¿Qué puede pasar en España, a qué
deberíamos estar preparados? Hay una visión ampliamente compartida de que el
régimen sociopolítico de la Transición (que algunos llaman “segunda
Restauración borbónica”) sufre una profunda crisis, y un coro creciente de
voces reclama cambios. Pero a la vez el desconcierto es considerable y cuesta
imaginar una salida democrática a la situación.
Un motivo de desconcierto es
intuir que pese a la gravedad de lo que ocurre la reacción de la gente, aunque
haya alcanzado una masividad y una articulación sin precedentes desde 1975, no
basta para promover un cambio importante. Pero quienes no nos resignamos no deberíamos
dejarnos paralizar por las incertidumbres de esta coyuntura, sobre todo porque,
ante la magnitud del ataque a nuestros derechos, luchar es una obligación moral
y política. La probabilidad de un cambio es baja, pero se pueden crear
condiciones que lo propicien. Renunciar a ello puede convertirse en una
profecía autocumplida.
El deterioro económico no parece
haber tocado fondo. Pese a un modestísimo aumento de las exportaciones, el paro
no remite y el mercado interior no se reactiva. Pese al rescate de la banca,
hay dudas sobre su solvencia y el crédito no fluye. De todo esto puede derivar
una decadencia política y moral, una desmovilización de una población muy
castigada que hasta ahora ha resistido y protestado con un vigor y una
tenacidad admirables. Pues es posible que estas luchas se agoten por cansancio
y por falta de alternativa política viable.
No obstante, precisamente el
vigor y la tenacidad de la lucha popular es también motivo de esperanza. Un
desenlace democrático y progresista no es imposible, pero depende de
condiciones políticas que hoy no se dan y que, si acaso, deberían crearse en
los meses y años venideros. De tales condiciones depende que las fuerzas
populares saquen la cabeza o, al contrario, sufran una derrota duradera.
Hagamos un ejercicio de
imaginación. Echemos la vista atrás en la historia reciente de este país. El 14
de abril de 1931 puede servir de referencia. Como entonces, una contienda
electoral puede acompañar o desencadenar cambios políticos más allá de las
elecciones mismas. Imaginemos que en las próximas legislativas españolas,
previstas para finales de 2015, el PP sufre un descalabro electoral. Una
circunstancia así podría ser el inicio de cambios importantes.
El condicional es importante.
Podría desencadenar cambios importantes si se dieran ciertas condiciones. Tratemos
de imaginar cuáles. Antes, sin embargo, conviene señalar las diferencias entre
2015 y 1931. En la actualidad el papel del Estado es completamente distinto: es
una estructura compleja que desempeña funciones esenciales para la reproducción
del sistema económico, asegurando los ingresos (pensiones y subsidios) de
millones de personas, apuntalando el sistema bancario, regulando muchas
actividades industriales estratégicas, garantizando la provisión de energía,
etc. Otra diferencia respecto a 1931 es que las interdependencias
internacionales han crecido mucho. La pertenencia a la UE condiciona
enormemente el destino de España. Por ambas razones el gobierno Rajoy parece
hoy, pese a la crisis de régimen, a la corrupción, al desprestigio de
instituciones clave como la realeza y la judicatura, a las tendencias
centrífugas de algunos territorios y todo lo demás; pese a ello, el gobierno
Rajoy parece menos vulnerable que el gobierno de la España de 1931, no sólo por
su mayoría absoluta, sino también porque cuenta con el apoyo sólido de la UE
neoliberal, que prefiere un gobierno de derechas con sobrada mayoría
parlamentaria para someter sin contemplaciones a su gente a los dictados de la
troika.
Esta solidez impide pensar en un
derrumbe del gobierno como en el 1931. La UE tiene interés en un statu quo que
garantice el orden neoliberal, el pago de la deuda externa y el
desmantelamiento del Estado social de derecho. Se trata de una política
reaccionaria internacional que avanza viento en popa y tratará de no ceder ni
un milímetro del territorio conquistado.
Cuando se acerquen las elecciones
legislativas, la UE y la troika tendrán un problema: el desprestigio del PP y
el del PSOE. Pero pueden tratar de sortearlo (por ejemplo, con una “gran
coalición” entre ambos) y lograrlo, si delante no encuentran una alternativa de
la izquierda y un empuje suficiente para que triunfe. Ya se observan
movimientos internos en los dos grandes partidos para afrontar esa situación. En
el PP habrá que ver el papel del tándem Aguirre-Aznar; en el PSOE hay
rivalidades personales, pero ni el menor atisbo de catarsis por su servilismo
ante la oligarquía del dinero.
¿Y la izquierda-a-la-izquierda-del-PSOE?
Está anclada en sus propias limitaciones y en su herencia. Izquierda Unida e
Iniciativa per Catalunya están lastradas por el suicidio ideológico del PCE y
el PSUC, cuyos equipos dirigentes se dedicaron tenazmente a destruir su
identidad como partido transformador, como alternativa sociopolítica. Una cosa
es aceptar que la revolución no está en el orden del día. Otra muy distinta
liquidar la vocación transformadora de una organización, y así debilitar la
idea de que el orden social existente es injusto e indeseable. Se renunció a
mantener una cultura alternativa, llámese transformadora o revolucionaria; y a
educar a la gente en unos valores alternativos que alimenten una voluntad de
cambio radical, aunque haya que sacrificar apoyos electorales y esperar tiempos
mejores. La peor herencia del PCE-PSUC fue esta liquidación.
