¿Podemos convertir la indignación en cambio?

La izquierda social del Estado español demanda desde hace meses –en ocasiones a gritos– un vector capaz de remover la situación actual y desencadenar un proceso de refundación de la izquierda.

Durante los últimos meses las oligarquías económicas y políticas se esfuerzan por trasladar insistentemente una idea a la opinión pública: lo peor ya pasó. Así, la crisis económica ya habría tocado fondo y la crisis política –condensada en el hundimiento del bipartidismo– estaría comenzando a superarse.

La realidad sin embargo es tozuda. Mientras persistan el elevadísimo desempleo, los recortes salariales, la emigración de nuestros jóvenes y la pérdida de derechos, la inmensa mayoría de la ciudadanía seguirá viviendo en crisis. Mientras perdure “la vieja política”, el actual régimen de representación permanecerá impugnado. De hecho, las últimas encuestas siguen reflejando una enorme indignación popular: según datos de intención directa de voto, únicamente el 12,5% de los encuestados votaría al PP, el 12,9% al PSOE y el 9,9% a IU. Lo verdaderamente relevante es que el 19,4% se abstendría y el 20,8% aún no lo ha decidido o no lo sabe. Es más, la fidelidad de voto (factor por el que se pondera, entre otros, la intención directa de voto para ofrecer las estimaciones del resultado electoral que habitualmente vemos en las encuestas), arroja un hundimiento duradero y estructural: ha pasado del 70-80% para los votantes de PP y PSOE entre 2000-2009, a oscilar actualmente en torno al 45% en ambos casos.

En definitiva, la situación política sigue siendo completamente excepcional. Los electores tradicionales del bipartidismo y, particularmente, los electores de izquierdas, han dado la espalda a los partidos mayoritarios para, en buena medida, pasar a integrar ese 40% de población que carece de referente político en este momento. Las razones son de sobra conocidas: PSOE y PP han gobernado al servicio de los intereses de las oligarquías económicas y financieras, incumpliendo sus programas electorales, socializando los costes de la crisis e imponiendo con ello un sufrimiento generalizado. Y lo han hecho además en un contexto atravesado por numerosos y gravísimos casos de corrupción.

Una primera respuesta a esta crisis política ha venido de la mano de la movilización ciudadana contra los recortes sociales y la pérdida de derechos. El autismo social de los gobiernos de Zapatero y Rajoy ha evidenciado la necesidad de ir más allá de la protesta, generalizándose en los distintos movimientos la convicción de que sólo una alternativa política –un frente amplio, unitario y plural contra las medidas neoliberales– podrá desatascar la situación actual. Se ha extendido de este modo entre diversos sectores sociales el convencimiento de que la superación de la crisis pasa por la construcción de un nuevo referente político que refleje la indignación popular, catalice las aspiraciones de ruptura democrática y dispute la mayoría social.

Izquierda Unida, por su programa político y por su imbricación en las luchas sociales, estaba (y está) llamada a jugar un papel central en la articulación de dicha alternativa (que, desde luego, excede su perímetro). Sin embargo, el tiempo transcurre sin que veamos movimientos relevantes en el seno de la coalición. El paulatino ascenso en las encuestas electorales ha proporcionado a los dirigentes de IU una innegable comodidad, permitiéndoles confiar en que la supuesta pasokización del PSOE haría el trabajo por sí solo. No obstante, dicho ascenso, además de resultar limitado para disputar la mayoría social, comienza a frenarse. Es más, la posibilidad de reeditar en las futuras elecciones generales el acuerdo de gobierno actualmente vigente en Andalucía con el PSOE –en esta ocasión a escala estatal–, parece constituir la apuesta velada de parte de estos dirigentes.  

Ahora bien, la política, como la naturaleza, tiende a ocupar los espacios vacíos. La izquierda social del Estado español demanda desde hace meses –en ocasiones a gritos– un vector capaz de remover la situación actual y desencadenar un proceso de refundación de la izquierda. Si la dirección de IU ha decidido dejar pasar ese tren, será necesario (e inevitable) que otras iniciativas lo intenten.

En este sentido, Podemos –la iniciativa política nucleada en torno a la figura del profesor Pablo Iglesias–, puede jugar un papel interesante. Su nacimiento no deja de ser contradictorio, desde luego. Este proyecto pretende encauzar la ola de indignación social que nació con el 15M, aunque eso no le ha impedido quebrantar uno de los principios fundacionales de dicho movimiento: el rechazo a los liderazgos individuales así como a las decisiones “ cocinadas” a espaldas de quienes tienen que ser los "representados".

A pesar de ello, entendemos que una iniciativa como esta no debe ser juzgada tanto por sus orígenes como por la dinámica que sea capaz de desplegar en un momento dado. Si la autodesignación de Pablo Iglesias como candidato a las elecciones europeas permite poner su resonancia mediática y su liderazgo social al servicio de un proyecto de cambio democrático, bienvenido sea. Al menos tres elementos permitirán decir, pasadas las elecciones europeas, que la iniciativa resultó útil para el proceso de refundación de la izquierda y para la conformación de un frente amplio contra las políticas neoliberales.

En primer lugar, si esta iniciativa logra situar en el debate político general propuestas relativamente relegadas –como la impugnación a las políticas de la Troika, la dación en pago retroactiva para evitar los desahucios, el cuestionamiento del pago de la deuda, la reforma fiscal progresiva, la reconversión ecológica del modelo productivo, o la necesidad de derogar las últimas reformas laborales para facilitar el crecimiento de los salarios– habremos dado un importante paso adelante.

