Terminó el festín inmobiliario y llegó la resaca. No queda rastro de la época –entre 2003 y 2005, el periodo central de la burbuja- en que el estado español construía más viviendas que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. La banca y las grandes constructoras alimentaron un modelo, con la ayuda de los gobiernos de todo signo y administración, que al reventar a finales de 2008 ha dejado tasas de paro superiores al 20% y medio millón de hogares que según Cáritas han agotado todos los sistemas de ayuda. Un paradigma fundamentado en el consumo a crédito y que aspira a convertir al ciudadano en propietario de una vivienda, por encima de otras fórmulas como el alquiler, contiene en potencia una dramática secuela: los desahucios. Y es lo que ha ocurrido al pinchar la burbuja inmobiliaria. Desde 2007 al primer trimestre de 2011 se han iniciado unas 300.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, cerca de un millón de personas han perdido la vivienda al no poder afrontar el pago de la hipoteca. En el primer trimestre de 2011 se han producido 15.600 desahucios, el triple que en el mismo periodo que el año anterior (una media de 175 desahucios diarios).
Las cifras en frío no debieran esconder el drama humano que subyace a cada caso. Para hacer frente a esta “vulneración de los derechos fundamentales” y apoyar “a las familias que se quedan en la calle o se les condena a una deuda perpetua”, nació hace dos años en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), una organización que –al calor de la recesión y los embargos- crece exponencialmente (a fecha de hoy trabajan 25 plataformas en todo el estado). Además, sindicatos, partidos de izquierda, más de 100 ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, organizaciones vecinales y de consumidores, colectivos de jueces y colegios de abogados, ONG, el movimiento 15-M y Democracia Real-Ya han defendido públicamente los postulados de la plataforma.
¿Cuáles son estos planteamientos? El más inmediato y consabido, la dación en pago; esto significa la cancelación de la deuda hipotecaria, dada la imposibilidad de asumirla, con la entrega de la vivienda al banco; No es ninguna novedad pues ya se aplica en algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos. La propuesta tiene un matiz: se aplicaría sólo en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe. “Se trata de un objetivo de mínimos que con el tiempo se ha convertido en un clamor popular”, afirma Rosana Montalbán, portavoz de la PAH en Valencia. En los casos de las personas ya desahuciadas se debiera, según esta organización, poner en práctica la dación en pago con carácter retroactivo.
Pero una idea tan elemental como la dación en pago se ha topado con la oposición radical de la banca, que incluso ha filtrado informes interesados sobre la supuesta hecatombe que implicaría esta medida. ¿Tiene fundamento este alarmismo? Estudios de la Plataforma señalan que si se aplicara la dación en pago, el sistema financiero tendría que asumir pérdidas que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, cuando los beneficios de los cinco grandes de la banca española en 2010 rondan esta última cifra. Por tanto, “el problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, explica Montalbán.
Además, hay argumentos más que sobrados para achacar a los bancos gran parte de la responsabilidad en la actual crisis, pues tasaron las viviendas por valores claramente inflados, concedieron muchas veces las hipotecas por un importe superior en un 80% al valor de tasación, a plazos que podían alcanzar los 50 años, y, para rematar, aplicaron cláusulas abusivas. La portavoz de la plataforma de afectados se lamenta de la impunidad de las entidades financieras: “Parece que estamos obligados a sufragar la negligencia e irresponsabilidad de una banca que además de generar la crisis, expulsa de sus viviendas a centenares de miles de familias”.
Otros interrogantes quedan por despejar en la actuación de la banca. ¿Por qué se ejecutan las hipotecas de familias con pocos recursos y no a las empresas del ladrillo? Más aún cuando constructoras y promotoras concentran el 73% del crédito moroso de los bancos (80.000 millones de euros), mientras que el de las familias no pasa del 27% (30.000 millones). Y, según la PAH, el valor de los activos recogidos en el balance de los bancos como garantía de los préstamos suma 48.000 millones de euros en el caso de las grandes constructoras, el doble que los de las familias. Argumentos y alternativas no faltan pero la banca se ceba con los más vulnerables.
El otro bastión contra la dación en pago lo configuran los partidos políticos mayoritarios –PSOE y PP- que, con el apoyo de CIU, han bloqueado de manera sistemática en el Congreso su aprobación. “Por si hubiera pocas pruebas –explica Yolanda Prats, otra de las portavoces de la Plataforma- este rechazo ahonda en la crisis de representatividad de la que adolece la democracia española”. El gobierno de Zapatero, más débil que nunca y en pleno frenesí desregulatorio, sólo se ha atrevido a arbitrar dos medidas que Prats califica de “insuficientes” y “cobardes”: ascender el límite inembargable de 641 a 961 euros y aumentar del 50 al 60% el porcentaje por el que el banco puede adquirir la vivienda embargada que no sale a subasta.
Si la dación en pago es la idea que suscitado la mayor parte de los debates y la atención mediática, ciertamente no es la única. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exige asimismo una moratoria inmediata de los desahucios por motivos económicos; el alquiler de las viviendas embargadas a las familias por una renta nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar; la expropiación por parte del estado de las viviendas ejecutadas con el fin de realojar a las familias; y la creación de un parque público de viviendas de alquiler social. Además, se plantea una Auditoría social que aclare dónde han ido a parar los beneficios que se generaron durante el boom inmobiliario.
Hasta aquí la parte propositiva. La otra vía, práctica y sobre el terreno, consiste en poner freno a los desahucios con métodos de desobediencia cívica en la misma puerta de los domicilios. De esta manera se han impedido unos 65 desalojos de personas o familias, casi siempre con muy pocos recursos, desbordadas por las obligaciones de la hipoteca. El Movimiento del 15-M y la PAH lograron paralizar el pasado mes de junio en su casa de Parla el desalojo de Luis, un pensionista de 74 años que vivía solo, sin familiares en España y con un grado de minusvalía del 65% que le dejo discapacitado hace dos años para continuar trabajando. Luis acumuló una deuda de 250.000 euros con el banco y llevaba dos años sin poder afrontar el pago de la hipoteca.
También fue sonado el caso de Luis Martí, vecino de La Bisbal del Penedés (Tarragona), al que se forzó a abandonar la casa en la que residía con su hijo al no poder abonar una deuda de 48.000 euros con el banco, y no conseguir una refinanciación. Tenía previsto irse a vivir a una caravana, cuando una veintena de vecinos logró la moratoria del desalojo. Pero la crisis y la voracidad bancaria no dan tregua y las amenazas surgen por doquier. Por ejemplo, sobre Fernando (en paro desde hace año y medio) y Elizabeth, dos colombianos residentes en el barrio marinero de El Cabanyal (Valencia), con 4 hijos menores, y cuya vivienda se subastará en septiembre. La sucursal del BBVA en la que firmaron la hipoteca se ha negado ya en dos ocasiones a concederle la dación en pago.
Enric Llopis
Rebelión
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