La participación popular en las manifestaciones convocadas por el
movimiento 15-M el pasado 12 de mayo, junto con las movilizaciones y
procesos deliberativos anteriores y posteriores, han demostrado la
persistencia de una amplia ciudadanía activa. Han participado varias
decenas de miles en Madrid y en Barcelona, así como en el conjunto de
más de cincuenta ciudades de todo el Estado. Una presencia menor y
simbólica ha sido la de otras capitales europeas. Los motivos de hace un
año para expresar indignación siguen vigentes y se han reforzado:
oposición a las consecuencias injustas de la crisis económica y los
recortes sociales; crítica a los mercados financieros y los gestores
institucionales dominantes como responsables de una política regresiva;
exigencias de cambios socioeconómicos y mayor y mejor democracia, con
estímulo de la participación cívica y democrática.
Esa amplia indignación ciudadana se ha expresado en el ámbito público
y se ha convertido en una masiva participación cívica y pacífica frente
a una gestión política antisocial. Una idea de fondo que subyace en esa
movilización progresista es que primero están la sociedad, las
personas, y, sometidas a esa voluntad ciudadana, después deberían estar
las instituciones políticas y económicas, particularmente los mercados
financieros. Es una posición nítidamente democrática, de reafirmación de
la soberanía popular para desde ella definir las políticas y los
proyectos de la sociedad, frente al imperio del beneficio privado que
dictan las leyes económicas liberales y las élites poderosas.
Una forma de expresar el alcance de ese protagonismo de la ciudadanía
es el lema (traducido) de la manifestación de Barcelona: “El pueblo
somos la solución”. Su contenido, recogido en el título de este
artículo, sirve para comentar el doble significado de estas resistencias
ciudadanas. Por un lado, en el plano social, como conformación de una
amplia conciencia social crítica, una participación masiva, democrática y
cívica; es la palanca para generar una dinámica de cambio sociopolítico
y relaciones sociales, frente a la resignación y el fatalismo. Su
orientación es frenar la involución social y condicionar una gestión más
equitativa de la crisis económica. Así, por otro lado, en el plano
programático, esa movilización popular se guía y complementa con
propuestas concretas y alternativas más generales de transformación
progresista, económica, política y social. Estas respuestas ciudadanas
constituyen un paso clave para la conformación de una alternativa
distinta en la actual encrucijada.
El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social
Veamos, en primer lugar, el alcance de estas movilizaciones y su
legitimidad. El movimiento 15-M ha sido cauce de expresión de la
indignación ciudadana. Ha combinado grandes manifestaciones de protesta y
exigencia de cambios (15-M, 19-J, 15-O y, ahora, 12-M) con actividades
locales y reivindicativas descentralizadas y procesos deliberativos
asamblearios y en las redes sociales. Se pueden distinguir tres niveles
de intensidad en esa vinculación: un primer nivel de unos pocos miles de
activistas más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa,
personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de
expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles;
un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a
dos tercios de la población, que simpatiza de alguna manera con los
objetivos y las acciones de ese movimiento.
El movimiento 15-M, en sentido estricto o de articulación permanente,
lo conforman los grupos de activistas. Desde algunos de sus sectores
más activos a veces se identifica sólo con ese nivel, o se asimila al
resto con el mismo. En sentido contrario, en algunos ámbitos mediáticos
suelen referirse sólo a esta parte más organizada para intentar
estigmatizarlo como minoritario o radical. Pero, el movimiento 15-M, en
un sentido amplio, también lo conforma esa ciudadanía activa que ha
participado en sus grandes manifestaciones y apoya expresamente sus
iniciativas y objetivos generales. Durante los últimos meses, desde
octubre pasado hasta esta mitad de mayo, los grupos de activistas han
realizado un arduo y prolongado trabajo de inserción, vinculación y
revitalización del tejido asociativo en barrios y pueblos y promovido
numerosas actividades locales. Ante la ausencia, en estos meses, de una
gran movilización general y expresiva y los límites en la capacidad
reivindicativa, ha aparecido la incógnita de la posible desaparición de
este movimiento social, o bien, su reducción a la parte más activista,
aventurando la desactivación de esa ciudadanía activa y su aislamiento
de la comprensión y la simpatía de esa amplia base popular indignada. El
resultado de estas movilizaciones de mayo ha sido positivo, y ha
demostrado, a pesar de las dificultades, la continuidad del movimiento y
la vinculación de los tres niveles de la ciudadanía.
