miércoles, 28 de marzo de 2012

29-MARZO. HUELGA GENERAL SOCIAL. ¡ TOMA LA HUELGA !


29 DE MARZO

HUELGA GENERAL SOCIAL
 ¡Toma la huelga! 

Las personas que integramos ATTAC Murcia apoyamos la huelga general y social convocada para esta fecha.
Seguiremos defendiendo el 30 de marzo y hasta que haga falta, nuestros derechos básicos como ciudadanos y  nuestra dignidad como personas.
Acción, lucha y pedagogía!
Salud!
28 de marzo. ATTAC Murcia
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Las razones para una huelga general

Este artículo detalla las razones por las cuales la huelga general está más que justificada en respuesta a las políticas que está realizando el gobierno conservador de España. 

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles.

Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general.

Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.

Vicenç Navarro
v.navarro.org

martes, 27 de marzo de 2012

Maximización contra optimización

Hay una ética subyacente tras la cultura productivista y consumista, hoy ampliamente en crisis por causa de la huella ecológica del planeta Tierra, cuyos límites hemos sobrepasado en un 30%. La superabundancia de bienes y servicios como hasta hace poco tenía la Tierra necesita de un año y medio para reponer lo que le extraemos durante un año. Y no parece que la furia consumista esté disminuyendo. Al contrario, el sistema vigente, para salvarse, incentiva más y más el consumo que, a su vez, requiere más y más producción que acaba estresando todavía más todos los ecosistemas y al planeta como un todo.

La ética que preside este modo de vivir es la de la maximización de todo lo que hacemos: maximizar la construcción de fábricas, de carreteras, de coches, de combustibles, de ordenadores, de teléfonos móviles; maximizar programas de entretenimiento, novelas, cursos, reciclajes, producción intelectual y científica. La producción no puede parar, de lo contrario ocurriría un colapso en el consumo y en el empleo. En el fondo es siempre más de lo mismo y sin el sentido de los límites soportables por la naturaleza.

Imitando a Nietzsche preguntamos: ¿cuánta maximización aguanta el estómago físico y espiritual humano? Se llega a un punto de saturación cuyo efecto directo es el vacío existencial. Se descubre que la felicidad humana no está en maximizar, ni en engordar la cuenta bancaria, ni en el número de bienes en la cesta de los productos consumibles. El hecho es que el ser humano tiene otras hambres: de comunicación, de solidaridad, de amor, de trascendencia, entre otras. Éstas, por su naturaleza, son insaciables, pues pueden crecer y diversificarse indefinidamente. En ellas se esconde el secreto de la felicidad. Pero en palabras del filósofo Ludwig Wittgenstein citando a San Agustín: «hemos tenido que construir caminos tormentosos por los cuales hemos sido obligados a transitar con multiplicados cansancios y sufrimientos impuestos a los hijos e hijas de Adán y Eva».

Lógicamente necesitamos cierta cantidad de alimentos para mantener la vida. Pero los alimentos excesivos, maximizados, causan obesidad y enfermedades. Los países ricos maximizaron de tal manera la oferta de medios de vida y la infraestructura material que destruyeron sus bosques (Europa sólo conserva el 0.1% de sus bosques originales), destruyeron ecosistemas y gran parte de la biodiversidad además de gestar perversas desigualdades entre ricos y pobres.

Debemos caminar en dirección a una ética diferente, la de la optimización. Ella se funda en una concepción sistémica de la naturaleza y de la vida. Todos los sistemas vivos procuran optimizar las relaciones que sostienen la vida. El sistema busca un equilibrio dinámico, aprovechando todos los ingredientes de la naturaleza, sin producir residuos, optimizando la calidad e incluyendo a todos. En la esfera humana, esta optimización presupone el sentido de autolimitación y la búsqueda de la justa medida. La base material sobria y decente posibilita el desarrollo de algunos materiales que son los bienes del espíritu, como la solidaridad hacia los más vulnerables, la compasión, el amor que deshace los mecanismos de agresividad, supera los preceptos y no permite que las diferencias sean tratadas como desigualdades.

Tal vez la crisis actual del capital material, siempre limitado, nos enseñe a vivir a partir del capital humano y espiritual, siempre ilimitado y abierto nuevas expresiones. Él nos posibilita tener experiencias espirituales de celebración del misterio de la existencia y de gratitud por nuestro lugar en el conjunto de los seres. Con esto maximizamos nuestras potencialidades latentes, aquellas que guardan el secreto de la plenitud, tan ansiada.

