Concentración en Murcia para exigir Referéndum por la Reforma Constitucional

Concentración en Murcia para exigir Referéndum por la Reforma Constitucional

El próximo Domingo, 28 de Agosto a las 21:00, y frente a la Delegación de Gobierno, se convoca a todos los ciudadanos de Murcia para exigir un Referéndum ante la Reforma Constitucional propuesta por los partidos mayoritarios. Evento en Facebook (Apuntaos y, sobre todo, dadle difusión): https://www.facebook.com/event.php?eid=186387328098630 Quienes ejercen el poder actúan en beneficio de una minoría, despreciando la voluntad de la gran mayoría y sin importarles el coste que tengamos que pagar. Esta situación intolerable debe terminar. Unidos con una sola voz, diremos a los políticos y a las élites financieras a las que sirven que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros que no nos representan. Ahora tienen la intención de incluir la ley de techo de gasto en la Constitución lo que supondrá una pérdida de soberanía así como la venta de parte de nuestros ... derechos. La iniciativa obedece a los mandatos de Merkel y Sarkozy, así como de otros poderes financieros supranacionales no votados ni elegidos por los ciudadanos, lo que demuestra otra vez más cómo los gobiernos juegan con nuestro porvenir y derecho de decisión. Ninguna reforma de la Constitución -la norma suprema del Estado que consagra la Soberanía de sus ciudadanos- debería hacerse sin un referéndum vinculante. Para defender nuestro derecho a una Democracia real no dudaremos en emprender las medidas de boicot y presión oportunas y exigir que esas decisiones las tome el pueblo soberano. De nuestra reacción dependen los parques, carreteras, escuelas, hospitales y todo aquello que hasta ahora conocemos como público. Rechazaremos siempre que nuestros derechos fundamentales sean subastados al mejor postor para pagar las deudas de bancos y entidades financieras internacionales, pues son sus prácticas especulativas y chantajes criminales los que asfixian cada vez más a millones de personas. Sabemos, y por eso estamos indigandos, que los mercados están por encima de las leyes de cualquier país, pero ahora pretenden regular y reformar nuestra Constitución. Esto significa que las decisiones políticas dejarán de tomarse en nuestro Parlamento o en Bruselas y que será el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos no democráticos los que tendrán el control de nuestras finanzas y , por ende, de nuestra política. Esta medida es una enorme pérdida de soberanía y muestra que la capacidad de influencia legislativa de la UE dirigida desde los poderes financieros es mayor que la del propio pueblo español. Por tanto constatamos que con estas medidas o decisiones, las opiniones y recetas de otros países o de organismos y entidades supranacionales, tienen más repercusión que las herramientas de Democracia participativa que tenemos a nuestra disposición (ILP o Referendum). Esta falta de democracia se pudo ya observar con la aprobación del Pacto del Euro (contra el que ya nos manifestamos el pasado 19 de junio), acuerdo que ningún partido europeo llevaba en su programa y sobre el que no se realizó consulta alguna. Desde Democracia real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros y por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas que se deciden sin consultar con quien realmente debería ostentar la soberanía: EL PUEBLO. http://democraciarealyamurcia.blogspot.com/2011/08/concentracion-en-murcia-para-exigir.html

El arte de edificar fuerzas antisistémicas

La amplitud y extensión que van adquiriendo las revueltas populares, que se van afianzando en países de varios continentes, permite distinguir diversas corrientes, distintos modos y maneras en que los afectados por el sistema organizan sus respuestas. El movimiento de los indignados en las ciudades del Estado español y el de los estudiantes chilenos muestran características distintas a los motines que sacudieron semanas atrás las principales ciudades británicas.

Algunos movimientos han conseguido abrir espacios más o menos estables en los que sus miembros pueden intercomunicarse, debatir y tomar decisiones, ya sea en las plazas, en los centros de estudio, o alternando espacios a cielo abierto y cerrados como sucede en la mayor parte de los casos. Cuando se trata de estallidos como los sucedidos en las periferias pobres de Londres o, anteriormente, en los suburbios de París, en 2005, es más difícil encontrar espacios permanentes como anclaje de la protesta, que suele expandirse tan rápidamente como se difumina.

