La constitución española vigente, votada en referéndum en diciembre de
1978, se ha ido convirtiendo en la guinda del pastel de un cuerpo
normativo obsoleto. En tanto que refundición maquillada o más bien
reconversión de las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista, esta
norma suprema del ordenamiento legal español, si bien continúa siendo
útil a la clase dominante, ha dejado de servir al pueblo, ya que no
garantiza sus derechos ni sus libertades ni asegura la soberanía
nacional.
La constitución de 1978 es en la actualidad un obstáculo
para la democracia. Con un articulado vetusto, fuera de época y
gestionado por una clase política corrupta e incompetente y una
judicatura mayoritariamente conservadora cuando no fascistoide, la única
reforma sensata que admite esta mal llamada carta magna, si de verdad
se desea un cambio y un futuro para España, es su completa derogación.
Por eso la reivindicación primera de cualquier movimiento ciudadano no
debería centrarse en reformas parciales o cambios concretos del
articulado, sino exigir el arranque de un nuevo proceso constituyente.
Proceso que no ha de quedar, como el de 1978, en manos de la oligarquía
más inculta de Europa, su clase política sometida y sus obedientes
jueces, sino que habrá de ser iniciado, impulsado, dirigido y ejecutado
por la ciudadanía. El debate de este proceso constituyente debería ser
abierto y flexible y no quedar, en ningún momento, en manos de
«profesionales».
Como orientación general, el nuevo
ordenamiento español debería considerar las siguientes propuestas,
mínimas, pero imprescindibles.
-Forma del Estado republicana por
cuestiones tanto éticas como estéticas. En el mundo actual es
intolerable que se privilegie a una familia con la máxima magistratura
del Estado sólo por cuestiones genéticas.
-Separación de poderes
real y efectiva, no como en la actualidad. En este sentido los tres
poderes deberían ser elegidos directamente por el pueblo y de forma
independiente cada uno. Medidas imprescindibles en este sentido serían
la supresión del Ministerio de Justicia y la creación de un órgano de
gobierno judicial elegido por el pueblo.
-Instauración de un
sistema plebiscitario en virtud del cual las grandes decisiones tengan
que ser siempre refrendadas por el pueblo.
-Limitación legal
del carácter «representativo» de los cargos electos, para evitar la
justificación de cualquier acto de gobierno por el mero hecho de contar
con cierto respaldo en forma de votos.
-Supresión del Senado e instauración de un legislativo monocameral.
-Supresión del tribunal de excepción conocido como Audiencia Nacional.
-Nueva redacción de los códigos legales y sus reglamentos, buscando la
simplicidad y la comprensión, así como evitar las contradicciones y las
trampas de ley.
-Creación de una ley de responsabilidad política
y financiera para los cargos electos en el ejercicio de sus funciones.
En particular, los programas electorales deberían tener valor
contractual y su vulneración ser considerada delito. Si no puedes
cumplir las promesas, dimite y convoca nuevas elecciones.
-Nuevo
reglamento electoral que suprima las diferencias del valor del voto por
regiones. Cambio del sistema D´Hondt por otro procedimiento de reparto
más justo y equitativo.
-Nueva ley de partidos. Supresión de
las subvenciones por voto recibido y por escaño. Eliminación de las
limitaciones legales para participar en los comicios. Severo control de
la financiación de los partidos. Los objetivos principales son la
supresión del bipartidismo, de la corrupción y del clientelismo.
-Reforma del sistema penitenciario para que cumpla una función reintegradora, no vengativa.
-Nueva legislación impositiva que aumente la presión fiscal sobre los
más ricos y dé lugar a una distribución equitativa de la renta.
-Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
Supresión de las sicav y otras argucias que permiten a las grandes
fortunas evitar sus responsabilidades fiscales y la participación en el
fondo común.
-Lucha decidida contra la corrupción y el despilfarro en la administración pública.
-Supresión del acceso a puestos públicos por libre designación y por concurso-oposición.
-Limitación intensa del número de cargos públicos electos. La
administración podría funcionar de hecho sin apenas cargos electos, por
lo que sería interesante reducir su presencia (y el peso que suponen
para las arcas públicas) al mínimo imprescindible.
-Reorganización de los recursos públicos para asegurar su máxima
eficacia y quitar facilidades para la corrupción y el despilfarro.
-Reorganización del cuerpo de funcionarios del Estado para distribuir y
aprovechar con la máxima eficiencia el trabajo de las personas.
-Supresión de las leyes de privilegio. Por ejemplo, los tratamientos de
respeto para ciertos cargos, las exenciones de impuestos a ciertos
colectivos, las prebendas y la impunidad de ciertos cargos electos, el
delito de atentado a la autoridad o la propia existencia de una familia
real.
-Reforma a gran escala de la policía y el ejército. La
fuerza armada, tanto policial como militar, debe estar al servicio del
ciudadano y no actuar como pretorianos a las órdenes de los ricos y sus
políticos a sueldo. En este sentido sería interesante que las funciones
policiales dejaran de depender del Ministerio del Interior y fueran
asumidas por los ayuntamientos (seguridad ciudadana, tráfico,
proximidad, etc.) y el poder judicial (investigación criminal, etc.). El
ejército, a su vez, debería contar con una mayor integración en la
sociedad, no vivir aislado en sus cuarteles, e integrar a toda la
población en la defensa nacional. Las unidades dedicadas al control
social, como la BIP (antidisturbios), o las decorativas (caballería,
guardia real, etc.) deberían ser disueltas.
-Revisión en
profundidad de la relación de España con la Unión Europea.
Establecimiento de una política que permita la recuperación de la
soberanía nacional. Esto debería incluir un riguroso análisis sobre la
conveniencia o no de mantener en España la moneda internacional
denominada euro.
-Revisión en profundidad de la deuda pública,
dividiéndola en legítima e ilegítima y anulando el pago de esta última.
En particular el nuevo Estado Español debería incluir en su carta
constitucional una mención expresa contra las políticas criminales del
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los dudosos
dictámenes de las agencias de calificación financiera.
-Estricto
control público de la actividad financiera, bursátil y bancaria.
Imposición de normas y regulaciones que impidan la especulación, la
creación de burbujas, las estafas y la proliferación de productos y
derivados de carácter dudoso o poco ético.
En fin, sólo algunas
sugerencias para solucionar los gravísimos problemas creados por la
avaricia de los ricos y la incompetencia y mediocridad de los políticos
profesionales que les sirven.
Sin embargo, salir de la eterna
crisis requiere algo más: una acción decidida sobre el gran pilar
carcomido de la sociedad, que no es otro que la pasividad cómplice del
pueblo. Si siempre miramos hacia otro lado dejando pasar las cosas y
sólo nos movilizamos cuando nos tocan el bolsillo, no vamos a ninguna
parte. Tampoco si, al llegar las elecciones, un gran número de
ciudadanos irresponsables, interesados o mal informados siguen apostando
por los dos partidos dinásticos: PP y PSOE.
La democracia no
es fácil, como no lo es la justicia. La democracia requiere esfuerzo y
dedicación, además de vigilancia. La pereza sólo proporciona esa
tranquilidad que otorgan al esclavo sus cadenas y su ignorancia.
José Manuel Lechado
Rebelión
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