No es descabellado plantear que nos encontramos en pleno proceso de
shock económico, mediante el cual se está planteando una salida a una
crisis económica por la vía del neoliberalismo más salvaje. Esta
situación es más perceptible en los estados que conforman la Unión
Europea, en los que hasta ahora primaba un modelo en el que ciertas
garantías sociales eran prácticamente incuestionables. En este sentido
no parece excesivo observar la actual crisis como un colapso provocado,
al menos en cierta medida. No son pocos los autores de prestigio
aseveran que esta situación se debe a un proyecto más o menos
planificado para desmantelar los estados del bienestar. Dicho esto
apunto que el eje sobre el que se estructurará este ensayo será el de la
situación presente lanzando, al mismo tiempo, una mirada retrospectiva
sobre otros shocks económicos pretéritos.
Si observamos la
actual coyuntura europea y en particular la de España resulta inevitable
acordarse de lo ocurrido en Argentina hace poco más de una década.
Entonces, como ahora, la crisis económica parecía plantearse ‘‘como si
fueran oportunidades de hacer negocio’’ [1]. Sirvan como ejemplo en este
sentido los múltiples proyectos de privatizaciones ya en marcha. Claro
que en Argentina la influencia directa de Estados Unidos era palpable
desde el Golpe de 1976. En el caso español es necesario mirar en el
papel ejercido por la Unión Europea, y en la aceptación acrítica de
todas y cada una de sus imposiciones. Desde la firma del Tratado de
Maastricht en 1992 se ha venido haciendo patente una cesión constante de
soberanía, continuada con la integración en el Euro y la firma del
Tratado de Lisboa (2007), y culminada con la actual crisis económica.
Sin embargo esto puede ir todavía más lejos a la vista de una más que
posible intervención sin ambages.
Observando a lo largo del
enrevesado camino que nos ha conducido a esta situación tan complicada
entran en escena múltiples interrogantes. Resulta difícil comprender,
desde un punto de vista racional, como pudo impulsarse de una manera tan
entusiasta y durante tantos años un modelo económico claramente
insostenible. Contando éste con el máximo consenso institucional y
mediático hasta incluso después de que se demostrase inoperante. Parece
evidente que los intereses económicos que maniobraban en estos
desajustes repercutían en el beneficio económico de gente muy poderosa.
En este sentido es reveladora una afirmación del premio Nóbel de
economía Paul Krugman quien señala que ‘‘ la defensa de la austeridad en
el Reino Unido no tiene en realidad nada que ver con los déficits;
tiene que ver con usar el pánico al déficit como excusa para desmantelar
programas sociales. Y esto es, por supuesto, exactamente lo mismo que
ha estado pasando en EE UU’’. Al mismo tiempo que asevera: ‘‘cuando se
tenga un problema de déficit a largo plazo, recortar drásticamente el
gasto mientras la economía está profundamente deprimida es una
estrategia contraproducente porque no hace más que agravar la
depresión’’ [2]. Esto lleva a plantearse seriamente hasta qué punto la
crisis pueda haber sido provocada y profundizada a conciencia. No
obstante, en el caso de España esta posibilidad queda difuminada por la
endémica corrupción e incompetencia demostrada por los dos partidos de
gobierno, por no hablar directamente de un país corrompido
institucionalmente a casi todos los niveles.
Por su parte, y
dejando a un lado la incompetencia de nuestros dirigentes, el profesor
Vicenç Navarro habla sin rodeos de una pretendida transformación de la
Europa social en la Europa liberal, impulsada por las élites económicas
pensando únicamente en sus intereses de clase. Para ello la crisis
vendría a ser un mecanismo para vencer las resistencias populares y por
tanto, dice, ‘‘ han creado una gran recesión, imponiendo tales políticas
[neoliberales] (imponiendo porque no hay ningún gobierno que las
aplique que tuviera tales políticas en su programa electoral) con el
argumento de que no hay alternativas’’ [3]. Como instrumentos para
provocar la crisis podemos tomar, por ejemplo, las privatizaciones que
se han ejecutado en las últimas décadas, así como las políticas fiscales
claramente regresivas que se han impuesto. A su vez estas políticas
fiscales ‘‘obligaron a las administraciones públicas a endeudarse con
las familias acomodadas y con los mercados financieros para financiar
los déficits creados de ese modo’’ [4] con los lógicos intereses que eso
genera; por tanto estas políticas fiscales habrían acabado por
beneficiar por partida doble a las clases adineradas. Una vez consumado
este atropello se procedió a convencer a la opinión pública, mediante
los medios de comunicación de masas al servicio de los mismos intereses,
de que los culpables del déficit eran los receptores de ayudas sociales
y empleados públicos.
