDEA, 9 son bancos, entre ellos la recientemente nacionalizada BFA-Bankia. Teniendo en cuenta todo esto, FEDEA no debería dar lecciones de imparcialidad a partir de sus argumentos ad hominen.

[2] La suma de elasticidades de exportación e importación debe ser superior a la unidad.

[3] Esto significa que, en el contexto de competencia imperfecta, algunas empresas tienen poder de mercado para no ser precio aceptantes, por lo que pueden fijar precios por encima del precio de competencia perfecta mediante un margen sobre sus costes, lo que implica rigideces de precios.

[4] De forma muy sintética, dos variables se encuentran cointegradas si, siendo no estacionarias (tienen tendencia) mantienen una relación estable a largo plazo, que hace que los residuos de su regresión lineal sean estacionarios. Es decir, que la relación entre dos variables con tendencia (no estacionaria, por tanto) no es espuria, y no se debe simplemente a que la existencia de una tercera variable relacionada con ambas (como su tendencia), y que explicase a ambas.

J. Rodríguez y Antonio Sanabria
EconoNuestra
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=277:consecuencias-de-la-reforma-laboral-y-que-no-te-cuenta-la-ortodoxia-economica&catid=50:a-fondo&Itemid=78

Privilegios contra los derechos de la mayoría ciudadana

Las palabras recortes y ajustes apenas expresan lo que significan. En la reforma laboral suponen despojar de derechos a los trabajadores, despido barato, paro creciente, precariedad sistemática, reducción de salarios, menor capacidad adquisitiva salarial y más pobreza, entre otras agresiones.

 

¿Y que supone recortar 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación en el Reino de España? Es expulsar de la sanidad pública a inmigrantes irregulares y a jóvenes en paro, empeorar la atención a la salud, interminables listas de espera, prolongados retrasos en cirugía y pruebas diagnósticas, más sufrimiento, más dolor, mayor riesgo de muerte...

 

En educación, los recortes significan menos profesores, aulas masificadas, peor calidad de enseñanza, más fracaso escolar y vetar a los hijos de trabajadores el acceso a la universidad por tasas prohibitivas y menos becas.

 

Como Franco, Rajoy gobierna por decreto para imponer sus “reformas”. Veinte decretos de ley en cinco meses, contra ocho de Aznar o cinco de Zapatero. La Constitución permite promulgar decretos ley “en caso de urgente y extraordinaria necesidad”, pero establece convalidarlos en el Congreso. El Gobierno de Rajoy no ha convalidado 15 de los veinte decretos de ley perpetrados.

 

Además, el gobierno ha decretado una amnistía fiscal (que llama “regularización”) que permitirá a los grandes defraudadores de Hacienda aflorar dinero oculto pagando sólo un 10%. Los técnicos en hacienda e impuestos consideran ese decreto, tal como está formulado, puerta abierta al fraude fiscal y al blanqueo sistemáticos. Se ingresa dinero sucio evadido en un banco y al día siguiente, limpio y barato desde un punto de vista fiscal. Como ha escrito el economista Gerardo Rivas, “gravamen especial y regularización de rentas no declaradas son eufemismos que disimulan que el Gobierno del Partido Popular perdona por un precio módico las voluminosas deudas con la Hacienda Pública a los defraudadores fiscales que atesoran lo mucho defraudado en las cuevas de la nueva piratería; cajas de seguridad y paraísos fiscales.”

 

Y sigue el dislate. En ese escenario de recortes, retroceso social y amnistía fiscal, el gobierno da más dinero a la banca. Ya inyectó 15.000 millones de euros a bancos y cajas y ahora, lo que haga falta. Más capital público para Bankia, la joya de la corona del partido Popular que ha tenido que ser rescatada entre oscuridades. Son 7.500 millones de euros por ahora, pero podrían ser 12.000. En realidad, el gobierno le ha prometido a Bankia todo el capital que necesite para sanearse.

 

Pero esas inyecciones de capital -dice el gobierno- son préstamos a devolver. De momento, no se ha devuelto nada digno de mención. ¿Por qué no se ha prestado dinero público con la misma largueza a las empresas de la economía real para evitar la recesión y combatir el paro? A diferencia de las empresas que producen, la banca hoy no crea riqueza: solo arregla sus tramposos balances tóxicos y especula. Pero para la banca hay todo el dinero que pida. Por otra parte, esos millones para la banca el Tesoro los consigue endeudándose. El Estado se endeuda sobre todo por la banca. Para que pueda pagar sus cuantiosas deudas con bancos alemanes y franceses, entre otros.

 

Pero hay más. Como escribe Juan Torres, “haber prohibido que el Banco Central Europeo preste a los gobiernos, obligándoles a buscar préstamos en la banca privada, es la causa del elevado encarecimiento de la deuda pública”. Encarecimiento que son enormes beneficios de los bancos privados. Torres recuerda que los economistas Holbecq y Derudder han demostrado que Francia ha pagado cien mil millones de euros de intereses desde 1980 a 2006 por una deuda de 229.000 millones. España ha pagado tres veces la deuda que tenía en 2000 y de 2008 a 2010 ha pagado ya más de 120.000 millones de euros. ¡Que no se podría hacer para relanzar el país con ese dinero en manos de un gobierno decente, justo y competente!

 

Lo que encarece la deuda pública es que la han convertido en negocio especulativo de la banca privada. Con la obscena y oscura complicidad de las agencias de calificación y, por supuesto, del BCE.

 

Hasta que el beneficio de la minoría rica no esté varios puestos por debajo de los derechos de la mayoría ciudadana en las prioridades, la crisis (perdón, la estafa) no tiene solución.