La construcción de un régimen de
libertades políticas —evitemos dar la dignidad de democracia a ese régimen— se
hizo con políticas de consenso interclasista hasta cierto punto inevitables
para salir de las instituciones de la dictadura y crear otras nuevas. Se hizo
también en un contexto europeo y mundial de homologación con las “democracias”
capitalistas, entonces aún marcadas por el pacto interclasista post-1945 que
daba amplios derechos a la población trabajadora, en particular el Estado
social de derecho (con la disposición de los ricos a pagar más impuestos para
financiarlo), a cambio de una renuncia de las clases trabajadores a poner en
jaque el sistema de la propiedad capitalista. Erigir en España un nuevo Estado
del bienestar, aunque enclenque, implicaba entrar en las políticas de consenso
interclasista dominantes en el resto de Europa. La suma de todo ello fue
instalar al partido comunista y a sus sucesores en un clima de concertación que
no tardó en generar en su seno una cultura de la colaboración de clases: en
otras palabras, reforzar la tendencia a abandonar la perspectiva
transformadora. Y esto traía consigo acentuar esclerosis y burocratización. El
partido comunista se autodestruyó como herramienta de cambio, como si el
sistema capitalista hubiera de durar eternamente. Su refundación como Izquierda
Unida, al lado de otras organizaciones menores, no mejoró las cosas, pese a la
resistencia de muchos militantes, algunos desde dentro y otros abandonando la
militancia y pasando a trabajar en movimientos sociales. Algo parecido ha
ocurrido con los dos grandes sindicatos de trabajadores, igualmente impregnados
de una cultura del consenso y la colaboración entre clases.
Cuando en 2007 el gran capital
rompió unilateralmente las reglas de juego desencadenando la ofensiva
reaccionaria neoliberal de desmantelamiento del sector público, del Estado del
bienestar y de los derechos sociales, esta ofensiva pilló por sorpresa a mucha
gente. Pese a ello, los sectores afectados con mayor capacidad de movilización
(trabajadores públicos de enseñanza, sanidad y otros y algunos colectivos de
fábrica) reaccionaron defendiéndose, y a menudo desbordando las grandes
organizaciones sindicales y políticas. Éstas, por su parte, están
experimentando crisis internas de adaptación, se van dando cuenta de que
estamos en un cambio de época y no se puede seguir haciendo política y
sindicalismo como antes. ¿Lograrán adaptarse a las nuevas necesidades y aprender
de las expresiones nuevas de sensibilidad política? Y si lo hacen, ¿lo harán a
tiempo?
A la vez han surgido, al margen
de esas grandes organizaciones, expresiones políticas nuevas, entre las que
destaca el 15-M, que representa a multitud de personas que exigen una
renovación completa de las maneras de hacer política. Además, nunca habían
dejado de existir grupos de la izquierda radical y militantes autoexcluidos de
las grandes organizaciones de la izquierda que inspiraban y animaban luchas en
fábricas, en barrios, en movimientos de cooperación y solidaridad, etc. De este
magma plural han brotado movimientos de resistencia a la ofensiva oligárquica,
desde mareas hasta procesos constituyentes y parlamentos ciudadanos, y
proliferan plataformas, observatorios y otros colectivos.
¿Qué puede salir de este
conglomerado de fenómenos? El poder político establecido no está dispuesto a
ceder: adopta la rigidez implacable de quien se sabe fuerte por la mayoría
absoluta en el parlamento y por el apoyo de la UE. El clima político impide o
dificulta salidas políticas que no salgan de las urnas, lo cual aconseja tener
el ojo puesto en los momentos electorales. Pero no existe ninguna fuerza con
suficiente peso y capacidad de atracción para gravitar a favor de un vuelco. La
conclusión lógica es que urge construir una fuerza alternativa capaz de pesar
sobre el panorama político y superar la crisis del régimen en vigor.
Desde muchos puntos surge el
clamor para que IU, Equo, y formaciones de ámbito autonómico (ICV-EUiA, CUP,
Compromís, Chunta Aragonesista, Alternativa Galega de Esquerda, etc.) decidan
construir en España y en cada comunidad autónoma candidaturas unitarias que
incorporen a figuras visibles y políticamente solventes procedentes de los
movimientos, con mensajes de regeneración política y moral y de lucha contra el
poder financiero. Sólo en una hipótesis así cabría la esperanza de que un
descalabro electoral del PP en las generales impulsara una subida importante de
una fuerza renovada y renovadora que pudiera tomar la iniciativa y dar un
viraje sensible a la política del país. Las generales de 2015 podrían parecerse
a las elecciones municipales de 1931 como expresión y revelación de la crisis
del régimen.
Pero las incertidumbres son
muchas. Sin un apoyo del PSOE no podría imponerse de inmediato una alternativa
electoral al PP, y nada permite pensar que el PSOE se regenere y rompa sus
compromisos con el gran capital. En una situación así, el factor decisivo puede
ser que los movimientos populares y ciudadanos aprovechen la ocasión de una
derrota electoral del PP para lanzar una ofensiva en la calle, acciones de
resistencia y desobediencia civil, que adquirirían fuerza en la medida misma en
que enarbolaran alternativas concretas y elaboradas de cambios radicales. Entre
estas alternativas podrían figurar, por ejemplo, reforma electoral; sistema
judicial independiente de los partidos; auditoría e impago de la deuda; banca
pública; reversión de las privatizaciones de los servicios públicos esenciales;
fiscalidad para los ricos; iniciativa estatal para crear empleo, etc.
Estos puntos son sólo el apunte
apresurado de un programa mínimo que podría dar un vuelco significativo hacia
un cambio de régimen, hacia una democracia más real, hacia un valladar frente a
la ofensiva ultrarreaccionaria. Implicaría, por supuesto, una reforma de la
Constitución de 1978, con la eliminación del artículo 135 y otras varias cosas.
