"Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza
BUEN 2014
Salud y Acción!
martes, 31 de diciembre de 2013
En defensa de los derechos, de la razón y de la equivalencia humana. Manifiesto Consejo Científico de Attac España
El Consejo Científico de ATTAC España, integrado por
personas con amplia experiencia en sectores de la investigación, la
acción social y pública o la academia, y con un fuerte compromiso por la
democracia y la justicia social, denuncia la amenaza contra nuestra democracia orquestada por el Gobierno del Partido Popular que, en un abuso continuo de poder, es responsable del desmantelamiento
del Estado de Derecho, de la ofensiva patriarcal contra los derechos
humanos de las mujeres, de la represión policial, del terror económico que
destroza la vida de familias enteras y se ceba en la infancia y
sectores más vulnerables, y de la sustitución de la confianza ciudadana
por el miedo y las
amenazas constantes a derechos fundamentales. Un riesgo de estas
características reclama una respuesta a la altura. El Consejo Científico
de ATTAC está convencido de que nuestra democracia está en peligro. Es
tiempo de recuperar el ánimo ciudadano que, en otro contexto histórico,
logró traer un nuevo régimen de libertades.
En este manifiesto
denunciamos que muchos supuestos con los que se pretenden justificar las
reformas legislativas impuestas por el gobierno central son productos
ideológicos que no tienen sostén teórico ni refrendo democrático. La
ciencia no es neutra: tiene ideologías e intereses.
España es hoy
uno de los paises europeos con mayor desigualdad en la distribución de
la renta, producto tanto de una desequilibrada distribución primaria de
los ingresos como de la ausencia de mecanismos redistributivos
adecuados.
Las desigualdades en la distribución primaria son el
reflejo de una intolerable desigualdad de poder entre capital y trabajo
así como la persistencia de estructuras patriarcales que valoran de
forma desigual la aportación laboral de hombres y mujeres. La reciente
reforma laboral, al desmantelar gran parte de la negociación colectiva y
mantener el salario mínimo interprofesional en niveles de pobreza, no
hacen sino agravar de forma dramática estas desigualdades. Algo que
contrasta con la tolerancia que reciben los ingresos de las élites, a
menudo propiciados por estructuras institucionales que favorecen el
parasitismo y el abuso. Como se pone de manifiesto particularmente en la
falta de una política seria de persecución del fraude fiscal y de
operaciones en paraísos fiscales, y la tolerancia con los especuladores
que supone la amnistía fiscal realizada por el gobierno.
Rechazamos
seguir alimentando el triunfo de un modelo económico que sacrifica a
las personas y rompe las bases de la convivencia social. Una lógica
económica que condena a la precariedad a las personas con menos recursos
y sume en la desesperación a una parte creciente de nuestra sociedad.
La sanidad, y la enseñanza se están convirtiendo en mercanías que solo
estarán al alcance de quien pueda pagarlas en el mercado. Las bases del
contrato social, que se tienen que sustanciar en una esperanza de vida
compartida, se está quebrando, creándose una brecha que nos regresa a
situaciones de la dictadura e, incluso, del siglo XIX.
DENUNCIAMOS:
- El ataque perpretado al Estado de Derecho, a través del expolio de los derechos y libertades fundamentales.
La baja calidad democrática
que sufrimos, con el antecedente de la reforma constitucional del
artículo 135 aprobada en apenas unos días, se agrava con la instauración
del régimen autoritario actual que hace inviable el acceso a la
justicia a personas humildes y activistas en general.
El estado represor emerge
con fuerza. Tras encarecer la justicia de forma abusiva y criminalizar
la protesta ciudadana, pretenden amedrentar a la ciudadanía con una ley
de orden público que amenaza con multas y sanciones administrativas a
una población cada vez más empobrecida, y otorga a vigilantes de
empresas privadas capacidades reservadas hasta ahora a fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, creando un cuerpo parapolicial incompatible
con la democracia.
La contrarreforma contra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo es un ataque a los derechos humanos. Estamos ante un misógino anteproyecto de ley
que humilla a todas las mujeres al someterlas a tutela jurídico-médica
continua, desposeyéndolas del derecho a decidir sobre su propio cuerpo
en beneficio de los derechos de un embrión. La ‘ley Gallardón’,
condenará a las mujeres que no tengan suficientes medios económicos a
arriesgar su vida en abortos clandestinos o con medicamentos muy
perniciosos para su salud. Esta contrarreforma contraviene las
recomendaciones de la OMS, incumple convenios internacionales suscritos
por el Estado Español y es un elemento clave del plan ideológico con el
que pretenden volver a imponer el modelo de familia patriarcal, alejando
la posibilidad de construir una sociedad entre pares. El apoyo en
exclusiva desde Europa de esta propuesta por la ultraderecha francesa
liderada por Le Pen, es una señal del sesgo del actual gobierno de
España.
- El desmantelamiento de lo público reduce, aún más, el espacio democrático y la capacidad de control cívico sobre bienes, industrias y servicios que antes eran propiedad de todas y todos.
Cuando más enferman las personas en nuestra
sociedad, cuando la esperanza de vida ha disminuido por primera vez, se
están cerrado plantas, turnos y servicios en atención primaria,
hospitales y servicios de emergencias, mientras las listas de espera se
eternizan. Pretenden convencernos de que tener una “enfermedad crónica”
es insostenible para el Estado, cuando la cronicidad de la enfermedad
está en el sistema depredador capitalista que alientan de manera
suicida.
Con la excusa de la deuda, mal concebida como pública
-pues es mayormente privada-, y el ajuste presupuestario de las
administraciones públicas, se están privatizando los servicios públicos
esenciales para abrir espacios de negocio a grandes empresas privadas,
lo que a su vez permitirá bajar el gasto público social y luego bajar
impuestos directos a las personas más ricas. Contrariamente a lo que
pretenden argumentar desde el gobierno, las privatizaciones no suponen
un abaratamiento del coste del servicio, sino un encarecimiento de su
uso para la ciudadanía en general, una mayor precariedad en el empleo y
un deterioro de las condiciones en que se prestan los servicios.
Las
privatizaciones entregan la capacidad de decretar ‘el derecho de
admisión’ a quienes tienen dinero para comprar la ‘mercancía’ ya
privatizada de los sectores de atención y cuidados a la dependencia,
educación infantil, cultura, formación, y también el transporte público
ferroviario, las telecomunicaciones, el turismo o la minería e
industria. Esta situación de ‘indefensión’ se agravará cuando los planes
privatizadores lleguen a sectores tan sensibles como las pensiones
públicas de jubilación, un botín largamente codiciado por los bancos.
Al
desmantelamiento de los sistemas de servicios públicos y de
prestaciones sociales se añaden continuas reformas fiscales dirigidas a
eliminar la progresividad de los impuestos personales y a reducir al
mínimo los impuestos a las empresas, a la vez que se refuerza el peso de
los impuestos indirectos con la subida del IVA y la eliminación de los
tipos reducidos. Esta ofensiva es gravísima en términos de equidad, está
deslegitimando el sistema impositivo y aumentando alarmantemente la
economía sumergida, con efectos irreparables sobre las personas y sobre
el sistema económico.
- La organización tradicional de trabajos y tiempos no es compatible ni con la sostenibilidad de la vida ni con la justicia social.
Este modelo de
desarrollo y de organización del trabajo es insostenible y profundamente
inequitativo. Mientras las políticas neoliberales continúan con el
expolio de derechos y recursos, la división sexual del trabajo se
intensifica y la juventud se ve condenada al exilio económico ante las
excesivas tasas de desempleo juvenil.
La acción combinada de la
reforma laboral y el uso ideológico del déficit cero están provocando
una escalada de las tasas de pobreza (ya también salarial) intolerables
en un Estado de Derecho, así como una intensificación del trabajo no
remunerado. Mientras se fomenta la rivalidad entre quienes tienen y no
tienen empleo, se dispara la brecha de género en el uso del tiempo
dedicado al trabajo (remunerado y no remunerado), dañando especialmente
las condiciones de vida de las mujeres, que para muchas ya son
insoportables.
