Es preciso exigir una comisión que depure las responsabilidades de la crisis en España, en Europa y en el mundo
Mucho se ha dicho y escrito en los medios acerca de las cumbres del
G-20 o de los países de la eurozona, la prima de riesgo, la crisis del
euro o los dictámenes de algunas agencias de calificación. En un alarde
de eufemismos, se habla de recapitalización de la banca, comportamiento
de los mercados o supuestas actuaciones paraheroicas del Primer Ministro
italiano Monti, pero no se dice una sola palabra sobre otros temas, aún más decisivos.
Por ejemplo, ni Merkel ni Hollande ni Monti ni Obama ni Rajoy
ni nadie parecen estimar importante el saneamiento de la economía
sancionando y suprimiendo los paraísos fiscales donde bancos y empresas
mueven a su antojo el dinero negro que sus clientes quieren ocultar al
fisco, facilitando así la evasión fiscal y los delitos económicos (cosa
que hacen casi los bancos y las cajas, así como buena parte de las
grandes empresas españolas). Tampoco quieren enmendar que una gran parte
de los beneficiarios de las ayudas agrarias de la UE en España son
grandes familias vinculadas con una caduca nobleza aún no extirpada y
algunas congregaciones religiosas católicas.
Tampoco quieren corregir las políticas fiscales regresivas que siguen
padeciendo precisamente los países más castigados por la crisis
(Grecia, Irlanda, Portugal y España), con la consiguiente escasez de
ingresos por parte de sus respectivos estados. A modo de ejemplo,
mientras España recauda el 32% del PIB, Suecia percibe el 54%, debido
básicamente a que sobre todo las rentas superiores pagan aquí muchos
menos impuestos.
Hay quien ahora se rasga las vestiduras porque el Gobierno español,
siempre sumiso y obediente a los dictados provenientes de Bruselas,
anuncia que subirá los impuestos (en realidad, se está refiriendo
únicamente al IVA sobre productos básicos que afectan al 60% de la cesta
de la compra), ocultando que se cuidarán muy mucho de pedir cualquier
esfuerzo fiscal suplementario a las rentas altas y obviando así
cínicamente que las empresas españolas más importantes siguen obteniendo
grandes beneficios, mientras los trabajadores van perdiendo año tras
año poder adquisitivo, pues sus salarios cada vez disminuyen más
respecto de la tasa de inflación.
Merkel llama a los recortes que sufre el pueblo “contraprestaciones”
(Gegenleistungen), pero en realidad se trata del desmantelamiento
sistemático del modelo de sociedad y del estado del bienestar. Asimismo,
la distancia entre las rentas salariales altas y bajas en España cada
vez es mayor, pero a los dirigentes hispanos y europeos este hecho
parece traerles sin cuidado.
Si el Gobierno de Rajoy quisiera hacer desaparecer la economía
sumergida (aproximadamente, el 23% del PIB: unos 245.000 millones de
euros), contaría con unos 38.500 millones de euros anuales más para
reducir el déficit. Si tuviese intención de combatir el fraude fiscal
(unos 90.000 millones de euros), si se acercase a la política fiscal
existente en muchos de los países de la UE para los más ricos recaudaría
otros 2.500 millones. Si recuperase el Impuesto sobre el Patrimonio,
podría ingresar otros 2.100 millones y si recuperase el tramo pagado por
las grandes empresas en su Impuesto de Sociedades (35%), obtendría
5.300 millones. Si acabara, en fin, con los privilegios económicos y
fiscales de la Iglesia Católica, tendría en sus arcas 11.000 millones
más.
Sin embargo, en Madrid y Bruselas se opta por todo lo contrario:
recortes en servicios públicos básicos, bajos salarios, reformas
laborales a favor exclusivamente del empresariado, disminución del gasto
público y desregulación plena de las finanzas en beneficio de los
grandes intereses de “los mercados”. Todo, pues, sin el pueblo y en
detrimento de los derechos y del bienestar del pueblo. Es preciso exigir
una comisión que depure las responsabilidades de la crisis en España,
en Europa y en el mundo, que lleve a tribunales a sus responsables, que
audite públicamente la génesis y el desarrollo de la deuda descomunal
generada, que establezca la posible ilegitimidad de no pocos contratos y
pactos. Es preciso exigir un referéndum español y/o europeo sobre las
medidas económicas adoptadas en detrimento del bienestar del pueblo.
Pero sobre todo, por mucho que se silencie o se mencione solo con la
boca pequeña, es imprescindible poner inmediatamente en marcha un ITF,
Impuesto sobre las Transacciones Financieras, realizadas en Europa y en
el mundo (respaldado ya recientemente por el Parlamento Europeo), capaz
de regular y redistribuir la actividad económica en el mundo. Aplicando
simplemente el 0,3% o el 0,5% a tales transacciones, básicamente de
carácter especulativo (4 billones de dólares diarios en los mercados de
compraventa de moneda y 700 billones de dólares en los mercados de
derivados), España recaudaría cada año 6.300 millones de euros, Europa,
586.000 millones y todo el planeta más de 1,3 billones.
Con el ITF la especulación, la explotación y la miseria quedarían
sustituidas por unos servicios básicos (sanidad, educación, agua
potable, infraestructuras-) dignos y suficientes para todos los seres
humanos que vivimos en la Tierra, una sociedad más justa y un mundo
sostenible.
Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón
El Periódico de Aragón
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