Por todo ello la crisis se nos presenta
como un producto de la voracidad y codicia de las élites más que como
consecuencia de una serie de errores, dando por sentado que estos puedan
haber influido en mayor o menor medida. Y por supuesto el hecho de
culpar de ella a las clases subalternas no es más que una miserable e
interesada falacia.
Si observamos el paquete de medidas
económicas conocido como el Consenso de Washington, el cual se impuso en
América Latina y en otras partes del mundo durante los años 90, no cabe
duda que nos es bastante familiar, a saber: freno al déficit
presupuestario, reducción del gasto público, liberalización financiera,
liberalización comercial, promoción de la inversión extranjera directa,
privatización de las empresas estatales, desregulación de la economía y
protección de los derechos de propiedad [5]. Visto esto parece claro que
las medidas que se promocionan desde el poder para salir de la crisis
son la acentuación de las mismas que nos han llevado a ella. Podrían
sorprender, en primera instancia, las escasas y en todo caso muy
matizadas críticas que se vierten desde la prensa a este modelo, pero lo
cierto es que la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación
(por no decir todos) pertenecen o están bajo influencia directa de las
grandes corporaciones empresariales. Además el neoliberalismo, como
ideología de la clase dominante que es, arrastra consigo a ‘‘periodistas
de prestigio, especialistas en relaciones públicas, intelectuales que
escriben para públicos amplios, gente del espectáculo, artistas,
funcionarios estatales y políticos’’ [6]. Si a todo esto le sumamos las
condiciones específicas que se dan España, donde se dan cita una masa
social particularmente aletargada, una oligarquía especialmente feroz y
una ínfima pluralidad mediática, el cóctel resultante es aterrador.
Si
miramos al pasado constatamos que los métodos mediante los que se han
llevado a cabo los shocks económicos neoliberales, y sobre todo sus
resultados, son poco menos que inquietantes. El caso más llamativo es el
de Rusia dónde, tras desmantelarse el modelo socialista por una vía
escasamente democrática, la cifra de personas que vivían bajo el umbral
de la pobreza se disparó a los 74 millones frente a los dos millones de
1989. Asimismo, según UNICEF, había en el país 3,5 millones de niños sin
hogar en el año 2006, cuando se suponía que ya gran parte de los
efectos del shock estaban en claro retroceso [7]. Al margen de estas
sobrecogedoras cifras, no parece que los ideólogos y ejecutores de la
doctrina del shock tengan demasiados remilgos morales a la hora de
imponer sus criterios en vista de cómo los implantaron en los países del
llamado Cono Sur americano: Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. En
todos ellos se instituyeron sangrientas dictaduras corporativistas que
aplicaron un modelo económico neoliberal al mismo tiempo que se
torturaba salvajemente y asesinaba a los disidentes. Y todo ello con la
complacencia, cuando no con el apoyo directo, de Estados Unidos.
Un
caso análogo al europeo actual es el que se produjo en Asia oriental en
los 90, en concreto en 1997, entonces ‘‘los años de apogeo terminaron
de manera súbita cuando sobrevino la crisis financiera (…) cuyos
devastadores efectos se dejaron sentir en la región durante años’’ [8].
La vía para paliar esta crisis fue mediante la aplicación de rescates
internacionales combinada con la venta de activos comerciales a
inversores extranjeros a precios bajísimos. Lo que se hizo, en pocas
palabras, fue aprovechar la crisis para proceder al saqueo de la región.
Y aunque, en efecto, muchos de estos países lograron remontar la
crisis, lo cierto es que sus devastadoras consecuencias políticas y
sociales continúan siendo palpables, afectando especialmente a las capas
más desfavorecidas de estas sociedades. Concretamente en Japón, cuando
la economía empezó a deteriorarse a marchas forzadas, comenzaron a
imponerse programas de reforma de fuerte contenido neoliberal
alimentados por presiones externas, especialmente de EEUU, para que
liberalizaran sus protegidos mercados.
También en China se
implementaron desde finales de los años 80 reformas de carácter
neoliberal que tuvieron una fuerte contestación popular. El paradigma de
este descontento fueron las manifestaciones de 1989 que culminaron con
la masacre de Tiananmen. Los manifestantes reclamaban que la apertura
económica fuese acompañada de una apertura democrática, lo que el
régimen chino no estaba dispuesto a aceptar de ningún modo. El resultado
de estas medidas ha sido un crecimiento espectacular de la economía
china a costa de un acentuadísimo incremento de las desigualdades
sociales y de un deterioro significativo de las condiciones de trabajo
de los asalariados.
Otro pasmoso ejemplo de la mentalidad de de
los terapeutas del shock y sus acólitos lo encontramos en su habilidad
para aprovechar catástrofes naturales para su propio beneficio
económico, o incluso para provocar y aprovechar desastres humanitarios
tales como guerras para hacer negocios.