Y podría abrir la puerta a un cambio en la articulación territorial del Estado
con el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las comunidades
nacionales que forman hoy el Estado español. (Estoy convencido de que las
aspiraciones catalanas a un mayor autogobierno, léase independencia u otras
fórmulas, hallarían una mejor interlocución con el resto de España en un
contexto de cambio democrático-radical de régimen que en negociaciones entre
elites neoliberales que agitan el fantasma de la independencia —unos a favor de
ella y los otros en contra— como arma arrojadiza y demagógica.)
Condición necesaria sería una
nueva formación electoral unitaria, frente popular, frente amplio o como se
llamara, acorde con la sensibilidad difundida por el 15-M y dispuesta a superar
la desconfianza en los partidos y en las maneras hoy vigentes de hacer
política. Serían también necesarios gestos visibles y fiables de que se van a
cambiar esas maneras, y de que se va a trabajar con honestidad y luchar a
muerte contra la corrupción. Sólo así cabría esperar que millones de electores
se decidieran a cambiar su voto a esa candidatura ciudadana, radicalmente
democrática y orientada contra el poder financiero, contra la vieja casta
política ligada a las “puertas giratorias”. Los partidos y fuerzas políticas a
la izquierda del PSOE tienen todos una responsabilidad histórica para hacerlo
posible.
Pero no creo que bastara un
frente político-electoral amplio y radical. Si no hay a la vez una presión en
la calle; si no hay elaboraciones programáticas alternativas de los
movimientos, plataformas y observatorios —o de “procesos constituyentes” y
“parlamentos ciudadanos” como los que están iniciando su carrera en Cataluña—
de la sociedad civil; si no se consigue demostrar que el país dice “basta” y
“esto es lo que queremos”, pienso que el poder emanado de las urnas
difícilmente podría superar las enormes presiones internas y externas que
intentarían hacer abortar el proceso. Los sindicatos, que pese a sus
debilidades ideológicas y políticas son las organizaciones que representan a la
masa más considerable de personas en el país, deberían colocar en su horizonte
la perspectiva de una huelga general política: algo así podría ser un arma
decisiva en una movilización ciudadana como la aquí propuesta. Los sindicatos
necesitan también su catarsis y su adaptación al nuevo clima social. Por otra
parte, sólo una fuerte presión de la calle podría lograr arrastrar al PSOE o a
parte de sus militantes y votantes a dar su apoyo al proceso, contribuyendo,
aunque a regañadientes, a su avance.
Cuidado con hacerse ilusiones
excesivas. La oligarquía sigue siendo muy fuerte. En la población, junto a la
indignación hay inercias mentales, desorientación y miedo. Pero desaprovechar
la ocasión que supondría un retroceso importante electoral del PP —suponiendo,
claro, que llegue a producirse, lo cual no puede darse tampoco por descontado—
podría retrasar muchos años la perspectiva de un avance de la izquierda y la
democracia. Hay que trabajar también con otra precaución en mente: no dar
batallas que puedan redundar en derrotas duraderas de las fuerzas propias.
Los procesos sociales no se
diseñan en laboratorios. Ni en artículos periodísticos como este. Surgen con grados elevados de
espontaneidad e imprevisibilidad. ¿Quién habría podido prever la huelga de la
enseñanza en las Baleares, con rotación de huelguistas, caja de resistencia y
colaboración activa de padres y madres? ¿Y la riqueza creativa de las distintas
mareas reivindicativas y la cadena humana en Cataluña? Pero la espontaneidad
resulta de la acumulación de infinitos pequeños proyectos, ideas y sentimientos,
no de una espera pasiva. Por eso empezar a ejercitar la imaginación para estar
a la altura de las circunstancias me parece una obligación perentoria para
evitar que, si las circunstancias se vuelven propicias, perdamos (por no
haberlas previsto ni imaginado) oportunidades que podrían tardar en
reproducirse. Por un lado renovación política; por otro, deseo, esperanza e
imaginación creadora pueden ser los ingredientes del cambio.
Joaquín Sempere
Mientras Tanto
Joaquim Sempere
Joaquim Sempere
¿Qué
puede pasar en España, a qué deberíamos estar preparados? Hay una
visión ampliamente compartida de que el régimen sociopolítico de la
Transición (que algunos llaman “segunda Restauración borbónica”) sufre
una profunda crisis, y un coro creciente de voces reclama cambios. Pero a
la vez el desconcierto es considerable y cuesta imaginar una salida
democrática a la situación.
Un motivo de desconcierto es intuir que pese a la gravedad de lo que
ocurre la reacción de la gente, aunque haya alcanzado una masividad y
una articulación sin precedentes desde 1975, no basta para promover un
cambio importante. Pero quienes no nos resignamos no deberíamos dejarnos
paralizar por las incertidumbres de esta coyuntura, sobre todo porque,
ante la magnitud del ataque a nuestros derechos, luchar es una
obligación moral y política. La probabilidad de un cambio es baja, pero
se pueden crear condiciones que lo propicien. Renunciar a ello puede
convertirse en una profecía autocumplida.
El deterioro económico no parece haber tocado fondo. Pese a un
modestísimo aumento de las exportaciones, el paro no remite y el mercado
interior no se reactiva. Pese al rescate de la banca, hay dudas sobre
su solvencia y el crédito no fluye. De todo esto puede derivar una
decadencia política y moral, una desmovilización de una población muy
castigada que hasta ahora ha resistido y protestado con un vigor y una
tenacidad admirables. Pues es posible que estas luchas se agoten por
cansancio y por falta de alternativa política viable.
No obstante, precisamente el vigor y la tenacidad de la lucha popular
es también motivo de esperanza. Un desenlace democrático y progresista
no es imposible, pero depende de condiciones políticas que hoy no se dan
y que, si acaso, deberían crearse en los meses y años venideros. De
tales condiciones depende que las fuerzas populares saquen la cabeza o,
al contrario, sufran una derrota duradera.
