Desde una óptica progresista
desechamos las salidas autoritarias o conservadoras y la simple estrategia adaptativa a los retrocesos socioeconómicos y políticos. La apuesta es frenar o
impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política
socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor
activación de la ciudadanía. Veamos algunos elementos de este punto de vista.
Giro socioeconómico y
democratización
En el momento actual, se podría
especular con la reproducción de cierta similitud de escenario con el periodo
2002-2004 (agresividad de la derecha, oposición del conjunto de la izquierda y
los movimientos sociales, recuperación electoral socialista). No obstante,
existen distintos factores y procesos específicos a los de esa etapa: gravedad
de las consecuencias socioeconómicas de la crisis, reciente experiencia de la
gestión antisocial del gobierno socialista, ausencia de renovación y
reorientación significativas del PSOE, autonomía y persistencia de una
ciudadanía activa.
Una profunda acción política,
social y democrática es mucho más imprescindible para la izquierda, para
contrarrestar el poder económico y financiero, corregir y regular los mercados
financieros, activar a la ciudadanía y fortalecer la legitimidad de esa
actuación y su representación política.
La auténtica solución para
impedir y cambiar la estrategia de austeridad, revalorizar la acción pública o
sociopolítica frente a los mercados financieros y reforzar la democracia, es la
consolidación de una amplia corriente indignada y una fuerza social activa, con
un aumento de su representación parlamentaria, reequilibrando en las izquierdas
la hegemonía del partido socialista. Es un elemento también positivo para que
el partido socialista resuelva de forma progresista su desafío de reorientación
política y renovación orgánica, así como mejorar sus vínculos con la sociedad.
Por tanto, la crítica y el
rechazo a la política regresiva, a esa clase gobernante encargada de su
aplicación, muchas veces faltando a elementales prácticas democráticas de
transparencia y compromisos electorales con sus bases sociales, están
fundamentados, son realistas y constituyen la mejor opción pragmática para
ponerles freno y promover su cambio.
Por supuesto, no todos los
políticos o partidos políticos son iguales. Hay diferencias significativas, en
diversos planos, entre los dos partidos mayoritarios PP y PSOE. Pero ambos han
asumido y aplicado políticas regresivas y antisociales, son corresponsables
junto con los poderes económicos del deterioro material de la mayoría de la
sociedad y han sido poco respetuosos con sus compromisos con sus bases sociales
y la opinión de la ciudadanía. Ese distanciamiento respecto de la mayoría de la
sociedad, en aspectos especialmente sensibles, le hace merecer a ambos
partidos, a la clase política mayoritaria y, especialmente a sus líderes, la poca
confianza ciudadana sobre que su gestión de los asuntos públicos esté guiada
por la justicia social, la defensa de las capas populares y desfavorecidas o el
interés general de la sociedad.
En otro plano, sin esa gran
responsabilidad en la gestión de la política de austeridad y la aplicación de
los recortes sociales de espaldas a la ciudadanía, están las deficiencias o
limitaciones de otros agentes sociales y políticos.
En la sociedad se combinan dos
elementos:
1) Una amplia desconfianza en las
élites políticas actuales que a juicio de la mayoría social ‘no representan’
adecuadamente su opinión e intereses, aunque gran parte de ella siga votando a
los mismos partidos políticos.
2) Una esperanza en que el
sistema democrático y representativo, con nuevas élites políticas y sociales,
sea capaz de una renovación institucional y una reorientación de sus
prioridades socioeconómicas y políticas.
Es una aspiración sensata y
justa, no exenta de cierto escepticismo en su materialización completa. La
desafección no alcanza a la democracia representativa o a la acción
sociopolítica y ciudadana, sino todo lo contrario, hay expectativas en que
proporcionen los mecanismos para la solución. La cuestión es si es probable o,
mejor, qué condiciones sociopolíticas se deben configurar para ser una opción
realista y practicable.
El propio partido socialista se
debate entre la continuidad o la ligera renovación de sus políticas, discursos
y liderazgos. No se adivina una reorientación profunda de su estrategia y su
dinámica organizativa. El grado de desarrollo de la izquierda social y política
es fundamental. La potenciación y articulación de la ciudadanía activa, con su
expresión del sindicalismo, el movimiento 15-M (y sus derivados), sus fórmulas
mixtas (como las mareas ciudadanas) y el resto del tejido social progresista,
es clave para impulsar el cambio social y político.