Es paradigmático el caso del tsunami que
asoló Sri Lanka en 2004, el cual fue aprovechado por empresas
internacionales para ejecutar ambiciosos planes referidos a la
explotación de la industria turística, que de otro modo hubieran sido
prácticamente inviables debido a la frontal oposición de la población
local. Estos planes de desarrollo privado suelen usarse como
condicionante para la concesión de ayudas para la reconstrucción, lo que
en pocas palabras viene a ser un chantaje. De todos modos la
administración de estas ayudas acaba siendo, por norma general, bastante
deficiente al estar sujetas al control de las corruptas elites
autóctonas; además de que suelen ser escandalosamente insuficientes. En
el caso de Sri Lanka, en 2006, ‘‘la mayoría de los hogares golpeados por
el tsunami estaban aún en ruinas, la única excepción era el
propio distrito electoral del presidente en el sur, donde un milagroso
173% de los hogares habían sido reconstruidos’’ [9].
Pero estas
prácticas de rapiña no se limitan a países exóticos y subdesarrollados.
En Nueva Orleans (EEUU), tras el paso del huracán Katrina, las propias
élites estadounidenses aprovecharon el desastre para hacer negocios y
llevar a cabo ambiciosos planes de reestructuración neoliberal, siempre a
costa de los más desfavorecidos. Sirva como ejemplo que antes del
huracán ‘‘la junta estatal se ocupaba de 123 escuelas públicas; después,
solo quedaban 4’’[10]. Asimismo se aprovechó la situación para despedir
a los profesores sindicados, concretamente a nada menos que 4700. Por
si esto fuera poco acabaron desviándose los fondos destinados a la
reconstrucción de hogares e infraestructuras hacia la privatización del
sistema educativo. A la vista de semejantes atropellos contra la
población de su mismo país llego a la conclusión de que esta gente es,
valga la expresión, capaz de cualquier calamidad con tal de llenarse los
bolsillos.
Otro caso espeluznante es el de la invasión de Irak
de 2003 liderada por Estados Unidos, cuyo enfrentamiento genuinamente
bélico fue relativamente rápido y poco traumático. Sin embargo aquí los
verdaderos problemas no se iniciaron con la propia invasión sino cuando
se procedió a reconstruir el país. Se dieron cita entonces múltiples
intereses entrecruzados, entre los que primaron los de las empresas
estadounidenses subcontratadas para la reconstrucción que pretendían
desmantelar todo el sistema productivo iraquí, tanto público como
privado, previamente existente; y por supuesto los intereses referidos a
la explotación del premio gordo de la invasión: el petróleo. Todo ello
además sin contar apenas con trabajadores iraquíes, condenando a éstos
al paro y a la miseria. El objetivo era obtener los máximos beneficios a
costa de privar a los iraquíes de la posibilidad de una vida digna, y
para ello no se dudó en suspender todas las promesas democráticas e
incluso en someter a las más salvajes torturas a los insurgentes.
Cambiando
de tercio, el historiador Josep Fontana retrotrae el inicio de la
actual ofensiva de las élites al año 1973, cuando ya parecía imposible
que la Unión Soviética ganara la guerra fría. Entonces se dejaron de
hacer concesiones y pactos con los trabajadores motivados, hasta
entonces, por el miedo a una revolución proletaria: ahora era el momento
de ‘‘restaurar la plena autoridad del patrón’’ [11]. El principal
resultado de esta ofensiva a largo plazo ha sido un aumento de las
desigualdades sociales. En el periodo 1973-2011 la productividad en
Estados Unidos creció en un 80,4%, mientras que el salario medio solo lo
hizo en un 10,7%; esto evidencia que el reparto de la riqueza no ha
sido, ni mucho menos, equilibrado entre empresarios y trabajadores. Lo
que sostiene Fontana es que este modelo se ha exportado sin tapujos a
Europa después del estallido de la crisis en el año 2008.
Centrándonos en las particularidades de España, nos encontramos con que durante los años del conocido como boom
económico (1994-2006) también se acentuaron las desigualdades. Mientras
que el PIB experimentó un crecimiento del 62% el salario medio
retrocedió un 2,4% en términos de poder adquisitivo. En 2005, en un
tiempo de supuesta de bonanza económica, un 27% de los habitantes tenía
dificultades para llegar a final de mes, al mismo tiempo que
aproximadamente un 35% llegaba bien a fin de mes pero sin ninguna
capacidad de ahorro. Mientras, en el periodo 1993-2005, pese al continuo
aumento del PIB, el gasto social se redujo en un 3,5%, alejándonos
progresivamente de la media del la UE de los 15. Mientras que en 1994 la
diferencia era del 38%, en el año 2005 esta brecha se ensanchó hasta el
40%. Todo esto fue acompañado de políticas fiscales regresivas, que
beneficiaban los que más tenían y que, junto a las privatizaciones,
acabó repercutiendo seriamente en la capacidad de recaudación del
Estado. Otras medidas alentadas desde Europa como las orientadas a
estimular la reconversión y deslocalización industrial han terminado
provocando una merma en la independencia de la economía española, al
mismo tiempo que los empresarios se beneficiaban instalando sus fábricas
en países más pobres en los que podían someter a los trabajadores a
unas condiciones mucho más duras a un menor coste [12].