La division sexual del trabajo se refuerza
específicamente con el desmantelamiento de los ya precarios sistemas
públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; los
recortes de empleo público en los sectores feminizados de educación,
sanidad y servicios sociales; la flexibilización y el alargamiento de
las jornadas de trabajo; y el freno continuo a una de las medidas más
efectivas para la corresponsabilidad: la equiparación del permiso de
paternidad con el de maternidad hasta cada progenitor tenga su permiso
igual, intransferible y pagado al 100%.
- El cambio de modelo energético queda al dictado del lobby eléctrico
La
supuesta ‘liberalización eléctrica’ se ha traducido en el refuerzo de
la oligarquía energética, en la penalización a las pequeñas empresas de
autoproducción-autoconsumo eléctrico y en una subida de la factura de la
luz de más de un 80% en el periodo 2006-2013.
La improvisación, la falta de voluntad de defender los intereses colectivos y las puertas giratorias respecto a las multinacionales eléctricas son distintivos de la marca España
en un sector clave para la economía y para el cambio de modelo de
desarrollo que influye en las condiciones de vida de la ciudadanía.
La
opacidad en la fijación de precios del sector (subasta eléctrica), el
menor poder adquisitivo de una ciudadanía empobrecida y el pretendido
peaje que se quiere imponer por la generación eléctrica casera (tener
instaladas placas fotovoltaicas y/u otras tecnologías basadas en energía
limpia) provocan una indefensión intolerable de consumidores finales y
la inviabilidad económica de ser autosuficientes energéticamente.
La
Ley de Reforma del Sector Eléctrico refuerza la dependencia energética
de combustibles fósiles importados (45.000 millones de euros al año),
prima los intereses del lobby eléctrico y aleja las posibilidades reales
de cambio necesario de modelo de energético para la sostenibilidad de
la vida.
Por todo ello, desde el Consejo Científico de ATTAC-España AFIRMAMOS que:
- La orientación neoliberal de las políticas que se están imponiendo atentan directamente contra la democracia, la razón y la equidad.
- La luz al final del túnel que proclaman los gobernantes responde exclusivamente a la codicia capitalista y de la oligarquía financiera.
- No hay vuelta atrás posible, salvo para ideologías reaccionarias nostálgicas del antiguo régimen.
CONSIDERAMOS
que para superar el desastre humanitario que caracteriza la situación
actual es necesario un cambio de modelo económico y un cambio en el
criterio de redistribución de los recursos y la riqueza, que prime la
sostenibilidad de la vida y la equivalencia humana en la razón de ser
del modelo de desarrollo.
HACEMOS UNA LLAMADA a la ciudadanía y a
la participación activa para construir MÁS DEMOCRACIA y hacer efectivo
el cambio de modelo de sociedad. Exigimos TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, y también AUDITORÍAS CIUDADANAS de todos aquellos procesos
cuyos efectos políticos y económicos afecten a las condiciones de vida
de las personas (como la deuda y la ‘bancarización’ de las cajas de
Ahorro); y una preocupada llamada de atención a todos los ciudadanos y
ciudadanas que compartan el análisis de que nuestra democracia está en
peligro.
POR UNA CIUDADANÍA CONSCIENTE, EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS POR UNA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS.
Consejo Científico de Attac España
lunes, 30 de diciembre de 2013
2008-2013: Balance de daños
Cinco años de recesión económica, de recortes
sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan
los cimientos del Estado de bienestar. También están minando los nervios de la
población. El consumo
de ansiolíticos y de medicamentos para el insomnio empezó a aumentar en el
año 2000 con la normalización de su uso para procesos cotidianos de la vida.
Pero el crecimiento sostenido pegó
un claro acelerón con el inicio de la crisis. El primer año, entre 2008 y
2009, se prescribieron un 6,5% más de ansiolíticos. En 2011 (último dato
oficial), los españoles consumían un 8% más que al final de la bonanza, según
un informe de la
Agencia Española del Medicamento que muestra también que el
incremento es superior al de países del entorno como Francia o Italia. “La
crisis está teniendo un efecto en los problemas de salud mental, y hay un
riesgo claro de empeoramiento en la salud de la población general”, asegura
Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española
de Epidemiología.
La imagen de una persona
con los nervios rotos es la metáfora de un país modelado por los puñetazos de
la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de
servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de
estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras
de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo,
educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos
décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente
estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, y, en general, el nivel de
bienestar, según calcularon hace un año las ONG Intermón Oxfam, Médicos del
Mundo, Unicef y Cáritas. Ahora que termina 2013 y las instituciones europeas
ven ya “frágiles brotes verdes”, los primeros
síntomas de esa recuperación que se prevé lenta y penosa, toca hacer
balance de daños.
Si empezamos por el que preocupa al catedrático
Benavides —el aumento de los problemas en la salud mental—, los datos señalan
que las consultas por depresión en los centros de atención primaria aumentaron
el 19,4% entre 2007 y 2011; las visitas por síntomas relacionados con la
ansiedad generalizada, un 8,4%; por trastornos psicosomáticos, un 7,3%, y por
problemas de alcoholismo, un 4,6%, según una encuesta de la Escuela de Salud Pública y
Medicina Tropical de Londres. Ese incremento, afirma Martin McKee, uno de los
autores del estudio, tiene relación con la situación económica. “Alrededor de
un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos
desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades
para pagar la hipoteca”, dice. También Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría, establece el nexo entre el aumento de estas patologías y
la situación del país. “Las consultas sobre estos problemas son cada vez más
habituales, pero el verdadero efecto de los problemas económicos del país en la
salud lo veremos a largo plazo”, advierte.
La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo.
El número de parados ha pasado de 2,1 millones en 2008 a casi 6 millones, más
del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa
de desempleo, solo superada por Grecia. Además, un 37%, los que llevan más de
dos años buscando trabajo, han perdido la prestación. El INE tiene registradas
ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro
gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que
aún mantienen su empleo. Los salarios reales (contando el efecto de los
precios) han menguado un 7% en los últimos tres años y el PIB real por
habitante ha regresado a niveles de hace una década.
Desde que el castillo de naipes de la economía
española saltó por los aires en 2008, la tasa de ciudadanos en riesgo de
exclusión social y pobreza —es decir, los que sufren privaciones graves o viven
en hogares con trabajos esporádicos— ha subido del 23% al 27%, según los
análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. Ni siquiera tener un
empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral” —la que coloca
bajo ese umbral a quienes trabajan— pasó de afectar al 10,8% de los ocupados al
12,7% entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas.
El catedrático de Economía Luis Ayala lo explica como el efecto de una
precarización que comenzó antes incluso de la crisis y de la pérdida de
eficacia de los mecanismos de redistribución (impuestos y prestaciones).
El colchón social, que en mejores tiempos habría
ayudado a amortiguar golpes, ha adelgazado también. “Si tras las crisis de la
década de los setenta se creó el Estado de bienestar, el legado de esta va a
ser su deterioro”, apunta Francisco Comín, catedrático de Historia e
Instituciones Económicas en la
Universidad de Alcalá de Henares. La escasez de recursos es
tal que los españoles se han merendado buena parte de su ahorro para financiar
el gasto corriente. La tasa de ahorro —el porcentaje de renta que se guarda— ha
llegado a bajar hasta el 8,2% al cierre de 2012; el nivel más bajo desde que el
INE inició esta estadística (en 2005).
La destrucción de una
gran masa salarial intermedia junto con una peor distribución de la riqueza han
dado alas a otro legado negro: el auge de la desigualdad, señala el catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver,
es una coz que está golpeando con dureza a la clase media. Nacer en el norte o
en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que la convergencia regional
ha retrocedido entre 2008 y 2012: mientras las comunidades más ricas (País
Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con
relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. La
primera, País Vasco, tenía un PIB por habitante en 2008 del 129,7 sobre la
media de 100; mientras, Extremadura estaba en el 68,4 sobre 100. Son 61 puntos
de diferencia entre una y otra. En 2012, esta brecha acabó en 67,8 puntos. En
el análisis de los recursos se aprecia esta desigualdad. Un ejemplo: Navarra
dedica 1.400 euros por habitante a la sanidad, mientras que la Comunidad Valenciana
no llega a los 1.000.