El futuro está abierto. La opción
dominante es la salida regresiva y autoritaria de la crisis que están intentando
imponer el poder económico e institucional europeo (y mundial), con la
corresponsabilidad de las élites políticas del sur periférico. Pero la sociedad
europea no está condenada de forma fatal a esa opción liberal-conservadora
dominante, con un fuerte retroceso de las condiciones y derechos
sociolaborales, el desmantelamiento del actual Estado de bienestar,
particularmente para el sur europeo, y la anulación o la subordinación de las
fuerzas sociales y políticas de izquierdas, el sindicalismo y los movimientos
sociales progresistas.
La pugna sociopolítica por una
salida justa de la crisis
El nuevo ciclo sociopolítico,
iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El
hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una
corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación
social, los sindicatos y los grupos de activistas del 15-M.
Primero, en el año 2010, del
sindicalismo, luego, en la primavera, verano y otoño de 2011 por el movimiento
15-M, y después, empezando ya en el otoño de 2011 (huelgas en la enseñanza
pública y movilizaciones contra la reforma constitucional) y en el año 2012, ya
con el nuevo gobierno del PP y sus duros planes de ajuste, con una combinación
de movilizaciones generales del
movimiento sindical, acompañado de una amplia participación de grupos sociales.
Se realizan las dos huelgas generales de marzo y noviembre, con cerca de cinco
millones de huelguistas cada una y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones
de esos días y algo menores en otras jornadas de participación también masiva
como el 15 de febrero, el 19 de julio o el 15 de septiembre de ese año. Se
añaden protestas sindicales y ciudadanas sectoriales y locales y algunas
acciones del movimiento 15-M (y similares), que alcanzan decenas de miles de
personas.
El nuevo escenario sociopolítico,
con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones
políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial
del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.
La configuración de las ideas
fuerza de esa corriente crítica y los objetivos de su actividad expresiva,
están constituidos por cuatro elementos interrelacionados:
1) El rechazo a las graves
consecuencias de la crisis, el paro masivo, la desigualdad social y el
retroceso en las expectativas laborales y socioeconómicas, particularmente
entre la gente joven.
2) La oposición a la gestión
regresiva (económica y política) dominante, con profundos recortes sociales.
3) La crítica al déficit
democrático de las instituciones políticas, legitimadas electoralmente pero
alejadas de la conciencia popular mayoritaria, con desconfianza social hacia la
clase política.
4) El deterioro de la credibilidad
del aparato socialista como representación política y cauce de las demandas de
un amplio sector social.
La conciencia crítica hacia la
clase política es todavía más lacerante al integrar en ella al partido
socialista, como responsable de una política especialmente regresiva y dura en
un país periférico como España (al igual que hicieron los partidos socialistas
de Grecia y Portugal). Las bases sociales progresistas y de izquierda
reaccionan más firmemente contra los recortes sociales y las medidas injustas,
defienden más la igualdad social, cuestión positiva y que les diferencia de las
personas de derecha. Pero, además, cuando la aplicación de medidas antisociales
viene de políticos socialistas se sienten más defraudados con esa clase
política al advertir más distancia respecto de sus discursos y proyectos.
La profundidad y la especificidad
de la crisis económica y social en España y las medidas regresivas que adoptó
el Gobierno de Zapatero-Rubalcaba en la segunda legislatura revelaban el
fracaso de un proyecto modernizador. O, más grave todavía, constataban la
ausencia de tal proyecto, la ingenuidad en la creencia de la solidez de nuestro
sistema económico y la estabilidad de nuestro mercado de trabajo, la
continuidad de la misma política económica anterior y la complicidad con la
burbuja inmobiliaria, la especulación financiera y un débil Estado de bienestar.
Así mismo, la cúpula socialista
infravaloraba que los fundamentos de su apoyo social, fortalecido en el periodo
previo de las grandes movilizaciones sociales de 2002/2004, que le auparon para
su victoria electoral, tenían que ver con su confrontación con la derecha, sus
vínculos con la izquierda social y los movimientos progresistas y la
expectativa de un avance en los derechos civiles, políticos y sociales.
Por tanto, la frustración de esa
corriente social indignada con la clase política gestora de la austeridad para
las capas populares, su crítica al poder económico y financiero, como
principales culpables de la crisis, así como el malestar ciudadano, son
profundos, realistas y justos. Ese fenómeno refleja una mayor conciencia del
papel positivo de la propia activación ciudadana y constituye una exigencia de
regeneración democrática del sistema político y una reorientación social y
ética de las izquierdas.