Hagamos un ejercicio de imaginación. Echemos la vista atrás en la
historia reciente de este país. El 14 de abril de 1931 puede servir de
referencia. Como entonces, una contienda electoral puede acompañar o
desencadenar cambios políticos más allá de las elecciones mismas.
Imaginemos que en las próximas legislativas españolas, previstas para
finales de 2015, el PP sufre un descalabro electoral. Una circunstancia
así podría ser el inicio de cambios importantes.
El condicional es importante. Podría desencadenar cambios importantes si se dieran ciertas condiciones.
Tratemos de imaginar cuáles. Antes, sin embargo, conviene señalar las
diferencias entre 2015 y 1931. En la actualidad el papel del Estado es
completamente distinto: es una estructura compleja que desempeña
funciones esenciales para la reproducción del sistema económico,
asegurando los ingresos (pensiones y subsidios) de millones de personas,
apuntalando el sistema bancario, regulando muchas actividades
industriales estratégicas, garantizando la provisión de energía, etc.
Otra diferencia respecto a 1931 es que las interdependencias
internacionales han crecido mucho. La pertenencia a la UE condiciona
enormemente el destino de España. Por ambas razones el gobierno Rajoy
parece hoy, pese a la crisis de régimen, a la corrupción, al
desprestigio de instituciones clave como la realeza y la judicatura, a
las tendencias centrífugas de algunos territorios y todo lo demás; pese a
ello, el gobierno Rajoy parece menos vulnerable que el gobierno de la
España de 1931, no sólo por su mayoría absoluta, sino también porque
cuenta con el apoyo sólido de la UE neoliberal, que prefiere un gobierno
de derechas con sobrada mayoría parlamentaria para someter sin
contemplaciones a su gente a los dictados de la troika.
Esta solidez impide pensar en un derrumbe del gobierno como en el 1931. La UE tiene interés en un statu quo
que garantice el orden neoliberal, el pago de la deuda externa y el
desmantelamiento del Estado social de derecho. Se trata de una política
reaccionaria internacional que avanza viento en popa y tratará de no
ceder ni un milímetro del territorio conquistado.
Cuando se acerquen las elecciones legislativas, la UE y la troika
tendrán un problema: el desprestigio del PP y el del PSOE. Pero pueden
tratar de sortearlo (por ejemplo, con una “gran coalición” entre ambos) y
lograrlo, si delante no encuentran una alternativa de la izquierda y un
empuje suficiente para que triunfe. Ya se observan movimientos internos
en los dos grandes partidos para afrontar esa situación. En el PP habrá
que ver el papel del tándem Aguirre-Aznar; en el PSOE hay rivalidades
personales, pero ni el menor atisbo de catarsis por su servilismo ante
la oligarquía del dinero.
¿Y la izquierda-a-la-izquierda-del-PSOE? Está anclada en sus propias
limitaciones y en su herencia. Izquierda Unida e Iniciativa per
Catalunya están lastradas por el suicidio ideológico del PCE y el PSUC,
cuyos equipos dirigentes se dedicaron tenazmente a destruir su identidad
como partido transformador, como alternativa sociopolítica. Una cosa es
aceptar que la revolución no está en el orden del día. Otra muy
distinta liquidar la vocación transformadora de una organización, y así
debilitar la idea de que el orden social existente es injusto e
indeseable. Se renunció a mantener una cultura alternativa,
llámese transformadora o revolucionaria; y a educar a la gente en unos
valores alternativos que alimenten una voluntad de cambio radical,
aunque haya que sacrificar apoyos electorales y esperar tiempos mejores.
La peor herencia del PCE-PSUC fue esta liquidación.
La construcción de un régimen de libertades políticas —evitemos dar la dignidad de democracia
a ese régimen— se hizo con políticas de consenso interclasista hasta
cierto punto inevitables para salir de las instituciones de la dictadura
y crear otras nuevas. Se hizo también en un contexto europeo y mundial
de homologación con las “democracias” capitalistas, entonces aún
marcadas por el pacto interclasista post-1945 que daba amplios derechos a
la población trabajadora, en particular el Estado social de derecho
(con la disposición de los ricos a pagar más impuestos para
financiarlo), a cambio de una renuncia de las clases trabajadores a
poner en jaque el sistema de la propiedad capitalista. Erigir en España
un nuevo Estado del bienestar, aunque enclenque, implicaba entrar en las
políticas de consenso interclasista dominantes en el resto de Europa.
La suma de todo ello fue instalar al partido comunista y a sus sucesores
en un clima de concertación que no tardó en generar en su seno una
cultura de la colaboración de clases: en otras palabras, reforzar la
tendencia a abandonar la perspectiva transformadora. Y esto traía
consigo acentuar esclerosis y burocratización. El partido comunista se
autodestruyó como herramienta de cambio, como si el sistema capitalista
hubiera de durar eternamente. Su refundación como Izquierda Unida, al
lado de otras organizaciones menores, no mejoró las cosas, pese a la
resistencia de muchos militantes, algunos desde dentro y otros
abandonando la militancia y pasando a trabajar en movimientos sociales.
Algo parecido ha ocurrido con los dos grandes sindicatos de
trabajadores, igualmente impregnados de una cultura del consenso y la
colaboración entre clases.
Cuando en 2007 el gran capital rompió unilateralmente las reglas de
juego desencadenando la ofensiva reaccionaria neoliberal de
desmantelamiento del sector público, del Estado del bienestar y de los
derechos sociales, esta ofensiva pilló por sorpresa a mucha gente. Pese a
ello, los sectores afectados con mayor capacidad de movilización
(trabajadores públicos de enseñanza, sanidad y otros y algunos
colectivos de fábrica) reaccionaron defendiéndose, y a menudo
desbordando las grandes organizaciones sindicales y políticas. Éstas,
por su parte, están experimentando crisis internas de adaptación, se van
dando cuenta de que estamos en un cambio de época y no se puede seguir
haciendo política y sindicalismo como antes. ¿Lograrán adaptarse a las
nuevas necesidades y aprender de las expresiones nuevas de sensibilidad
política? Y si lo hacen, ¿lo harán a tiempo?