Leonardo Boff es teólogo y  filósofo
Alai-amlatina

lunes, 26 de marzo de 2012

El Estado en la coyuntura actual

El Estado moderno es parte de un contexto determinado, le forma y es formado por el mismo. Es necesario pasar de un análisis tradicional del Estado, una aproximación basada en el conocimiento de su naturaleza, su origen, sus fines y su justificación, para crear así una conceptualización más acorde a la realidad socioeconómica actual.

Se considera al Estado actual como la expresión jurídica y organizativa propia de una sociedad capitalista, es decir, un Estado igualmente capitalista. Cabe señalar que el capitalismo como sistema se encuentra en una fase distinta a la de hace algunas décadas, una nueva etapa en la que la globalización, la financiarización de los procesos económicos reales, la especulación y la creación y circulación de capital ficticio juegan un papel preponderante en la reproducción del mismo.

El Estado ha tenido que hacer frente a estos cambios en la dinámica económica, y ha debido evolucionar a la par de ellos. Como tal, su fin actual no sólo es asegurar la existencia de condiciones que propicien la reproducción de dichos mecanismos, sino garantizar bajo cualquier mecanismo que así suceda.

Bajo este supuesto, el adelgazamiento del Estado es un mito construido a partir de una visión demasiado acotada de la realidad estatal, enfocada exclusivamente en una menor participación directa del Estado en la economía como un productor más.

Sin embargo, en el cumplimiento de sus funciones esenciales el Estado no sólo no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido. No es posible entender la existencia de una economía de libre mercado sin concebir previamente la existencia de un aparato estatal que garantice su reproducción bajo cualquier medio.

El Estado actual es un Estado fundamentalmente intervencionista, pese a las múltiples afirmaciones en sentido contrario. En términos económicos dicho intervencionismo se hace evidente en situaciones de crisis como la experimentada  recientemente. Aún los Estados más conservadores no tuvieron reservas en “inyectar” enormes sumas de dinero a la economía para rescatar a corporaciones financieras al borde del colapso, a costa de la mayoría de la población. El Estado
interviene para mantener funcionando un sistema en evidente crisis.

En términos políticos y sociales, el intervencionismo estatal es igual o aún mayor. Mantener el orden y la jerarquización socioeconómica existente es su motivo fundamental de existencia: para ello cualquier medio está al alcance, incluso la represión.

Por otra parte, es importante señalar la ineficacia de la democracia liberal como forma de gobierno aceptada comúnmente dentro del Estado moderno. Al entender a este último como la expresión de un sistema capitalista financiero y una sociedad propia del mismo, se infiere que los mecanismos de renovación de dirigentes no implican un cambio social real, sino todo lo contrario: al responder estos a las presiones del capital internacional, las dinámicas electorales se vuelven obsoletas para provocar un cambio real en las estructuras mismas del aparato estatal.

Por último, cabe reflexionar sobre la necesidad de expandir las fronteras del pensamiento que intenta abordar la  problemática del Estado: de poco o nada sirve analizar los fenómenos sociales tomando en cuenta solo una de sus facetas. Es necesario el uso de herramientas, conceptos y enfoques propios de las distintas disciplinas que abordan la realidad social: sociología, historia, economía y ciencia política no pueden ser abordadas de manera completamente independiente.

El Estado actual es historia, es economía y es sociedad, y las características propias del mismo, así como una coyuntura de franca crisis de un sistema político y económico global, hacen necesario un análisis a mayor detalle del Estado, para a partir del mismo poder construir alternativas a la organización social.
 
Héctor A. Hoz Morales
La Digna Voz

domingo, 25 de marzo de 2012

Crisis, reforma laboral y huelga general en España

Hace tres años saltaba a la prensa española una noticia, por decir lo menos, poco halagüeña. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, daban por buena la mediación del gobierno con la empresa Nissan para la fabricación, en su planta de Barcelona, de la camioneta pick up. El origen de tal mediación se asentaba en el creciente rumor sobre el cierre de su filial barcelonesa y la apertura, en Marruecos, de otra planta similar, donde la mano de obra era más barata y la legislación laboral mucho más permisible y adecuada a los criterios empresariales de la trasnacional. Entre el miedo y la desesperación, las centrales sindicales decidieron aceptar unas condiciones draconianas, posteriormente ratificadas por 80 por ciento de la plantilla, a pesar de ser lesivas para los intereses de los trabajadores. El acuerdo era sencillo, se daba el visto bueno a una congelación salarial hasta el año 2014, aumentando la productividad en 6 por ciento y elevar el número de horas trabajadas a cambio de mantener el puesto de trabajo. Semanas más tarde, otra noticia vería la luz: Nissan-España desmiente el desmantelamiento de su planta en Barcelona. Los costes de instalación en Marruecos eran poco rentables. Quien divulgó la primera noticia no representaba a la política ni el espíritu de Nissan. En otras palabras, el rumor de cierre fue suficiente para generar un pánico entre los trabajadores y doblegar su voluntad, aceptando la propuesta consensuada entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mayoritarios. Esta estrategia sirvió de ejemplo para el sector automotriz, y Renault, Seat, Opel y Peugeot la usaron. Pero si tuvo éxito, el PSOE, meditó y llegó a otra conclusión. ¿Por qué no realizar un real decreto ley que contemple dichos acuerdos y los legitime institucionalmente en todos los sectores productivos?
 
