Tres cuartas partes de europeos consideran la corrupción como un
grave problema en sus países, según sondeos de Eurostat. Y tienen toda
la razón.
Hablamos de soborno, de cohecho y de desfachatez de la clase
política europea; de desvío del dinero de todos a bolsillo particulares.
Hablamos de sobres con dinero negro repartidos a la cúpula dirigente
del Partido Popular en el Reino de España durante décadas.
Presuntamente. O del desvío de fondos europeos para formación en
beneficio de Unió Democrática de Catalunya, partido de la federación que
gobierna Cataluña. Y hablamos de 22 millones de euros en cuentas
suizas del ex-tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, investigado
la corrupción múltiple y prolongada durante años, conocida como ‘trama
Gürtel’.
Pero hay más casos de corrupción, muchos más. A día de hoy, los
tribunales españoles investigan 24 casos de soborno, cohecho, irregular
de cobro de comisiones y otras bicocas ilegales e ilegítimas que
afectan a los grandes partidos del país en todos los niveles de la
Administración desde la municipal hasta las cercanías de la Casa Real.
Hablamos de que unos 800 cargos públicos y políticos del Reino de
España están imputados en casos de corrupción, como denuncia Ángeles
López de Celis en El síndrome de Alí Babá. Hablamos de que el
Reino de España ocupa en volumen de corrupción el lugar 13 entre los 27
miembros de la Unión Europea. ¿Cómo no ha de ser así si el gobierno
parece no reaccionar ante la corrupción? O eso asemeja según el decreto
del ministerio de Economía que suaviza los requisitos de honorabilidad
para dirigir la banca donde, por primera vez, la condición de condenado
por un delito de cuello blanco no es motivo suficiente para impedir
que alguien sea banquero. Salvo que el Banco de España diga lo
contrario. ¿Es el Banco de España un tribunal?
Hablamos de corrupción penal, pero también moral, ética. Porque, como
denuncia Antoni Doménech, “tradicionalmente hubo élites políticas
capitalistas con altura de miras y visión general. Ahora lo que hay son
élites políticas generadas por el neoliberalismo y sus evidentes
puertas giratorias entre el mundo de los grandes negocios y el mundo de
la gran política: tipos como Felipe González, Aznar, Schröder, Joschka
Fischer, Rodrigo Rato, Strauss-Kahn, Geithner (o cualquier secretario
del Tesoro estadounidense de las últimas décadas); todos, todos,
hombres de la banca, de Goldman Sachs como Draghi, como Trichet. Son
gentes no solo moralmente corrompidas sino peor; gentes de visión
corrompida, miopes, idiotas ópticos incapaces de ver más allá de la
oportunidad inmediata del negocio”.
Y por eso solo un tercio de 176 países del mundo aprueba el examen de
la honradez versus la corrupción, que anualmente realiza Transparency
International. Y eso que Transparency solo recoge y analiza quienes
ponen la mano, no quienes la llenan, que también son corruptos.
Hasta la tibia y equívoca Comisión Europea reconoce la gravedad del
problema. Cecilia Malmström, comisaria europea de Interior, advierte
que los resultados de la lucha contra la corrupción en la Unión Europea
son muy “insuficientes” y ha recordado que las prácticas corruptas
suponen para los ciudadanos un alto coste de unos 120.000 millones de
euros anuales. ¿Cuántos recortes, que suelen ser vulneración de
derechos, no se hubieran evitado de haber podido disponer de ese dinero
en las arcas públicas?
Estamos con el ciudadano Antonio Avendaño cuando indica que “hay algo
fácil y visible que cualquier partido puede hacer de hoy a mañana solo
con proponérselo: habilitar en sus páginas web una pestaña de
‘Contabilidad y Finanzas’ en la que los ciudadanos, con un simple clic,
podamos conocer todos los ingresos y gastos de ese partido”.
Y coincidimos con Manuel Saco cuando denuncia que en España “durante
casi 35 años de democracia los escándalos de corrupción han sido un
acompañante molesto de la política a todos los niveles. La corrupción
sistemática es como un golpe de estado solapado, sin tanques ni
fusiles. Cuando los favores y chanchullos bajo cuerda tienen más valor
que las leyes y reina la arbitrariedad, se mata el principio sagrado de
la igualdad de oportunidades. La corrupción amenaza con acabar con los
derechos sociales”.
Pero no solo en el Reino de España. Ese golpe de estado taimado amenaza con devenir endémico.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
Periodista y escritor
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)
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