 

 Xavier Caño Tamayo

Periodista y escritor, Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) - Web: http://ccs.org.es/

Alainet

http://alainet.org/active/55123%26lang=es

El acaparamiento total

Primero fue el control de las semillas. Las grandes corporaciones, sabiendo que son el principio de la vida y ávidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzaron al control de un bien común que las haría poderosas. Muchas fueron las estrategias: patentaron la vida, hicieron desaparecer muchas variedades autóctonas con suposiciones productivistas, engendraron simientes estériles que se llaman híbridas o transgénicas; engullen a las pequeñas empresas locales de semillas o financian el Arca de Noé en el Polo Norte, donde las preservan (para ellas) en un gran banco de germoplasma.

Un control que en pocos años ha alcanzado la categoría de acaparamiento. Como explican los estudios de ETC Group, sólo entre tres empresas se reparten la mitad del mercado global de las semillas comerciales (Monsanto, con una cuarta parte ella sola), siendo prácticamente las mismas empresas que dominan el polo opuesto: los pesticidas, herbicidas o plaguicidas; en definitiva: el final de la vida.

Cifras similares de acaparamiento las encontramos si analizamos el poder corporativo en otros segmentos de la producción agroalimentaria, como los fertilizantes, la silvicultura, la comercialización de granos básicos, la genética, la industria farmacéutica veterinaria y la producción animal; o el procesamiento y distribución de los alimentos.

Pero no es suficiente manjar para tantas tragaderas y en los últimos latidos de un capitalismo que se desmorona, buscan asegurar sus inversiones en nichos a prueba de bombas. Así hemos visto, y ha sido ampliamente denunciado por GRAIN, cómo en la última década ha brotado un impulso irrefrenable por el acaparamiento global de tierras. Disponer el capital como dispone actualmente (y sigue creciendo) entre unos 60 y 80 millones de hectáreas de tierra fértil, significa administrar para su beneficio millones de toneladas de biomasa vegetal, convertida en alimentos, agrocombustibles o madera, así como otros recursos minerales ciertamente estratégicos.

El acaparamiento de tierras se extiende fundamentalmente por África, pero también por otros lugares, generando violentos conflictos como en Honduras o Colombia, con decenas de personas campesinas muertas en la defensa de sus tierras; o en Andalucía (España), donde recientemente campesinos y campesinas sin tierra han sido desalojados de una finca pública que ocuparon para evitar su venta especulativa.

Pero no hemos acabado aquí. Un elemento estratégico falta para quien quiera controlar el mundo: el agua dulce, pues sin ella es imposible la producción de alimentos y la producción de negocios. La conquista por el agua camina de la mano del acaparamiento de tierras recién explicado. De hecho, leyendo en un nuevo informe de GRAIN al respecto las declaraciones de Peter Brabeck-Letmathe, presidente y ex director general de Nestlé, las compras en realidad no son de tierra, sino del libre acceso al agua que con ellas se consigue. Ciertamente, en dicho informe se analiza muy bien cómo la mayoría de las adquisiciones de tierras que se están dando en años recientes se corresponden con tierras que pueden acceder a buenos acuíferos y, sobre todo, a cuencas de importantes ríos como el Níger, el Senegal o el Nilo.

Los discursos en defensa de esta apropiación ya los conocemos: utilizamos tierras y aguas que la gente no aprovecha para grandes plantaciones o cultivos que generarán desarrollo. Pero la historia de estos megaproyectos, la realidad de estas superplantaciones ligadas a la exportación, sabemos que no reporta beneficios a la población local. Hay demasiados ejemplos para ilustrarlo.

El acaparamiento de agua, además de ser un expolio que debe denunciarse y detenerse, acrecienta el problema de acceso directo al agua de muchos miles de familias campesinas, mermando sus posibilidades de vida, pues estos proyectos se localizan en cabeceras o puntos estratégicos de los cauces. Pero surge un nuevo problema, el modelo intensivo de agricultura que se desarrolla para estos cultivos comerciales, así como los propios cultivos seleccionados para esas zonas, y el exigir a la tierra que esté en cosecha permanente (independientemente de lo que dicten el cielo y las lluvias) significa que todas esas nuevas zonas de cultivo conquistadas a la población local van a poner en grave riesgo un sistema hídrico delicado que sólo con la sabiduría comunitaria se ha podido mantener. Es como dice GRAIN: un suicidio hídrico.

Semillas para producir intensivamente,
tierra para producir intensivamente,
agua para regar intensivamente
en manos de unos pocos fondos de inversión
para acumular capital intensivamente,
es la peor de las pesadillas.

Gustavo Duch Guillot es Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/25/index.php?section=opinion&article=022a2pol

Los 'nordacas'

La venganza es un plato frío. Durante muchos años, a muchos de los latinoamericanos que llegaban a España por decenas de miles, por motivos económicos o políticos, algunos los denominaron despectivamente sudacas, sin distinción de nacionalidad. Ahora comienza a extenderse por diversos países de América Latina en buena coyuntura económica, en los que están empezando a verse a jóvenes europeos, muchos españoles, en búsqueda del empleo que no encuentran en sus lugares de origen, el concepto equivalente de nordacas.

Probablemente la mayor plaga de esta crisis económica sea la multiplicación del paro juvenil. No solo en España (en donde, como se sabe, afecta al 50% de la población activa de los menores de 25 años), sino en la Unión Europea y en el resto del Viejo Continente. Al presentar el último informe sobre Tendencias mundiales del empleo juvenil 2012, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de sus altos funcionarios utilizó el antipático concepto de “generación perdida” para calificar lo que está ocurriendo en países como España o Grecia.

 

Según la OIT, la tasa de desempleo juvenil a nivel global asciende a más del 12% de la fuerza de trabajo, cerca de 75 millones de jóvenes. Las salidas a este problema son de tres tipos (a veces complementarios): la inmigración hacia otras zonas en donde hay más posibilidades de trabajo, la permanencia dentro del sistema educativo durante más tiempo del habitual, o el desánimo total, desafiliándose del sistema (ni trabajan, ni estudian).