La brecha social también ha crecido entre España
y sus socios de la UE. La
diferencia de ingresos ha colocado al país en la cuarta posición de los más
desiguales, solo superado por Bulgaria, Letonia y Portugal, según el
coeficiente Gini (un barómetro habitual para medir la desigualdad). Conforme a
este indicador, en el que 0 es la igualdad absoluta y 100 la desigualdad total,
España llegó al 34 en 2011, el nivel más alto desde que comenzó la estadística
(2001) y tres puntos por encima del nivel previo a la crisis. Y aunque no es lo
mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Un
informe del Banco de España sobre la dispersión salarial lo atribuyó a que la
destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y
baja de la escala salarial —sobre todo en el arranque del declive— y volvió a
agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta,
que el boom del ladrillo había acortado.
El derrumbe ha dejado cicatrices claras como
esas. También otras señales, aún latentes, pero que no tardarán en asomar,
según los expertos. Indicadores como los educativos, culturales o sanitarios
—claves en el desarrollo de un país— necesitan años para reflejar las
variaciones. “En algunos indicadores, como empleo en la construcción, estamos a
niveles de 1994; en otros, como sanidad o educación, en 2004 o 2005. Yo creo
que, mirando el conjunto, podríamos decir que España ha retrocedido a 2003”, dice el profesor de
Economía de la Pompeu
Fabra José García-Montalvo. ¿Cuánto se tardará en recuperar
lo perdido? “Mucho, y dependerá de los medios que se pongan y que se acabe con
problemas como el fraude fiscal”, añade. Y advierte además que quizá algunas
cosas no lleguen a recuperarse nunca, pues fueron fugaz producto de eso tan
irreal que fue la burbuja inmobiliaria.
De momento, un pilar tan importante para la
cohesión social y el progreso como el sistema educativo, mordisco a mordisco,
se ha ido resintiendo. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y
universidades han sufrido un hachazo de 7.300 millones entre 2010 y los
previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una
pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013. Y los
educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según
los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales
reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno
para educación compensatoria se han reducido un 68% (116 millones), lo que ha
dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los
niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es
más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000
alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso
pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son
los mismos, pero hace falta más nota.
Esa reducción
de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias
en buena parte de España, aunque las diferencias entre comunidades es enorme.
Dos ejemplos ilustran muy bien la brecha. Derecho, una carrera tradicionalmente
barata, ha pasado de costar 627 euros en Madrid en el curso 2008-2009 a 1.620 en este; y
Medicina ha pasado de 980 a
1.980. Sin embargo, en Galicia los precios apenas han variado en cinco años:
591 euros en Derecho y 835 euros en Medicina.
Los ajustes causan estragos en la economía de los
hogares con hijos en edad escolar. En muchas casas, apunta Ana Lima, presidenta
del Consejo General de Trabajadores Sociales, no pueden costear el comedor y
muchos niños van a la escuela sin libros de texto. El recorte de 137 millones
en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin
ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de
comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre
el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos
de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.
Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera
son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a
recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5
millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española
de Bancos de Alimentos. Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de
los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas
que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que
consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional
de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el
número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como
mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el
consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.
Estos cambios tienen mucho que ver con el precio.
En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el CIS reconocieron que
habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por
ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales
protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. La caída
se ha acentuado además de 2011
a 2012: en un solo año ha bajado en los hogares un 3,8%,
según muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Las familias
trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes
transformadas y bollería industrial. Aunque los españoles comen menos fuera de
casa, los locales que menos han acusado la caída han sido los de comida rápida.
Bajan un 2,4%, frente al 5% de los restaurantes.
Esto, unido al
sedentarismo, no ayuda al abordaje de patologías como la obesidad o la diabetes,
que han aumentado un 1% entre 2009 y 2011, datos de Sanidad. La radiografía de
la salud de la población también muestra que ha aumentado otro 1% el porcentaje
de menores (hasta 17 años) que padecen obesidad: son ahora el 9,56%. Cifras
preocupantes porque además la atención a dolencias relacionadas con el
sobrepeso absorbe el 7% del presupuesto sanitario.
La crisis también se mastica en la salud
bucodental. Los problemas dentales aumentaron un 2,2% entre 2007 y 2012, según la Encuesta Nacional
de Salud. Casi el 24% de los encuestados por el CIS afirmaban que habían
pospuesto la consulta al odontólogo a pesar de necesitarla. Algo que, a la
larga, puede salir muy caro. “Los problemas bucodentales, por las infecciones,
pueden causar también otros: infecciones renales, problemas cardiacos...”,
apunta Federico Simón, responsable del servicio dental comunitario del País
Vasco, autonomía con un programa pionero de salud bucodental para menores.
No es esta la única prestación de primera
necesidad que deben cubrir —y en este caso, casi al 100%— los ciudadanos. El
pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. La reforma
sanitaria del Gobierno —que además ha dejado sin asistencia normalizada a los
extranjeros en situación irregular— se nota mucho. Antes, todos los ciudadanos
activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende
de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones
de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el
médico, tenían gratis. El 16,83% de los pensionistas consultados en Madrid por la Federación de
Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública
aseguraron que, debido a problemas económicos, dejaban de comprar alguno de los
fármacos prescritos; un porcentaje que subía al 27,29% en las unidades
familiares con ingresos inferiores a 400 euros por persona al mes.
José María Martín Moreno, catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública y experto en la OMS, asegura que estos y otros indicadores ya
apuntan a que la crisis tendrá un importante efecto en el bienestar. “Hay que
emprender importantes reformas en salud pública para que los daños no sean
permanentes”, dice. Sin embargo, la directora general de Salud Pública,
Mercedes Vinuesa, asegura que las alertas de los analistas —también
internacionales— sobre los efectos de la situación económica en la salud se
rigen “más por el miedo al impacto” que por una situación real. “No hay datos
fehacientes de que la crisis impacte en la salud”, insiste. Sin embargo, ese
impacto está marcado por todos esos condicionantes sociales que afectan al
bienestar de la población, no solo por los recursos del sistema sanitario. Y
estos, además, tampoco son buenos.
Los presupuestos de sanidad de Gobierno y
comunidades han sufrido un tijeretazo de en torno al 11%, es decir, 6.875
millones desde 2010 —el año en que empezaron los recortes en esta partida—
hasta 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año.
Un ajuste notable para un sistema que, pese a estar entre los más valorados,
llevaba años por debajo de la media de la OCDE. Una de las partidas más afectadas ha sido
la destinada a salud pública y prevención, que ha caído un 45%. Esto preocupa
extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado
algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina
(que en 2008 afectaba a un habitante por cada 100.000, y en 2011, a 7,06) o el
sarampión (que ha pasado de 0,05 casos a 7,97). “Hacer recaer el peso de los recortes
en las políticas de prevención es un riesgo. Estamos hablando de elementos
efectivos en relación con su coste y que, si se aplican adecuadamente, pueden
ayudar a reducir el gasto sanitario global”, indica Antoni Trilla, presidente
de la Agencia
de Calidad y Evaluación de la
Salud en Cataluña. Los repuntes de estas patologías
infecciosas pueden ser puntuales. Como la mayoría de los indicadores
sanitarios, establecer una causa efecto a corto plazo es complejo, pero los
expertos observan de cerca a Grecia. En ese país, los recortes y la situación
de la población han derivado en un incremento abrumador de enfermedades como la
tuberculosis.
