Por primera vez el aniversario de la Constitución se ha celebrado en
el Senado y no en el Congreso. ¿Obras? Eso dicen, pero los rumores
apuntan al miedo de los diputados y demás mandatarios a que les aguasen
la fiesta los indignados, que poco a poco van siendo la totalidad de los
ciudadanos de España. Bien es verdad que la función está ya bien
aguada. En el ambiente flotaba la idea de que nuestra Carta Magna no
funciona, aunque resulta difícil que funcione una constitución si
aquellos que tienen que cumplirla y desarrollarla se empeñan en
torpedearla e interpretarla a su antojo. Desde los partidos
nacionalistas proclaman claramente y con descaro que están dispuestos a
saltársela siempre que lo consideren conveniente, aunque al tiempo no
tienen ningún reparo en ampararse en ella cuando creen que el Gobierno
central ha invadido sus competencias; y los dos partidos mayoritarios -y
algunos minoritarios también-, con la excusa de la Unión Monetaria,
están trastocando de forma radical la Carta Magna, deteriorando
seriamente la democracia y aniquilando el Estado social.
España está en llamas. El trabajo, en lugar de ser un derecho tal
como afirma la Constitución, parece un lujo o un privilegio que muchos
han perdido y que el resto teme cada día que le sea arrebatado, pues a
las empresas se les ha puesto sumamente barato prescindir a su antojo y
conveniencia de sus trabajadores. Bajo tal amenaza, los asalariados se
ven forzados a aceptar el deterioro de las condiciones comenzando por el
salario. Desde el año 2000 la participación de la remuneración de los
trabajadores en la renta nacional ha descendido del 50% al 45%, mientras
que la de los beneficios empresariales se ha elevado de 40 al 45%.
Alguien podrá alegar que el número de trabajadores se ha reducido, lo
cual es verdad, pero se supone que también lo ha hecho el número de
empresas y empresarios. La conclusión es que los precios no disminuyen a
pesar del descenso de los salarios, por lo que la pretensión de
sustituir la devaluación exterior por la interior constituye un
espejismo. Lo único cierto es que la desigualdad se incrementa en
proporciones alarmantes.
España arde. Las pensiones, que ya eran reducidas, llevan dos años
(uno con Zapatero y otro con Rajoy) perdiendo poder adquisitivo. Se
multiplican las manifestaciones, las huelgas y los conflictos laborales.
El metro y los autobuses de Madrid, Renfe, la minería, Paradores;
Telemadrid, en la que se pretende prescindir de todo el personal molesto
para seguir convirtiéndola en un instrumento de intoxicación y
propaganda del gobierno regional; Iberia
que, tras la compra por British Airways y tal como suele ocurrir con
muchas de las privatizaciones, está abocada al desguace o a constituirse
en una compañía de bajo coste (basura), transfiriendo a la matriz las
líneas rentables.
La sanidad española y especialmente la madrileña están en llamas
porque, además de la privatización parcial de la financiación (vulgo
copago o restricción de las prestaciones públicas), se pretende
privatizar la gestión con el fin de entregar un bocado apetitoso y
rentable a las empresas de los amigos o de los familiares. La aplicación
del criterio de beneficio privado a este sector solo puede incrementar
el coste y deteriorar gravemente la prestación y los servicios
sanitarios. La prueba más palpable es la situación de la sanidad en EE
UU donde el gasto sanitario por habitante es tres veces el de España y,
sin embargo la cobertura es muy deficiente, un 15% de la población
carece totalmente de ella y un 40% la tiene muy limitada.
El ministro Wert ha prendido fuego a la educación. Restringe los
recursos de la pública en favor de los de la concertada. Los rectores de
las universidades están en armas contra el Ministerio por el deterioro
al que se está sometiendo a la docencia universitaria pública, tal vez
para que las universidades privadas tengan mayor negocio y para que el
poder económico controle más la universidad y la enseñanza; el ministro
Gallardón con la aprobación de las tasas judiciales hace que el incendio
se extienda por la Administración de justicia logrando poner en contra
de sus reformas a todas las asociaciones judiciales. En ambos casos se
rompe la igualdad de oportunidades, principio fundamental del Estado
social y, teóricamente, de la Constitución.
España arde por el paro, los desahucios, las preferentes, las ayudas a
la banca, la amnistía fiscal; por los Díaz Ferrán, por los escandalosos
sueldos de los banqueros y demás ejecutivos de las grandes empresas,
por la destrucción de la profesionalidad en la Administración pública y
por la inflación de consejeros, asesores, periodistas y demás hombres
de partido en todos los puestos del sector público.
Cuando el Estado social se quiebra, para mitigar el incendio aparece
el Estado policía, se endurece el Código Penal, se restringe el derecho
de manifestación, se criminaliza a los sindicatos y a la huelga, la
actividad política se transforma en una farsa y, sobre todo, se utiliza a
los medios de comunicación para que distorsionen la realidad y escondan
lo que no se quiere que se vea: que España está en llamas.
Juan Fco Martín Seco
República.com
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