Más allá del problema en sí mismo, el paro juvenil masivo genera otras cuestiones, la más importante de las cuales es la pérdida de la potencialidad que da la educación superior y la especialidad a estos jóvenes: si permanecen mucho tiempo sin trabajar, pierden la capacitación y lo que han aprendido, al menos a ojos de los empleadores. Con lo que se palía el esfuerzo previo hecho en la educación, la mayor parte de las ocasiones con recursos públicos. A la velocidad de los cambios actuales (tecnológicos, sociales, organizativos...), muchos jóvenes universitarios, parados de larga duración, son considerados inadecuados para los nuevos puestos de trabajo y pueden verse condenados para siempre a desarrollar trabajos de baja cualificación a pesar de su formación superior. Además, si los trabajadores que están sin empleo durante largo tiempo pasan a ser reputados no aptos para el mundo laboral, ello provoca una reducción a largo plazo en la fuerza de trabajo y de la capacidad productiva del país en donde habitan, lo que significará una pérdida de bienestar. Disminuye el capital humano.

Alguien ha comparado la existencia del paro juvenil con los viajeros de un avión que da vueltas y vueltas alrededor del aeropuerto, demorado mientras le quede combustible, en espera de la autorización de aterrizaje.

Joaquín Estefanía

El País

http://economia.elpais.com/economia/2012/05/25/actualidad/1337950357_092010.html

Imaginen

Imaginen que en la Cámara de los Comunes una mayoría de diputados decide cambiar los estatutos de la BBC, acabar con su independencia, y que el Gobierno designa para la cúpula directiva a forofos de guardia. 

Imaginen que el nuevo presidente francés, en una situación de crisis financiera, ponga a parir en público, tratándolos de incompetentes, a los responsables del Banco de Francia, y que anuncie una gran auditoría de los bancos nacionales por empresas privadas extranjeras, en algún caso de dudoso historial. 

Imaginen que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos viaje a Florida veinte largos fines de semana, ocupe un hotel de lujo en Miami Beach, con costes a cargo de la propia institución. Imaginen que este presidente declare a la prensa, en su descargo, que esos dispendios suponen “una miseria”. 

Imaginen que la Academia de la Historia de Alemania publique un Diccionario Biográfico Alemán, financiado por el Estado, en el que se niegue el carácter totalitario del régimen de Hitler y se omita su historial represor.

 Imaginen que el gobierno de Suecia decreta una amnistía fiscal para defraudadores, con la facilidad de “blanquear” el dinero por Internet. 

Imaginen que los portavoces del ministerio de Educación y Cultura de Italia desacrediten de forma reiterada la calidad de las universidades italianas, al tiempo que recorta sus recursos, pese a la evidencia de que miles de jóvenes investigadores son reclamados y contratados por universidades y empresas de otros países. Imaginen que la misma actitud se mantiene con las creaciones culturales, en especial con el cine. 

Imaginen que la presidenta de la comunidad de Madrid recibe con hospitalidad a los españoles vascos y catalanes que acuden a la final de la competición de Copa del Rey y que, como liberal, les anime a expresarse con libertad y en paz, sin caer en provocaciones y violencia.

En fin, mean sobre nosotros. Imaginen que es lluvia.

Manuel Rivas

El País

http://elpais.com/elpais/2012/05/25/opinion/1337937468_036227.html

La hora de la sociedad civil

El gran problema de nuestro país no es sólo que la derecha se haya hecho con la mayoría del poder institucional o que haya decidido en un golpe de mano antidemocrático monopolizar la información de la televisión pública en su propio beneficio. El problema de fondo es que la derecha mundial está utilizando la crisis económica como excusa para reducir los derechos sociales y para recortar o eliminar las políticas de bienestar social. No estamos sólo ante otra crisis del capitalismo sino ante una nueva estrategia de la derecha económica y política para eliminar los estados de bienestar y para impedir a los países que no lo tienen la posibilidad de crear modelos similares. No estamos ante una crisis económica como otras anteriores, sino ante un cambio de modelo económico y social que pone fin a las políticas de redistribución keynesianas y propone la reducción del estado como instrumento regulador del mercado y como garante de los derechos sociales. La globalización económica, las nuevas tecnologías informacionales y la crisis económica están siendo hábilmente aprovechadas por el capitalismo para eliminar los derechos sociales y económicos que pactó tras la Segunda Guerra mundial con el movimiento obrero y que dieron lugar en Europa a los estados de bienestar. Los resultados de esta operación del capitalismo y de la derecha política que le representa se están dejando ver desde hace años: aumentan los salarios de pobreza, el trabajo sumergido, los contratos no normados, el trabajo a tiempo parcial y, además, se feminizan la pobreza y los trabajos de supervivencia. Y todo ello acompañado de bajadas generalizadas de salarios desde hace más de una década y de aumento de la jornada laboral. Por si fuera poco, esta reconversión del capitalismo keynesiano en capitalismo neoliberal está expulsando a millones de personas del mercado laboral y ampliando el abismo de la desigualdad.

Pero este no es el único problema. Hay otro sobre el que también conviene reflexionar. Y es que la derecha está llevando a cabo una ofensiva ideológica tan eficaz y sólidamente articulada que ha conseguido desmovilizar a una gran parte de la opinión pública. Tanto ha sido así que las políticas económicas neoliberales han invadido nuestras vidas y nuestras cabezas hasta el extremo de que personas progresistas aceptan propuestas ideológicas del discurso neoliberal y lo argumentan como si fuesen procesos de racionalización de nuestras redes de bienestar social. El discurso ultraconservador y neoliberal ha contaminado nuestra forma de analizar la realidad hasta el punto de que las movilizaciones sociales y las huelgas son presentadas a la opinión pública como si fuesen acciones casi terroristas. La deslegitimación del conflicto social es la prueba contundente de la exitosa ofensiva ideológica de la derecha. Por si fuera poco, esas políticas están siendo mostradas a la opinión pública como si fuesen irreversibles. Y, sin embargo, sabemos que nada de irreversible hay en la historia.

