Que nadie se lleve a engaño, la vivienda no es un derecho, ni un bien de uso, es un producto que sirve para especular.
Los datos bien lo demuestran. Entramos en el quinto año de crisis y el
precio de la vivienda sigue por las nubes. Si caen los precios los
bancos se hunden. Entre 1997 y 2007 el coste medio del metro cuadrado de
vivienda libre casi llegó a triplicarse y en estos momentos tan sólo ha bajado a niveles de 2005. España además ostenta el récord mundial de viviendas vacías por habitante con casi seis millones, alrededor de un 20% del total.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria demostró que los milagros no
existen y la mierda siempre acaba flotando: salió a la luz la
perversidad de las políticas públicas orientadas a fomentar la economía
del ladrillo (el “todo urbanizable”) y del crédito fácil de los bancos
(no esperaban devolución, les bastaba revender las hipotecas en Bolsa)
así como la megalomanía, la estupidez, la corrupción y el despilfarro
por parte de cargos públicos y constructoras. Aunque algunos sectores de
las clases medias propietarias incrementaron sus rentas, vendiendo
herencias e invirtiendo en el sector inmobiliario, las grandes
plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos.
Entre 2002 y
2005 el segmento del 10% más rico de la población incrementó su patrimonio cerca de un 50 %, mientras que entre 1994 y 2006 el salario medio perdió un 2,4% de poder adquisitivo y la deuda de las familias creció seis veces (225%) más rápido que sus rentas disponibles (39%).
¿Milagro español? No, una receta basada en lo que Robert Brenner llamó
keynesianismo de precio de activos: el aumento del valor nominal del
patrimonio doméstico, en este caso la vivienda, estimula la demanda y el
endeudamiento. Para entendernos, el aumento del precio de la vivienda
dio acceso a nuevos créditos, lo cual relanzó el consumo a pesar del
estancamiento del salario medio. Por su lado, las promotoras y
constructoras se han ido declarando en concurso de acreedores para no
hacer frente a su ruina, mientras se quedan con el dinero ganado en años
anteriores.
Los bancos españoles siguen hiper-endeudados con aquellos bancos
mayores y extranjeros que les prestaron en el boom, no porque no hayan
recuperado esos préstamos, sino porque lo que obtuvieron de la
compra-venta de activos inmobiliarios en Bolsa figura en otro apartado
contable y fue consumido en formas de dividendos y súper-salarios en la
década de crecimiento. Desde 2008, se les ha rescatado con planes
públicos explícitos y con estrategias menos transparentes, como los muy
baratos préstamos del BCE para comprar deuda pública de países europeos.
Pero necesitan más dinero. Los bancos siguen presionando para que los
precios se mantengan y así poder conservar sus balances alejados de una
más que posible quiebra. Sin embargo, siguen aumentando los inmuebles en
sus manos por el embargo de familias deudoras y empresas en quiebra.
Resultado: más activos tóxicos en sus balances, más problemas de
liquidez y miles de familias desahuciadas.
Según un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas
(AFES), entre 2008 y 2015, alrededor de 510.000 familias perderán su
vivienda debido a ejecuciones hipotecarias. De hecho, AFES señala que
entre 2004 y 2008, una de cada cinco hipotecas concedidas era de alto
riesgo, ¿quién no estaría a favor de que cuando un banquero dé consejos
sobre economía reciba un tartazo en la cara?. Aún está por ver cómo se
concreta la reforma del sistema financiero. Para calibrar el tamaño del
problema, observemos que el Banco de España cifra en 176.000 millones de euros
los activos inmobiliarios problemáticos. Los bancos han podido
mantener en sus balances activos inmobiliarios a precio ligeramente
inferior al de la burbuja es porque el Banco de España cambió la
regulación en 2009 para salvarles de la quiebra, el famoso tuneado de
cuentas, a costa de mantener hinchados los precios de la vivienda en
general.
La reactivación suicida del ciclo inmobiliario es el objetivo: la
recuperación de la desgravación por compra o los comentarios de Cañete
sobre la Ley de costas apuntan en esta dirección. Lo que parece obvio es
que el gobierno considera la vivienda como un activo económico
imprescindible para recuperar la senda del ¿crecimiento?.
El gobierno dice descartar la opción del banco “maloooo”, una
creación satánica que, como si de un agujero negro se tratase,
engulliría un suculento bocado lleno de activos tóxicos (viviendas en
las que vive o vivía gente) para eructarlo en forma de “prueba
superada”. Un “banco maloooo” consistiría en la compra con dinero
público de casas (pero también de suelo) a precios artificialmente
inflados. Existe el precedente del TARP en 2008 en Estados Unidos, en el
cual el gobierno federal se gastó 700.000 millones de euros (más que la
suma de todos los salarios de España) en comprar hipotecas subprime.
Esta operación fue muy impopular y quizá por esto mismo el PP no quiere
plantear este modelo de rescate “a lo bestia” y lo más seguro es que
opten por compras públicas de activos inmobiliarios más discretas. Si
todos los activos tóxicos que se vienen avalando con dinero público se
agruparan en una agencia, ésta englobaría miles de viviendas y locales
que no podrían recibir otro nombre que inmuebles públicos.
El problema sigue estando encima de la mesa, si el precio de la
vivienda cae los bancos aumentarían su deuda y no asegurarían los
depósitos. Si el precio de la vivienda no baja, los bancos no se podrán
deshacer del parque inmobiliario en sus manos, ni la población acceder a
un derecho básico. Sin dación en pago, que posibilitaría la liquidación
de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves, el banco sigue
sin recuperar el préstamo porque la gente no puede pagar y acumula
viviendas sin sentido. Este es el callejón sin salida.
Está en manos de la presión social poner fin a un laberinto ya recorrido. Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas
y otros grupos que trabajan sobre vivienda plantean soluciones justas y
viables. La vivienda debe dejar de ser un negocio y ajustarse a la
rentas disponibles en un país con casi 5 millones de parados y donde el salario del 55 % de los trabajadores no llega a los 1.100 euros mensuales.
Los inmuebles en manos de los bancos, consideradas activos tóxicos y
que necesitan ser avaladas por el Estado, podrían utilizarse para poner
en marcha un plan de alquiler social para posibilitar que las familias
que no pueden hacer frente a la hipoteca puedan continuar en su vivienda
bajo régimen de arrendamiento; para que parados, mileuristas y personas
con pocos recursos puedan acceder a un derecho constitucional; y para
promocionar las cooperativas en régimen de cesión de uso. Todas estas
medidas serían una buena forma de acabar con el endeudamiento y
garantizar el acceso a la vivienda. También servirían para que las
“inversiones” dejaran de orientarse hacia la especulación y sirvieran
para generar bienestar social.
Madrilonia.org
Nota.
Este compañero de la PAH Murcia solicita vuestra ayuda
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