El
profesor Carlos Taibo habla, sin tapujos, de que ‘‘no nos encontramos
delante de un problema de impericia técnica o de meros errores en el
diseño de las políticas: nos hallamos ante una premeditada, interesada y
turbia mezcla de inmoralidad e intereses privados. Ante una operación
tramada y teledirigida en la que nada hay de improvisación, o al menos
nada lo hay en lo que respecta a la conducta de los grandes poderes
económicos’’ [13]. Decisiones como la de nacionalizar deudas privadas
ilustran perfectamente esta afirmación. Dentro del panorama español es
ineludible referirse a la burbuja inmobiliaria la cual provocó un fuerte
endeudamiento privado y un exagerado incremento del valor del
patrimonio inmobiliario, con los inevitables desajustes que eso
conlleva. Se estima, en definitiva, que pese al bombo que se suele dar a
la deuda pública, ésta supone solo el 18% del capital total que se debe
desde España, el resto correspondería a la deuda privada, de la cual
casi la mitad recaería sobre los bancos.
Tampoco podemos pasar
por alto la enorme incidencia del fraude fiscal en España, cuyo monto
anual se estima en una cifra cercana a los 70.000 millones de euros,
dándose la circunstancia de que según un informe de los técnicos de
Hacienda más del 70% de este fraude recae sobre las grandes fortunas y
grandes empresas [14]. En este sentido el 86% de las empresas del Ibex
35 operan en paraísos fiscales y además esta tendencia continúa
incrementándose año tras año [15]. Resulta alarmante que las distintas
administraciones no tomen apenas medidas para castigar estas prácticas,
sino que más bien hacen lo contrario. Desde el gobierno de España se ha
propuesto premiarlas permitiendo blanquear el dinero a los estafadores
previo pago de un 10%, cifra muy inferior a la que les correspondería
pagar si lo hiciesen por los cauces hasta ahora establecidos; por si
esto fuera poco resulta que pretenden reducir el número de inspectores
de Hacienda. Por otro lado son muchos los especialistas que afirman que
estas prácticas podrían combatirse efectivamente a escala europea a
través de una armonización fiscal a nivel comunitario. Visto todo esto
parece obvio que no hay mucho interés desde las diferentes
administraciones en perseguir el fraude fiscal a gran escala, lo que
refuerza la tesis de que el poder político se halla postrado ante los
intereses del gran capital.
En conclusión, es evidente que nos
hallamos inmersos en un círculo vicioso de difícil salida a través de
las recetas neoliberales. Si miramos en el Manifiesto de economistas aterrados,
publicado en 2010 por especialistas franceses, observamos que mediante
una serie de medidas no demasiado radicales podrían haberse
neutralizado, al menos en gran medida, los efectos más dramáticos que
está teniendo la crisis. Como destellos de esperanza podemos mirar a
determinados países de América Latina que se han sacudido el yugo de la
deuda y han procedido a aplicar políticas socializantes mediante la
renacionalización de recursos y empresas previamente saqueadas. No
obstante las diferencias estructurales ente los dos continentes impiden
copiar el modelo; se trataría, en todo caso, de adaptarlo a nuestras
propias circunstancias. La situación actual de Grecia, en donde un
partido moderadamente revolucionario tiene visos de ganar las
elecciones, también proporciona esperanzas, aunque acompañadas de no
pocas incógnitas. Lo que parece claro es que los mismos agentes y las
mismas políticas que nos han hundido en la crisis no son los que nos van
a sacar de ella, y menos de una manera justa.
Notas:
[1] Klein (2012, p.594)
[4] Askenazy et ál. (2011, p.34)
[5] Steger y Roy (2011, pp. 42-43)
[6] Steger y Roy (2011, p. 30)
[7] Klein (2012, p.319)
[8] Steger y Roy (2011, p.127)
[9] Klein (2012, p.526)
[10] Klein (2012, p.26)
[12] Taibo (2012)
[13] Taibo (2012, p.258)
Bibliografía
ASKENAZY, P. et ál.; Manifiesto de
economistas aterrados; Pasos Perdidos, Madrid, 2011.
KLEIN, N.; La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre; Editorial
Planeta, Madrid, 2012.
STEGER, M. y ROY, R.; Neoliberalismo. Una breve introducción;
Alianza Editorial, Madrid, 2011.
TAIBO, C.; España, un gran país. Transición, milagro y quiebra; Catarata,
Madrid, 2012.
Borja Ribera
Rebelión
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