En España, el tijeretazo
también está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las
plantillas: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han
perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de
Personal de las Administraciones públicas (los sindicatos elevan las cifras de
pérdida de empleo en el sector de la sanidad a 53.000). Así, ya se aprecia el
deterioro en las listas de espera para acudir al especialista —para lo que hay
que aguardar 59 días de media— o pasar por el quirófano.
En enero de este año había 51.396 personas en
espera para una operación en España, un 6,4% más que seis meses antes. En ese
tiempo (de junio de 2012 a
enero de 2013), el plazo que los pacientes esperan de media para una
intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor
incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad
empezó a registrar esos datos. La directora general Mercedes Vinuesa insiste
aquí de nuevo en que la demora no tiene impacto en la salud de los que
aguardan. “Lo importante está garantizado”, dice. Sin embargo, a esa disminución
de recursos humanos le sigue la merma de medios materiales. Los hospitales
tienen menos camas en funcionamiento que hace cinco años: 3,22 por cada 1.000
habitantes en 2011 frente a las 3,29 de 2007. Y todo indica que el declive será
superior cuando se computen los datos de 2012. En definitiva, hay menos medios
y personal para la misma cantidad de usuarios. O para más, porque el
envejecimiento y los cambios en la dieta y estilo de vida de la población —el
44,4% llevaba una vida sedentaria frente al 39,4% de 2006, según la Encuesta Nacional
de Salud— han modificado la radiografía sanitaria. En España, una de cada seis
personas tiene un problema de salud crónico, muchas de las cuales son mayores.
Un sector de la población que ya ha visto cómo
sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con
inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus
incrementos a la evolución de los precios. Y eso que, como indica un estudio de
la Fundación La
Caixa, los jubilados son el colchón de muchas familias. En 2010, el 7,8% de los
hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65
años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007
y en 7 a
la de Reino Unido o Dinamarca.
Los tijeretazos sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han
alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben
estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre, según el
Observatorio de la
Dependencia. Los ajustes se han llevado de un plumazo 283
millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por
los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se
les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia está en los
huesos. Cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.
Las políticas sociales, de las que España hizo
bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era
inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo que ha ocurrido con la
innovación, la investigación o la cultura. El gasto público en investigación y
desarrollo ha caído desde los más de 9.000 millones de euros de 2008 a los 6.100 en 2014.
“Es una amenaza para el sistema de I+D español, construido con mucho esfuerzo
durante 30 años, que se tardará una década o dos en recuperar”, advierte José
Manuel Fernández, portavoz del colectivo de investigadores precarios. Ejemplo
de esta sangría es la situación del buque insignia de la investigación pública.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tuvo que ser este año
rescatado de la bancarrota con dos partidas extra del Gobierno por un total de
95 millones.
Miles de investigadores ven truncadas sus
posibilidades en España. Y no solo los que empiezan —las becas de formación del
profesorado se redujeron de 950
a 800 en 2013, después de que el Gobierno se saltara una
convocatoria, la de 2011, y las de personal investigador han pasado de 1.225 en
2008 a
940 este año—, sino también los que están ya a mitad de camino: el programa
Ramón y Cajal, para que científicos dirijan nuevas líneas de investigación de
excelencia, ofreció en 2012 unos 175 contratos, 75 menos que el año anterior.
Así, alertaba el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Juan Lerma, en
este diario, “va a ser difícil retener el talento”.
Igual que a la ciencia, las Administraciones
están tratando
a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos
culturales al 21% —el doble de la media europea— ha provocado un descalabro de
en torno a un 20% entre 2008 y 2012 en la asistencia a espectáculos, compra de
libros, películas, música y videojuegos. “La fortaleza intelectual, cultural y
educativa de una nación es un factor clave para el crecimiento económico. Un
ambiente cultural floreciente atrae a personas más creativas, que a su vez
atraen a trabajadores más excepcionales”, dice el rector de la Universidad de Nueva
York, John Sexton.
Han pasado cinco años desde
que cayó Lehman Brothers y las previsiones del Fondo Monetario
Internacional dicen que a España le queda otro lustro para volver al nivel de
actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que
lo cambió todo, el cómo afrontar esta etapa y gestionar la complicada herencia
y secuelas que ha dejado la recesión será la clave para el presente y futuro
del país.
María R. Sahuquillo, J.A. Aunión y Amanda Mars
El País
domingo, 29 de diciembre de 2013
2013, quinto año de crisis
La vida personal y la social son continuas, al igual que la actividad
económica. Carece por tanto de toda lógica trocearlas, pero el hombre
no puede concebir el tiempo sin distribuirlo en periodos más o menos
convencionales. De ahí el calendario; de ahí la salida y entrada de los
años; de ahí que las empresas presenten resultados por ejercicios
económicos y la costumbre de que al terminar un año se pretenda hacer
balance de lo sucedido, como si se pudiese aislar de los acontecimientos
anteriores y posteriores.
En materia económica, el año 2013 poco se diferencia de los precedentes: recesión (el PIB se
reducirá como mínimo un 1,3%, casi igual que en 2012); más despidos y
más paro, bajada de salarios, recortes en los servicios públicos y en
las prestaciones sociales, privatizaciones; una Unión Europea que apenas
cambia, en la que se sigue repitiendo que se ha hecho mucho pero que
hay que continuar en la misma dirección; más leña; poco o nada nuevo
bajo el sol.
No obstante, cabe señalar algunas novedades que se han presentado
este año. La primera es que en los últimos meses el Gobierno y sus
adláteres están empeñados en convencernos de que ha comenzado la
recuperación. Se basan principalmente en que el PIB ha abandonado su
trayectoria decreciente y en el tercer trimestre se ha incrementado en
un 0,1%; 0,1 que muy bien podía ser el -0,1% porque, tratándose de
estadísticas y provisionales, es difícil llegar a tal precisión. Pero
aceptando que en los próximos trimestres se produzcan tasas positivas
estas serán tan bajas que desde luego no crearán puestos de trabajo, a
no ser a base de repartir los existentes mediante empleos parciales, los
famosos minijobs, paro encubierto y, es más, nadie garantiza
que no se produzca de nuevo un cambio de tendencia. Tras las tasas
negativas del 3,8 en 2009 y del 0,2% en 2010, el PIB creció un 0,1% en
2011, para retornar a caer en 2012 un 1,6%. ¿Quién nos asegura que la
historia no se repetirá?
No hay ningún dato que certifique que una recuperación consistente y
sostenida sea posible. Solo el sector exterior presenta una tendencia
positiva, pero paradójicamente condicionada a que la economía no crezca,
para que las importaciones no desborden a las exportaciones.
Fundamentar el crecimiento únicamente en el sector exterior además de
arriesgado es inútil, tanto más cuanto que la apreciación del euro
compensa con creces toda posible mejora adquirida en la competitividad a
través de la bajada de salarios y de los recortes presupuestarios, y
que Alemania continúa empeñada en mantener un superávit del 6% en su
balanza de pagos.
Ningún otro factor apunta a una recuperación sólida. El consumo
privado sigue colapsado como resultado del paro, de la reducción de los
salarios y de la deuda contraída por los hogares en los años anteriores;
incluso la reciente aprobación de la ley de la reforma del sistema
público de pensiones contribuye a que los ciudadanos se retraigan en el
gasto. A su vez, el consumo público se encuentra en su nivel más bajo y
todo indica que, como mucho, se mantendrá o, lo que es más probable, que
se reduzca debido a la política de ajustes que el Gobierno continuará
aplicando en su lucha sin fin contra el déficit. Nada se puede esperar
de la inversión pública y resulta difícil pensar que la privada pueda
reanimarse estimulada únicamente, si acaso, por el sector exterior, y en
ausencia de crédito. A pesar del optimismo que intenta infundir el
Gobierno, la probabilidad de que el lastre del euro vaya a impedir la
recuperación es muy alta.
