La respuesta dominante que están aplicando los Gobiernos e
instituciones europeas es la política de austeridad, como ajuste
económico regresivo y recortes sociales, frente a la opinión mayoritaria
de las sociedades. Esa realidad tiene un fuerte impacto en la
conciencia social con la mezcla de incertidumbre, adaptación e
indignación. Pero, conviene analizar las tendencias sociales de fondo y
su carácter ambivalente para perfilar el horizonte. Y un elemento clave
es la mentalidad de la población y su actitud: hacia la resignación y el
fatalismo o hacia una conciencia cívica, democrática y de cambio.
Tenemos cuatro componentes principales de actual escenario:
1) La prolongación de la crisis socioeconómica, causada por los
mercados financieros, con graves consecuencias sociales para la mayoría
de la población.
2) La gestión antisocial e impopular de la clase política dominante,
con una estrategia liberal-conservadora bajo la hegemonía del bloque de
poder (centroeuropeo) representado por Merkel, con la colaboración o
corresponsabilidad, primero, de los gobiernos socialistas en los países
periféricos como España y, después, de los gobiernos de derecha.
3) Significativo proceso de deslegitimación social del contenido
principal de esa política, el reparto injusto de los costes de la
crisis, y la crítica hacia la involución de la calidad democrática del
sistema político, conformándose una importante corriente social
indignada, un campo social diferenciado y en desacuerdo con esas medidas
regresivas (que en algunos aspectos concretos alcanza a dos tercios de
la sociedad) y, particularmente, una desafección o brecha social
respecto de la clase política.
4) Ampliación de las protestas sociales y resistencias colectivas,
configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un
carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre
cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos
huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones
sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón
de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se
ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento sindical y el
movimiento 15-M (o 25-S), conformando una representación social dual, no
exenta de tensiones y altibajos, con sus respectivos representantes o
grupos de activistas.
En consecuencia, existen cuatro elementos, íntimamente
interrelacionados, que se encadenan históricamente y que, con diversos
antecedentes, conforman un nuevo escenario sociopolítico, desde el año
2010. Se ha abierto una profunda y prolongada pugna sociopolítica con el
telón de fondo de posiciones contrapuestas: el reparto más o menos
desigual de los costes de la crisis, el refuerzo o el desgaste del poder
financiero con mayor o menor subordinación de las capas populares, el
alcance de los procesos de deslegitimación de la política de austeridad y
las élites gestoras con una democracia débil o una democratización
profunda.
Y en el campo cultural y de la conciencia social la incógnita está entre dos dinámicas:
a) si la mayoría ciudadana asume los retrocesos democráticos y de
bienestar social, bajo de argumento central de contener las demandas
populares por su ‘insostenibilidad’ económica y con el refuerzo de los
poderosos;
b) si, dada la inmensidad de la riqueza generada, los derechos
adquiridos y la amplia conciencia de justicia social, es la economía la
que debe servir a la sociedad y se apuesta por una distribución más
equitativa, una salida de la crisis más justa, solidaria y progresista y
una regeneración democrática del sistema político.
Las opciones básicas son dos:
1) Una profunda reestructuración regresiva del Estado de bienestar
europeo, con un retroceso de su modelo social, los derechos
sociolaborales y la calidad democrática, con una relegitimación de las
élites gestoras y los grupos dominantes de poder financiero.
2) Una dinámica sociopolítica que impida esa salida y apueste por una
democratización del sistema político, una renovación profunda de las
élites institucionales, una regulación institucional de los mercados
financieros, con una fiscalidad progresiva, y un refuerzo de un Estado
de bienestar más avanzado.
Ese bloque de poder financiero e institucional es el que dicta la
orientación de las políticas, las principales medidas de recortes y fija
los ritmos de los retrocesos a imponer. Deben cuidar algunos límites:
una mínima cohesión social de las sociedades europeas, una legitimidad
básica con una democracia débil y un equilibrio político-institucional
de la Unión Europea. En su conjunto, la ciudadanía indignada, los
movimientos sociales y las izquierdas sociales y políticas están a la
defensiva. Las protestas sociales progresistas son, fundamentalmente,
expresivas y de resistencia.
La dinámica principal apunta, a medio plazo, a la imposición de un
fuerte retroceso del modelo social europeo, particularmente, en los
países periféricos del sur de Europa (que es el marco en que nos
situamos). Pero el futuro está abierto por la presencia de los factores
opuestos a esa tendencia y que permiten mantener la esperanza de
conseguir otro horizonte.
Por tanto, los poderosos no tienen ganado todo el partido (o toda la
liga, siguiendo con el símil futbolístico). Su debilidad principal es
que su estrategia produce desempleo y sufrimiento popular masivo, no
asegura suficiente cohesión social y modernización económica y social,
no garantiza una salida justa y equilibrada de la crisis y carece de una
legitimidad completa.
La mayoría institucional conservadora en España va perdiendo
legitimidad rápidamente; sus recetas se van viendo cada vez más como
injustas e ineficaces y sus discursos van perdiendo credibilidad. Su
alternativa, presentada como la única posible, no soluciona sino que
empeora la grave situación económica, política y social. Su hegemonía
cultural e ideológica se está resquebrajando. Los últimos datos sobre la
corrupción (caso Bárcenas) acentúan su deslegitimación social.
En el plano sociopolítico, la persistencia de la indignación
ciudadana frente a la corrupción (económica y política) y la política de
austeridad y recortes sociales, junto con una ciudadanía activa que
exige justicia social y democratización política constituyen un factor
relevante que pugna por un cambio social y político. Es un acicate para
la renovación de las izquierdas y un factor para fortalecer una
alternativa progresista que rompa el fatalismo y refuerce la esperanza.
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6595/esperanzas-de-cambio/
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