La ciudad contra el capital

“La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza” escribió Borges. La recomendación ignaciana de “en tiempos de desolación no hacer mudanza” se presta a interpretaciones conservadoras, aunque quizás podríamos matizarla en sentido opuesto. Si el “enriqueceos, enriqueceos” tan a la moda las últimas décadas nos ha conducido al empobrecimiento de muchos mientras algunos enriquecidos se salvaban sería bueno recuperar el principio de esperanza propio de la izquierda, o dicho de una forma más clara: recuperar sus ideas, sus valores y sus análisis críticos del capitalismo. La “mudanza” se hizo asumiendo los principios y los procedimientos conservadores, es la hora del cambio, de ser lo que fuimos, de resistir a las propuestas interesadas de unos y cobardes de otros, de recuperar lo fundamental del pasado para que en el futuro no se repita la crisis del presente.

Los defensores del “desorden establecido” nos dicen que la crisis es saludable puesto que el sistema se autocorrige, elimina a los perdedores, reduce los excesos inherentes al modo de acumulación de riquezas, y al cabo de unos años la expansión renace. No cuantifican la destrucción de bienes que se ha producido y menos aún los costes sociales que pagan la mayoría de los ciudadanos. Hemos vivido una época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían adquirir, de estimulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y desigualdad sociales crecientes. La ciudad, la forma más elevada de civilidad y de progreso, por su potencial de generar convivencia y redistribución, se ha ido fragmentando, disolviendo en las periferias suburbanas, sin cohesión ni sentido. Uno de los aspectos más negativos del tipo de desarrollo promovido por un capitalismo financiero especulativo y salvaje ha sido generar esta dinámica disolutoria de la ciudad.

La historia de la izquierda social, cultural y política va estrechamente unida a la crítica de la economía y a la defensa de la ciudad. Sorprende el grado de desinterés o ignorancia de las izquierdas institucionales y de las cúpulas políticas actuales en ambos temas. La crítica rigurosa del actual capitalismo globalizado, de su modelo de acumulación, ha estado ausente de la reflexión de gobernantes y dirigentes partidarios y por lo tanto es lógico que a la hora de buscar soluciones no se les ocurre nada más que limitar algunos excesos (vincular las transferencias de recursos públicos a las grandes empresas a una reducción que no resulte demasiado escandalosa de los puestos de trabajo) y crear condiciones para volver a la situación anterior (salvar bancos y grandes promotores por medio del dinero público o comprando sus activos). Los reformistas cuando aparece la necesidad de hacer reformas en serio se asustan y caminan para atrás.

La ciudad ha sido en España durante dos décadas el espejo de la democracia. En todo el país los años 80 y 90 la mayoría de las ciudades se han transformado espectacularmente, ha florecido un urbanismo ciudadano expresado principalmente por medio del espacio público, bien diseñado en lo físico y animado en lo social y cultural. Pero progresivamente la lógica de un mercado que la acción pública había convertido en apetitoso fue imponiéndose. En las ciudades compactas aparecieron las operaciones terciarias ostentosas, públicas y privadas, y en aras de la competitividad global, los espacios centrales se especializaron y se hicieron excluyentes. Los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a los barrios residenciales de las minorías ricas. Algunas zonas antiguas o marginales fueron ocupadas por inmigrantes y los sectores populares y medios, los jóvenes especialmente, fueron emigrando a las periferias segregadas por niveles de renta, pobres en espacio público y equipamientos, los territorios “urbanalizados” según el afortunado palabro de Francesc Muñoz. Los gobiernos locales a veces han sido cómplices, otras veces se han mostrado impotentes, pocas veces han denunciado esta degradación del urbanismo democrático.

Este proceso disolutorio de la ciudad integradora ha tenido unos actores conocidos: bancos y cajas adquirieron por lo menos la mitad del suelo urbanizable, los propietarios del suelo se enriquecieron vendiendo con el único mérito de esperar al comprador, los promotores y los constructores se endeudaron esperando vender a una demanda que consideraban infinita y convencidos que su producto solamente podía aumentar del valor con el tiempo. Ciudadanos de ingresos medianos o modestos compraron por necesidad o para colocar sus ahorros hipotecándose con la complicidad de las entidades financieras y de los sucesivos gobiernos sin suponer que ni sus ingresos ni la vivienda adquirida iban a tener un crecimiento sostenido ni que las hipotecas podrían resultar más onerosas.

Ahora se plantea una cuestión bien sencilla. Los dueños del capital quieren que el Estado con el dinero de todos los ciudadanos les subvencione para pagar deudas o impagados o les compre lo que no pueden vender y para repartirse beneficios o indemnizaciones. Los ciudadanos con una vivienda hipotecada que no pueden pagar ni vender por el coste de la deuda en cambio lo que necesitan son que se imponga al sistema financiero una moratoria hasta que la economía se reactive y sus ingresos le permitan volver a pagar las cuotas de la hipoteca. Los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes. Hay matices significativos pues mientras el gobierno británico asume un rol parcialmente protagonista nacionalizando una parte de la banca el gobierno español ofrece el “talante” para convencer a los grupos económicos que no sean malos y tengan un poco de paciencia.

En Catalunya en un periódo de crisis, distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. Un gobierno cuya composición era muy similar al actual tripartito. No creo que ahora se pueda repetir tamaña hazaña pero aún aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español algo más se podría hacer. Comprar las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc como medidas coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.

Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes. En estos momentos la izquierda demuestra su naturaleza. Es capaz de explicar la perversidad del sistema económico o no, se adapta o transforma la realidad, moviliza a las mayoría populares o se muestra pusilánime enroscada en las instituciones. Volvemos a otra cita de Borges: nadie se arrepiente de haber tenido un momento de coraje en su vida.

Jordi Borja es un sociólogo y urbanista radicado en Barcelona,
y uno de los luchadores más conocidos de la resistencia clandestina catalana contra el franquismo.

El Carrer, diciembre 2008