La segunda novedad, si se puede llamar así, es que al fin los
españoles se han enterado de que las alegrías del sector financiero les
van a costar muchos miles de millones de euros. Hasta ahora se nos había
dicho que las aportaciones a la banca eran puros préstamos o
inversiones que se recuperarían más tarde. Las operaciones realizadas
hasta el momento indican claramente lo contrario. Las entidades saneadas
con dinero público retornan al sector privado, sin que se recobre el
dinero invertido. La prueba más clara de que la cantidad de recursos
aportados por el erario público a través del FROB va a ser a fondo
perdido es que Eurostat
ha obligado a computarlo como déficit y a incluirlo dentro del monto de
la deuda pública, con lo que esta ha llegado a alcanzar un nivel muy
preocupante y jamás conocido por la hacienda pública española, cercano
al 100% del PIB.
La tercera novedad a resaltar, y a la que quizá no se le ha concedido
la trascendencia adecuada, ha sido la aprobación de la reforma del
sistema público de pensiones, verdadero golpe mortal contra el Estado
social y que amenaza con dejar en el futuro en la pobreza y en la
miseria a una parte muy importante de la población. La sociedad no ha
tomado conciencia de lo que representan los cambios introducidos y
tampoco de que las pensiones, a niveles ya muy bajos, van a perder año
tras año poder adquisitivo. Sin duda va a ser un duro golpe para los
actuales pensionistas, pero también y quizá en mayor medida para los
futuros. El Gobierno se ha propuesto sanear las finanzas públicas y
hacer frente al enorme endeudamiento, haciendo recaer su coste sobre la
parte más vulnerable de la sociedad, los jubilados.
La reacción de la oposición ha sido más tibia de lo que cabía esperar. Al PSOE,
tan proclive a declarar respecto a determinadas leyes que las cambiará
en cuanto llegue al poder, no se le ha oído comprometerse a modificar
esta. Surge la sospecha de que, presa de los presupuestos del Pacto de
Toledo y de la creencia de que las pensiones solo se pueden financiar
con las cotizaciones sociales, no le disgusta en exceso la reforma y de
que en cierto modo se alegra de que el actual Gobierno haya hecho el
trabajo sucio.
Juan Fco Martín Seco
República.com
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Acciones que ayudan a cambiar la sociedad
¿Cuáles han sido las
consecuencias de la crisis económica? El primer hecho a tener en cuenta
es que en sus inicios (año 2008) el 20% de la población española más
rica concentraba 5 veces más riqueza que el 20% de la población más
pobre. Hoy, este diferencial es de 7,5. Otro hecho a destacar es que en
estos momentos, en España, más de 3 millones de persones viven solamente
con 307 euros al mes, cantidad que se ha duplicado desde 2008
(Cáritas).
Los datos anteriores nos muestran que la crisis económica ha
provocado que un sector pequeño de la sociedad se enriquezca más y, que
el sector más pobre, vaya aumentando y empeorando su situación día a
día.
Como consecuencia a las políticas macroeconómicas planteadas por los
gobiernos, de austeridad, sacrificio y dolor, han surgido, desde
diferentes segmentos de la sociedad, actitudes de rechazo y una clara
intención de cambiar los valores vigentes.
Por esta razón, las personas ven la necesidad de agruparse para
intentar crear sus espacios de libertad y satisfacción personal, donde
predominan valores diferentes a la competitividad, la avaricia o el
consumismo como indicador de bienestar. Se podrían llamar ACCIONES
MICRO. Una pequeña lista de las acciones de cambio existentes sería la
siguiente:
A) Finanzas éticas. Como consecuencia de la avaricia e
inhumanidad que predomina en el actual sistema financiero, hay persones
que prefieren cambiar de entidad y trabajar con banca ética (Fiare,
Triodos, Cop57,...). Estos ciudadanos no esperan conseguir grandes
beneficios con sus ahorros. Con los depósitos, se financian proyectos
sociales y éticos. Este tipo de entidades deben cumplir una serie de
requisitos, como por ejemplo: el respeto por el medio ambiente o la
potenciación del cooperativismo. El beneficio no es el principal
objetivo, pero sí que se busca la viabilidad de la actividad. No
potencian el enriquecimiento ni la especulación. No financian ningún
proyecto armamentista, ni que sirva para destruir el medio ambiente.
B) Energía alternativa. Surge para hacer frente a los abusos
de las grandes empresas eléctricas, quienes mantienen una fuerte
relación con el sistema financiero y, a la vez, tienen estrechos
vínculos con la clase política. La actitud alternativa de estas personas
es darse de baja de la empresa hidroeléctrica de siempre y cambiarse,
por ejemplo a SOM ENERGIA (en Cataluña). Aunque el coste sigue siendo
similar al resto, lo que les da valor es el tipo de empresa, una
cooperativa. Potencian el respeto por el medio ambiente y no forman
parte del entramado político y financiero.
C) Producción responsable. Cada vez más agricultores
trabajan el campo respetando el medio ambiente y a las personas:
productos agrarios ecológicos, no fitosanitarios, no transgénicos,...
D) Consumo responsable. Paralelamente están apareciendo
cooperativas de consumo, con la política de kilómetro cero (km0),
consumo de proximidad, productos de temporada y la no adquisición de
productos que hayan recorrido miles de kilómetros, de gran impacto
ambiental (emisiones de CO2).
E) Viviendas dignas. Construcción de viviendas para poder
vivir dignamente respetando el medio ambiente y en régimen de
cooperativismo, para evitar un gran endeudamiento de las persones y
ahorrarse a los intermediarios. Por ejemplo SOSTRE CÍVIC.
F) Creación de empresas de economía social. El objetivo es
conseguir unos ingresos dignos para poder vivir e integrar a las
personas en la sociedad. Un ejemplo serían las cooperativas laborales.
Con la crisis, algunas empresas han quebrado y sus trabajadores, que
conocen el negocio, se han hecho propietarios. De esta forma, mantienen
su empleo. Recordemos que estamos en una sociedad que hoy en día, ya es
incapaz de generar ocupación para toda la población que desea trabajar.
G) Moneda social. Para intentar sustituir la moneda
especulativa del sistema económico actual y potenciar la economía local:
en diferentes puntos de España han aparecido este tipo de moneda (como
por ejemplo en Cataluña el Eco Sol, ecoxarxa en el Bages). Siguiendo los
pasos de otras monedas que ya existentes en el resto del planeta: Sol violette Toulouse; Bristol Pound;...; algunas con más de 50 años funcionando.
I) El banco del tiempo, o como conseguir disfrutar de bienes
y servicios cambiando tu tiempo de trabajo por tiempo de trabajo de
otra persona. Este tipo de actividad está muy extendida en todo el
territorio español.
J) Acciones de voluntariado. Cómo las personas hacen sus
pequeñas acciones y van poniendo su grano de arena para hacer un mundo
mejor: comedores populares, banco de alimentos, escolarización,...,
etcétera. Dejando en evidencia la incapacidad de nuestros gestores
políticos en solucionar los problemas básicos de la ciudadanía.
Seguramente existen muchas más iniciativas. Todas son bienvenidas
para conseguir que nos sintamos miembros partícipes de la sociedad y que
exista, de esta forma, cohesión social. Este comportamiento es el que
seguramente teme una determinada clase dirigente. Pero, dado que las
instituciones políticas actuales no están respondiendo a las necesidades
reales de la ciudadanía, resultan muy importantes estas pequeñas
acciones que ayudan a caminar hacia una sociedad más justa y solidaria.
La expresión SÍ SE PUEDE nos la tenemos que creer.
Por difícil que parezca el muro que debemos derribar. Desde la
antigüedad, las sociedades han ido evolucionando, siempre teniendo en
su contra a los que decían que las cosas son de una forma y “no hay nada
que hacer”. ¿Debemos de resignarnos? No, tenemos el derecho y la
obligación de incidir en el modelo de vida que queremos, por nosotros y
nuestras hijas e hijos.
Tenemos que exigir a los dirigentes políticos que apoyen estas ideas,
no pongan trabas ni frenen su expansión. Si no están de acuerdo, que
abandonen sus puestos y dejen paso a quienes apoyen a la ciudadanía.
