La respuesta a esta pregunta es fácil. La pobreza ha aumentado como
consecuencia de las políticas públicas que se han estado aplicando en
los últimos años. Y, entre ellas, tres adquieren especial importancia.
Una de ellas es la reforma laboral que ha tenido como objetivo reducir
los salarios, como consecuencia del aumento del desempleo. Soy
consciente de que habrá muchas voces que cuestionen esta tesis, diciendo
que, en contra de lo que digo, la reforma laboral tenía como objetivo
establecer las condiciones para crear empleo, añadiendo además, que no
era su intención bajar los salarios. Pero la evidencia de lo contrario
es abrumadora. Consecuencia de las reformas laborales que se han ido
haciendo (facilitando el despido de los trabajadores ha aumentado, no
disminuido, el desempleo, destruyéndose miles y miles de puestos de
trabajo). Es difícil de creer que los diseñadores de tales políticas y
los legisladores que las aprobaron no supieran que tales reformas del
mercado laboral destruirían empleo aumentando el desempleo y bajando los
salarios. La experiencia internacional corrobora y confirma la
experiencia nacional.
Facilitar el despido determina aumentar el número de despidos y el
desempleo, sobre todo en un momento como el actual, en que no se está
creando empleo. La famosa “flexiseguridad” que se estuvo promocionando
por el gobierno español anterior, según la cual hay que facilitar el
despido dentro de un sistema de seguridad y reciclaje del trabajador,
asume que hay puestos de trabajo a los cuales el recientemente
trabajador despedido puede incorporarse. Este no es el caso. En
realidad, los países que han tenido más éxito en evitar el crecimiento
del desempleo son aquéllos donde se ha repartido el trabajo. Un caso
claro es Alemania donde, en lugar de despedir, lo que se promueve es la
distribución del trabajo. Ello es consecuencia del sistema de cogestión
existente en Alemania, donde los sindicatos a nivel de empresa han
dificultado el despido, facilitando en su lugar el reparto del trabajo
(de manera que cada trabajador trabaja menos horas, manteniendo así el
número de puestos de trabajo).
En España, por el contrario, el facilitar el despido y debilitar al
sindicato mediante la debilitación de los convenios colectivos, ha
disparado el desempleo y ha reducido los salarios espectacularmente,
facilitado por la existencia de los salarios mínimos más bajos de la
Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países más cercanos a
España por su nivel de riqueza). La pobreza entre la población
trabajadora ha crecido exponencialmente.
Pero otra causa del aumento de la pobreza son las políticas fiscales
regresivas, que han acentuado todavía más la escasa capacidad
redistributiva del Estado, tanto central como autonómica. Las políticas
fiscales se han caracterizado en los últimos quince años por una
reducción y/o eliminación de impuestos, que ha significado una merma de
los ingresos al Estado, tales como eliminación de impuestos de
patrimonio (2.500 millones de euros), rebajas de los impuestos de
sucesiones (2.552 millones), rebaja de impuestos de las rentas
superiores (como las rentas que ingresan más de 120.000 euros al año,
generando una pérdida de ingreso de 2.500 millones), bajada de impuestos
de sociedades de grandes empresas que facturan más de 150 millones de
euros al año (y que representan sólo un 0,12% de todas las empresas), y
que ha significado un descenso de los impuestos de 5.300 millones de
euros. Y así un largo etcétera de rebajas de impuestos que benefician
primordialmente a las rentas superiores (que derivan sus ingresos, en
gran parte, de las rentas del capital).
A fin de cubrir tales agujeros en las cuentas del Estado
(contribuyendo al agujero mayor, resultado del enorme fraude fiscal que,
según el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado
español, alcanza la cifra de 90.000 millones de euros (fraude que se
concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la
banca) el Estado (el central y los gobiernos autonómicos, como la
Generalitat de Catalunya) ha reducido los gastos públicos, incluyendo
los sociales (y, muy en particular, las transferencias públicas –como
ayudas a los ancianos, a las familias, a las personas con
discapacidades, entre otros- y los servicios públicos como sanidad,
educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas
de infancia, vivienda social, servicios sociales, servicios de
integración de los inmigrantes y prevención de la exclusión social),
recortes que perjudican sobre todo a las clases populares, las mayores
usuarias del Estado del Bienestar.
Los recortes fiscales que han beneficiado a las rentas superiores y
los consecuentes recortes de gasto público social (con el consiguiente
empobrecimiento del Estado del Bienestar) que han perjudicado a las
clases populares, han acentuado todavía más la baja capacidad
redistributiva del Estado (tanto central como el de la Generalitat de
Catalunya), que es de los menos redistributivos existentes hoy en la
UE-15. Si no hubiera Estado del Bienestar (es decir, las transferencias
y los servicios públicos), el 24% de la población adulta en Catalunya
sería pobre. Con la aplicación de las políticas redistributivas, la
pobreza baja a un 20% (entre niños se mantiene al 25%), un descenso de
sólo 4 puntos. En el promedio de la UE-15 pasa de un 25% a un 16% (un
descenso de 9 puntos), y en Suecia pasa de un 27% a un 13% (un descenso
de 14 puntos). Ésta es una de las mayores causas de que Catalunya y
España tengan el mayor nivel de pobreza en la UE-15.
Éstas son algunas de las causas del crecimiento de la pobreza en
nuestro país. Este aumento es, pues, resultado de intervenciones
públicas aprobadas y promovidas por partidos gobernantes que,
paradójicamente, parecen ahora alarmarse del tamaño del problema social
que están creando. No deja de ser una paradoja que la televisión pública
catalana TV3 (claramente influenciada por el gobierno conservador
catalán, mayor proponente, junto con el gobierno conservador español, de
las reformas del mercado laboral y de las políticas fiscales y de
recortes de gasto público social) dedique toda una maratón para recoger
cuatro millones de euros para los servicios de ayuda a la sociedad civil
con el fin de ayudar a los pobres, cuando podrían haberse conseguido
2.500 millones eliminando la rebaja de impuestos a los ricos (que
ingresan más de 120.000 euros al año) o de los impuestos de sucesiones.
Temerosos de que tal paradoja apareciera durante la maratón, tanto el
director general de TV3, el Sr. Eugeni Sallent, como el Sr. Antoni
Bassas, el presentador del programa, subrayaron que el objetivo de la
maratón no era discutir o analizar las causas del crecimiento de la
pobreza (que hubiera mostrado claramente su complicidad en la creación
de tanta pobreza), sino sólo su necesidad de apoyo inmediato por la
sociedad civil. Como decía Monseñor Óscar Romero, Arzobispo de San
Salvador, “siempre me llaman santo cuando quiero atender a los pobres,
pero me llaman “radical extremista” cuando quiero eliminar la pobreza,
eliminando sus causas”. Sería necesario que la Iglesia catalana y
española y las asociaciones próximas a ellas desearan no sólo paliar,
sino también eliminar la pobreza. Podrían hacerlo denunciando aquellas
políticas de recortes en lugar de guardar silencio, como lo han estado
haciendo durante tanto tiempo.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5263/%C2%BFpor-que-la-pobreza-esta-creciendo-en-espana/
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