Sacar de un supermercado nueve carros de la compra con productos
alimentarios de primera necesidad sin pasar por caja para dárselo a
quienes más lo necesitan parece ser constitutivo de delito; vulnerar
derechos laborales, pagar un precio de miseria a los productores
agrícolas y acabar con el campesinado local… queda impune ante la Ley.
Ésta es la conclusión que podemos sacar de la acción llevada a cabo
por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cuando este martes 7 de
agosto entraron en dos supermercados, un Mercadona en Écija (Sevilla) y
un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron alimentos
básicos, salieron del primero por la puerta sin pagar y se los
entregaron a colectivos necesitados.
Tras esta acción, el ministro de interior Jorge Fernández Díaz ha
dado orden de “busca y captura” para los sindicalistas que la llevaron a
cabo, afirmando que “todos somos conscientes de que la gente lo está
pasando mal, pero el fin no justifica los medios”. Aunque para Fernández
Díaz sí hay medios que son justificados por determinados fines. Los
sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado para
dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede
recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir
el IVA… con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro
que lo que vale para unos, no vale para otros.
Ahora Mercadona ha presentado denuncia contra aquellos que llevaron a
cabo dicha acción por, entre otros, “sustracción de comida”, pero es
necesario preguntarnos aquí: “¿Quiénes son los ladrones?”.
Los supermercados a lo largo de las últimas décadas han generalizado
un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que ha
tenido consecuencias dramáticas para el campesinado, el pequeño
comercio, los derechos laborales y el medio ambiente. Carrefour y
Mercadona son los máximos exponentes de estas prácticas en el Estado
español al encabezar el ranking de las grandes empresas que dominan el
sector de la venta al detalle. Ambos supermercados suman casi el 40% de
la cuota de mercado de la distribución de alimentos, según datos del
2007.
En el Estado español, tan solo siete cadenas de supermercados
controlan el 75% de la distribución de comida. Se trata, tras Carrefour y
Mercadona, de Eroski, Alcampo, El Corte Inglés y las dos principales
centrales de compra mayoristas Euromadi (con Spar, Schlecker, Guissona…)
e IFA (con Condis, Coaliment, Supersol…). Nunca el mercado de la
distribución de alimentos había estado en tan pocas manos. Lo que
proporciona a estas empresas un enorme poder a la hora de decidir qué
comemos, qué precio pagamos por aquello que consumimos y cómo se
produce.
Asimismo, los supermercados determinan un modelo de agricultura y de
campesinado donde las producciones familiares y a pequeña escala no
tienen cabida, promoviendo un modelo de agricultura industrial,
intensiva e insostenible. El monopolio ejercido por los supermercados y
la presión a los agricultores ha conducido a una situación donde estos
cada vez cobran menos por aquello que cultivan. Los precios en origen de
los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en
destino, según datos del sindicato agrario COAG. Y se calcula que más
del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en los
supermercados. Actualmente, en el Estado español poco más del 5% de la
población activa es campesina.
El modelo de distribución comercial de los supermercados conlleva
también consecuencias negativas para quienes forman parte de su
plantilla laboral. Los trabajadores de estos centros están sometidos a
una estricta organización laboral neotaylorista caracterizada por ritmos
de trabajo intensos, tareas repetitivas y rutinarias, causantes de
agotamiento, estrés y enfermedades laborales propias del sector. En lo
que respecta a las condiciones contractuales, priman los bajos salarios y
los horarios atípicos que generan en los trabajadores serias
dificultades para conciliar su vida laboral con la social y familiar.
A pesar de que Mercadona ha buscado cultivar la imagen de una empresa
familiar, preocupada por el bienestar de sus trabajadores y
consumidores, al igual que las grandes cadenas del sector, destaca por
imponer unas condiciones de trabajo abusivas y practica una política de
gestión de la mano de obra que se basa en el mantenimiento de una
presión constante a los trabajadores para asegurar su rendimiento. En el
Estado español, una de las principales luchas sindicales contra una
empresa de la gran distribución fue la mantenida en 2006 por los
trabajadores de Mercadona en el Centro Logístico de Sant Sadurní
d’Anoia. Además Mercadona ha tenido varias sentencias contrarias, por
despidos improcedentes y acoso en el trabajo, durante los últimos años.
Hoy quien debería dar explicaciones frente a los jueces no son los
sindicalistas del SAT con Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, sino
el propietario de Mercadona, Juan Roig, por las prácticas abusivas de
Mercadona, que le han permitido amasar una de las principales fortunas
del país, y ya de paso para dar explicaciones de los oscuros hilos que
mueve tras las bambalinas de la política valenciana.
La acción llevada a cabo por los sindicalistas del SAT puede ser
ilegal, pero en el contexto de crisis aguda en el que nos encontramos es
del todo legítima, mientras que precarizar las condiciones laborales
puede ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de legítimo. Y cada
vez son más las personas conscientes de ello. De aquí que frente la
legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del poder
sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos
que no se resignan y luchan.
Coautora de “Supermercados, no gracias” (Icaria ed.) y miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF.
Público.es
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/316/mercadona-y-sat-quienes-son-los-ladrones/
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