La creación de espacios más o menos permanentes, controlados por los sujetos en movimiento, es un dato mayor ya que es lo que permite darle continuidad a las revueltas, y uno de los elementos que puede convertir las acciones espontáneas en movimientos. Es parte del trabajo que James C. Scott ha realizado en Los dominados y el arte de la resistencia y en su más reciente El arte de no ser gobernados (sin traducción al español por el momento). Las clases dominantes se han empeñado, a lo largo de más de un siglo, en dinamitar esos espacios donde los de abajo se relacionan porque suelen ser los espacios donde, en silencio, se ensayan las rebeliones.

Sin embargo, los diferentes sectores y clases sociales tienen también distintas posibilidades para construir o abrir espacios. En las revueltas en marcha, las clases medias afectadas por la crisis, una amplia gama de trabajadores y profesionales más o menos precarizados, han tenido éxito en crear espacios y los han podido defender pese a la presión social y estatal que a menudo deriva en violencia represiva.

Para los de más abajo, los llamados excluidos, las cosas son más difíciles. Miembros del colectivo Baladre, que participan en las asambleas de los indignados, reconocen que, salvo excepciones, los más pobres no integran el movimiento, y que cuando lo hacen, pasan cosas. Manolo Sáez lleva años trabajando junto a sectores marginalizados, y asegura que en las asambleas se produce un choque de culturas porque las formas de funcionar y de hablar son distintas, toman alcohol, son menos higiénicos y son políticamente incorrectos. La palabra lumpen sale a relucir como adjetivo.

La unidad de acción entre todos los que han sido agredidos por el sistema, los diversos abajos y los diversos sótanos, es insustituible si aspiramos algún día a derrotar a la clase que detenta el poder y los medios de producción y de cambio. Pero esa unidad sólo puede ser construida. O sea, será el fruto de un largo proceso de trabajo en común, de edificación permanente y, por lo tanto, de educación y autoeducación colectivas. Este proceso no puede ser espontáneo, ni puede quedar librado al azar sino ser consecuencia de la voluntad y el deseo de cambiar el mundo, cosa que sólo puede hacerse con todos los oprimidos y oprimidas.

En gran medida es una cuestión de clase que no se resuelve bajo la forma alianza, o sea vínculo entre representantes, sino a través de la creación de lenguajes y códigos comunes en espacios autocontrolados donde convivan las diferencias. Inspirado en Marx, Immanuel Wallerstein sostiene que esta es la cuestión clave en torno a la que se centra la lucha de clases, en un texto donde analiza la pugna de la burguesía por establecer un modo de dominación con base en una estructura tripartita como forma de estabilizar la dominación (La formación de las clases en la economía-mundo capitalista).

Este es quizá el núcleo de los problemas actuales. La lucha de clases se centra políticamente en el intento de las clases dominantes de crear y preservar un tercer nivel o capa intermedia, frente al intento de las clases oprimidas de polarizar tanto la realidad como su percepción, dice Wallerstein. Esa ha sido la razón de fondo de la introducción de categorías en las fábricas, y de la creación de una capa de controladores y capataces. Y es el objetivo de las políticas sociales: una ingeniería para separar y levantar muros entre los de abajo y los del sótano.

El capitalismo domina expandiéndose territorialmente, como nos recuerda David Harvey, sometiendo nuevos territorios a la lógica de la acumulación. Pero hacia adentro, consolida su dominación separando, dividiendo, creando pequeños privilegios para desgarrar la cohesión social y fabricar, de ese modo, desigualdades en las cuales se apoya para solidificar sus poderes. Mujeres, indios, negros, migrantes, excluidos… las categorías de esa división son infinitas.

La estrategia de quienes buscamos superar el capitalismo debe tener como objetivo derribar estos muros entre los oprimidos. En América Latina, y probablemente en todo el mundo, se han experimentado dos modos exitosos de hacerlo: abrir espacios donde una larga convivencia permita superar estas divisiones y trabajar para que los del más abajo, los excluidos o marginados, se conviertan en sujetos. No son, por cierto, dos procesos contradictorios.

Hasta ahora ha sido el sector intermedio el que mayor éxito ha tenido para organizarse y hacer valer sus razones. La novedad que los latinoamericanos podemos aportarle a las rebeliones del mundo es justamente ese esfuerzo en trabajar durante largo tiempo con los más diversos sótanos: los sin techo, sin tierra, sin trabajo, sin derechos. Debemos saber, empero, que cuando los sótanos se hacen sujetos, tiemblan incluso las izquierdas establecidas. Algo de eso sucede en Chiapas, en Bolivia y en Ecuador. Los sectores medios suelen sentir que los del sótano rompen la armonía y la paz social. Para eso son sujetos.

Raúl Zibechi

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/26/opinion/024a2pol

Un referéndum necesario

Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.

Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.

Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.

El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.

Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.

Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.

De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/3895/un-referendum-necesario/

Déficit de cultura democrática

La propuesta del presidente del Gobierno –respaldada por el PP– de reformar la Constitución para introducir en ella una regla que limite el déficit público y el endeudamiento del Estado pone de manifiesto, precisamente, el déficit de cultura democrática y constitucional de nuestros dirigentes.

Sorprende la rapidez con la que se quiere tramitar esta reforma–ya el presidente del Congreso ha sugerido fechas para un pleno extraordinario el 30 de agosto– con las cautelas que siempre se han alegado por los dos partidos mayoritarios a la hora de reformar la Constitución. Hasta la fecha, sólo ha habido una reforma, en 1992, para adaptar el texto al Tratado de Maastricht, y las tímidas propuestas formuladas para modificar algunos de sus puntos siempre cayeron en saco roto.

Ahora, se fundamenta la urgencia en la necesidad de adoptar medidas que fortalezcan la confianza en la economía española y que avancen en el proceso de consolidación de la unión económica y monetaria. Se argumenta que la reforma se llevará a cabo a través del procedimiento simple que prevé la Constitución en su artículo 167. Es decir, que basta con su aprobación por una mayoría de tres quintos de cada Cámara, Congreso y Senado. Sólo si lo solicitara el 10% de los miembros de cualquiera de las cámaras, la reforma sería sometida a referéndum para su ratificación por la ciudadanía. Aunque el portavoz de IU ha anunciado que así lo solicitará, esta última posibilidad es difícil que prospere dado el equilibrio de fuerzas existente en el Parlamento.

Esta vía hace pensar que el nuevo texto se incluirá previsiblemente en el Título VII de la Constitución: “Economía y Hacienda”. Sus artículos contienen una serie de mandatos heterogéneos relativos al rol de los poderes públicos en el desarrollo y planificación de la actividad económica. Introducir un límite al déficit público en este título oculta el verdadero alcance de esta medida, cuyas consecuencias suponen una modificación sustancial del Estado social y democrático de derecho consagrado en el artículo 1 de la propia Constitución. Por un lado, la limitación del gasto público afecta decididamente a derechos como la educación y la sanidad que vertebran el Estado social. Por otro, excluir a la ciudadanía de una decisión de tal calado supone un nuevo golpe a ese Estado democrático al que se dice aspirar. En pocas ocasiones como esta se pone de manifiesto con tanta claridad cómo el recorte en derechos sociales suele ir acompañado de una merma de derechos políticos.

Por ello, hay razones para pensar que la vía sugerida para tramitar la reforma no es la que pretende la Constitución para una decisión de tanta importancia. Su artículo 168 establece que cuando se trate de una revisión total o de una parcial que afecte al Título Preliminar –que contiene las bases del Estado social y democrático de derecho–, a los derechos fundamentales o a la Corona, la reforma requerirá un procedimiento agravado con los siguientes pasos: aprobación inicial por dos tercios de cada Cámara, inmediata disolución de las Cortes, aprobación de la reforma por idéntica mayoría de las nuevas cámaras y ratificación mediante referéndum. Un procedimiento más garantista, que requiere la participación directa de la ciudadanía ante decisiones relativas al núcleo duro del texto constitucional.

Este procedimiento es el que se pretende evitar por los proponentes de la reforma. Para ello alegan que esta no afecta al núcleo duro de la Constitución, desvinculando así el límite del déficit con las políticas sociales. Sin embargo, la relación existente entre la regla de techo de gasto y el Estado social de derecho exige que su inclusión en el texto constitucional se haga en la parte que define sus aspectos esenciales, es decir, en su Título Preliminar. Que la medida en cuestión no se incluya en este título ofrece serias dudas sobre la constitucionalidad de la propia reforma.

Hasta la fecha, el Gobierno había sostenido que bastaba la ley para garantizar el control del gasto público y la estabilidad presupuestaria. ¿A qué se debe este súbito cambio de opinión? Apadrinada por el eje franco-alemán, la reforma constitucional es una insistente demanda de los mercados y que, asimismo, podría estar incluida en la famosa carta con las condiciones que el Banco Central Europeo manda a los estados cuya deuda compra. Aunque se intuye, esto último nunca lo sabremos; por lo menos, hasta que el presidente del Gobierno –en un deseable ejercicio de transparencia democrática– haga público el contenido de dicha carta.