La participación masiva y la simpatía explícita de la mayoría de la
sociedad han confirmado la legitimidad de este movimiento social, así
como su importancia para expresar unas aspiraciones populares y
juveniles de cambio socioeconómico y político y condicionar la dinámica
sociopolítica, desde el fortalecimiento de la participación democrática y
pacífica de una ciudadanía activa. Ante la persistencia de los
problemas que lo originaron siguen vigentes sus objetivos generales y su
tipo de expresión colectiva. Y así lo percibe la mayoría social.
Efectivamente, según la encuesta de opinión de Metroscopia (El País, 13-5-2012), realizada unos días antes, más de dos tercios de la población (68%) asegura que tienen razón en las cosas que dicen y por las que protestan, y más de la mitad considera que es un movimiento que lo que pretende es regenerar la actual democracia (55%) y dice tener simpatía por el movimiento
(51%). Estos porcentajes han descendido ligeramente desde hace un año
(entre el 13% y el 16%), probablemente entre las personas identificadas
como de centro-derecha. Así, son mucho más amplios sus apoyos entre los
electorados de las izquierdas y menores entre los de las derechas
—incluso a un tercio (33%) le inspira rechazo—. Además, este movimiento es valorado como pacífico por la mayoría (55%) y como radical y antisistema por una minoría (29%).
No obstante, a pesar de las dificultades para articular las
resistencias ciudadanas y los intentos institucionales y mediáticos de
deslegitimación y minusvaloración de esa acción colectiva, junto con
distintos procesos sociopolíticos y electorales, lo relevante es que
todavía la mayoría de la sociedad comparte objetivos y apoya la
existencia y actividad de este movimiento social. Dicho de otra manera,
persiste y se reafirma una ciudadanía indignada que simpatiza con la
función de la protesta colectiva de esa ciudadanía activa: frenar la
dinámica de injusticia y recortes sociales y superar el déficit
democrático de las élites políticas.
Esa amplia legitimidad popular del movimiento 15-M, contrasta con la
poca confianza ciudadana en los máximos líderes políticos y las
políticas gubernamentales y la exigencia de responsabilidades a los
mercados financieros. En la misma encuesta citada, el 61% de la
población desaprueba la gestión de Rajoy como presidente del Gobierno (32% la aprueba), y en el caso de la gestión de Rubalcaba como líder de la oposición, el 64% la desaprueba (28% la aprueba). Pero todavía aumentan más los índices de desconfianza hacia ambos líderes: a tres cuartas partes de la sociedad les inspiran poca o ninguna confianza (73%, Rajoy; 79%, Rubalcaba), y en torno a una cuarta parte, mucha o bastante (26%
Rajoy; 20% Rubalcaba); lo cual indica también las dificultades de
renovación y legitimación del partido socialista y su labor de
oposición. A la pregunta si el Gobierno está sabiendo hacer frente de forma adecuada a la situación económica, la repuesta NO es del 60% (SÍ, el 33%), el mismo porcentaje que critica los recortes. Y como dato complementario, para la población los dos máximos responsables de la actual crisis económica española son los Bancos y Cajas (9,2 puntos en una escala de 0 a 10) y el Gobierno (8,2 puntos) —por no haber reaccionado a tiempo y no haber sabido adoptar las medidas necesarias—.
No cabe duda de que los parlamentos y gobiernos (central y
autonómicos) tienen una gran representatividad y legitimidad derivada de
sus amplios apoyos electorales, y que el PP aún no contando con el
apoyo mayoritario en las urnas tiene mayoría absoluta en el Congreso de
los Diputados y un amplio margen de maniobra político y legal. Pero esa
delegación representativa no es absoluta ni incondicional, y sigue
erosionándose su legitimidad social. Así, es evidente que la mayoría de
la sociedad, y especialmente la izquierda social, por un lado, sigue
estando en desacuerdo con los recortes sociales, con poca credibilidad
para la élite política y financiera, y por otro lado, simpatiza con una
movilización popular que los cuestiona activamente y reclama otro tipo
de gestión más progresista y democrática.