A la vez han surgido, al margen de esas grandes organizaciones,
expresiones políticas nuevas, entre las que destaca el 15-M, que
representa a multitud de personas que exigen una renovación completa de
las maneras de hacer política. Además, nunca habían dejado de existir
grupos de la izquierda radical y militantes autoexcluidos de las grandes
organizaciones de la izquierda que inspiraban y animaban luchas en
fábricas, en barrios, en movimientos de cooperación y solidaridad, etc.
De este magma plural han brotado movimientos de resistencia a la
ofensiva oligárquica, desde mareas hasta procesos constituyentes y
parlamentos ciudadanos, y proliferan plataformas, observatorios y otros
colectivos.
¿Qué puede salir de este conglomerado de fenómenos? El poder político
establecido no está dispuesto a ceder: adopta la rigidez implacable de
quien se sabe fuerte por la mayoría absoluta en el parlamento y por el
apoyo de la UE. El clima político impide o dificulta salidas políticas
que no salgan de las urnas, lo cual aconseja tener el ojo puesto en los
momentos electorales. Pero no existe ninguna fuerza con suficiente peso y
capacidad de atracción para gravitar a favor de un vuelco. La
conclusión lógica es que urge construir una fuerza alternativa capaz de pesar sobre el panorama político y superar la crisis del régimen en vigor.
Desde muchos puntos surge el clamor para que IU, Equo, y formaciones
de ámbito autonómico (ICV-EUiA, CUP, Compromís, Chunta Aragonesista,
Alternativa Galega de Esquerda, etc.) decidan construir en España y en
cada comunidad autónoma candidaturas unitarias que incorporen a figuras
visibles y políticamente solventes procedentes de los movimientos, con
mensajes de regeneración política y moral y de lucha contra el poder
financiero. Sólo en una hipótesis así cabría la esperanza de que un
descalabro electoral del PP en las generales impulsara una subida
importante de una fuerza renovada y renovadora que pudiera tomar la
iniciativa y dar un viraje sensible a la política del país. Las
generales de 2015 podrían parecerse a las elecciones municipales de 1931
como expresión y revelación de la crisis del régimen.
Pero las incertidumbres son muchas. Sin un apoyo del PSOE no podría
imponerse de inmediato una alternativa electoral al PP, y nada permite
pensar que el PSOE se regenere y rompa sus compromisos con el gran
capital. En una situación así, el factor decisivo puede ser que los
movimientos populares y ciudadanos aprovechen la ocasión de una derrota
electoral del PP para lanzar una ofensiva en la calle, acciones de
resistencia y desobediencia civil, que adquirirían fuerza en la medida
misma en que enarbolaran alternativas concretas y elaboradas de cambios
radicales. Entre estas alternativas podrían figurar, por ejemplo,
reforma electoral; sistema judicial independiente de los partidos;
auditoría e impago de la deuda; banca pública; reversión de las
privatizaciones de los servicios públicos esenciales; fiscalidad para
los ricos; iniciativa estatal para crear empleo, etc.
Estos puntos son sólo el apunte apresurado de un programa mínimo que
podría dar un vuelco significativo hacia un cambio de régimen, hacia una
democracia más real, hacia un valladar frente a la ofensiva
ultrarreaccionaria. Implicaría, por supuesto, una reforma de la
Constitución de 1978, con la eliminación del artículo 135 y otras varias
cosas. Y podría abrir la puerta a un cambio en la articulación
territorial del Estado con el reconocimiento del derecho de
autodeterminación de las comunidades nacionales que forman hoy el Estado
español. (Estoy convencido de que las aspiraciones catalanas a un mayor
autogobierno, léase independencia u otras fórmulas, hallarían una mejor
interlocución con el resto de España en un contexto de cambio
democrático-radical de régimen que en negociaciones entre elites
neoliberales que agitan el fantasma de la independencia —unos a favor de
ella y los otros en contra— como arma arrojadiza y demagógica.)
Condición necesaria sería una nueva formación electoral unitaria,
frente popular, frente amplio o como se llamara, acorde con la
sensibilidad difundida por el 15-M y dispuesta a superar la desconfianza
en los partidos y en las maneras hoy vigentes de hacer política. Serían
también necesarios gestos visibles y fiables de que se van a cambiar
esas maneras, y de que se va a trabajar con honestidad y luchar a muerte
contra la corrupción. Sólo así cabría esperar que millones de electores
se decidieran a cambiar su voto a esa candidatura ciudadana, radicalmente democrática y orientada contra el poder financiero,
contra la vieja casta política ligada a las “puertas giratorias”. Los
partidos y fuerzas políticas a la izquierda del PSOE tienen todos una
responsabilidad histórica para hacerlo posible.
Pero no creo que bastara un frente político-electoral amplio y radical. Si no hay a la vez una presión en la calle; si no hay elaboraciones programáticas alternativas
de los movimientos, plataformas y observatorios —o de “procesos
constituyentes” y “parlamentos ciudadanos” como los que están iniciando
su carrera en Cataluña— de la sociedad civil; si no se consigue
demostrar que el país dice “basta” y “esto es lo que queremos”, pienso
que el poder emanado de las urnas difícilmente podría superar las
enormes presiones internas y externas que intentarían hacer abortar el
proceso. Los sindicatos, que pese a sus debilidades ideológicas y
políticas son las organizaciones que representan a la masa más
considerable de personas en el país, deberían colocar en su horizonte la
perspectiva de una huelga general política: algo así podría
ser un arma decisiva en una movilización ciudadana como la aquí
propuesta. Los sindicatos necesitan también su catarsis y su adaptación
al nuevo clima social. Por otra parte, sólo una fuerte presión de la
calle podría lograr arrastrar al PSOE o a parte de sus militantes y
votantes a dar su apoyo al proceso, contribuyendo, aunque a
regañadientes, a su avance.