En segundo lugar, Podemos –recordemos, un "movimiento de ficha" por arriba– debiera ser capaz de desencadenar un proceso de organización política por abajo (con la constitución de comités de apoyo, o colectivos similares). El 15M puso de manifiesto un cambio radical en la forma de concebir la acción política: no habrá identificación con un proyecto colectivo en ausencia de participación activa y democrática de la gente que debe conformar dicho proyecto.

Por último, en tercer lugar, Podemos debiera ser una iniciativa que contribuya a sacudir las posiciones que hasta ahora han mantenido otros actores políticos de la izquierda. Aunque su nacimiento no se presenta "en competencia" con IU –sus promotores señalan que el objetivo es movilizar a quienes, situados en la abstención o en la indefinición, carecen de un referente electoral en este momento–, su desarrollo debiera cuestionar la orientación estratégica de la coalición. En concreto, la iniciativa Podemos podría servir de punto de apoyo para que se refuercen aquellas posiciones que, dentro de IU, plantean la necesidad de avanzar hacia un verdadero proceso de refundación de la izquierda que permita articular una "Syriza española" y terminar con la subalternidad respecto al PSOE.

Estos tres elementos –programa, método y alianzas– son tan viejos como la "vieja política" con la que los promotores de Podemos pretenden acabar. Pero desconocerlos, o ignorarlos, conllevará desilusiones que pesarán sobre las fuerzas sociales, sindicales y políticas que luchan por recuperar y ampliar los derechos perdidos. Del mismo modo, este trinomio resulta plano –y en ocasiones mortecino– si no rompe con la mera aritmética de la estrategia partidaria convencional y desencadena el intangible político más valioso: la ilusión. En cualquier caso, será necesario que la capacidad de emocionar se ponga al servicio de un proyecto común (y no del ensimismamiento personal), y que además se supedite a las decisiones colectivas de quienes finalmente integren la iniciativa de Podemos. Son muchas las manos y los corazones que deben contribuir al éxito de un proyecto como este y, aún más, las que deben sumarse para la necesaria refundación de la izquierda.

Nacho Älvarez

El Diario.es

http://www.eldiario.es/zonacritica/Podemos-convertir-indignacion-cambio_6_220537964.html

Lo mismo y desigual

Es propio del capitalismo actual que mientras avanza la igualdad en los patrones de consumo en el mundo: tipo de productos, mismas tiendas, gustos, formas de comunicación y aspiraciones, avanza la desigualdad al interior de las sociedades. La discusión sobre la desigualdad es hoy tema común en la política, la academia y los análisis en los medios. Ignorarla parece asunto de amnesia fingida o, simplemente, cosa vulgar.

 

La cuestión es independiente del hecho de que para mucha gente en todo el globo la situación del consumo y su efecto cotidiano ha mejorado notablemente con respecto a hace apenas poco más de cien años, por ejemplo. Pero la desigualdad no se suprime, aunque puede abatirse durante ciertos periodos, como ocurrió tras la Gran Depresión de 1929 y luego con la destrucción material de la Segunda Guerra Mundial. Es cíclica y para muchos la pobreza, aun en grado extremo, sigue siendo la norma.

Hoy, el fenómeno ha retornado con fuerza, sobre todo la crisis financiera de 2008, la fuerte recesión productiva, la pérdida de empleos y las medidas de austeridad en los países más ricos.

Los ángulos de esta cuestión y la manera en que se enfrenta en el discurso, las teorías y las políticas públicas son muy diversos. En el siglo XVIII cuando Adam Smith postulaba las virtudes del mercado para generar riqueza en medio de la incipiente revolución industrial no dejaba de apreciar los diversos mecanismos que podrían prevenir la distribución de los rendimientos del crecimiento. Para David Ricardo la distribución era un aspecto clave de las posibilidades de la acumulación y contrarrestar el estancamiento, y Marx llevó las contradicciones inherentes de estos procesos a sus consecuencias últimas: la misma destrucción del sistema.

Según las medidas convencionales de la evolución de las economías, hay una cierta convergencia entre las economías más ricas y las que se llaman emergentes. Pero dentro de las sociedades la exclusión es una fuerza poderosa. Una de sus expresiones es la falta de trabajo, que esté además suficientemente remunerado y más allá de una enorme precariedad que afecta las condiciones de vida. Hasta el concepto de clases medias se ha devaluado como una herramienta de análisis social.

La movilidad social que se dio hacia mediados del siglo pasado se ha obstaculizado. En Estados Unidos se estima ahora que un niño nacido en el 20 por ciento de la población más rica tiene una posibilidad de 60 por ciento de mantenerse en ese grupo; en cambio, un niño nacido en el 20 por ciento más pobre tiene apenas 5 por ciento de llegar al otro extremo de la distribución de la riqueza.

La desigualdad está alcanzando niveles similares a los registrados hacia el final del siglo XIX cuando se crearon, entre otros, los grandes negocios y fortunas de Vanderbilt en los ferrocarriles, de Carnegie en el acero, Rockefeller en el petróleo o Morgan en la electricidad y las finanzas.

En Europa las condiciones de la desigualdad se han extendido en los últimos años por todas partes, excepto tal vez en Alemania. Así, el ritmo lento de la recuperación junto con el dogma del ajuste fiscal y su repercusión en el rezago de la demanda indican que la tendencia para ir cerrando la desigualdad es débil y que un cambio tardará aún mucho tiempo.

