"Los gobiernos han hecho con las palabras en los
últimos 35 años lo que han querido, pero han
perdido el monopolio para hablar de democracia".
Quizá no ha pasado mucho
en los dos últimos
años. O quizá, incluso,
ha pasado lo más
importante. Lo más
importante: ha finalizado una
época en la que cualquier gobierno
colaba, a través de una cultura
especializada en crear cohesión y
endarle la razóna cualquier gobierno,
cualquier mensaje. Parece una
tontería, pero esto es la pera.
Es importante constatar que
cualquier intento comunicativo de
un gobierno para construir una
explicación, un nombre a lo que
hace, no sólo acostumbra a fracasar,
sino que viene, además, desprovisto
del palabro ‘democracia’.
Algo absolutamente exótico hace
un par de años, cuando el Estado
disponía de esa palabra en régimen
de monopolio. Podía explicar
lo que era democrático o no.
Podía excluir o incluir del campo
semántico democrático cualquier
conducta, idea o grupo en un
plis-plas. El hecho de que hoy no
pueda jugar con ese juguete
orienta hacia una debilidad cultural
gubernamental.
Los gobiernos peninsulares ya
no pueden gestionar el significado
de las palabras. Una cosa anecdótica
en otra cultura, pero fundamental
por aquí abajo, una cultura
en la que, en los últimos 35
años, los gobiernos han hecho con
las palabras lo que han querido.
Es importante saberlo. Es importante
que la sociedad sepa que
las palabras le pertenecen. Por
eso mismo, es importante redefinir
palabras que el Gobierno nos
da por definidas. Así, es importante,
muy importante, saber lo que
significa la palabra “recortes”.
A partir del 1 de septiembre,
verbigracia, desaparecerá la universalidad
de la sanidad. El Real
Decreto que lo comunica supone
un incumplimiento de los artículos
9.3, 10, 13, 18.4, 43.1, 43.2 y
86.1 de la Constitución, y un
atentado a los Estatutos de
Autonomía de Andalucía, Aragón,
Catalunya y País Vasco
(fuente: Asociación para las
Naciones Unidas de España).
Es
una ley que se sitúa tan lejos de
la legalidad como otras con las
que se ha recortado la educación,
la asistencia social, la asistencia
al paro, o las leyes del trabajo.
Ese pack de recortes supone también
la negación del artículo número
1 de la Constitución. Aquel
que va y dice que el Estado es “social
y democrático de Derecho”.
“Y”, no “o”, de manera que si el
Estado deja de ser social, deja de
ser también democrático y de
Derecho. Supone la omisión del
artículo 9.2, uno de los pocos goles
en esta Constitución tan poco
sexy, un artículo copiado directamente
de la Carta de Bonn y de la
Constitución italiana de 1945, y
que significa la imbricación del
Bienestar en el Estado.
Desde 2008 estamos rescatando
a la banca, a través de dinero
que se extrae del bienestar, y de
rescates que pagará el bienestar.
Las medidas gubernamentales
parecen no estar orientadas a
solucionar ninguna crisis, sino
a realizar, a través de ella, un
gran cambio estructural. Los recortes
y todas las contrarreformas
del Estado, realizadas en
contra de la Constitución con la
que se nos ha dado la brasa durante
cuatro décadas tienen
nombre.
La sociedad debería empezar
a meditar si el fin del
bienestar que vivimos es –y éste
es un posible nombre que redefine
la palabra “recortes”–, un golpe
de Estado. Un cambio violento
del marco legal vigente. Un
delito. Y, como tal, que convierte
a las personas y los gobiernos
que lo están realizando en susceptibles
de ser juzgadas.
Guillem Martínez
Diagonal
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