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Esquilmados
Parece cada vez más claro que ninguno de los tijeretazos que se han
aplicado hasta ahora ha conseguido resucitar la economía ni reducir las
interminables listas de desempleo. Ya no existe nada por recortar, al
ciudadano sólo le queda la dignidad de la protesta y confiar en que las
medidas funcionen. Si les vuelven a fallar las previsiones de ingresos,
acudirán una vez más a nuevos recortes para «equilibrar» las cuentas
públicas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nadie podrá discutirle que
ha puesto a trabajar tarde y a marchas forzadas a todo su Ejecutivo
para salvar a España de la ruina. Nunca antes en la historia de la
democracia española se había asistido a un calendario reformista tan
amplio y en tan corto espacio de tiempo. Incluso el pasado viernes,
cuando el Consejo de Ministros aprobó el mayor recorte social de este
país, se anunciaba ya un calendario hasta finales de año con veinte
nuevas leyes. Todos teníamos la impresión de un Rajoy dubitativo, que
sesteaba al mediodía con el ruido del Tour de Francia de fondo, y, de
pronto, se ha revelado como un político diligente y tenaz por obra y
gracia de Angela Merkel.
Su legado venía bien ordenadito en el
Boletín Oficial del Estado del pasado sábado. Daba dolor leer las 91
páginas en las que se resume un extenso abanico de iniciativas y
recortes con las que el Ejecutivo pretende obtener en dos años y medio
hasta 65.000 millones de euros. Pero lo mejor era la letra pequeña, la
que no se contó el viernes, y en donde se descubre que quedan recortes
por hacer por 8.900 millones de euros; que el bocado a la Ley de
Dependencia es brutal; que se elimina la compensación por deducción en
la compra de vivienda a quienes compraron antes de 2006; que se
multiplican las tropelías contra los más indefensos, los parados. Por
citar varios de los ejemplos que no nos contaron y que sí supieron antes
inversores internacionales a los que el Gobierno les facilitó el plan
de ajuste.
El actual presidente del Gobierno ha repetido los
mismos esquemas erráticos que cometió Rodríguez Zapatero cuando negó la
crisis una y otra vez y tuvo que afrontar en mayo de 2010 el primer gran
ajuste de la economía española ante la amenaza seria de una
intervención del país. Rajoy llegó al poder con el convencimiento de que
sabía lo que había que hacer, incluso tiró de su su ya célebre «haré
una política económica como Dios manda», y al sentirse bendecido por la
gloria eterna no adoptó ninguna medida trascendental convencido de que
sus recetas eran válidas sin la ayuda de Europa para sacar a España de
la gran recesión. Erró. Rajoy, al igual que lo fue Zapatero, es ya un
títere de la «troika» europea que nos tiene formalmente rescatados y que
desborda una y otra vez las líneas rojas que quizás ningún gobierno
español hubiera cruzado, lo que supone un grave atentado contra la
dignidad de los ciudadanos.
El pasado miércoles Rajoy bajó de las
nubes celestiales para reconocer en el Congreso de los Diputados lo que
día tras día distintos miembros de su ejecutivo habían negado: la
intervención europea sobre la economía española es un hecho. El rescate
bancario conlleva 32 condiciones de difícil digestión por parte de los
ciudadanos sin saber a ciencia cierta si servirá de algo, ya que todas
las medidas aprobadas por Rajoy afectan de forma especial al consumo de
las familias. Y a menor consumo, menos ingresos, menos actividad
económica y más paro.
De lo que nadie habla es de cómo salvar a los
ciudadanos de la nefasta gestión de una buena parte de nuestros
gobernantes que durante años y años, sin distinción de partidos, han
dirigido este país como si fuera su cortijo particular, subidos a la
noria del despilfarro, del gasto no productivo y colocando a mansalva en
las administraciones públicas a amigotes, familiares y militantes de
sus partidos sin ningún tipo de cualificación profesional para esos
puestos que se pueden cubrir con esos funcionarios tan despreciados que
obtuvieron su plaza por oposiciones. Muy gráfico resultó el viernes el
ministro Cristóbal Montoro cuando anunció que se cargaban las
mancomunidades por ser unas instituciones «opacas» y agencias de
colocación de cargos de los partidos. Se le olvidó hablar de las cientos
de empresas públicas y fundaciones que se multiplican en todas las
comunidades y que se tragan cientos de millones de euros públicos todos
los años sin que se demuestre una utilidad vital en la mayoría de ellas.