Persisten motivos y condiciones para la continuidad de una ciudadanía activa
En España han cambiado algunos aspectos del contexto, principalmente,
tres. 1) La principal gestión política e institucional es ahora de la
derecha del PP (y CiU), que aun con una renovada legitimidad electoral,
ha imprimido un plan de fuertes recortes antisociales (educación,
sanidad…) y reformas regresivas (laboral…). 2) Se agravan las
consecuencias sociales de la crisis económica (paro masivo, pobreza y
brechas sociales, desahucios…), sin perspectivas de creación de empleo.
3) El panorama sociopolítico ha cambiado esta primavera respecto de la
del año pasado: por un lado, ya han pasado las dos campañas electorales
del año anterior, y por otro lado, al mismo tiempo, se ha producido una
gran movilización social promovida por el movimiento sindical (huelga
general del 29 de marzo, precedida por las grandes manifestaciones del
19-F).
En definitiva, persistían los motivos de fondo para manifestar la
indignación ciudadana (las consecuencias de la crisis, y la gestión
regresiva gubernamental), pero cambiaba el papel de algunos agentes
relevantes: la responsabilidad principal de las medidas de austeridad ya
no es del PSOE, y los grandes sindicatos también se han enfrentado a
los recortes sociales.
Junto con esos tres factores hay que añadir un cuarto: la prueba de
la propia capacidad de los grupos de activistas. Mayoritariamente
jóvenes, existe una gran heterogeneidad de sus experiencias anteriores,
vínculos asociativos, inclinaciones sociopolíticas y talantes
integradores. La función unitaria y de liderazgo, para encauzar un
movimiento social amplio, es difícil. Existen debilidades y limitaciones
para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y
oportunidades. Los riesgos de su fragmentación o su desorientación eran
evidentes. Tenían un gran reto: seguir conectando con las ideas fuerza
presentes en esa ciudadanía activa, mantener la simpatía de la mayoría
de la sociedad, y acertar con una propuesta de expresión masiva que
diese nuevamente visibilidad e influencia pública a ese movimiento. Han
debido sostener una actividad prolongada y poco visible, de arraigo
social, deliberación de propuestas e iniciativas y articulación
organizativa, que permitiesen dar sentido a ese esfuerzo continuado. Y,
al mismo tiempo, debían encauzar un tipo de expresión ciudadana masiva y
pacífica que formaba parte de su identidad de origen y prestigio
social, en este nuevo contexto social y temporal.
Todo ello ha estado condicionando la conciencia social de la
ciudadanía y, particularmente, su actitud de simpatía hacia este
movimiento y esta gran movilización del 12 de mayo. El movimiento ha
salido airoso de ésta, aunque el proceso y su continuidad siguen siendo
complejos y difíciles.
Por tanto, esta respuesta popular masiva de hace unos meses no era sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación inmediata
(Bauman). Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente
conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social.
Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética
igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves
condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de
personas. Además, aumenta la gravedad de la situación socioeconómica y
los motivos de descontento persisten. Y todos los intentos de las
instituciones políticas y económicas para relegitimar la misma política
de austeridad, con distintos discursos y retóricas, pero desconsiderando
una gestión más equitativa y democrática, no han conseguido la
confianza ciudadana. Las élites poderosas tienen un importante problema
de credibilidad social, que no es pasajero ni pueden infravalorar.
De forma soterrada y a veces expresa, permanecen la exigencia popular
de rectificación de esa política y la pugna democrática por la
legitimidad de los distintos gestores y representantes públicos. Por un
lado, se encuentran agentes institucionales y económicos que representan
una orientación regresiva (Gobierno, mercados financieros…). Por otro,
existen varios agentes sociopolíticos (el movimiento 15-M con sus
masivas protestas, o el movimiento sindical con las huelgas generales y
las movilizaciones contra los recortes…) que, junto con otros grupos
sociales y políticos, representan una amplia opinión popular de rechazo a
esas medidas y expresan una dinámica de cambio progresista. El poder
político, aun amparado en el sistema representativo electoral, tiene un
doble componente: democrático, influido por la voluntad popular;
oligárquico o elitista, condicionado por los grupos poderosos que
defienden sus privilegios. Así, importantes sectores de la sociedad
siguen viendo conveniente la existencia de esta acción colectiva
progresista como factor positivo en este contexto de relaciones de poder
desventajosas. Particularmente, en el plano social y democrático, en
cuanto es un factor fundamental cuyo desarrollo puede consolidar las
resistencias ciudadanas, propugnar un auténtico cambio de las políticas
de ajuste y austeridad y abrir un horizonte de una salida económica e
institucional más equilibrada, justa y democrática.
La alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas
Esta ciudadanía activa o estos movimientos populares no sólo denuncian las injusticias sociales y los déficit democráticos, tal como dicen algunos pensadores (Morin); también enuncian. Tienen
propuestas concretas y objetivos generales que cuestionan la dinámica
liberal-conservadora dominante y apuntan a un modelo más democrático y
más justo. En el primer caso, por ejemplo, han reunido y deliberado
sobre varios miles de demandas y reivindicaciones, agrupadas en varios
bloques: económico-social (frente a los recortes laborales, educativos y
de sanidad, en defensa del empleo decente, la protección social o los
derechos sociolaborales, o bien sobre la vivienda, la dación de pago en
las hipotecas, así como la regulación del sistema financiero y sus
gestores…); político (reforma de la ley electoral, democratización del
sistema político…), y de participación ciudadana (refuerzo del tejido
asociativo, procesos deliberativos y decisorios amplios y democráticos,
talante antiburocrático, autonomía de los poderes institucionales…).
Entre los objetivos generales siguen vigentes las dos ideas-fuerza
originarias: mejor democracia, y una gestión socioeconómica más justa.
Los grandes poderes económicos y políticos sólo conciben una opción:
la política liberal-conservadora de ajuste y austeridad. Para ellos no
hay alternativas, la solución es el sometimiento popular. Es verdad que
en el ámbito institucional europeo y español, la orientación dominante
es antisocial, con estancamiento económico, paro masivo y
reestructuración regresiva del Estado de bienestar. Ello perjudica,
especialmente, a la mayoría social de los países débiles del sur de
Europa, entre ellos España. La alternativa programática es otra política
social y económica, basada en la creación de empleo y las garantías de
los derechos sociolaborales y democráticos. La dificultad principal no
es de programa, sino de suficientes energías ciudadanas para
impulsarlo. Se necesitan afinar propuestas y elaborar nuevas teorías
sociales, pero el factor fundamental es la amplitud y activación del
apoyo social a una orientación de cambio progresista. Es el camino
iniciado hace dos años, con diversos altibajos, y que ha recorrido
ahora, en mayo, el movimiento 15-M, y que ayer, en marzo, impulsó el
movimiento sindical.
Con la demanda de una amplia izquierda social y política en Francia y
la positiva victoria del socialista Hollande, se ha puesto encima de la
mesa de las instituciones europeas otra política, la de crecimiento económico.
No obstante, las derechas hegemónicas y la socialdemocracia europea,
particularmente la alemana, no cuestionan los ejes de la política
aprobada por el Consejo Europeo de austeridad fiscal y ajuste económico,
y sólo apuestan por complementarla, con otras medidas
estimuladoras de la demanda y la inversión. Pero, sin una impugnación
global de esa política regresiva y su reorientación hacia la prioridad
del crecimiento de empleo decente, con una solidaridad europea y una
reafirmación de su modelo social, las consecuencias son la prolongación
de la crisis, las fuertes desigualdades sociales y el sufrimiento para
amplios sectores populares. Los efectos más perniciosos no sólo llegan a
Grecia (o Portugal) sino también a España, Italia e incluso Francia. La
solución se encuentra en cada país y en el ámbito europeo, pero sobre
todo atañe al campo social, a la consistencia de fuerzas sociales y
democráticas suficientes para forzar otra estrategia de gestión y salida
de la crisis, que condicione y refuerce a las izquierdas y apueste por
una opción progresista.
En definitiva, la solución principal se encuentra en el pueblo, en la
soberanía popular y la regulación pública frente a los mercados
financieros, en la actitud ciudadana de participación cívica frente a la
injusticia social y por una democracia social más avanzada.
Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Mientras Tanto
http://www.mientrastanto.org/boletin-103/notas/la-ciudadania-indignada-es-el-comienzo-de-la-solucion
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