Así nació la ley de reforma laboral de 2010, impulsada por Rodríguez Zapatero, dando vía libre al despido procedente y objetivo, abriendo la puerta a una desarticulación de los derechos laborales protectores de la fuerza de trabajo y disminuyendo la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos. Nuevamente los sindicatos se plegaron aceptando los cambios como un mal menor. Su justificación fue del mismo rango que el utilizado en Nissan. Si no firmamos el resultado sería peor. El argumento espurio bendijo la reforma Rodríguez Zapatero, aunque le costó una posterior huelga general, sin mayores repercusiones en lo sustancial. No se modificó el articulado.

En 2012, el Partido Popular (PP) da otra vuelta de tuerca y cierra el círculo de las anteriores reformas laborales. Las seis reformas laborales llevadas a cabo en España (1994, 1997, 2002, 2006, 2010 y 2012) han buscado consolidar el carácter temporal de la contratación, la flexibilización del mercado laboral, la desregulación y el abaratamiento del despido. Según expertos, más de 80 por ciento de los contratos realizados desde 1994 han caído bajo dicha modalidad. Para demostrar la continuidad entre la reforma del PSOE y el PP, basta contrastar el párrafo que permite el despido procedente y objetivo. El real decreto ley de 3/2010 decía: “Se entiende que existen causas económicas –para el despido objetivo– cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o su capacidad de mantener el volumen de empleo”. La actual redacción del real decreto ley 3/2012, amplía las causas del despido objetivo al considerar como existencia de pérdidas actuales o previstas la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso se entenderá que la disminución es persistente si se producen durante tres trimestres consecutivos.

Para entender su dinámica interna hay que recurrir al estilo de desarrollo dependiente y trasnacional al cual se integró España en los años 60. El llamado milagro español fue una quimera. Su expansión se apoyó en el turismo, la banca, las remesas de la emigración habidas durante la dictadura franquista, y la construcción o el ladrillo. Muy a su pesar, España es un país primario-exportador, con escaso desarrollo industrial, poca inversión en I&D y un hipertrofiado sector servicios, el cual concentra 73 por ciento de todo el empleo. Los cambios políticos de los años 70 maquillaron esta realidad, pero fueron incapaces de revertirla. Los gobiernos de UCD, PSOE y PP han agravado esta situación, haciendo oídos sordos a la necesidad de generar inversión pública y políticas sociales inclusivas. La marca España, cacareada por unos y otros, es un espejismo. Es verdad y no se puede negar que a partir de los años 80 del siglo pasado, su economía mostró un elevado crecimiento económico pero no modificó las condiciones estructurales, por el contrario se conformó con modificar su apariencia externa, realizó un foto shop y vendió dicha imagen por el mundo. Igual creaba empleo, en momentos de bonanza, como los destruye, con la misma intensidad, en tiempos de crisis. Esta intensidad en la creación/destrucción de empleo es absolutamente atípica en términos de comparación internacional... si lo comparamos con la evolución del empleo en la Europa de los 15, vemos que de 1994 a 2005 en el conjunto de estos países, el empleo crece 12.5 por ciento, mientras en España lo hace en 42, casi cuatro veces más. Pues bien, la crisis actual es la crisis de ese crecimiento acelerado: una destrucción también acelerada. El resultado no puede ser más desalentador. En la actualidad la tasa de desempleo se sitúa en 22.85 por ciento e incluye a 5.3 millones de personas.