En las décadas recientes los inventos y sobre todo las innovaciones tecnológicas han creado enormes posibilidades de acumulación de riqueza y su concentración en ciertas empresas e individuos, como ocurre en el campo de Internet (Microsoft, Apple, Google, Facebook son algunas), en las nuevas formas de satisfacer la demanda del mercado (Amazon) y en el sector financiero con la exuberancia irracional. Hay diferencia entre este tipo de generación de actividad económica y la asociada con las fases de la industrialización, y eso tiene, igualmente, un papel en la forma como crea riqueza y se concentra.

Lo que no hay es una tendencia a que lo que se ha llamado la democratización de la tecnología, que por la vía de su consumo cierre la brecha de la desigualdad como se suponía en las teorías económicas de la mitad del siglo pasado. Tampoco sucede que la proporción de lo que se genera en una economía y que va al capital se estabilice y haya un mayor excedente para distribuir. Thomas Picketty, de la Paris School of Economics, ha mostrado que la parte del capital como proporción del ingreso nacional en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania se ha elevado de modo casi constante desde la década de 1950.

Todo esto significa un cuestionamiento fuerte de las teorías en boga sobre las pautas del crecimiento económico y, también, de las políticas públicas. En la medida en que no hay trabajo suficiente, generación de ingreso sostenido y creciente, y oportunidades de acceso y participación que ensanche la movilidad de la población de la base pirámide de la riqueza, la desigualdad no puede atemperarse.

Zigmut Bauman se pregunta si la riqueza de unos pocos beneficia a todos. La cuestión es relevante. No se advierte que haya las formas de filtración o de escurrimiento que mitiguen la desigualdad. Pero se abre un tema interesante, pues ha habido insinuaciones de que el crecimiento del producto se asocia con la felicidad de la gente. La riqueza y el ingreso que de ella se derivan pueden hacer feliz a quien la tiene (y eso es bastante discutible), pero extender esto en términos sociales es demasiado e incluso absurdo. Otra vez, la distribución tiene mucho que ver con la decencia de una sociedad.

León Bendesky

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2014/01/20/opinion/027a1eco

La baraja rota

Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.

A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.

Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …

Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.

Javier Marías

El País

http://elpais.com/elpais/2014/01/09/eps/1389270298_757946.html

 

Buen 2014

 

"Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza

 BUEN 2014 

Salud y Acción!

 

En defensa de los derechos, de la razón y de la equivalencia humana. Manifiesto Consejo Científico de Attac España

El Consejo Científico de ATTAC España, integrado por personas con amplia experiencia en sectores de la investigación, la acción social y pública o la academia, y con un fuerte compromiso por la democracia y la justicia social, denuncia la amenaza contra nuestra democracia orquestada por el Gobierno del Partido Popular que, en un abuso continuo de poder, es responsable del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la ofensiva patriarcal contra los derechos humanos de las mujeres, de la represión policial, del terror económico que destroza la vida de familias enteras y se ceba en la infancia y sectores más vulnerables, y de la sustitución de la confianza ciudadana por el miedo y las amenazas constantes a derechos fundamentales. Un riesgo de estas características reclama una respuesta a la altura. El Consejo Científico de ATTAC está convencido de que nuestra democracia está en peligro. Es tiempo de recuperar el ánimo ciudadano que, en otro contexto histórico, logró traer un nuevo régimen de libertades.

En este manifiesto denunciamos que muchos supuestos con los que se pretenden justificar las reformas legislativas impuestas por el gobierno central son productos ideológicos que no tienen sostén teórico ni refrendo democrático. La ciencia no es neutra: tiene ideologías e intereses.

España es hoy uno de los paises europeos con mayor desigualdad en la distribución de la renta, producto tanto de una desequilibrada distribución primaria de los ingresos como de la ausencia de mecanismos redistributivos adecuados.

Las desigualdades en la distribución primaria son el reflejo de una intolerable desigualdad de poder entre capital y trabajo así como la persistencia de estructuras patriarcales que valoran de forma desigual la aportación laboral de hombres y mujeres. La reciente reforma laboral, al desmantelar gran parte de la negociación colectiva y mantener el salario mínimo interprofesional en niveles de pobreza, no hacen sino agravar de forma dramática estas desigualdades. Algo que contrasta con la tolerancia que reciben los ingresos de las élites, a menudo propiciados por estructuras institucionales que favorecen el parasitismo y el abuso. Como se pone de manifiesto particularmente en la falta de una política seria de persecución del fraude fiscal y de operaciones en paraísos fiscales, y la tolerancia con los especuladores que supone la amnistía fiscal realizada por el gobierno.

Rechazamos seguir alimentando el triunfo de un modelo económico que sacrifica a las personas y rompe las bases de la convivencia social. Una lógica económica que condena a la precariedad a las personas con menos recursos y sume en la desesperación a una parte creciente de nuestra sociedad. La sanidad, y la enseñanza se están convirtiendo en mercanías que solo estarán al alcance de quien pueda pagarlas en el mercado. Las bases del contrato social, que se tienen que sustanciar en una esperanza de vida compartida, se está quebrando, creándose una brecha que nos regresa a situaciones de la dictadura e, incluso, del siglo XIX.

DENUNCIAMOS:

• El ataque perpretado al Estado de Derecho, a través del expolio de los derechos y libertades fundamentales.