Mientras tanto, la socialdemocracia se ha mostrado timorata en sus críticas al capitalismo neoliberal y ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de sociedad cualitativamente diferente a la de la derecha. Y de otro lado, la izquierda más radical no ha sido capaz de convencer a la opinión pública de que sus propuestas políticas protegen a los sectores más débiles de la sociedad y a las clases medias. Ante un panorama tan reactivo para los intereses de amplios sectores de la sociedad es necesaria una respuesta colectiva rápida y eficaz. Y para ello debemos organizarnos pacífica y activamente en la sociedad civil. Debemos esgrimir razones y argumentos para desenmascarar un discurso y una práctica que nos conducen al aumento de la desigualdad y al abandono de millones de personas a su suerte. En estos momentos, la sociedad civil se configura como el motor de cambio social. Una sociedad civil plural, con muchas voces, marcada por la diversidad de intereses y de énfasis ideológicos, pero que los partidos de izquierda tienen la obligación de escuchar. Ahora bien, la pluralidad no debe ser un obstáculo para articular una propuesta de mínimos que haga frente a las perversas políticas que favorecen al mercado y empobrecen a grandes sectores de la sociedad. Debemos pasar a la ofensiva ideológica y combatir racionalmente, con propuestas y razones, siempre pacíficas, los discursos y políticas que nos conducen al aumento de la desigualdad. Se trata de articular una respuesta colectiva que ponga de manifiesto que el neoliberalismo no es el fin de la historia y que otra historia es posible. Ésta es la hora de la sociedad civil.

 

Rosa Cobo es profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña.

Público.es

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5247/la-hora-de-la-sociedad-civil/

Después del primer aniversario del 15-M: un mundo por delante

Europa está viviendo una situación que solamente algún despistado puede llegar a pensar que no llegará a polarizarse social y políticamente cada vez más. Cuando se recuerda la situación que se vivía hace menos de un lustro, aquellos años anteriores a 2008 parecen de otro mundo, de otra época. En este período corto de tiempo la situación de la gran mayoría de la población europea se ha deteriorado de una forma tan acelerada y las perspectivas son tan desastrosas, que no se necesita tener una imaginación demasiado refinada para otear grandes convulsiones sociales.

Los resultados de las recientes elecciones griegas, que deberán repetirse el próximo 17 de junio; las elecciones francesas que han cambiado a un presidente muy derechista por otro que ha lanzado un mensaje (debilísimo, sin duda) contra las consecuencias de las medidas puestas en pie para combatir (sic) la crisis; y la irrupción en las calles en distintas ciudades del Reino de España por parte del movimiento ya universalmente conocido por 15-M, son tres acontecimientos muy diferentes y de lugares bien distintos políticamente, pero que son expresión del descontento heterogéneo de las poblaciones que están sufriendo las consecuencias más descarnadas de unas políticas económicas y sociales depredadoras de la mayoría no opulenta.

La situación económica en el Reino de España es la más inestable que se ha vivido en los últimos años. La semana termina con la prima de riesgo a 490 puntos, el máximo desde el año 1995, aunque por unos instantes el martes se había superado el fatídico nivel de los 500; el IBEX 35, el principal índice de referencia de la bolsa española, ha cerrado la semana a niveles de hace 9 años; el Instituto Nacional de Estadística confirmó el pasado 17 de mayo que el PIB cayó un 0,3% en el primer trimestre respecto al mismo período del año anterior; el paro está cercano a los 6 millones de desempleados oficiales, habiéndose perdido 655.200 puestos de trabajo a tiempo completo en un año; el paro juvenil supera el 50%; el porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza se acerca al 25% de la población. El gobierno español, ante esta catastrófica situación, anuncia y aplica mayores medidas de austeridad. Uno de los últimos anuncios del gobierno español del PP ha sido cuantificar en el 35% el peso que los servicios públicos deberán tener en el PIB, ahora es del 45%. Con este lenguaje falsario y clerical según el cual esta nueva (contra)reforma será "complicada y dolorosa" (para la mayoría sí, no para todos), anuncian un nuevo ataque contra la población no rica. Sea dicho de pasada: el viernes 19 de mayo también anunció el gobierno del PP que daba vía libre al anteproyecto de la ley de transparencia, pero la casa de los Borbones queda exenta una vez más del resto de la ciudadanía.

Es en este escenario que tan solo hace unos pocos años hubiera parecido imposible que pudiera ocurrir (recuérdese que hay momentos históricos en que los acontecimientos se aceleran, algo que cuesta mucho de entender porque acostumbra a encajar difícilmente con todas las inercias y tranquilidades intelectuales de tantos escribidores periodísticos, verbosos tertulianos y académicos torpes), reaparece el 15-M en las calles.

Con los acontecimientos todavía muy recientes, varios son los aspectos a destacar.