Cuidado con hacerse ilusiones excesivas. La oligarquía sigue siendo
muy fuerte. En la población, junto a la indignación hay inercias
mentales, desorientación y miedo. Pero desaprovechar la ocasión que
supondría un retroceso importante electoral del PP —suponiendo, claro,
que llegue a producirse, lo cual no puede darse tampoco por descontado—
podría retrasar muchos años la perspectiva de un avance de la izquierda y
la democracia. Hay que trabajar también con otra precaución en mente:
no dar batallas que puedan redundar en derrotas duraderas de las fuerzas
propias.
Los procesos sociales no se diseñan en laboratorios. Ni en artículos
periodísticos como este. Surgen con grados elevados de espontaneidad e
imprevisibilidad. ¿Quién habría podido prever la huelga de la enseñanza
en las Baleares, con rotación de huelguistas, caja de resistencia y
colaboración activa de padres y madres? ¿Y la riqueza creativa de las
distintas mareas reivindicativas y la cadena humana en Cataluña? Pero la
espontaneidad resulta de la acumulación de infinitos pequeños
proyectos, ideas y sentimientos, no de una espera pasiva. Por eso
empezar a ejercitar la imaginación para estar a la altura de
las circunstancias me parece una obligación perentoria para evitar que,
si las circunstancias se vuelven propicias, perdamos (por no haberlas
previsto ni imaginado) oportunidades que podrían tardar en reproducirse.
Por un lado renovación política; por otro, deseo, esperanza e imaginación creadora pueden ser los ingredientes del cambio.
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¿Qué
puede pasar en España, a qué deberíamos estar preparados? Hay una
visión ampliamente compartida de que el régimen sociopolítico de la
Transición (que algunos llaman “segunda Restauración borbónica”) sufre
una profunda crisis, y un coro creciente de voces reclama cambios. Pero a
la vez el desconcierto es considerable y cuesta imaginar una salida
democrática a la situación.
Un motivo de desconcierto es intuir que pese a la gravedad de lo que
ocurre la reacción de la gente, aunque haya alcanzado una masividad y
una articulación sin precedentes desde 1975, no basta para promover un
cambio importante. Pero quienes no nos resignamos no deberíamos dejarnos
paralizar por las incertidumbres de esta coyuntura, sobre todo porque,
ante la magnitud del ataque a nuestros derechos, luchar es una
obligación moral y política. La probabilidad de un cambio es baja, pero
se pueden crear condiciones que lo propicien. Renunciar a ello puede
convertirse en una profecía autocumplida.
El deterioro económico no parece haber tocado fondo. Pese a un
modestísimo aumento de las exportaciones, el paro no remite y el mercado
interior no se reactiva. Pese al rescate de la banca, hay dudas sobre
su solvencia y el crédito no fluye. De todo esto puede derivar una
decadencia política y moral, una desmovilización de una población muy
castigada que hasta ahora ha resistido y protestado con un vigor y una
tenacidad admirables. Pues es posible que estas luchas se agoten por
cansancio y por falta de alternativa política viable.
No obstante, precisamente el vigor y la tenacidad de la lucha popular
es también motivo de esperanza. Un desenlace democrático y progresista
no es imposible, pero depende de condiciones políticas que hoy no se dan
y que, si acaso, deberían crearse en los meses y años venideros. De
tales condiciones depende que las fuerzas populares saquen la cabeza o,
al contrario, sufran una derrota duradera.
Hagamos un ejercicio de imaginación. Echemos la vista atrás en la
historia reciente de este país. El 14 de abril de 1931 puede servir de
referencia. Como entonces, una contienda electoral puede acompañar o
desencadenar cambios políticos más allá de las elecciones mismas.
Imaginemos que en las próximas legislativas españolas, previstas para
finales de 2015, el PP sufre un descalabro electoral. Una circunstancia
así podría ser el inicio de cambios importantes.
El condicional es importante. Podría desencadenar cambios importantes si se dieran ciertas condiciones.
Tratemos de imaginar cuáles. Antes, sin embargo, conviene señalar las
diferencias entre 2015 y 1931. En la actualidad el papel del Estado es
completamente distinto: es una estructura compleja que desempeña
funciones esenciales para la reproducción del sistema económico,
asegurando los ingresos (pensiones y subsidios) de millones de personas,
apuntalando el sistema bancario, regulando muchas actividades
industriales estratégicas, garantizando la provisión de energía, etc.
Otra diferencia respecto a 1931 es que las interdependencias
internacionales han crecido mucho. La pertenencia a la UE condiciona
enormemente el destino de España. Por ambas razones el gobierno Rajoy
parece hoy, pese a la crisis de régimen, a la corrupción, al
desprestigio de instituciones clave como la realeza y la judicatura, a
las tendencias centrífugas de algunos territorios y todo lo demás; pese a
ello, el gobierno Rajoy parece menos vulnerable que el gobierno de la
España de 1931, no sólo por su mayoría absoluta, sino también porque
cuenta con el apoyo sólido de la UE neoliberal, que prefiere un gobierno
de derechas con sobrada mayoría parlamentaria para someter sin
contemplaciones a su gente a los dictados de la troika.
Esta solidez impide pensar en un derrumbe del gobierno como en el 1931. La UE tiene interés en un statu quo
que garantice el orden neoliberal, el pago de la deuda externa y el
desmantelamiento del Estado social de derecho. Se trata de una política
reaccionaria internacional que avanza viento en popa y tratará de no
ceder ni un milímetro del territorio conquistado.