Lo que no ofrece dudas es la nula legitimidad política con que cuenta este Parlamento a la hora de abordar una reforma constitucional. En el mes de agosto, y con la fecha de las próximas elecciones ya anunciada para noviembre, el Parlamento se dispone a realizar una reforma exprés sin posibilidad alguna de debate ciudadano. El mensaje que se transmite es que las reformas económicas demandadas por entidades tan poco democráticas como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o los mercados, han de hacerse de forma urgente y perentoria, ignorando que tales reformas suponen una redefinición de los aspectos centrales de la Constitución y requieren, por ello, la participación ciudadana mediante referéndum.

¿Es este el mensaje que el Parlamento español quiere lanzar a una ciudadanía que demanda en las calles más y mejor democracia? ¿Es esta la democracia que queremos?

Rafael Escudero Alday

Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid

Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3891/deficit-de-cultura-democratica/

#yoquierovotar. Las reformas constitucionales las validan los ciudadanos, no los mercados

Comunicado de Democracia Real Ya.

Techo presupuestario: Nuevo golpe de estado Financiero

La noticia conocida hoy sobre la intención del Gobierno de incluir la ley de techo de gasto en la Constitución supondrá una pérdida de soberanía así como la venta de parte de nuestros derechos.

La iniciativa obedece a los mandatos de Merkel y Sarkozy, así como de otros poderes financieros supranacionales no votados ni elegidos por los ciudadanos, lo que demuestra otra vez más cómo los gobiernos juegan con nuestro porvenir y derecho de decisión.

Ninguna reforma de la Constitución -la norma suprema del Estado que consagra la Soberanía de sus ciudadanos- debería hacerse sin un referéndum vinculante.

Para defender nuestro derecho a una Democracia real no dudaremos en emprender las medidas de boicot y presión oportunas y exigir que esas decisiones las tome el pueblo soberano.

De nuestra reacción dependen los parques, carreteras, escuelas, hospitales y todo aquello que hasta ahora conocemos como público. Rechazaremos siempre que nuestros derechos fundamentales sean subastados al mejor postor para pagar las deudas de bancos y entidades financieras internacionales, pues son sus prácticas especulativas y chantajes criminales los que asfixian cada vez más a millones de personas.

Sabemos, y por eso estamos indignados, que los mercados están por encima de las leyes de cualquier país, pero ahora pretenden regular y reformar nuestra Constitución. Esto significa que las decisiones políticas dejarán de tomarse en nuestro Parlamento o en Bruselas y que será el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos no democráticos los que tendrán el control de nuestras finanzas y , por ende, de nuestra política.

Esta medida es una enorme pérdida de soberanía y muestra que la capacidad de influencia legislativa de la UE dirigida desde los poderes financieros es mayor que la del propio pueblo español. Por tanto constatamos que con estas medidas o decisiones, las opiniones y recetas de otros países o de organismos y entidades supranacionales, tienen más repercusión que las herramientas de Democracia participativa que tenemos a nuestra disposición (ILP o Referéndum).

Esta falta de democracia se pudo ya observar con la aprobación del Pacto del Euro (contra el que ya nos manifestamos el pasado 19 de junio), acuerdo que ningún partido europeo llevaba en su programa y sobre el que no se realizó consulta alguna.

Desde Democracia real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros y por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas que se deciden sin consultar con quien realmente debería ostentar la soberanía: EL PUEBLO.

http://www.democraciarealya.es/blog/2011/08/23/techo-presupuestario-nuevo-golpe-de-estado-financiero/

Las reformas constitucionales las validan los ciudadanos, no los mercados. Recuérdales por email que las reformas constitucionales las validan los ciudadanos, no los mercados: https://www.facebook.com/event.php?eid=248881548478237

#yoquierovotar | Exije un referéndum para cambiar la Constitución: http://www.youtube.com/watch?v=UYe5kRY90zw&feature=player_embedded

http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-indignados-ven-reforma-nuevo-golpe-estado-financiero-20110823183452.html

La prevención de la violencia

Según un informe publicado recientemente por Naciones Unidas, más de diez millones de personas del Cuerno de África se están viendo afectadas por la peor sequía en 60 años, lo que está causando una grave crisis alimentaria en grandes áreas de Somalia, Etiopía, Yibuti y Kenia. La situación afecta en especial a Somalia, un Estado fallido en situación de conflicto armado, lo que provoca el desplazamiento de miles de personas hacia Kenia, país en el que el precio del grano se ha incrementado en porcentajes intolerables, colocando en una situación límite a muchas familias pobres.