1. No ha sentado bien. Si ya en el nacimiento del 15-M, como escribía Antoni Domènech, "muchos analistas y comentaristas que buscaron denodadamente al comienzo ningunear con estudiada displicencia al movimiento, cuando no –como los recrecidos medios de comunicación de la extrema derecha neofranquista madrileña— difamarlo groseramente", ahora estos analistas han vuelto con redoblada violencia porque ya no pudieron ser desconcertados por el factor sorpresa. Y por encima de todo, estos medios alardeaban de la "falta de alternativa" (sic) del 15-M a la situación actual. Son muchos los artículos que antes, durante y después de las movilizaciones protagonizadas desde el 12 de mayo hasta bien avanzada la semana, y algunas aún no han terminado, han mirado por encima del hombro a este joven movimiento y han lanzado enjundiosos (o esa era la pretensión de sus autores) artículos acerca de la inoperancia, falta de eficacia, aletargamiento, populismo (sí, eso nunca puede faltar), pérdida de apoyo popular, utopismo (claro), irrealismo (cómo no), lentitud en la toma de decisiones… Estos artículos no solamente pueden achacarse al desconocimiento de lo que estaba proclamando el 15-M, también se trata de animadversión. En algunos casos declarada, en otros larvada.

2. La represión a este movimiento es cada vez mayor. Si el año anterior, con el nacimiento del 15-M, el Conseller Puig se erigió en campeón de la represión contra los acampados en la plaza Catalunya de Barcelona, este año han sido los concentrados en la Puerta del Sol madrileña los que se han llevado la mayor parte de la represión. El Ministro del Interior Fernández y la Delegada del Gobierno Cifuentes habían voceado repetida y machaconamente desde cualquier medio posible que no consentirían una repetición de la ocupación democrática de la Puerta del Sol del 12 al 15 de mayo. Una constante se verifica: a medida que se ataca y se va despojando al Estado de las conquistas sociales duramente ganadas a lo largo de muchos años por las clases trabajadoras, este mismo Estado necesita aumentar la represión legal y policial ante las protestas que estos ataques motivan. La detención de varios sindicalistas y estudiantes, durante y después de la huelga general del 29 de marzo, fue un serio aviso. La privación de libertad más larga correspondió a tres estudiantes detenidos el mismo día de la huelga general y hasta el 4 de mayo; la dirigente del sindicato CGT, Laura Gómez, estuvo detenida desde el 25 de abril hasta el 17 de mayo, día en que el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona puso en libertad a esta sindicalista con una fianza de 6.000 euros. Ante las crecientes protestas sociales por las agresiones a las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población, la represión tenderá a aumentar. Se trata de un mayor desprecio por las libertades de manifestación y expresión, pero también expresan un miedo a la creciente protesta popular. Después de la huelga general del 29 de marzo y con anterioridad a las ocupaciones callejeras recientes del 15-M, Jaume Asens y Gerardo Pisarello escribían: "Los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del pasado 29-M y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria de estos sectores. Pero también evidencian su inquietud ante la creciente resistencia social y popular a la eliminación de unos derechos y libertades arduamente ganados a la cultura política y jurídica franquista." La nueva irrupción del 15-M ha agudizado esta doble tendencia.

3. El 15-M ha vuelto a refrescar de forma bien práctica esta sencilla, pero muy frecuentemente olvidada verdad: si las ideas no se enraízan en poderosos movimientos que llegan a amplias capas de la ciudadanía, las ideas por buenas (supuestamente) que sean, no tienen mucho futuro. Tomemos el caso de una de las cinco grandes proclamas defendidas estos días por el 15-M, la renta básica de ciudadanía. Extiende más esta propuesta un movimiento como el 15-M, que 1.000 seminarios, conferencias, libros y artículos. Interprétese en su justa medida: artículos, libros, conferencias, seminarios… son necesarios, muy necesarios. Defender bien, argumentar con buenos análisis, fundamentar empíricamente en la medida de lo posible, debatir con posiciones contrarias, organizar congresos son actividades necesarias y muy importantes. Pero una idea por excelsa (supuestamente) que pueda llegar a ser, si no toma contacto y apoyo con amplísimos sectores sociales, puede correr la misma suerte que muchas buenas (supuestamente) ideas: la esterilidad más absoluta. Gracias al 15-M, la propuesta de la renta básica universal es más conocida hoy en el Reino de España que antes del primer aniversario de este movimiento. No hay duda que el trabajo previo, mucho antes de la existencia de este movimiento, en favor de la renta básica ha sido decisivo para que pudiera cuajar en el 15-M. Pero en la actual situación, cuando desde el inicio de la crisis económica la renta básica ha ido alejándose de los parlamentos, ha sido gracias al 15-M (y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, gracias a Bildu) que ha vuelto a tener una revitalización indiscutible.

4. Un mensaje de este movimiento destaca por encima de cualquier otra consideración. El 15-M quiere que se haga justicia, quiere oponerse a las barbaridades que en nombre de la crisis y de la austeridad se están imponiendo a la población: desahucios, paro, recortes de los salarios, ataques a la sanidad y educación públicas, peores condiciones laborales… Víctor Sampedro lo expresaba con estas palabras: "El 15-M no quiere ajusticiar a nadie, sino que se haga justicia, de ahí los tribunales ciudadanos sobre la crisis que ha lanzado. Todo un ejemplo de dignidad frente al boicot del PP a una comisión de investigación parlamentaria sobre los responsables de esta debacle." Dentro del movimiento hay diferentes opiniones, diferentes formas de entender cómo enfrentarse a la barbarie, pero no hay duda sobre quien es el enemigo a resistir. No hace mucho, el economista Michael Hudson escribía algo que algunos a buen seguro debieron considerar panfletario, alarmista o, en el mejor de los casos, exagerado. ¡Y cuán premonitorio fue! Lo escribió hace exactamente dos años: "para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías." Y de manera muy racional avanzaba: "Pero no cabe duda de que la batalla no ha terminado. Esta situación persistirá durante toda la presente década, puesto que el actual proceso consiste básicamente en una involución de las luchas de los siglos XIX y XX por substituir el poder omnímodo de la propiedad privada oligopólica y los intereses financieros por principios de fiscalidad progresiva y empresa pública." La batalla no ha terminado, ni mucho menos. El 15-M sabe que lucha contra la barbarie impuesta por el capital financiero, las grandes multinacionales de la propiedad privada oligopólica y los gobiernos e instituciones a su servicio que maquinan, de tomar por ciertas sus intenciones, para "dar confianza a los mercados".

