La crisis se ha llevado por delante muchos principios morales y
jurídicos y ha dejado en la cuneta el disfrute de derechos sociales y
humanos fundamentales, pero si alguna de las injusticias que se vienen
cometiendo destaca sobremanera me parece que es el trato que están
recibiendo las personas y familias que pierden su vivienda por culpa de
una crisis que no han provocado.
Los últimos datos permiten prever que a finales de año llegarán a ser
unas 300.000, una cifra posiblemente menor a la real y que en cualquier
caso no refleja el daño total que han provocado en el patrimonio
familiar de las clases trabajadoras las condiciones leoninas que han
acompañado a miles de contratos hipotecarios.
Muchas de esas familias no solo han perdido la vivienda sino que
además siguen pagando la diferencia entre el préstamo recibido (con una
tasación al alza de vivienda de por medio) y el valor de ejecución (que
suele tasarse, por el contrario, muy a la baja, mucho más de lo que en
realidad disminuyen los precios de mercado).
Es una verdadera vergüenza que en todos estos años ni el gobierno ni
el principal partido de la oposición se hayan puesto de acuerdo para
afrontar este drama y para evitar, de forma efectiva modificando la Ley
Hipotecaria y no con los parches que solo a última hora se han querido
poner, que el derecho a la vivienda que pregona la Constitución se
convierta también en humo.
Con tal de salvar los intereses de unas entidades financieras que
siguen ganando miles de millones de euros, como en su día reconoció
expresamente el ministro José Blanco, se ha renunciado a llevar a cabo
reformas legales que terminen con la situación que estamos viviendo.
Los mismos parlamentarios que en un dos por tres se pusieron de
acuerdo nada más y nada menos que para reformar la Constitución
renunciando a la soberanía nacional sobre aspectos que quizá en los
próximos meses pueden ser decisivos (como la no modificación de los
créditos externos) no han dado ni un paso para introducir fórmulas
legales que ya existen en muchos países para que otro derecho más,
aunque ahora tan vital como el de la vivienda, no esté siempre
supeditado al beneficio financiero.
La dación de pago es una figura que de forma bastante elemental
hubiera podido resolver, al menos, que quien ya ha perdido su vivienda
termine además arruinado para siempre pagando cuotas de préstamos que ya
no le financian nada y que, para colmo, son el resultado de la
desigualdad entre las partes con la que en su día se establecieron las
condiciones contractuales.
Pero ha bastado que los bancos amenazaran (vaya a saber usted de qué
forma en la intimidad de los despachos o de las líneas telefónicas) para
que el gobierno se achante una vez más y se haya negado a dar avance
alguno en esta dirección.
Es un auténtico escándalo y una prueba más de que nuestra democracia
está patas arriba que quien haya tenido que salir a defender a los
cientos de miles de familias humildes que pierden sus viviendas hayan
sido sus propios convecinos y conciudadanos, teniéndose que enfrentar
así a partidos mayoritarios, al gobierno y a la policía. Y es muy
sintomático de los fines que en realidad persiguen que ninguno de esos
obispos que con tanto ardor se manifiestan en defensa de la familia para
atacar al gobierno, ni las organizaciones que lideran con ese aparente
fin, ni el Partido Popular que siempre quiere aparecer como su gran
adalid hayan movido ni un dedo para evitar esos desahucios.
Las plataformas de afectados, el movimiento 15-M y otras
organizaciones y partidos son quienes están dando la batalla contra esta
inmensa injusticia frente a unos partidos mayoritarios que muestran su
verdadera utilidad cuando los intereses bancarios y de los poderosos se
ponen por medio.
Generalmente, esos movimientos contra los desahucios vienen
defendiendo la dación de pago como alternativa a la situación actual,
una opción que a mí me parece insuficiente y errónea si no va más allá.
Es verdad que evita, si se me permite la expresión, el recochineo de
tener que seguir pagando al banco cuando éste ya se ha quedado con una
vivienda por debajo del precio de mercado. No es poco pero no se puede
considerar que esa sea la alternativa justa y democrática en un país
moderno. Al igual que existen en otros de nuestro entorno, deberían de
establecerse mecanismos de arbitraje independiente que permitieran que
las partes se pusieran necesariamente de acuerdo sin que los deudores en
situaciones de emergencia económica o familiar tengan que perder la
vivienda, que es lo que al fin y al cabo ocurre con la dación de pago.
Esta última es un mal menor pero un mal en cualquier caso que no
contempla lo que debería ser imperativo: el horizonte del derecho a la
vivienda que reconoce nuestra Constitución.
Sería deseable, por tanto, que además de reclamar la dación de pago
con carácter obligatorio y no solo voluntario como existe ahora se
antepusiera a ello una reclamación mucho más justa y eficaz: la
prevalencia del derecho a la vivienda.
Bastaría con mirar a nuestro alrededor para tomar las instituciones
ya existentes y mejorar si fuese necesario, claro que para ello sería
necesario mucha mayor dignidad por parte de nuestros legisladores, más
independencia de criterio y una actitud más valiente frente a los
grandes financieros.
Mientras tanto, seguiremos en la surrealista situación en la nos
encontramos: quienes no hacen nada para evitar que los que sufren la
crisis pierdan sus viviendas se proclaman defensores de la democracia. Y
a quienes nos indignamos con ello, a quienes nos esforzamos por impedir
los desahucios y que las familias más humildes pierdan sus viviendas no
acusan, como hace la presidente de Madrid, de "impulsar golpes de
estado populistas" o nos comparan con la "turbas parisinas", como hace
el presidente de las Cortes José Bono. Es lo que hay.
Juan Torres
Sistema Digital
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