La baja calidad democrática que sufrimos, con el antecedente de la reforma constitucional del artículo 135 aprobada en apenas unos días, se agrava con la instauración del régimen autoritario actual que hace inviable el acceso a la justicia a personas humildes y activistas en general.

El estado represor emerge con fuerza. Tras encarecer la justicia de forma abusiva y criminalizar la protesta ciudadana, pretenden amedrentar a la ciudadanía con una ley de orden público que amenaza con multas y sanciones administrativas a una población cada vez más empobrecida, y otorga a vigilantes de empresas privadas capacidades reservadas hasta ahora a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, creando un cuerpo parapolicial incompatible con la democracia.

La contrarreforma contra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo es un ataque a los derechos humanos. Estamos ante un misógino anteproyecto de ley que humilla a todas las mujeres al someterlas a tutela jurídico-médica continua, desposeyéndolas del derecho a decidir sobre su propio cuerpo en beneficio de los derechos de un embrión. La ‘ley Gallardón’, condenará a las mujeres que no tengan suficientes medios económicos a arriesgar su vida en abortos clandestinos o con medicamentos muy perniciosos para su salud. Esta contrarreforma contraviene las recomendaciones de la OMS, incumple convenios internacionales suscritos por el Estado Español y es un elemento clave del plan ideológico con el que pretenden volver a imponer el modelo de familia patriarcal, alejando la posibilidad de construir una sociedad entre pares. El apoyo en exclusiva desde Europa de esta propuesta por la ultraderecha francesa liderada por Le Pen, es una señal del sesgo del actual gobierno de España.

• El desmantelamiento de lo público reduce, aún más, el espacio democrático y la capacidad de control cívico sobre bienes, industrias y servicios que antes eran propiedad de todas y todos.

Cuando más enferman las personas en nuestra sociedad, cuando la esperanza de vida ha disminuido por primera vez, se están cerrado plantas, turnos y servicios en atención primaria, hospitales y servicios de emergencias, mientras las listas de espera se eternizan. Pretenden convencernos de que tener una “enfermedad crónica” es insostenible para el Estado, cuando la cronicidad de la enfermedad está en el sistema depredador capitalista que alientan de manera suicida.

Con la excusa de la deuda, mal concebida como pública -pues es mayormente privada-, y el ajuste presupuestario de las administraciones públicas, se están privatizando los servicios públicos esenciales para abrir espacios de negocio a grandes empresas privadas, lo que a su vez permitirá bajar el gasto público social y luego bajar impuestos directos a las personas más ricas. Contrariamente a lo que pretenden argumentar desde el gobierno, las privatizaciones no suponen un abaratamiento del coste del servicio, sino un encarecimiento de su uso para la ciudadanía en general, una mayor precariedad en el empleo y un deterioro de las condiciones en que se prestan los servicios.

Las privatizaciones entregan la capacidad de decretar ‘el derecho de admisión’ a quienes tienen dinero para comprar la ‘mercancía’ ya privatizada de los sectores de atención y cuidados a la dependencia, educación infantil, cultura, formación, y también el transporte público ferroviario, las telecomunicaciones, el turismo o la minería e industria. Esta situación de ‘indefensión’ se agravará cuando los planes privatizadores lleguen a sectores tan sensibles como las pensiones públicas de jubilación, un botín largamente codiciado por los bancos.

Al desmantelamiento de los sistemas de servicios públicos y de prestaciones sociales se añaden continuas reformas fiscales dirigidas a eliminar la progresividad de los impuestos personales y a reducir al mínimo los impuestos a las empresas, a la vez que se refuerza el peso de los impuestos indirectos con la subida del IVA y la eliminación de los tipos reducidos. Esta ofensiva es gravísima en términos de equidad, está deslegitimando el sistema impositivo y aumentando alarmantemente la economía sumergida, con efectos irreparables sobre las personas y sobre el sistema económico.

• La organización tradicional de trabajos y tiempos no es compatible ni con la sostenibilidad de la vida ni con la justicia social.

Este modelo de desarrollo y de organización del trabajo es insostenible y profundamente inequitativo. Mientras las políticas neoliberales continúan con el expolio de derechos y recursos, la división sexual del trabajo se intensifica y la juventud se ve condenada al exilio económico ante las excesivas tasas de desempleo juvenil.

La acción combinada de la reforma laboral y el uso ideológico del déficit cero están provocando una escalada de las tasas de pobreza (ya también salarial) intolerables en un Estado de Derecho, así como una intensificación del trabajo no remunerado. Mientras se fomenta la rivalidad entre quienes tienen y no tienen empleo, se dispara la brecha de género en el uso del tiempo dedicado al trabajo (remunerado y no remunerado), dañando especialmente las condiciones de vida de las mujeres, que para muchas ya son insoportables.

La division sexual del trabajo se refuerza específicamente con el desmantelamiento de los ya precarios sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; los recortes de empleo público en los sectores feminizados de educación, sanidad y servicios sociales; la flexibilización y el alargamiento de las jornadas de trabajo; y el freno continuo a una de las medidas más efectivas para la corresponsabilidad: la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad hasta cada progenitor tenga su permiso igual, intransferible y pagado al 100%.

• El cambio de modelo energético queda al dictado del lobby eléctrico

La supuesta ‘liberalización eléctrica’ se ha traducido en el refuerzo de la oligarquía energética, en la penalización a las pequeñas empresas de autoproducción-autoconsumo eléctrico y en una subida de la factura de la luz de más de un 80% en el periodo 2006-2013.