Joan Pere Enciso.
domingo, 8 de diciembre de 2013
Partidos y movimientos sociales en un terreno confuso
La relación entre organizaciones
sociales y partidos políticos siempre ha sido compleja. En los viejos tiempos
de la izquierda comunista se trataron de elaborar propuestas para diferenciar
espacios, pero no siempre funcionaron. Las vanguardias políticas, orientadas
hacia la toma del poder, siempre estuvieron tentadas de cooptar las
organizaciones sociales, entendidas como mero campo de captación de cuadros,
extensión de sus políticas y búsqueda de apoyos a sus propuestas. Uno tiene la
sensación que con matices el problema se produjo tanto en las corrientes
marxistas del movimiento obrero como en las de matriz anarquista, aunque los
modos y los mecanismos pudieran diferir. En los años del tardofranquismo las
cosas fueron a veces aún más ridículas, varias de las pequeñas vanguardias que
se autoproclamaban “el embrión del verdadero partido comunista” trataban de
ampliar su base social creando diferentes pseudomovimientos sectoriales bajo su
completo control.
Ahora las cosas son distintas
pero uno tiene la sensación de que los problemas reaparecen bajo otras formas. La
crisis del “comunismo real”, la jibarización de la izquierda organizada, el
descrédito de la política, han dado paso a un cambio de visión sin que se
resuelvan los problemas de fondo. Hoy los partidos tienen muy mala prensa y lo
que mola son los movimientos sociales. Los aspirantes a crear una vanguardia
política tratan de adoptar la forma de movimiento sociopolítico sin tener en
cuenta lo que verdaderamente pretenden, un objetivo claramente político
(incluso a menudo electoral) e influir en los movimientos reales para que se
acerquen a sus posiciones. Muestras de ello tenemos de muchos tipos. La misma
Izquierda Unida se presenta como un “movimiento” cuando en realidad no es más
que una organización política con una estructura peculiar debida en parte a la
negativa del Partido Comunista de España de disolverse en otro tipo de
organización política y en parte porque funciona como una especie de coalición
de varias organizaciones. Pero no es el único, en Catalunya la CUP, el Procés Constituent o
la misma Assemblea Nacional Catalana se ven a si mismos como movimientos
sociales, lo que ha menudo genera algunos problemas de interacción.
No todos los problemas emergen de
la vertiente política organizada. Hay también activistas no organizados en
partidos que tratan de diferenciarse de éstos, que exigen a menudo “pureza”
organizativa (o peor aún, pequeños núcleos de activistas que se consideran
asimismo movimientos sociales tout court). Y son asimismo frecuentes los
desencuentros entre movimientos y organizaciones sociales por una mera
competencia de espacios, imágenes, protagonismos etc.
Hay mucho de afán de protagonismo
en todo ello (mucho de espíritu de vanguardia camuflado), pero hay también
mucho de ausencia de reflexión colectiva sobre problemas con los que tropezamos
una y otra vez. En gran medida hay mucho de monoteísmo organizativo en
demasiados líderes y de ausencia de reflexión organizativa —en la que la
derecha y el capital nos llevan una ventaja considerable—.
La izquierda, toda ella, no ha
sabido superar un enfoque organizativo segmentador y demasiadas veces
excluyente. Creo que la cuestión estriba menos en reelaborar una distinción
clara entre diferentes tipos de organizaciones como en buscar fórmulas
organizativas claramente operativas, potenciadoras de la acción colectiva y que
permitan pelear en muchos frentes.
Para ello habría que adoptar,
cuanto menos, unos principios simples. En primer lugar entender que los campos
de acción y dominación son diversos y por tanto que requieren formas de
organización especializadas de tipos también diversos. En segundo lugar, que
hay que potenciar el máximo de participación democrática en los procesos, y que
ésta debe estar orientada a la ampliación de las iniciativas, a la generación
de solidaridades y al respeto mutuo. En tercer lugar, que el protagonismo debe
entregarse en cada caso a la organización o movimiento que ya está trabajando
un tema. Y en cuarto, que la pluralidad de espacios es útil cuando permite
mejorar la eficacia de la producción intelectual, la organización, la
legitimación social, las iniciativas de acción, pero que para que el concierto
suene bien siempre hay que saber modular los ritmos y las dinámicas de cada
proceso. Venimos de un mundo donde la competitividad, la dominación, forman un
componente esencial de la vida. Y posiblemente nuestra forma de pensar las
maneras de organizarse está contaminada por esta experiencia. Por ello es
crucial ir avanzando propuestas que se puedan traducir en dinámicas sociales
más participativas y creativas que las que producen las culturas de la rígida
demarcación organizativa.
Joan Busca
Mientras Tanto
http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/partidos-y-movimientos-sociales-en-un-terreno-confuso
La
relación entre organizaciones sociales y partidos políticos siempre ha
sido compleja. En los viejos tiempos de la izquierda comunista se
trataron de elaborar propuestas para diferenciar espacios, pero no
siempre funcionaron. Las vanguardias políticas, orientadas hacia la toma
del poder, siempre estuvieron tentadas de cooptar las organizaciones
sociales, entendidas como mero campo de captación de cuadros, extensión
de sus políticas y búsqueda de apoyos a sus propuestas. Uno tiene la
sensación que con matices el problema se produjo tanto en las corrientes
marxistas del movimiento obrero como en las de matriz anarquista,
aunque los modos y los mecanismos pudieran diferir. En los años del
tardofranquismo las cosas fueron a veces aún más ridículas, varias de
las pequeñas vanguardias que se autoproclamaban “el embrión del
verdadero partido comunista” trataban de ampliar su base social creando
diferentes pseudomovimientos sectoriales bajo su completo control.
Ahora las cosas son distintas pero uno tiene la sensación de que los problemas reaparecen bajo otras formas. La crisis del “comunismo real”, la jibarización de la izquierda organizada, el descrédito de la política, han dado paso a un cambio de visión sin que se resuelvan los problemas de fondo. Hoy los partidos tienen muy mala prensa y lo que mola son los movimientos sociales. Los aspirantes a crear una vanguardia política tratan de adoptar la forma de movimiento sociopolítico sin tener en cuenta lo que verdaderamente pretenden, un objetivo claramente político (incluso a menudo electoral) e influir en los movimientos reales para que se acerquen a sus posiciones. Muestras de ello tenemos de muchos tipos. La misma Izquierda Unida se presenta como un “movimiento” cuando en realidad no es más que una organización política con una estructura peculiar debida en parte a la negativa del Partido Comunista de España de disolverse en otro tipo de organización política y en parte porque funciona como una especie de coalición de varias organizaciones. Pero no es el único, en Catalunya la CUP, el Procés Constituent o la misma Assemblea Nacional Catalana se ven a si mismos como movimientos sociales, lo que ha menudo genera algunos problemas de interacción.
No todos los problemas emergen de la vertiente política organizada. Hay también activistas no organizados en partidos que tratan de diferenciarse de éstos, que exigen a menudo “pureza” organizativa (o peor aún, pequeños núcleos de activistas que se consideran asimismo movimientos sociales tout court). Y son asimismo frecuentes los desencuentros entre movimientos y organizaciones sociales por una mera competencia de espacios, imágenes, protagonismos etc.
Hay mucho de afán de protagonismo en todo ello (mucho de espíritu de vanguardia camuflado), pero hay también mucho de ausencia de reflexión colectiva sobre problemas con los que tropezamos una y otra vez. En gran medida hay mucho de monoteísmo organizativo en demasiados líderes y de ausencia de reflexión organizativa —en la que la derecha y el capital nos llevan una ventaja considerable—.
La izquierda, toda ella, no ha sabido superar un enfoque organizativo segmentador y demasiadas veces excluyente. Creo que la cuestión estriba menos en reelaborar una distinción clara entre diferentes tipos de organizaciones como en buscar fórmulas organizativas claramente operativas, potenciadoras de la acción colectiva y que permitan pelear en muchos frentes.