5. Una de las virtudes comunicativas del 15-M ha sido su gran capacidad para crear consignas, lemas o simples frases muy ocurrentes y algunas de un humor crudo para expresar partes de sus denuncias. Recordemos algunas de ellas. Directamente políticas: "Me gustas, democracia, pero estás como ausente" o "¿Apolíticos? ¡Superpolíticos!", "¡Democracia real, ya!", "Tu voto vale mucho, no lo regales". La mayoría contra las medidas de austeridad y de recortes: "No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones al mismo tiempo"; "No es una crisis: es que ya no nos queremos", "Tu Botín, mi crisis". Otras de denuncia a los beneficiarios de la crisis: "¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!", "No hay pan para tantos chorizos". De rebeldía: "Si no nos dejan soñar, no vamos a dejarles dormir", "Error del sistema. ¡Reiniciar!", "No somos antisistema; el sistema es antinosotros". No hace falta recordar que todo gran movimiento de resistencia popular siempre ha salido muy beneficiado si ha sido capaz de transmitir de forma clara y desenfadada parte de sus aspiraciones y denuncias. Y el 15-M ha sido especialmente imaginativo en este punto. Como también lo ha sido en la utilización de las redes sociales y de las distintas posibilidades ofrecidas por Internet para extender sus informaciones.

6. Las realidades social y electoral discurren a menudo con tiempos muy diferentes. Si dejamos de lado las naciones históricas o parte de ellas, es decir, Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca y Galicia, no hay alternativa electoral a corto plazo en el Reino de España al PP y al PSOE. La divergencia entre estas dos realidades, la social y la electoral, se pone en evidencia en momentos de conflicto como en la huelga general del 29 de marzo pasado o en las movilizaciones del 15-M. Y más que se pondrá en evidencia en los meses que tenemos por delante. Esta realidad ha hecho que algunos activistas se hayan planteado la conveniencia de ir estudiando la posibilidad de dar una expresión electoral al 15-M. Se trata de uno de los problemas más difíciles y, por supuesto, que levantan más desconfianzas. Si se parte de la convicción de que la movilización social a menudo no tiene una expresión electoral inmediata, la idea de intentar forzar los debates en el 15-M sobre una posibilidad de presentarse a las urnas directa o indirectamente, es una idea… mala. La fuerza del 15-M está en la capacidad que tenga para movilizar, organizar al mayor número de personas, extender su influencia a organizaciones y movimientos que no participan directamente en sus actividades habituales… no en ninguna perspectiva electoral. Hoy por hoy poca duda puede caber al respecto, lo que pueda ofrecer el mañana más inmediato es algo que deberá analizarse con sumo cuidado.

7. De forma más general, muchos son ya los escritos que circulan por Internet acerca de lo que el movimiento debe hacer a partir de ahora. Los temas son: la representación, la agilidad en la toma de decisiones, la diversificación de actividades, la utilización de los medios de comunicación, la planificación de las movilizaciones, las coordinaciones internacionales… Y es bueno que se discutan estas y más tareas que el 15-M tiene por delante. Bienvenidos sean las dificultades, los problemas y los errores que se puedan cometer. Señal inequívoca de todo movimiento que está vivo. Decíamos recientemente que "disfrutemos del aire fresco que representó y está representando este gran movimiento social que ocupa algunas plazas de muchas ciudades. Algo es seguro: el 15-M vino para quedarse y lo está consiguiendo." Los motivos de lucha y protesta que han inspirado al 15-M no solamente continuarán sino que se incrementarán aceleradamente. La situación social y política se está extremando, y más que se extremará en el interesante y polarizado momento histórico que nos ha tocado vivir. Y el reto quizá mayor del movimiento será extender lazos con toda resistencia que se levante ante las renovadas agresiones. Porque, sean pequeñas o sean grandes las diferencias que pueda haber con otros movimientos, organizaciones políticas, sindicatos…  ocasiones para golpear juntos, aunque se camine por separado, las hay y las seguirá habiendo en el futuro más inmediato. El 15-M está fac ut vivas. Quien está hecho para perdurar debe tener mucha responsabilidad, inteligencia, imaginación y, sobre todo, capacidad de trabajo. Y la tarea es muy atractiva porque hay un mundo por delante.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4985

Plan de Rescate Ciudadano. "Las personas primero"

Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone en red, apoya y amplifica a los colectivos que proponen acciones directas para conseguir el cambio.

Un proyecto de redesDRY en colaboración con PAH, Madrilonia, iaioflautas y otros colectivos especializados que trabajan en los distintos ámbitos.

1. Rescate a las personas y no a los bancos

Frente a la crisis global del sistema financiero, los gobiernos y los lobbies económicos están intentando salvar sus intereses a golpe de endeudamiento público y recortes en derechos sociales. Ante la crisis de la deuda que está asolando toda Europa, la llamada ‘troika’ (Fondo Monetario Internacional [FMI], Comisión Europea [CE] y Banco Central Europeo [BCE]) quiere forzarnos a seguir sufriendo políticas de austeridad y reformas como la laboral para poder salvar así a los acreedores. Ante esta situación:

1. No vamos a admitir que se nos gobierne a golpe de recorte, mientras esperamos que banqueros y políticos encuentren solución a la cuadratura del círculo: salir de la crisis recortando.

2. Ya que nadie va a rescatar a las de abajo, debemos ejercer nuestro propio rescate construyendo frentes amplios de disenso a la deuda y la austeridad. En este sentido, resulta fundamental promover una Auditoría Ciudadana de la Deuda que ponga sobre la mesa la ilegitimidad de la deuda y señale a sus responsables.