La improvisación, la falta de voluntad de defender los intereses colectivos y las puertas giratorias respecto a las multinacionales eléctricas son distintivos de la marca España en un sector clave para la economía y para el cambio de modelo de desarrollo que influye en las condiciones de vida de la ciudadanía.

La opacidad en la fijación de precios del sector (subasta eléctrica), el menor poder adquisitivo de una ciudadanía empobrecida y el pretendido peaje que se quiere imponer por la generación eléctrica casera (tener instaladas placas fotovoltaicas y/u otras tecnologías basadas en energía limpia) provocan una indefensión intolerable de consumidores finales y la inviabilidad económica de ser autosuficientes energéticamente.

La Ley de Reforma del Sector Eléctrico refuerza la dependencia energética de combustibles fósiles importados (45.000 millones de euros al año), prima los intereses del lobby eléctrico y aleja las posibilidades reales de cambio necesario de modelo de energético para la sostenibilidad de la vida.

Por todo ello, desde el Consejo Científico de ATTAC-España AFIRMAMOS que:

1. La orientación neoliberal de las políticas que se están imponiendo atentan directamente contra la democracia, la razón y la equidad.
2. La luz al final del túnel que proclaman los gobernantes responde exclusivamente a la codicia capitalista y de la oligarquía financiera.
3. No hay vuelta atrás posible, salvo para ideologías reaccionarias nostálgicas del antiguo régimen.

CONSIDERAMOS que para superar el desastre humanitario que caracteriza la situación actual es necesario un cambio de modelo económico y un cambio en el criterio de redistribución de los recursos y la riqueza, que prime la sostenibilidad de la vida y la equivalencia humana en la razón de ser del modelo de desarrollo.

HACEMOS UNA LLAMADA a la ciudadanía y a la participación activa para construir MÁS DEMOCRACIA y hacer efectivo el cambio de modelo de sociedad. Exigimos TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y también AUDITORÍAS CIUDADANAS de todos aquellos procesos cuyos efectos políticos y económicos afecten a las condiciones de vida de las personas (como la deuda y la ‘bancarización’ de las cajas de Ahorro); y una preocupada llamada de atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que compartan el análisis de que nuestra democracia está en peligro.

POR UNA CIUDADANÍA CONSCIENTE, EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS POR UNA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS.

Consejo Científico de Attac España

http://www.attac.es/2013/12/31/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-de-la-razon-y-de-la-equivalencia-humana/

 

2008-2013: Balance de daños

Cinco años de recesión económica, de recortes sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan los cimientos del Estado de bienestar. También están minando los nervios de la población. El consumo de ansiolíticos y de medicamentos para el insomnio empezó a aumentar en el año 2000 con la normalización de su uso para procesos cotidianos de la vida. Pero el crecimiento sostenido pegó un claro acelerón con el inicio de la crisis. El primer año, entre 2008 y 2009, se prescribieron un 6,5% más de ansiolíticos. En 2011 (último dato oficial), los españoles consumían un 8% más que al final de la bonanza, según un informe de la Agencia Española del Medicamento que muestra también que el incremento es superior al de países del entorno como Francia o Italia. “La crisis está teniendo un efecto en los problemas de salud mental, y hay un riesgo claro de empeoramiento en la salud de la población general”, asegura Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

La imagen de una persona con los nervios rotos es la metáfora de un país modelado por los puñetazos de la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo, educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, y, en general, el nivel de bienestar, según calcularon hace un año las ONG Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef y Cáritas. Ahora que termina 2013 y las instituciones europeas ven ya “frágiles brotes verdes”, los primeros síntomas de esa recuperación que se prevé lenta y penosa, toca hacer balance de daños.

Si empezamos por el que preocupa al catedrático Benavides —el aumento de los problemas en la salud mental—, los datos señalan que las consultas por depresión en los centros de atención primaria aumentaron el 19,4% entre 2007 y 2011; las visitas por síntomas relacionados con la ansiedad generalizada, un 8,4%; por trastornos psicosomáticos, un 7,3%, y por problemas de alcoholismo, un 4,6%, según una encuesta de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. Ese incremento, afirma Martin McKee, uno de los autores del estudio, tiene relación con la situación económica. “Alrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca”, dice. También Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, establece el nexo entre el aumento de estas patologías y la situación del país. “Las consultas sobre estos problemas son cada vez más habituales, pero el verdadero efecto de los problemas económicos del país en la salud lo veremos a largo plazo”, advierte.

La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El número de parados ha pasado de 2,1 millones en 2008 a casi 6 millones, más del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, solo superada por Grecia. Además, un 37%, los que llevan más de dos años buscando trabajo, han perdido la prestación. El INE tiene registradas ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que aún mantienen su empleo. Los salarios reales (contando el efecto de los precios) han menguado un 7% en los últimos tres años y el PIB real por habitante ha regresado a niveles de hace una década.

Desde que el castillo de naipes de la economía española saltó por los aires en 2008, la tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza —es decir, los que sufren privaciones graves o viven en hogares con trabajos esporádicos— ha subido del 23% al 27%, según los análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. Ni siquiera tener un empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral” —la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan— pasó de afectar al 10,8% de los ocupados al 12,7% entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas. El catedrático de Economía Luis Ayala lo explica como el efecto de una precarización que comenzó antes incluso de la crisis y de la pérdida de eficacia de los mecanismos de redistribución (impuestos y prestaciones).