Esta reforma aún queda pendiente, pero como su respuesta no es
inmediata para sanear las arcas del Estado resulta más fácil meter la
mano en los bolsillos de los ciudadanos con la subida del IVA.
Y
lo que sí parece cada vez más claro es que ninguno de los tijeretazos
que se han aplicado hasta ahora hayan conseguido resucitar la economía
ni reducir las interminables listas de desempleo. El incremento del IVA,
el retoque que sufrirán los planes de jubilación, la reducción de las
prestaciones por desempleo o los ataques salariales a la función pública
confirman que la estratosférica factura del rescate bancario y el no
menos abultado coste de la crisis lo pagaremos los ciudadanos. Y, si son
funcionarios, su desembolso será mayor, ya que a la poda de sueldos que
empezó el PSOE de Zapatero se une ahora la supresión de la paga extra
de Navidad que les impone el PP más la reducción del salario que aprobó
la Junta de Andalucía.
Rechazo a la subida del IVA.
Ante el descomunal desfase entre ingresos y gastos públicos, el
Gobierno de Rajoy ha tirado por el camino más fácil para captar más
recursos de forma inmediata sin sopesar la injusticia social de la
medida. En general, los impuestos directos siempre son más justos al ser
proporcionales a las rentas percibidas y al patrimonio. Los impuestos
indirectos los «pagan» los consumidores de bienes y servicios por igual
sea cual sea su estatus económico. El Gobierno quiere justificar esta
alarmante subida de los tipos del IVA asegurando que en el resto de
Europa el IVA es más elevado, pero se les olvidó incluir en su
argumentario que el salario medio (por ejemplo, en Alemania o en
Francia) es el doble que el español. La subida del IVA hará a los
españolas más pobres, pues con los mismos salarios (o con menos)
tendremos que cubrir parte de nuestras necesidades básicas a precios más
elevados. Y encima la subida afecta especialmente a los productos
relacionados con el ocio, el único placer que quedaba en una España con
más de 5,6 millones de personas «ociosas».
Pues, según el
Gobierno, los que están parados disfrutan de su estatus y por eso les
rebajará al 50% la tasa de prestación por desempleo a partir del sexto
mes en paro para «activar» (tiene bemoles) la búsqueda de trabajo.
Después de lo del cafetito de los funcionarios del secretario de Estado
Antonio Beteta y del famoso «¡Qué se jodan»! de la impresentable
diputada del PP Andrea Fabra es de lo más indignante que se ha
escuchado.
Quizás lo justo hubiera sido que el aumento de ingresos
recayera de modo más relevante sobre los ciudadanos con más recursos o
que se actuara contra los defraudadores en vez de animarles a estafar a
todos los españoles con una amnistía fiscal. Tiene narices. Y caminos
diferentes los hay, cosa distinta es que la ideología o la necesidad de
ingresos rápidos pese más que el bienestar de los ciudadanos. Hollande
ha credao en Francia un impuesto a las grandes fortunas y Obama redujo
impuestos a las clases medias y los subió a las familias con más
recursos.
Ante este panorama desolador sólo cabe esperar un
milagro para que las drásticas medidas nos saquen del pozo en el que nos
hallamos. Queda pendiente la reforma de la administración pública, ese
elefante gigantesto que depreda cientos de miles de millones de euros.
Mariano Rajoy afirma que esta vez servirán para iniciar la remontada,
aunque lo que necesitamos, tras tantos incumplimientos, ya no son
palabras sino hechos ciertos pues todos temenos que si les vuelven a
fallar las previsiones de ingresos, acudirán una vez más a nuevos
recortes para «equilibrar» las cuentas públicas. Los ciudadanos ya no
pueden más.
Juande Mellado es director de La Opinión de Málaga
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