Para ello habría que adoptar, cuanto menos, unos principios simples. En primer lugar entender que los campos de acción y dominación son diversos y por tanto que requieren formas de organización especializadas de tipos también diversos. En segundo lugar, que hay que potenciar el máximo de participación democrática en los procesos, y que ésta debe estar orientada a la ampliación de las iniciativas, a la generación de solidaridades y al respeto mutuo. En tercer lugar, que el protagonismo debe entregarse en cada caso a la organización o movimiento que ya está trabajando un tema. Y en cuarto, que la pluralidad de espacios es útil cuando permite mejorar la eficacia de la producción intelectual, la organización, la legitimación social, las iniciativas de acción, pero que para que el concierto suene bien siempre hay que saber modular los ritmos y las dinámicas de cada proceso. Venimos de un mundo donde la competitividad, la dominación, forman un componente esencial de la vida. Y posiblemente nuestra forma de pensar las maneras de organizarse está contaminada por esta experiencia. Por ello es crucial ir avanzando propuestas que se puedan traducir en dinámicas sociales más participativas y creativas que las que producen las culturas de la rígida demarcación organizativa.
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Ahora las cosas son distintas pero uno tiene la sensación de que los problemas reaparecen bajo otras formas. La crisis del “comunismo real”, la jibarización de la izquierda organizada, el descrédito de la política, han dado paso a un cambio de visión sin que se resuelvan los problemas de fondo. Hoy los partidos tienen muy mala prensa y lo que mola son los movimientos sociales. Los aspirantes a crear una vanguardia política tratan de adoptar la forma de movimiento sociopolítico sin tener en cuenta lo que verdaderamente pretenden, un objetivo claramente político (incluso a menudo electoral) e influir en los movimientos reales para que se acerquen a sus posiciones. Muestras de ello tenemos de muchos tipos. La misma Izquierda Unida se presenta como un “movimiento” cuando en realidad no es más que una organización política con una estructura peculiar debida en parte a la negativa del Partido Comunista de España de disolverse en otro tipo de organización política y en parte porque funciona como una especie de coalición de varias organizaciones. Pero no es el único, en Catalunya la CUP, el Procés Constituent o la misma Assemblea Nacional Catalana se ven a si mismos como movimientos sociales, lo que ha menudo genera algunos problemas de interacción.
No todos los problemas emergen de la vertiente política organizada. Hay también activistas no organizados en partidos que tratan de diferenciarse de éstos, que exigen a menudo “pureza” organizativa (o peor aún, pequeños núcleos de activistas que se consideran asimismo movimientos sociales tout court). Y son asimismo frecuentes los desencuentros entre movimientos y organizaciones sociales por una mera competencia de espacios, imágenes, protagonismos etc.
Hay mucho de afán de protagonismo en todo ello (mucho de espíritu de vanguardia camuflado), pero hay también mucho de ausencia de reflexión colectiva sobre problemas con los que tropezamos una y otra vez. En gran medida hay mucho de monoteísmo organizativo en demasiados líderes y de ausencia de reflexión organizativa —en la que la derecha y el capital nos llevan una ventaja considerable—.
La izquierda, toda ella, no ha sabido superar un enfoque organizativo segmentador y demasiadas veces excluyente. Creo que la cuestión estriba menos en reelaborar una distinción clara entre diferentes tipos de organizaciones como en buscar fórmulas organizativas claramente operativas, potenciadoras de la acción colectiva y que permitan pelear en muchos frentes.
Para ello habría que adoptar, cuanto menos, unos principios simples. En primer lugar entender que los campos de acción y dominación son diversos y por tanto que requieren formas de organización especializadas de tipos también diversos. En segundo lugar, que hay que potenciar el máximo de participación democrática en los procesos, y que ésta debe estar orientada a la ampliación de las iniciativas, a la generación de solidaridades y al respeto mutuo. En tercer lugar, que el protagonismo debe entregarse en cada caso a la organización o movimiento que ya está trabajando un tema. Y en cuarto, que la pluralidad de espacios es útil cuando permite mejorar la eficacia de la producción intelectual, la organización, la legitimación social, las iniciativas de acción, pero que para que el concierto suene bien siempre hay que saber modular los ritmos y las dinámicas de cada proceso. Venimos de un mundo donde la competitividad, la dominación, forman un componente esencial de la vida. Y posiblemente nuestra forma de pensar las maneras de organizarse está contaminada por esta experiencia. Por ello es crucial ir avanzando propuestas que se puedan traducir en dinámicas sociales más participativas y creativas que las que producen las culturas de la rígida demarcación organizativa.
sábado, 7 de diciembre de 2013
Movimientos sociales y derechos de ciudadanía, indisociables
Un autor clásico de los derechos de ciudadanía, como T. H. Marshall,
estableció que éstos se originan en una secuencia histórica, hilada por
actores que los impulsan, y que están adscritos al desarrollo de ese
artificio que denominamos Estado-nación, superándose en ese recorrido lo
que consideraba como el estrecho localismo precedente a la revolución
industrial. Así se van sucediendo las tradicionales generaciones de
derechos: civiles, políticos y sociales a lo largo de los tres últimos
siglos, promovidos por movimientos intelectuales de las burguesías
nacionales en las dos primeras generaciones, y por el movimiento obrero
la tercera generación, que culmina en el Estado de bienestar. Desde esta
mirada somos ciudadanos de un Estado, de un país y no de una ciudad o
de una localidad.
Sin embargo, en el marco de la globalización, la tendencia a la
pérdida de protagonismo y soberanía de los Estados nacionales -que
tuvieron el monopolio sobre la enunciación de la ciudadanía- supone un
freno al proceso permanente de construcción de la misma, poniéndose de
relieve otros niveles políticos y territoriales donde este proceso
continúa en su vertiente más activa. La entrada en escena de la
problemática ambiental y la creciente multiculturalidad se expresan en
nuevos fenómenos, que tienen su proyección en una ampliación de las
generaciones de derechos y en los movimientos sociales que los activan.
Así, emergen los derechos ambientales, como cuarta generación de
derechos, que no pueden circunscribirse a un territorio demarcado, sino
al conjunto del planeta. Entran en juego los derechos de la humanidad a
un patrimonio que es común, en primer lugar ambiental, pero extensible a
todo el patrimonio cultural, histórico, económico y a un medio social
exento de violencia. De otra parte, la creciente intensidad del contacto
y relación desigual entre las diferentes culturas y comunidades
territoriales pone de manifiesto el desarrollo de los nuevos derechos
culturales. El derecho de los pueblos, de las minorías, de los
territorios, de las culturas… Los derechos de la humanidad solo se
garantizan con una quinta generación de derechos que amplían y
profundizan la calidad de la democracia, haciéndola más participativa y
reflexiva. El derecho de los grupos humanos (culturales, étnicos,
migrantes…) a ser los principales protagonistas de la gestión de sus
recursos y de su desarrollo. La ciudadanía no será plena si los
ciudadanos no tienen la oportunidad de participar activamente en la
consecución de la satisfacción de sus necesidades y este proceso se
inicia y se proyecta desde la esfera del mundo de la vida cotidiana. El
acceso a la política empieza en el propio cuerpo, en el territorio, en
el ámbito de la vida cotidiana y se proyecta a lo universal que, a su
vez, enriquece y favorece la emancipación de la comunidad territorial.
De este modo, se establece una fuerte interactividad entre la
creciente conciencia de ciudadanía universal y la identidad local,
desarrollando una comunicación bidireccional que se sustancia en la
conocida proclama: “pensar globalmente y actuar localmente”;
completándose con su reverso: “pensar localmente y actuar globalmente”.
Se trata de potenciar a las identidades particulares, desde su
asociación con la promoción de principios universalistas como los
derechos humanos. De tal manera, el objetivo de los movimientos sociales
contemporáneos es una ciudadanía democrática e inclusiva que tiene una
doble dirección: particularizar los valores universales y universalizar
las identidades particulares. En definitiva, tienen el reto de conjugar
las distintas posiciones de un sujeto ético que es, a la vez, unitario y
heterogéneo, proclamando una nueva identidad de identidades, situándose
en disposición de buscar una múltiple vinculación: temática y
sectorial, entre culturas y colectivos, entre escalas y entre agencias…,
que solo puede construirse a través de la cooperación de
autosuficiencias articuladas.