El colchón social, que en mejores tiempos habría ayudado a amortiguar golpes, ha adelgazado también. “Si tras las crisis de la década de los setenta se creó el Estado de bienestar, el legado de esta va a ser su deterioro”, apunta Francisco Comín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares. La escasez de recursos es tal que los españoles se han merendado buena parte de su ahorro para financiar el gasto corriente. La tasa de ahorro —el porcentaje de renta que se guarda— ha llegado a bajar hasta el 8,2% al cierre de 2012; el nivel más bajo desde que el INE inició esta estadística (en 2005).

La destrucción de una gran masa salarial intermedia junto con una peor distribución de la riqueza han dado alas a otro legado negro: el auge de la desigualdad, señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, es una coz que está golpeando con dureza a la clase media. Nacer en el norte o en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que la convergencia regional ha retrocedido entre 2008 y 2012: mientras las comunidades más ricas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. La primera, País Vasco, tenía un PIB por habitante en 2008 del 129,7 sobre la media de 100; mientras, Extremadura estaba en el 68,4 sobre 100. Son 61 puntos de diferencia entre una y otra. En 2012, esta brecha acabó en 67,8 puntos. En el análisis de los recursos se aprecia esta desigualdad. Un ejemplo: Navarra dedica 1.400 euros por habitante a la sanidad, mientras que la Comunidad Valenciana no llega a los 1.000.

La brecha social también ha crecido entre España y sus socios de la UE. La diferencia de ingresos ha colocado al país en la cuarta posición de los más desiguales, solo superado por Bulgaria, Letonia y Portugal, según el coeficiente Gini (un barómetro habitual para medir la desigualdad). Conforme a este indicador, en el que 0 es la igualdad absoluta y 100 la desigualdad total, España llegó al 34 en 2011, el nivel más alto desde que comenzó la estadística (2001) y tres puntos por encima del nivel previo a la crisis. Y aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Un informe del Banco de España sobre la dispersión salarial lo atribuyó a que la destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y baja de la escala salarial —sobre todo en el arranque del declive— y volvió a agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta, que el boom del ladrillo había acortado.

El derrumbe ha dejado cicatrices claras como esas. También otras señales, aún latentes, pero que no tardarán en asomar, según los expertos. Indicadores como los educativos, culturales o sanitarios —claves en el desarrollo de un país— necesitan años para reflejar las variaciones. “En algunos indicadores, como empleo en la construcción, estamos a niveles de 1994; en otros, como sanidad o educación, en 2004 o 2005. Yo creo que, mirando el conjunto, podríamos decir que España ha retrocedido a 2003”, dice el profesor de Economía de la Pompeu Fabra José García-Montalvo. ¿Cuánto se tardará en recuperar lo perdido? “Mucho, y dependerá de los medios que se pongan y que se acabe con problemas como el fraude fiscal”, añade. Y advierte además que quizá algunas cosas no lleguen a recuperarse nunca, pues fueron fugaz producto de eso tan irreal que fue la burbuja inmobiliaria.

De momento, un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, mordisco a mordisco, se ha ido resintiendo. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un hachazo de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68% (116 millones), lo que ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota.

Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España, aunque las diferencias entre comunidades es enorme. Dos ejemplos ilustran muy bien la brecha. Derecho, una carrera tradicionalmente barata, ha pasado de costar 627 euros en Madrid en el curso 2008-2009 a 1.620 en este; y Medicina ha pasado de 980 a 1.980. Sin embargo, en Galicia los precios apenas han variado en cinco años: 591 euros en Derecho y 835 euros en Medicina.

Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. En muchas casas, apunta Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, no pueden costear el comedor y muchos niños van a la escuela sin libros de texto. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.

Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos. Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.

Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el CIS reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. La caída se ha acentuado además de 2011 a 2012: en un solo año ha bajado en los hogares un 3,8%, según muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial. Aunque los españoles comen menos fuera de casa, los locales que menos han acusado la caída han sido los de comida rápida. Bajan un 2,4%, frente al 5% de los restaurantes.

Esto, unido al sedentarismo, no ayuda al abordaje de patologías como la obesidad o la diabetes, que han aumentado un 1% entre 2009 y 2011, datos de Sanidad. La radiografía de la salud de la población también muestra que ha aumentado otro 1% el porcentaje de menores (hasta 17 años) que padecen obesidad: son ahora el 9,56%. Cifras preocupantes porque además la atención a dolencias relacionadas con el sobrepeso absorbe el 7% del presupuesto sanitario.

La crisis también se mastica en la salud bucodental. Los problemas dentales aumentaron un 2,2% entre 2007 y 2012, según la Encuesta Nacional de Salud. Casi el 24% de los encuestados por el CIS afirmaban que habían pospuesto la consulta al odontólogo a pesar de necesitarla. Algo que, a la larga, puede salir muy caro. “Los problemas bucodentales, por las infecciones, pueden causar también otros: infecciones renales, problemas cardiacos...”, apunta Federico Simón, responsable del servicio dental comunitario del País Vasco, autonomía con un programa pionero de salud bucodental para menores.

No es esta la única prestación de primera necesidad que deben cubrir —y en este caso, casi al 100%— los ciudadanos. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. La reforma sanitaria del Gobierno —que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular— se nota mucho. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis. El 16,83% de los pensionistas consultados en Madrid por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aseguraron que, debido a problemas económicos, dejaban de comprar alguno de los fármacos prescritos; un porcentaje que subía al 27,29% en las unidades familiares con ingresos inferiores a 400 euros por persona al mes.

