Cuando criticamos el funcionamiento del
sistema mediático al comprobar todas su deficiencias, mezquindades,
intereses ocultos y su resultado desinformador entre las audiencias,
muchos ciudadanos plantean cómo se puede resolver esa situación. Siempre
respondo que al primer responsable al que exigirle soluciones y cambios
es al Estado y los gobernantes, quienes tienen en su mano la capacidad
para legislar las reformas necesarias destinadas a garantizar un sistema
informativo más plural, más democrático y más veraz. No solamente
pueden hacerlo sino que existen ya ejemplos de decisiones y acciones
gubernamentales en esa dirección de las que deberíamos tomar nota y
proponerlas como modelos a estudiar. En Argentina se acaba de publicar
el libro “La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos
progresistas y políticas de comunicación”, del doctor en Comunicación y
Cultura por al Universidad de Río de Janeiro Dênis de Moraes. En esta
obra se repasan los cambios que están iniciando los gobiernos de
izquierda de esa región y podemos descubrir iniciativas interesantísimas
destinadas a democratizar el panorama mediático. Se trata de gobiernos
que llegaron al poder en países donde el Estado apenas tenía medios
públicos o estaban prácticamente desmantelados, unas pocas familias o
multinacionales controlaban toda la oferta informativa y disfrutaban de
privilegios fiscales inadmisibles, los grupos sociales organizados
apenas tenían cabida con sus medios alternativos en una oferta
radioeléctrica que sólo legalizaba los medios de las grandes empresas.
En pocas palabras, lo que estamos teniendo en Europa y cada vez se está
acentuando más.
De Moraes repasa cómo algunos gobiernos
han desarrollado los medios estatales promoviendo contenidos más
culturales y plurales sin fines comerciales. Es el caso de Venezuela que
ha creado una televisión fundamentalmente cultural como Teves,
Argentina con el canal también cultural Encuentro y otros infantiles y
deportivos. También se han fundado diarios públicos en Ecuador, Bolivia,
Venezuela y Paraguay. Han aprobado leyes antimonopolio que restringen
la concentración, en especial de radio y televisión, como la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina que ha inspirado a
Ecuador y Uruguay. En Argentina han puesto en marcha leyes que impiden
la explotación cuasimonopolística del papel decretándolo de interés
público. Existe otra batería de legislaciones destinadas a proteger y
desarrollar la producción cultural independiente y nacional frente al
dominio de las distribuidoras extranjeras, en especial estadounidenses.
Se ha hecho en Argentina o en Venezuela con la Ley de Cinematografía
Nacional que establece un mínimo de producciones nacionales que se deben
exhibir en el país, medida que también se ha establecido en Brasil.
Conscientes de que los medios estaban
siendo tomados por grupos económicos con intereses enfrentados a los de
la ciudadanía, gobiernos como el de Ecuador primero y el de Venezuela
después establecieron por ley que ni las entidades bancarias y
financieras ni sus accionistas mayoritarios ni representantes podían
tener participación accionarial en los medios de comunicación. En el
caso de Argentina tampoco los políticos para evitar su utilización
partidaria y en Ecuador tampoco los empleados públicos y miembros de
consejos y directorios de órganos de reglamentación o concesión de
licencias.
Se han desarrollado leyes destinadas a
poner coto a las mentiras, manipulaciones y falsedades de muchos medios y
garantizar una información veraz. Es el caso de la ley de
Responsabilidad Social de Radio y Comunicación en Venezuela, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
en Bolivia y la Ley de Radiodifusión y Televisión en Ecuador que
establece el deber de la promoción de valores éticos, morales y cívicos
de las diferentes culturas existentes en el país, así como el compromiso
con la verdad y la responsabilidad social.
En Brasil Lula convocó la I Conferencia
Nacional de Comunicación donde se aprobaron, por el momento a modo de
proposiciones, el combate a la concentración del sector, la
determinación de limites a la propiedad horizontal, vertical y cruzada,
la garantía de espacio para la producción regional e independiente, la
despenalización de la radiodifusión comunitaria y la apertura de más
espacio para este tipo de servicios, la definición de reglas más
democráticas y transparentes para concesiones y renovaciones de
licencia.
Conscientes de que existe una sociedad
organizada que exige el acceso a los medios de comunicación e incluso su
gestión si de verdad se quiere llevar la democracia al sistema
informativo, se han desarrollado legislaciones que legalizan y apoyan a
los medios alternativos y comunitarios las cuales han logrado
reconocimiento legal en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile.
Una de las normas más audaces es reservar un tercio del espacio
radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro
como se ha hecho en Argentina y Uruguay.
Los países latinoamericanos han iniciado
programas de integración regional sin fines de lucro que suponen
intercambios informativos y audiovisuales entre agencias de noticias y
canales de televisión estatales; coproducción, codistribución y reserva
de mercado para películas, documentales y series televisivas. Brasil,
Argentina y Venezuela han creado un fondo internacional de coproducción.
El caso de Telesur es emblemático, un canal público básicamente de
noticias participado por varios países del continente.
Por supuesto, ninguno de estos avances ha
resultado fácil. Las presiones nacionales e internacionales en defensa
de los privilegios de los grandes grupos y las hipócritas apelaciones a
la libertad de prensa y expresión para defender el monopolio de los
holdings de comunicación son constantes, pero la firmeza de los
gobiernos y el apoyo popular ha sido más contundente y valiente.
Mientras tanto en España bancos, grandes editoriales, empresas de
telefonía, Berlusconi, familias franquistas y multinacionales italianas
se reparten la propiedad de los medios, las licencias de televisión
digital se han distribuido a los pocos grupos que ya contaban con una
licencia analógica, las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen
prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año, es decir,
deben ser marginales por ley. Ni siquiera el gobierno se ha atrevido a
impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa". Editorial Península. Barcelona
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