—————————-
Julio Alguacil Gómez es profesor titular y Director
del Departamento de Ciencia Política y Sociología en la UC3M. Centra su
actividad investigadora en sociología urbana, movimientos sociales,
desarrollo local, exclusión social, políticas locales y participación
ciudadana, habiendo participado y dirigido para diversas
administraciones públicas y entidades sociales, distintos estudios
relacionados con estas áreas de investigación que han dado lugar a más
de un centenar de publicaciones.
La Marea
miércoles, 4 de diciembre de 2013
El derecho a la desobediencia civil
La historia de la humanidad está repleta de leyes injustas que fueron modificadas gracias a la presión social
¿Cuestionaría alguien hoy las estrategias de desobediencia de Rosa Parks o de la resistencia judía contra los nazis?
"Nuestro problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia"
Howard Zinn, historiador y activista estadounidense
Rosa Parks demostró ya hace décadas la importancia de la desobediencia
como estrategia. Cuando el 1 de diciembre de 1955 un conductor de
autobús amenazó con llamar a la policía si Parks no cedía su asiento a
un pasajero blanco, ella contestó: “Llámela”. Las consecuencias de
aquella histórica actitud las conocemos todos. Aquello supuso el
principio del fin de la segregación racial que se aplicaba de forma
sistemática en diversos puntos de Estados Unidos.
¿Cuestionaríamos hoy a Rosa Parks o a las mujeres sufragistas que conquistaron su derecho al voto a través de la desobediencia civil? ¿Defenderíamos que se las multara con 30.000 euros? ¿Pondríamos en tela de juicio a la resistencia judía contra el nazismo o a los insumisos que contribuyeron a la supresión del servicio militar obligatorio?
Las leyes no son siempre justas. La ley amparó la persecución de judíos en la Alemania nazi, la ley permite la discriminación de los palestinos, la ley facilitó el apartheid en Suráfrica o condenó a los negros a la esclavitud en Estados Unidos.
¿Cuestionaríamos hoy a Rosa Parks o a las mujeres sufragistas que conquistaron su derecho al voto a través de la desobediencia civil? ¿Defenderíamos que se las multara con 30.000 euros? ¿Pondríamos en tela de juicio a la resistencia judía contra el nazismo o a los insumisos que contribuyeron a la supresión del servicio militar obligatorio?
Las leyes no son siempre justas. La ley amparó la persecución de judíos en la Alemania nazi, la ley permite la discriminación de los palestinos, la ley facilitó el apartheid en Suráfrica o condenó a los negros a la esclavitud en Estados Unidos.
Algunas
leyes merman nuestro derecho a la protesta, dejan a familias sin casa,
reducen nuestros derechos laborales, contribuyen a la desigualdad
social, aceptan que los más ricos paguen menos impuestos que un
ciudadano medio, permiten que nos obliguen a sufragar el rescate de los
bancos sin que nos hayan consultado.
“Solo cumplía órdenes”, afirma en la película The Reader una antigua guardiana del campo de concentración de Auschwitz. “Es que lo dice la ley”, dicen algunos; “solo hago mi trabajo”, se justifican otros.
Afortunadamente hay gente consciente de su responsabilidad social. Hay médicos que defienden la desobediencia y atienden a personas sin papeles, porque lo contrario sería profundamente inhumano. Hay profesores que protestan y participan en huelgas para reivindicar los derechos de nuestros hijos.
Hay activistas dispuestos a desobedecer a las autoridades para ayudar a una familia a no ser expulsada de su propia casa. Hay empleados de banco que se han negado a mentir a sus clientes y han optado por abandonar su trabajo (conozco a algunos que ahora colaboran en la PAH).
Hay abogados que protegen a los que desobedecen.Hay periodistas que se niegan a formar parte del discurso oficial que ampara los abusos, hay políticos que no están dispuestos a obedecer las imposiciones de la Troika.
Podría haber incluso gobernantes capaces de poner en práctica políticas alternativas. Pero eso solo sería posible con una enorme masa social dispuesta a apoyar activamente a un gobierno desobediente. Si no, se mantendrá el bucle que permite a todos presentarse a las elecciones pero no a ganarlas, porque el poder político está reservado para aquellos que actúan en connivencia con el poder económico y financiero.
Muchos de los avances de la humanidad, en lo referido a los derechos y libertades, han sido conquistados a través de reivindicaciones y desobediencias. Nada depende solo de los que ocupan el poder. Todos disponemos de un pequeño campo de acción y de influencia. Los de abajo pueden determinar la dirección de las políticas y de hecho así ha ocurrido en algunos de los capítulos más importantes de nuestra historia.
Estamos en un momento en el que la desobediencia civil frente a leyes injustas es una estrategia frente a la sumisión, una alternativa al silencio cómplice o, como ha dicho Ada Colau, una cuestión de superviviencia.
Habrá todavía quien prefiera bajar la cabeza sin rechistar. Habrá quien opte por borrar su memoria para seguir creyéndose las mentiras que quedan por llegar. Hay quienes eligen obedecer en un mundo que solo les ofrece pobreza, hambre, guerras, violencia y cinismo.
“Solo cumplía órdenes”, afirma en la película The Reader una antigua guardiana del campo de concentración de Auschwitz. “Es que lo dice la ley”, dicen algunos; “solo hago mi trabajo”, se justifican otros.
Afortunadamente hay gente consciente de su responsabilidad social. Hay médicos que defienden la desobediencia y atienden a personas sin papeles, porque lo contrario sería profundamente inhumano. Hay profesores que protestan y participan en huelgas para reivindicar los derechos de nuestros hijos.
Hay activistas dispuestos a desobedecer a las autoridades para ayudar a una familia a no ser expulsada de su propia casa. Hay empleados de banco que se han negado a mentir a sus clientes y han optado por abandonar su trabajo (conozco a algunos que ahora colaboran en la PAH).
Hay abogados que protegen a los que desobedecen.Hay periodistas que se niegan a formar parte del discurso oficial que ampara los abusos, hay políticos que no están dispuestos a obedecer las imposiciones de la Troika.
Podría haber incluso gobernantes capaces de poner en práctica políticas alternativas. Pero eso solo sería posible con una enorme masa social dispuesta a apoyar activamente a un gobierno desobediente. Si no, se mantendrá el bucle que permite a todos presentarse a las elecciones pero no a ganarlas, porque el poder político está reservado para aquellos que actúan en connivencia con el poder económico y financiero.
Muchos de los avances de la humanidad, en lo referido a los derechos y libertades, han sido conquistados a través de reivindicaciones y desobediencias. Nada depende solo de los que ocupan el poder. Todos disponemos de un pequeño campo de acción y de influencia. Los de abajo pueden determinar la dirección de las políticas y de hecho así ha ocurrido en algunos de los capítulos más importantes de nuestra historia.
Estamos en un momento en el que la desobediencia civil frente a leyes injustas es una estrategia frente a la sumisión, una alternativa al silencio cómplice o, como ha dicho Ada Colau, una cuestión de superviviencia.
Habrá todavía quien prefiera bajar la cabeza sin rechistar. Habrá quien opte por borrar su memoria para seguir creyéndose las mentiras que quedan por llegar. Hay quienes eligen obedecer en un mundo que solo les ofrece pobreza, hambre, guerras, violencia y cinismo.
Pero son muchas las personas que saben que la sumisión no es la paz
social, que renunciar a derechos fundamentales no lleva a la
estabilidad, que la guerra nos la declararon hace ya tiempo. Que si
desobedecemos ponemos en evidencia la falta de legitimidad de tantas
medidas arbitrarias. Y que además, haciéndolo, construimos nuestra
propia identidad, algo que también querrían robarnos.
Olga Rodríguez
eldiario.es
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