José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y experto en la OMS, asegura que estos y otros indicadores ya apuntan a que la crisis tendrá un importante efecto en el bienestar. “Hay que emprender importantes reformas en salud pública para que los daños no sean permanentes”, dice. Sin embargo, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, asegura que las alertas de los analistas —también internacionales— sobre los efectos de la situación económica en la salud se rigen “más por el miedo al impacto” que por una situación real. “No hay datos fehacientes de que la crisis impacte en la salud”, insiste. Sin embargo, ese impacto está marcado por todos esos condicionantes sociales que afectan al bienestar de la población, no solo por los recursos del sistema sanitario. Y estos, además, tampoco son buenos.

Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido un tijeretazo de en torno al 11%, es decir, 6.875 millones desde 2010 —el año en que empezaron los recortes en esta partida— hasta 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Un ajuste notable para un sistema que, pese a estar entre los más valorados, llevaba años por debajo de la media de la OCDE. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído un 45%. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina (que en 2008 afectaba a un habitante por cada 100.000, y en 2011, a 7,06) o el sarampión (que ha pasado de 0,05 casos a 7,97). “Hacer recaer el peso de los recortes en las políticas de prevención es un riesgo. Estamos hablando de elementos efectivos en relación con su coste y que, si se aplican adecuadamente, pueden ayudar a reducir el gasto sanitario global”, indica Antoni Trilla, presidente de la Agencia de Calidad y Evaluación de la Salud en Cataluña. Los repuntes de estas patologías infecciosas pueden ser puntuales. Como la mayoría de los indicadores sanitarios, establecer una causa efecto a corto plazo es complejo, pero los expertos observan de cerca a Grecia. En ese país, los recortes y la situación de la población han derivado en un incremento abrumador de enfermedades como la tuberculosis.

En España, el tijeretazo también está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas (los sindicatos elevan las cifras de pérdida de empleo en el sector de la sanidad a 53.000). Así, ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista —para lo que hay que aguardar 59 días de media— o pasar por el quirófano.

En enero de este año había 51.396 personas en espera para una operación en España, un 6,4% más que seis meses antes. En ese tiempo (de junio de 2012 a enero de 2013), el plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos. La directora general Mercedes Vinuesa insiste aquí de nuevo en que la demora no tiene impacto en la salud de los que aguardan. “Lo importante está garantizado”, dice. Sin embargo, a esa disminución de recursos humanos le sigue la merma de medios materiales. Los hospitales tienen menos camas en funcionamiento que hace cinco años: 3,22 por cada 1.000 habitantes en 2011 frente a las 3,29 de 2007. Y todo indica que el declive será superior cuando se computen los datos de 2012. En definitiva, hay menos medios y personal para la misma cantidad de usuarios. O para más, porque el envejecimiento y los cambios en la dieta y estilo de vida de la población —el 44,4% llevaba una vida sedentaria frente al 39,4% de 2006, según la Encuesta Nacional de Salud— han modificado la radiografía sanitaria. En España, una de cada seis personas tiene un problema de salud crónico, muchas de las cuales son mayores.

Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que, como indica un estudio de la Fundación La Caixa, los jubilados son el colchón de muchas familias. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.

Los tijeretazos sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes se han llevado de un plumazo 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia está en los huesos. Cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.

Las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura. El gasto público en investigación y desarrollo ha caído desde los más de 9.000 millones de euros de 2008 a los 6.100 en 2014. “Es una amenaza para el sistema de I+D español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, que se tardará una década o dos en recuperar”, advierte José Manuel Fernández, portavoz del colectivo de investigadores precarios. Ejemplo de esta sangría es la situación del buque insignia de la investigación pública. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tuvo que ser este año rescatado de la bancarrota con dos partidas extra del Gobierno por un total de 95 millones.

Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España. Y no solo los que empiezan —las becas de formación del profesorado se redujeron de 950 a 800 en 2013, después de que el Gobierno se saltara una convocatoria, la de 2011, y las de personal investigador han pasado de 1.225 en 2008 a 940 este año—, sino también los que están ya a mitad de camino: el programa Ramón y Cajal, para que científicos dirijan nuevas líneas de investigación de excelencia, ofreció en 2012 unos 175 contratos, 75 menos que el año anterior. Así, alertaba el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Juan Lerma, en este diario, “va a ser difícil retener el talento”.

Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21% —el doble de la media europea— ha provocado un descalabro de en torno a un 20% entre 2008 y 2012 en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos. “La fortaleza intelectual, cultural y educativa de una nación es un factor clave para el crecimiento económico. Un ambiente cultural floreciente atrae a personas más creativas, que a su vez atraen a trabajadores más excepcionales”, dice el rector de la Universidad de Nueva York, John Sexton.

Han pasado cinco años desde que cayó Lehman Brothers y las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otro lustro para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta etapa y gestionar la complicada herencia y secuelas que ha dejado la recesión será la clave para el presente y futuro del país.

María R. Sahuquillo, J.A. Aunión y Amanda Mars

El País

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/27/actualidad/1388176018_072390.html

2013, quinto año de crisis

La vida personal y la social son continuas, al igual que la actividad económica. Carece por tanto de toda lógica trocearlas, pero el hombre no puede concebir el tiempo sin distribuirlo en periodos más o menos convencionales. De ahí el calendario; de ahí la salida y entrada de los años; de ahí que las empresas presenten resultados por ejercicios económicos y la costumbre de que al terminar un año se pretenda hacer balance de lo sucedido, como si se pudiese aislar de los acontecimientos anteriores y posteriores.