Esta noticia es clásica de una situación de crisis que combina elementos naturales (sequía), estructurales (países sin un Estado que funcione correctamente) y humanos (conflicto armado). Es la peor combinación posible, porque sólo permite remedios paliativos, pero no definitivos. Ante la crisis, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) puede activar sus mecanismos de alerta, aunque hay que advertir que lamentablemente este organismo tan vital se encuentra igualmente con una falta de recursos económicos que afecta a su operatividad, concretamente en Somalia. Puede que haya que activar ahora la red mundial de donación de alimentos impulsada por España y Brasil, por la que uno aporta excedentes y el otro los reparte. Pero a pesar de estas medidas, un país como Somalia quedará expuesto a futuras calamidades por la existencia de un conflicto armado y de problemas internos que impiden construir un Estado con capacidad de atender a su población en lo más básico. Mientras no haya solución política al conflicto no habrá capacidad preventiva interna, que es una distinción de los países con una buena gobernanza.

Las revueltas en el mundo árabe de estos últimos meses han sido también un toque de humildad para los centros de alerta y para las diplomacias preventivas. Nadie previó lo que iba a suceder, y nadie imaginaba que los acontecimientos derivarían en tan pocas semanas en cambios de régimen en Túnez y Egipto. A lo más que se ha llegado es a hacer especulaciones sobre hasta dónde llegarían las crisis de otros países con revueltas populares, como en Yemen, o sobre si las reformas impulsadas en algunos países, como Marruecos, serían suficientes para calmar los ánimos e iniciar nuevas dinámicas políticas y socioeconómicas que permitan iniciar “transiciones”. Ahí sí que se vislumbra un amplio campo de acciones preventivas para mejorar en primera instancia la calidad democrática de muchos países y, de paso, sentar las bases para un desarrollo humano de dichas sociedades. En este sentido, y apelando a la teoría elemental de los conflictos, tenemos que recordar que la conflictividad subyacente en estos países, lejos de ser motivo de temores, ha de ser el motor de los cambios que necesitan. El conflicto es bueno por naturaleza si no va acompañado por violencia, por lo que todo el arte de la prevención de conflictos reside en cómo estimular cambios en los statu quo indeseables sin que haga acto de presencia la violencia física y destructiva. En otras palabras, la prevención de conflictos no es para mantener situaciones de injusticia o de mal desarrollo, sino para producir alteraciones del orden en procura de situaciones más beneficiosas. Para decirlo en términos actuales, la prevención de conflictos no puede estar desligada de la “indignación” de aquellos colectivos, en multitud de países, que sufren atentados a su dignidad. Por el contrario, debería ser el catalizador de cambios estructurales que vayan a la raíz de las desigualdades y que alienten la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad.

En realidad, más que hablar de prevención de conflictos de lo que debería hablarse es de prevención de la violencia en los conflictos. En todo caso, no puede tolerarse por más tiempo que las políticas de prevención de conflictos sean un acopio de frustraciones sobre lo que podría y debería hacerse y no se hace. Tenemos suficientes mecanismos de alerta en el planeta para estar informados sobre lo que se avecina. Organismos como International Crisis Group y su informe mensual Crisis Watch nos alertan de los países que entran en crisis. Los informes mensuales de la Escola de Cultura de Pau (www.escolapau.org) muestran igualmente las situaciones de empeoramiento que requieren de actuaciones nacionales, regionales o internacionales sobre contextos económicos, políticos o sociales que están en niveles delicados y que, de no intervenir, cruzarán los umbrales de violencia no deseable. Naciones Unidas dispone de redes informativas como Reliefweb (www.reliefweb.org) que conectan a ONG, agencias de información y organismos del sistema de Naciones Unidas, para estar al corriente, en tiempo real, de cuanto sucede en el mundo. Si falla algo, no son los sistemas de alerta temprana, sino los de respuesta inmediata y eficiente, sea por falta de recursos económicos o, la mayor parte de los casos, por ausencia de una voluntad política real, que no es otra cosa que el resultado de falta de humanidad. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces no nos sentimos interpelados por lo que ocurre en otras latitudes, a menos que se produzca un efecto mediático especial. Cambiar esa realidad es el reto que tenemos enfrente y lo que puede convertir la prevención de la violencia en los conflictos en un instrumento de dignificación y cambio.

Vicenç Fisas
Director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona
Ilustración por Alberto Aragón

Fuente: Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3857/la-prevencion-de-la-violencia/