Christine Lagarde, directora del
FMI, defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo
indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus
mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias
culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias
culturales” a los derechos de la ciudadanía.
Para rematar tal miserable
despropósito, dice Lagarde que la economía mundial es “adicta” a los
años de bienestar y se ha de “desengancha”" con decisiones correctas en
medidas estructurales. Con contra- reformas. Pretende que el intento de
justicia, de cierta distribución de riqueza, mal llamado estado de
bienestar, es una “adicción”. Para Lagarde cobrar una pensión, por
ejemplo, es como esnifar cocaína o chutarse heroína.
Hace 4.000 años alguien grabó un
criptograma en Egipto que decía “he hecho al hombre igual a su prójimo y
no he ordenado que los hombres cometan injusticia”. Religiosidad
aparte, tal vez el primer texto en la lucha por la justicia, por el
imperio de los derechos humanos. Desde entonces se ha recorrido un largo
camino, difícil, lento, doloroso y lleno de contradicciones. Hasta
1948.
El 10 de diciembre, la Asamblea
General de la recién creada ONU aprobaba sin ningún voto en contra la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una Declaración que no
son solo principios, sino fuente de derecho internacional, que se ha
desarrollado desde entonces y, como ley, obliga.
Más aún, todas las constituciones
de los países de la Unión Europea recogen esos derechos sin excepciones.
Por ejemplo, recogen el contenido del artículo 25 de la Declaración
que proclama la “adicción”, según Lagarde, del derecho a una pensión que
asegure un nivel de vida adecuado.
Viene a cuento, porque las
pensiones públicas son hoy objeto de un descomunal ataque por parte de
la minoría rica de la que Lagarde forma parte. Una minoría que no quiere
que haya dinero público para pensiones también públicas, pues pretenden
sustituir el sistema público por otro de pensiones privadas. Para
especular. En el reino de España las pensiones públicas suponen 117.000
millones de euros anuales. Y quieren apropiarse (indebidamente) de ese
pastel.
Y puesto que es cuestión de codicia
y saqueo, no cabe entrar en el falso debate de la sostenibilidad de las
pensiones públicas. Aportemos datos y hechos que demuestren que la
insostenibilidad de las pensiones públicas es un cuento chino. Pero no
caigamos en la trampa de debatir si habrá bastantes ocupados para paga
pensiones de jubilados. Un planteamiento falaz, tramposo y estúpido. Hay
que proclamar sin resquicio de duda que cobrar una pensión es un
derecho, no sujeto a presuntos debates técnicos. Como no es admisible
someter a debate el derecho a la vida, a no sufrir tortura o a no ser
sometido a esclavitud. Porque todos los derechos son igualmente
respetables.
El derecho se respeta, se satisface
y no hay cuestión técnica ni pretexto de sostenibilidad que valga.
Sobre todo cuando hay dinero más que suficiente. Lo hay, pero se lo
quedan ilegítimamente unos pocos. Solo hay que recuperar la fiscalidad
anterior a los años ochenta, cuando quienes más tienen y atesoran
pagaban más impuestos. Impuestos justos.
La cuestión no es si las pensiones
son sostenibles, como tampoco si es sostenible la sanidad y educación
públicas. La cuestión es si la minoría rica continuará con su latrocinio
descarado por medio de gobiernos desleales a su servicio que esgrimen
la crisis y la deuda como pretexto. Por su parte, la ciudadanía se ha de
convencer del todo de que su postura, su lucha, es por los derechos que
le arrebatan. Y los derechos se consiguen y se respetan, no se debaten.
La legitimidad ciudadana es tan plena que le permite enfrentarse a la
ilegítima legalidad de la minoría y sus cómplices.
Y sobre bondad y exigencia del
respeto de la legalidad, cabe recordar que hay diversas legalidades.
Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Pinochet, Videla... establecieron
legalidades, por supuesto. Pero no eran respetables.
La ciudadanía parte de la más
indiscutible legitimidad contra la estafa y el saqueo: sus derechos. Y,
cuando el miedo cambie de bando, convertirá su legitimidad en legalidad.
En un país, un continente, un mundo más decente y justo. Una legalidad
digna de ser respetada.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
Alainet
No hay comentarios:
Publicar un comentario