Cuando se acerquen las elecciones legislativas, la UE y la troika
tendrán un problema: el desprestigio del PP y el del PSOE. Pero pueden
tratar de sortearlo (por ejemplo, con una “gran coalición” entre ambos) y
lograrlo, si delante no encuentran una alternativa de la izquierda y un
empuje suficiente para que triunfe. Ya se observan movimientos internos
en los dos grandes partidos para afrontar esa situación. En el PP habrá
que ver el papel del tándem Aguirre-Aznar; en el PSOE hay rivalidades
personales, pero ni el menor atisbo de catarsis por su servilismo ante
la oligarquía del dinero.
¿Y la izquierda-a-la-izquierda-del-PSOE? Está anclada en sus propias
limitaciones y en su herencia. Izquierda Unida e Iniciativa per
Catalunya están lastradas por el suicidio ideológico del PCE y el PSUC,
cuyos equipos dirigentes se dedicaron tenazmente a destruir su identidad
como partido transformador, como alternativa sociopolítica. Una cosa es
aceptar que la revolución no está en el orden del día. Otra muy
distinta liquidar la vocación transformadora de una organización, y así
debilitar la idea de que el orden social existente es injusto e
indeseable. Se renunció a mantener una cultura alternativa,
llámese transformadora o revolucionaria; y a educar a la gente en unos
valores alternativos que alimenten una voluntad de cambio radical,
aunque haya que sacrificar apoyos electorales y esperar tiempos mejores.
La peor herencia del PCE-PSUC fue esta liquidación.
La construcción de un régimen de libertades políticas —evitemos dar la dignidad de democracia
a ese régimen— se hizo con políticas de consenso interclasista hasta
cierto punto inevitables para salir de las instituciones de la dictadura
y crear otras nuevas. Se hizo también en un contexto europeo y mundial
de homologación con las “democracias” capitalistas, entonces aún
marcadas por el pacto interclasista post-1945 que daba amplios derechos a
la población trabajadora, en particular el Estado social de derecho
(con la disposición de los ricos a pagar más impuestos para
financiarlo), a cambio de una renuncia de las clases trabajadores a
poner en jaque el sistema de la propiedad capitalista. Erigir en España
un nuevo Estado del bienestar, aunque enclenque, implicaba entrar en las
políticas de consenso interclasista dominantes en el resto de Europa.
La suma de todo ello fue instalar al partido comunista y a sus sucesores
en un clima de concertación que no tardó en generar en su seno una
cultura de la colaboración de clases: en otras palabras, reforzar la
tendencia a abandonar la perspectiva transformadora. Y esto traía
consigo acentuar esclerosis y burocratización. El partido comunista se
autodestruyó como herramienta de cambio, como si el sistema capitalista
hubiera de durar eternamente. Su refundación como Izquierda Unida, al
lado de otras organizaciones menores, no mejoró las cosas, pese a la
resistencia de muchos militantes, algunos desde dentro y otros
abandonando la militancia y pasando a trabajar en movimientos sociales.
Algo parecido ha ocurrido con los dos grandes sindicatos de
trabajadores, igualmente impregnados de una cultura del consenso y la
colaboración entre clases.
Cuando en 2007 el gran capital rompió unilateralmente las reglas de
juego desencadenando la ofensiva reaccionaria neoliberal de
desmantelamiento del sector público, del Estado del bienestar y de los
derechos sociales, esta ofensiva pilló por sorpresa a mucha gente. Pese a
ello, los sectores afectados con mayor capacidad de movilización
(trabajadores públicos de enseñanza, sanidad y otros y algunos
colectivos de fábrica) reaccionaron defendiéndose, y a menudo
desbordando las grandes organizaciones sindicales y políticas. Éstas,
por su parte, están experimentando crisis internas de adaptación, se van
dando cuenta de que estamos en un cambio de época y no se puede seguir
haciendo política y sindicalismo como antes. ¿Lograrán adaptarse a las
nuevas necesidades y aprender de las expresiones nuevas de sensibilidad
política? Y si lo hacen, ¿lo harán a tiempo?
A la vez han surgido, al margen de esas grandes organizaciones,
expresiones políticas nuevas, entre las que destaca el 15-M, que
representa a multitud de personas que exigen una renovación completa de
las maneras de hacer política. Además, nunca habían dejado de existir
grupos de la izquierda radical y militantes autoexcluidos de las grandes
organizaciones de la izquierda que inspiraban y animaban luchas en
fábricas, en barrios, en movimientos de cooperación y solidaridad, etc.
De este magma plural han brotado movimientos de resistencia a la
ofensiva oligárquica, desde mareas hasta procesos constituyentes y
parlamentos ciudadanos, y proliferan plataformas, observatorios y otros
colectivos.
¿Qué puede salir de este conglomerado de fenómenos? El poder político
establecido no está dispuesto a ceder: adopta la rigidez implacable de
quien se sabe fuerte por la mayoría absoluta en el parlamento y por el
apoyo de la UE. El clima político impide o dificulta salidas políticas
que no salgan de las urnas, lo cual aconseja tener el ojo puesto en los
momentos electorales. Pero no existe ninguna fuerza con suficiente peso y
capacidad de atracción para gravitar a favor de un vuelco. La
conclusión lógica es que urge construir una fuerza alternativa capaz de pesar sobre el panorama político y superar la crisis del régimen en vigor.