No obstante, la realidad es que
la conformación de un campo social, con una cultura progresista y una
representación y articulación social, tiene unos ritmos específicos y unas
características distintas a la configuración de los campos electorales, con la
estructuración de unas opciones políticas y una estructura organizativa,
creíbles y relativamente cohesionadas con un proyecto político y el
condicionamiento de los mecanismos electorales.
El concepto ‘resistencias’
sociales o colectivas se adecúa a la realidad de los equilibrios de fuerzas y
los caminos a recorrer. Las protestas colectivas no consiguen mejoras
materiales inmediatas, sino que son freno al empeoramiento impuesto y generan
la deslegitimación de sus gestores, para promover el cambio de políticas e
instituciones. Estamos en un ciclo ‘defensivo’, de impedir retrocesos en las
condiciones y los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, aunque esa
posición es imprescindible completarla con un proyecto social y democrático, de
transformación progresista.
El significado de la acción
sociopolítica, la protesta social y las resistencias ciudadanas es impedir la
deriva regresiva, antisocial y autoritaria. Esos componentes no son simplemente
el contexto de la acción colectiva de la ciudadanía activa, como si fueran las
circunstancias externas que rodean el hecho fundamental. Por el contrario, el
actual proceso de movilizaciones populares tiene sus bases, sus objetivos y su
sentido en esa realidad socioeconómica y política y expresan la aspiración a su
cambio. La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que
señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y
política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.
El descontento ciudadano con esa
clase política, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige
claramente su orientación, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un
valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la
acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada
representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de
representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos
partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el
apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda.
Su evolución depende, sobre todo,
de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar esa estrategia de
austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor
democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva,
progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas
contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos
sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista. En definitiva, la
indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar,
no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar.
Particularmente, desde el año
2010, estamos en otro ciclo sociopolítico y de la protesta social. No solo
cambia el contexto, las circunstancias que rodean el hecho principal: el
rechazo ciudadano a una política antisocial y poco democrática. Esos elementos
forman parte del sentido y el significado de las resistencias colectivas en una
situación defensiva respecto del poder. Es mayor la disociación entre su
componente expresivo o dimensión social y sus logros reivindicativos de mejoras
en las condiciones materiales o los derechos individuales y colectivos.
Desconocer los componentes
socioeconómicos y laborales y, en otro sentido, las respuestas del mundo
sindical, deja sin explicar aspectos sustantivos de este ciclo de movilización
social. Las protestas colectivas actuales, las más amplias y generales (las
huelgas generales y las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas, hasta
algunos masivos conflictos sectoriales pero también cívicos, como en la
educación y la sanidad) apuntan a elementos más sistémicos o de conjunto que
otras experiencias más parciales. Así, infravalorar el contenido social de ese
proceso de contestación ciudadana, dificulta analizar su significado, sus
causas y sus objetivos. Nos alejaría de la realidad, dificultando una
interpretación adecuada y, sobre todo, una estrategia o un proyecto
sociopolítico acertado.
Rebajar este enfoque social y
crítico generaría, por una parte, el embellecimiento de la gestión socialista y
la derecha, basada en la austeridad, y, por otra parte, la minusvaloración del
fortalecimiento de la ciudadanía activa y, más en general, de la articulación
de un fuerte movimiento social transformador de la realidad socioeconómica y
política. Y este factor es clave para promover una salida más justa y
equitativa a la crisis y asegurar un modelo social avanzado para los países
europeos.
La cuestión es la perspectiva y
las características de la conformación de los dos campos y su interrelación: el
social o sociopolítico y el político-electoral. Es difícil, con las tendencias actuales, asegurar la certeza
de una salida justa y solidaria de la crisis. No obstante, es imprescindible
proponer y empujar por un proyecto transformador, referencia para los sectores
de izquierda, estímulo para la ciudadanía activa y condicionamiento de los
equilibrios y acuerdos más amplios que puedan definir fases intermedias y
aislar a los núcleos de poder más reaccionarios. Ello permitirá una mayor
firmeza y determinación de los distintos agentes sociales y superar la inercia
adaptativa o la simple supervivencia representativa. Es el sentido de una
alternativa sociopolítica y una teoría social crítica que permita fortalecer la
acción práctica igualitaria y democrática, así como el compromiso solidario.
Extracto de la Comunicación
presentada en el XI Congreso español de Sociología, en el grupo de “Movimientos
sociales, Acción colectiva y Cambio social”,
julio de 2013
[Antonio Antón es profesor
honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]
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