La corrupción política no es un fenómeno exclusivamente español, a
pesar de lo que nos pueda parecer observando los recientes escándalos
relacionados con la trama de financiación ilegal del Partido Popular. En
todos los países del mundo la corrupción política y empresarial es una
lacra que beneficia a ciertos sectores de la población a costa de
perjudicar a otros. No obstante, lo que sí parece ser cierto es que en
nuestro país la corrupción ni está tan mal vista ni está tan castigada
como en otros países del centro y norte de Europa. Y en esto tiene mucho
que ver la tradición democrática que existe en cada país, pues en
aquellas regiones donde más tiempo llevan rigiéndose por instituciones
democráticas, mejores son los mecanismos de detección y penalización de
prácticas corruptas; y al revés. Es por ello que no sorprende ver
cómo países que han sufrido dictaduras recientes como España, Portugal o
Grecia presenten unos índices de corrupción (según la organización
Transparencia Internacional) más elevados que otros países con mayor
tradición democrática como lo pueden ser Francia, Reino Unido o los
Países Bajos. No es muy difícil de imaginar: si durante los regímenes
dictatoriales las oligarquías dominantes podían hacer cualquier cosa que
se les antojase sin apenas controles ni limitaciones, no nos debería
sorprender mucho que a pesar de las transiciones democráticas dichas
élites hayan seguido considerando “normales” ciertas prácticas
corruptas.
Pero no nos desviemos del tema. ¿En qué consiste exactamente la
corrupción política? Muchas veces se utiliza este término sin entender
muy bien a qué puede hacer referencia. En realidad, existen muchas
formas de corrupción. Entre las más destacadas cabe mencionar el tráfico
de influencias, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, la
malversación, la prevaricación, el caciquismo, la cooptación, el
nepotismo y la impunidad. Todas ellas son formas muy diferentes de
utilizar el poder público en aras de un beneficio propio. Pero a la que
nos estamos acostumbrando últimamente y la que es en sí posiblemente la
más grave es la que tiene que ver con el soborno (o cohecho). El cohecho
es un delito por el cual una autoridad pública acepta un donativo o
regalo por parte de alguien a cambio de realizar un acto determinado
relacionado con su cargo. Es importante tener en cuenta esto porque
el hecho de que el extesorero del Partido Popular recibiera “donativos”
por parte de determinados grupos empresariales no hace sino evidenciar
un delito de cohecho. En este contexto “donativo” suena mejor que
“soborno”, pero no deja de ser lo mismo. Las empresas no le hacían
regalos al Partido Popular por amor al arte, sino que obviamente lo
hacían esperando alguna contraprestación.
Para que exista un gobernante sobornado debe existir también un
agente que lo soborne. Y para que pueda sobornar de forma efectiva el
agente en cuestión tiene que poseer y controlar muchísimo dinero. Y es
aquí donde encontramos el denominador común de todos los países del
planeta que sufren este tipo de corrupción. No podemos olvidar que
vivimos en sociedades capitalistas donde la riqueza y la renta están
distribuidas de una forma muy asimétrica. En estas sociedades siempre
hay súper-ricos, y súper-pobres. Y mientras existan los primeros seguirá
existiendo el riesgo de que los gobernantes sean sobornados. No es
casualidad que los países donde existen niveles bajos de corrupción sean
también los que gozan de una distribución de la renta más igualitaria
(Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos…).
Mientras existan poderes económicos tan vigorosos, el poder político
será más fácilmente sobornable. Esto es algo que no se le escapa a la
mayoría de la población. Según una encuesta de la ONG Transparencia
Internacional, un 66% de españoles cree que el gobierno actúa “en gran
medida” o “totalmente” guiado por los intereses de grupos de presión y
grandes empresas. Al mismo tiempo, según las últimas cifras del Centro
de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica
que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a
las grandes empresas casi en el mismo escalón.
Por eso ningún país del planeta se libra de este tipo de corrupción,
porque vivimos en un mundo capitalista en el cual 41 de las 100 mayores
economías mundiales son empresas (el resto son países). Frente a poderes
económicos tan importantes y preponderantes, cualquier esfuerzo por
combatir la corrupción se quedará corto. Si se quiere batallar con
eficacia la corrupción no queda más remedio que atacar a la raíz del
problema, y ello pasa necesariamente por la reducción y debilitamiento
de estos desmesurados poderes económicos.
Eduardo Garzón
Saque de esquina
Artículo publicado en el diario digital Andaluces.es, 22 de julio de 2013
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