Desde muchos puntos surge el clamor para que IU, Equo, y formaciones
de ámbito autonómico (ICV-EUiA, CUP, Compromís, Chunta Aragonesista,
Alternativa Galega de Esquerda, etc.) decidan construir en España y en
cada comunidad autónoma candidaturas unitarias que incorporen a figuras
visibles y políticamente solventes procedentes de los movimientos, con
mensajes de regeneración política y moral y de lucha contra el poder
financiero. Sólo en una hipótesis así cabría la esperanza de que un
descalabro electoral del PP en las generales impulsara una subida
importante de una fuerza renovada y renovadora que pudiera tomar la
iniciativa y dar un viraje sensible a la política del país. Las
generales de 2015 podrían parecerse a las elecciones municipales de 1931
como expresión y revelación de la crisis del régimen.
Pero las incertidumbres son muchas. Sin un apoyo del PSOE no podría
imponerse de inmediato una alternativa electoral al PP, y nada permite
pensar que el PSOE se regenere y rompa sus compromisos con el gran
capital. En una situación así, el factor decisivo puede ser que los
movimientos populares y ciudadanos aprovechen la ocasión de una derrota
electoral del PP para lanzar una ofensiva en la calle, acciones de
resistencia y desobediencia civil, que adquirirían fuerza en la medida
misma en que enarbolaran alternativas concretas y elaboradas de cambios
radicales. Entre estas alternativas podrían figurar, por ejemplo,
reforma electoral; sistema judicial independiente de los partidos;
auditoría e impago de la deuda; banca pública; reversión de las
privatizaciones de los servicios públicos esenciales; fiscalidad para
los ricos; iniciativa estatal para crear empleo, etc.
Estos puntos son sólo el apunte apresurado de un programa mínimo que
podría dar un vuelco significativo hacia un cambio de régimen, hacia una
democracia más real, hacia un valladar frente a la ofensiva
ultrarreaccionaria. Implicaría, por supuesto, una reforma de la
Constitución de 1978, con la eliminación del artículo 135 y otras varias
cosas. Y podría abrir la puerta a un cambio en la articulación
territorial del Estado con el reconocimiento del derecho de
autodeterminación de las comunidades nacionales que forman hoy el Estado
español. (Estoy convencido de que las aspiraciones catalanas a un mayor
autogobierno, léase independencia u otras fórmulas, hallarían una mejor
interlocución con el resto de España en un contexto de cambio
democrático-radical de régimen que en negociaciones entre elites
neoliberales que agitan el fantasma de la independencia —unos a favor de
ella y los otros en contra— como arma arrojadiza y demagógica.)
Condición necesaria sería una nueva formación electoral unitaria,
frente popular, frente amplio o como se llamara, acorde con la
sensibilidad difundida por el 15-M y dispuesta a superar la desconfianza
en los partidos y en las maneras hoy vigentes de hacer política. Serían
también necesarios gestos visibles y fiables de que se van a cambiar
esas maneras, y de que se va a trabajar con honestidad y luchar a muerte
contra la corrupción. Sólo así cabría esperar que millones de electores
se decidieran a cambiar su voto a esa candidatura ciudadana, radicalmente democrática y orientada contra el poder financiero,
contra la vieja casta política ligada a las “puertas giratorias”. Los
partidos y fuerzas políticas a la izquierda del PSOE tienen todos una
responsabilidad histórica para hacerlo posible.
Pero no creo que bastara un frente político-electoral amplio y radical. Si no hay a la vez una presión en la calle; si no hay elaboraciones programáticas alternativas
de los movimientos, plataformas y observatorios —o de “procesos
constituyentes” y “parlamentos ciudadanos” como los que están iniciando
su carrera en Cataluña— de la sociedad civil; si no se consigue
demostrar que el país dice “basta” y “esto es lo que queremos”, pienso
que el poder emanado de las urnas difícilmente podría superar las
enormes presiones internas y externas que intentarían hacer abortar el
proceso. Los sindicatos, que pese a sus debilidades ideológicas y
políticas son las organizaciones que representan a la masa más
considerable de personas en el país, deberían colocar en su horizonte la
perspectiva de una huelga general política: algo así podría
ser un arma decisiva en una movilización ciudadana como la aquí
propuesta. Los sindicatos necesitan también su catarsis y su adaptación
al nuevo clima social. Por otra parte, sólo una fuerte presión de la
calle podría lograr arrastrar al PSOE o a parte de sus militantes y
votantes a dar su apoyo al proceso, contribuyendo, aunque a
regañadientes, a su avance.
Cuidado con hacerse ilusiones excesivas. La oligarquía sigue siendo
muy fuerte. En la población, junto a la indignación hay inercias
mentales, desorientación y miedo. Pero desaprovechar la ocasión que
supondría un retroceso importante electoral del PP —suponiendo, claro,
que llegue a producirse, lo cual no puede darse tampoco por descontado—
podría retrasar muchos años la perspectiva de un avance de la izquierda y
la democracia. Hay que trabajar también con otra precaución en mente:
no dar batallas que puedan redundar en derrotas duraderas de las fuerzas
propias.
Los procesos sociales no se diseñan en laboratorios. Ni en artículos
periodísticos como este. Surgen con grados elevados de espontaneidad e
imprevisibilidad. ¿Quién habría podido prever la huelga de la enseñanza
en las Baleares, con rotación de huelguistas, caja de resistencia y
colaboración activa de padres y madres? ¿Y la riqueza creativa de las
distintas mareas reivindicativas y la cadena humana en Cataluña? Pero la
espontaneidad resulta de la acumulación de infinitos pequeños
proyectos, ideas y sentimientos, no de una espera pasiva. Por eso
empezar a ejercitar la imaginación para estar a la altura de
las circunstancias me parece una obligación perentoria para evitar que,
si las circunstancias se vuelven propicias, perdamos (por no haberlas
previsto ni imaginado) oportunidades que podrían tardar en reproducirse.
Por un lado renovación política; por otro, deseo, esperanza e imaginación creadora pueden ser los ingredientes del cambio.
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