Las agencias de rating y los grandes organismos financieros no nos representan. No les vamos a obedecer con la cabeza agachada. Cualquier pueblo a la altura de las circunstancias debe desobedecer la dictadura financiera. Los gobiernos ‘políticos’, que coinciden con los gobiernos ‘financieros’, no se van a oponer a esta deudocracia que nos empobrece más día a día. Nos toca a las personas rescatarnos a nosotras mismas.

Hay que tomar conciencia de que no vivimos en una democracia, sino en una deudocracia.

Las Auditorías ciudadanas de la deuda pueden ayudarnos a explicar el tsunami financiero que ha conllevado un trasvase de la deuda privada hacia la deuda pública mediante los rescates de bancos en quiebra. Las Auditorías identifican también quiénes son los culpables de esta situación y revelan cómo la responsabilidad se carga, sin embargo, sobre las espaldas de la ciudadanía. Tenemos que hacer que todos los caminos conduzcan a Islandia: todos los culpables a la cárcel.

Tenemos que dar otros pasos en respuesta a la crisis. En lugar de rescatar a los banqueros construyamos y apoyemos una banca ética, no corrupta ni basada en la especulación, que responda a las necesidades de la población. También digamos ‘no’ al pago de la deuda ilegítima que ha permitido a los bancos forrarse. ‘No’ a pagar la deuda contraída en contra de los intereses de la ciudadanía.

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2. Educación y Sanidad universales, públicas, gratuitas y de calidad

La Constitución Española garantiza en el artículo 28, “el acceso universal, permanencia, movilidad y salida sin discriminación alguna” a la educación. El artículo 43 “reconoce el derecho a la protección de la salud” y cita que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.”

Los gobiernos de PP, PSOE y CiU están limitando el acceso gratuito y universal a estos dos servicios, escudándose en la insosteniblidad y acusándonos de derrochar el dinero público al abusar de los servicios. Pero, para Sanidad, el estado Español destina sólo un 7% del Producto Interior Bruto, un porcentaje dos puntos por debajo de la media europea ¿Es insostenible entonces el sistema, o, al contrario, está infrapresupuestado?

Con tales excusas, imponen políticas en contra de los intereses de la mayoría de la población, aplicando recortes en servicios básicos de más de 10.000 millones de euros.

En Sanidad implantan el mal llamado ‘co-pago’ (se trata en realidad de un ‘re-pago’, porque ya pagamos con nuestros impuestos por los servicios que además ahora quieren gravar), el euro y el incremento en el pago del 10% de las recetas médicas (10% pensionistas, 50% activos), la negación de la atención continuada a inmigrantes y mayores de 26 años sin cotización previa, la supeditación de dietas, ortesis y prótesis y transporte sanitario a las condiciones económicas de cada persona y el adelgazamiento de la cartera de servicios básicos en pro de la accesoría/complementaria (sujeta a más ‘repagos’).

Con todos estos recortes, se rompe el derecho constitucional a la protección de la salud y se deja desprotegida a gran parte de la población en un momento de crisis económica.

Los recortes en educación así como las subidas de tasas para acceder a la enseñanza pública en todos sus niveles (subida de un 66% en matrículas universitarias, FP de pago en Cataluña y 28% de recortes en subvenciones a guarderías) suponen la negación de unos derechos constitucionales que deberían estar garantizados. Por otra parte, no solo se trata de re-pagar la educación pública sino que están degradando la calidad de la enseñanza hasta límites que nunca imaginamos: se aumenta hasta un 20% el número de estudiantes por aula, se reducen drásticamente las plantillas docentes, se acaba con las AMPAS, con la atención a la diversidad, con las extraescolares, con los equipos de orientación psicopedagógica, se cierran escuelas, se frena el programa de digitalización de las aulas, se elimina la sexta hora, se retrasan las substituciones hasta la tercera semana de baja… por no hablar de las escuelas que aún siguen en barracones o las que no tienen calefacción.

Cuando se recorta en Educación y Sanidad se ataca al bienestar de todas las personas.

Como usuarias del sistema público, estamos viendo constreñido nuestro acceso a los derechos básicos. 

Como empleadas, se recortan drásticamente nuestros salarios a la vez que aumentan las horas y cargas de trabajo.

No podemos permitir que la socialización de las pérdidas provocadas por un modelo de desarrollo insostenible se traduzca en peor salud y educación para las personas de a pie. Pero tampoco se trata de mantener lo que había antes sin cuestionarlo, sino más bien de mejorarlo. Tenemos que asumir como incuestionable que invertir más en mejores sistemas de educación y de salud no es un ‘gasto’, sino que redunda en el bienestar colectivo y supone un beneficio, una inversión.

Los recortes en Sanidad y Educación son actos criminales, absolutamente evitables. No vamos a ser gobernados por quienes dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y no pararemos de luchar hasta que el buen vivir sea repartido de una manera accesible a todos y todas.

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3. No a la precarizazión. Distribución de la riqueza

¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos que supeditar nuestra capacidad de trabajo a conseguir un salario para pagar las necesidades básicas: vivienda, agua, alimentación, etc.? Esta pregunta es un punto de partida para reflexionar sobre cómo funciona el sistema productivo vigente, y cuál es el futuro catastrófico al que nos conducen las élites políticas y económicas. Es urgente cuestionar de raíz la precarización cada vez más extendida en nuestra sociedad.

La actual reforma laboral impuesta por el PP profundiza las ya iniciadas por el gobierno del PSOE, bajo las doctrinas neoliberales. Se facilitan los despidos, se ajustan al máximo los salarios, se deslegitiman los convenios colectivos y se anulan nuestras herramientas para defender el trabajo. Esta continuada reforma laboral reduce progresivamente los derechos conquistados históricamente por las luchas, con la paradójica promesa de aumentar el empleo.