En materia económica, el año 2013 poco se diferencia de los precedentes: recesión (el PIB se reducirá como mínimo un 1,3%, casi igual que en 2012); más despidos y más paro, bajada de salarios, recortes en los servicios públicos y en las prestaciones sociales, privatizaciones; una Unión Europea que apenas cambia, en la que se sigue repitiendo que se ha hecho mucho pero que hay que continuar en la misma dirección; más leña; poco o nada nuevo bajo el sol.

No obstante, cabe señalar algunas novedades que se han presentado este año. La primera es que en los últimos meses el Gobierno y sus adláteres están empeñados en convencernos de que ha comenzado la recuperación. Se basan principalmente en que el PIB ha abandonado su trayectoria decreciente y en el tercer trimestre se ha incrementado en un 0,1%; 0,1 que muy bien podía ser el -0,1% porque, tratándose de estadísticas y provisionales, es difícil llegar a tal precisión. Pero aceptando que en los próximos trimestres se produzcan tasas positivas estas serán tan bajas que desde luego no crearán puestos de trabajo, a no ser a base de repartir los existentes mediante empleos parciales, los famosos minijobs, paro encubierto y, es más, nadie garantiza que no se produzca de nuevo un cambio de tendencia. Tras las tasas negativas del 3,8 en 2009 y del 0,2% en 2010, el PIB creció un 0,1% en 2011, para retornar a caer en 2012 un 1,6%. ¿Quién nos asegura que la historia no se repetirá?

No hay ningún dato que certifique que una recuperación consistente y sostenida sea posible. Solo el sector exterior presenta una tendencia positiva, pero paradójicamente condicionada a que la economía no crezca, para que las importaciones no desborden a las exportaciones. Fundamentar el crecimiento únicamente en el sector exterior además de arriesgado es inútil, tanto más cuanto que la apreciación del euro compensa con creces toda posible mejora adquirida en la competitividad a través de la bajada de salarios y de los recortes presupuestarios, y que Alemania continúa empeñada en mantener un superávit del 6% en su balanza de pagos.

Ningún otro factor apunta a una recuperación sólida. El consumo privado sigue colapsado como resultado del paro, de la reducción de los salarios y de la deuda contraída por los hogares en los años anteriores; incluso la reciente aprobación de la ley de la reforma del sistema público de pensiones contribuye a que los ciudadanos se retraigan en el gasto. A su vez, el consumo público se encuentra en su nivel más bajo y todo indica que, como mucho, se mantendrá o, lo que es más probable, que se reduzca debido a la política de ajustes que el Gobierno continuará aplicando en su lucha sin fin contra el déficit. Nada se puede esperar de la inversión pública y resulta difícil pensar que la privada pueda reanimarse estimulada únicamente, si acaso, por el sector exterior, y en ausencia de crédito. A pesar del optimismo que intenta infundir el Gobierno, la probabilidad de que el lastre del euro vaya a impedir la recuperación es muy alta.

La segunda novedad, si se puede llamar así, es que al fin los españoles se han enterado de que las alegrías del sector financiero les van a costar muchos miles de millones de euros. Hasta ahora se nos había dicho que las aportaciones a la banca eran puros préstamos o inversiones que se recuperarían más tarde. Las operaciones realizadas hasta el momento indican claramente lo contrario. Las entidades saneadas con dinero público retornan al sector privado, sin que se recobre el dinero invertido. La prueba más clara de que la cantidad de recursos aportados por el erario público a través del FROB va a ser a fondo perdido es que Eurostat ha obligado a computarlo como déficit y a incluirlo dentro del monto de la deuda pública, con lo que esta ha llegado a alcanzar un nivel muy preocupante y jamás conocido por la hacienda pública española, cercano al 100% del PIB.

La tercera novedad a resaltar, y a la que quizá no se le ha concedido la trascendencia adecuada, ha sido la aprobación de la reforma del sistema público de pensiones, verdadero golpe mortal contra el Estado social y que amenaza con dejar en el futuro en la pobreza y en la miseria a una parte muy importante de la población. La sociedad no ha tomado conciencia de lo que representan los cambios introducidos y tampoco de que las pensiones, a niveles ya muy bajos, van a perder año tras año poder adquisitivo. Sin duda va a ser un duro golpe para los actuales pensionistas, pero también y quizá en mayor medida para los futuros. El Gobierno se ha propuesto sanear las finanzas públicas y hacer frente al enorme endeudamiento, haciendo recaer su coste sobre la parte más vulnerable de la sociedad, los jubilados.

La reacción de la oposición ha sido más tibia de lo que cabía esperar. Al PSOE, tan proclive a declarar respecto a determinadas leyes que las cambiará en cuanto llegue al poder, no se le ha oído comprometerse a modificar esta. Surge la sospecha de que, presa de los presupuestos del Pacto de Toledo y de la creencia de que las pensiones solo se pueden financiar con las cotizaciones sociales, no le disgusta en exceso la reforma y de que en cierto modo se alegra de que el actual Gobierno haya hecho el trabajo sucio.

Juan Fco Martín Seco

República.com

http://www.republica.com/2013/12/26/2013-quinto-ano-de-crisis_744415/