Quienes trabajamos ya hemos experimentado que el debilitamiento de nuestros derechos no produce el prometido crecimiento. Más bien se concentra el poder y la riqueza en el capital y las élites. Si se abarata lo que el trabajo le cuesta al capital, se generaliza un modelo basado en la lucha por la supervivencia de la mayoría, coronado por el privilegio privilegio de unos pocos. Como bien sabemos, la reducción de los derechos de quienes trabajan va de la mano de una eliminación cada vez mayor de las becas, los subsidios, de las ayudas al desempleo. No es un problema futuro, sino una urgencia ya presente. ¿Cómo quieren que sobreviva aquella parte cada vez mayor de la sociedad que se encuentra desprotegida?

Reconocer que la riqueza se produce de manera cooperativa y que es necesario repartirla de forma justa es la clave para construir otro modelo productivo.

La vida y el mercado no son sinónimos. No solo producimos cuando lo reconoce el capitalismo o el mercado. Es necesario diferenciar ‘trabajo’ de ‘empleo’. Quienes no tienen empleo, también trabajan. Trabajamos y producimos mientras ejercemos los cuidados, estudiamos, reciclamos, usamos internet, nos comunicamos y luchamos por nuestros derechos. En una palabra: producimos riqueza mientras vivimos y construimos nuestra sociedad.

Es necesaria una reforma fiscal que grave los mayores beneficios del capital, los bienes patrimoniales y los flujos financieros como un primer paso para un reparto equitativo de la riqueza. Pero sobre todo es imprescindible repartir los beneficios económicos que resultan de la cooperación social, sea en forma directa (monetaria), sea en forma indirecta (acceso universal a transporte, salud, vivienda o educación). Una Renta Básica Universal permitirá acabar con la supeditación de la vida y del trabajo de cooperación social al neoliberalismo.

Exigimos la garantía de nuestra existencia. Tenemos que pensar en qué consiste una buena vida. No queremos una vida sometida a la acumulación de la riqueza, sino que la riqueza social que producimos esté destinada a hacer sostenible nuestra vida en sociedad. Para que nuestro trabajo no esté obligatoriamente sometido al empleo, sino que esté liberado y sea útil para nuestra vida en común.

Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone en red, apoya y amplifica a los colectivos que proponen acciones directas para conseguir el cambio.

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4. Por el derecho a una vivienda digna

Vdevivienda salió a la calle en 2006 para decir al mundo que la burbuja inmobiliaria iba a estallar. La PAH (Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca) trabaja actualmente para que se organicen quienes viven las consecuencias del estallido. Nunca ha habido tanta vivienda vacía, ni tampoco tanta gente sin vivienda.

 

 El artículo 47 de la Constitución Española dice:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Ante una Constitución de papel mojado, ante la vergüenza que sentimos hacia unos poderes públicos incapaces de garantizar el acceso a la vivienda y ante la necesidad de todas las personas de vivir en una casa “digna y adecuada”, la batalla por la reapropiación del derecho a la vivienda ha comenzado.

Es necesario exigir el fin de los abusos de la especulación inmobiliaria.

Nuestros objetivos son:

1. La dación en pago retroactiva, es decir, que se cancele la deuda con el banco a cambio de la entrega de la propiedad de la vivienda.

2. La paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del inquilino y el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad.

3. Al alquiler social, mediante el cual la persona afectada tendrá derecho a residir en su vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales.

4. La conversión del stock inmobiliario que acumulan las entidades financieras en parque público de alquiler social.

5. Promoción de un sistema de acceso a la vivienda no basado en la especulación, sino que constituya un derecho independientemente de la condición económica de las personas.Si nos suspenden la Constitución, suspendemos la obediencia.

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5. Transparencia, democracia en red y libertades ciudadanas

Vivimos una reducción manifiesta de los derechos y libertades de la ciudadanía. Con esto buscan minimizar nuestra participación tanto en las calles como en las redes. La democracia entra en crisis cuando se cancelan los derechos políticos de huelga, manifestación y reunión en el espacio público, que son pieza clave de una sociedad democrática. Es más, la propia democracia consiste en la defensa misma y en el ejercicio que estamos realizando de esos derechos. El movimiento #15M ha evidenciado la urgencia de reinventar la vieja relación entre sociedad civil y gobierno, que está fosilizada en las democracias representativas y parlamentarias. La ciudadanía ya no acepta ser espectadora de la democracia. Por eso la estamos reconstruyendo activamente.Las herramientas digitales permiten experimentar nuevas prácticas de participación política. No faltan ejemplos. En Islanda, el nuevo proceso constituyente se ha apoyado en una plataforma wiki y en la participación de los ciudadanos a través de la redes sociales. En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, famoso por los presupuestos participativos y el Forum Social Mundial, se ha creado un gabinete digital que ensaya a través de la red procesos de intervención de la ciudadanía en las decisiones relativas a las políticas públicas. Las propuesta de democracia 4.0 abre la posibilidad de reapropiación de nuestra soberanía, reforzando el protagonismo social.

Afirmamos que el concepto clave es transparencia:

La transparencia es una condición fundamental de la democracia, que los gobiernos evitan aun cuando se les exige cumplirla. Los gobiernos españoles ha desoído las indicaciones recibidas en este sentido tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones europeas. Es el momento de dejar atrás las formas estáticas de representación y de formación de la opinión pública, de superar los modelos verticales de reparto del poder y de la riqueza. Porque todo ello favorece la opacidad en la toma de decisiones.

Articular una política de transparencia con el uso de herramientas prácticas de participación y cooperación en red, significa reinventar la democracia.

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http://www.planderescateciudadano.net

 

http://madrilonia.org/2012/05/plan-de-rescate-ciudadano/