España es país sin revolución industrial. Su estructura productiva esta permeada por trasnacionales que han ido ganando terreno y desarticulando la poca industria nacional. La falta de competitividad la hace más vulnerable a las oscilaciones internacionales. Sin embargo, las clases políticas dirigentes han decidido apostar por el modelo neoliberal como solución a la crisis. La fe ciega en la mano invisible del mercado ha sido el motor de los cambios y de las reformas. Desarticulación del tejido industrial, privatizaciones, desregulación, apertura financiera y flexibilidad laboral. Para ser competitivos, el mensaje lanzado ha consistido en la necesidad de revisar las condiciones de contratación del mercado laboral, considerado rígido y proteccionista. Así, se emprendió un ataque concéntrico a las conquistas democráticas de las clases trabajadoras. Los gobiernos, en complicidad con los empresarios y la patronal, han aprovechado cualquier coyuntura para dar un paso adelante en la total liberalización del mercado de trabajo. Lo dicho ha sido el motivo que explica las ocho huelgas generales habidas desde la muerte del dictador. La dos primeras se realizaron contra el gobierno de Adolfo Suarez, luego le siguieron cuatro contra Felipe González, otra contra Aznar en 2002, la penúltima contra Rodríguez Zapatero en 2010 y la actual, contra el gobierno de Mariano Rajoy, convocada para el 29 de marzo de 2012. Todas han tenido elementos en común, los recortes en las prestaciones sociales, la reducción de los salarios, el abaratamiento del despido, el deterioro de las condiciones de trabajo, los contratos basura, el despido libre o el retraso en la edad de jubilación.

Marcos Roitman  Rosenamnn
La Jornada

sábado, 24 de marzo de 2012

La huelga más allá de la huelga

La huelga general ya no es lo que era.
La huelga fue pensada a mediados del siglo XIX como mecanismo para demostrar la capacidad coercitiva del trabajo -el generador de riqueza-, sobre la imposición del capital -privatizador de riqueza-. Más allá del alcance político de la huelga general, sea para mejorar las condiciones de vida dentro del capitalismo, sea como trampolín para superar el modo de relaciones capitalistas, la cuestión es, que su contexto ha variado y su puesta en escena debe ser modificada. En la producción industrial el capitalismo fue altamente vulnerable puesto que, la riqueza se ubicaba en un espacio y tiempo determinado: el taller, la fábrica o la oficina. Su concentración en el espacio y el tiempo provocaba que sabotear la cadena de montaje o parar las máquinas fuera suficiente para al menos, asutar al capitalismo.

La conocida huelga de la Canadiense de 1923 en Barcelona lo atestigua: durante 44 días se consigió paralizar el 70% de la industria barcelonesa. ¿Consecuencia?, se logra instaurar la jornada laboral de 8 horas. ¿Por qué hoy en día no es reproducible este esquema de huelga? Porque tanto la forma de crear la riqueza que tiene el trabajo, como la manera para privatizarla que utiliza el capital, ya no son las mismas que en la etapa industrial. Hoy el trabajo está fragmentado y no se basa únicamente en producir objetos, sino también en crear “artículos” inmateriales: como los afectos de las cuidadoras, las experiencias que vende una ciudad a quienes la visitan, o la idea que alberga un producto, que aún siendo lo mismo que otros, adopta un significado que lo hace distinto; como las happy pills 

Pero no se trata sólo de que el mundo conectado en el que vivimos venda simulacros de vida e ilusiones de cartón piedra; como señalaba Guy Debord, “si no podemos encontrar lo que deseamos, tenemos que desear lo que encontramos” . Es la importancia que toma el conocimiento colectivo en la producción, lo que realmente genera una modificación importante, crucial. Por esa razón, cada vez más las empresas buscan seducir y adaptarse a los gustos de cada uno, preguntar tu opinión, crear foros de clientes, o utilizar nuestra creatividad e imaginario colectivo para usarlo en vendernos sus productos. Lo que mueve nuestro mundo ya no es tanto lo que se hace en el polígono industrial como la comunicación que circula  entre todos nosotros y nosotras las 24 horas del día, en todos lados. ¿Por qué lo llamarán sociedad del conocimiento, cuando quieren decir conocimiento social al servicio del capital?

Tenemos entonces que pensar como es posible coaccionar a los que mandan, demostrar nuestro poder como multitud que genera riqueza contra el nuevo capitalismo que privatiza hasta los sueños. Está claro que parando polígonos no vamos a ningún lado, pero tampoco se puede prescindir de ellos. Los dos mundos del trabajo se encuentran: El primero en extinción, es resultado de 150 años de movimiento obrero que culminó en el  trabajo estable, la creencia en el progreso y en vidas seguras pero administradas. El segundo, tiene la precariedad como horizonte social y miseria existencial, resulta de las luchas que mantuvieron los primeros con el capital, pero que finalmente acabaron perdiendo en los años 60-70.

Las revueltas del hambre contra la subida de los precios y la escasez de alimentos, fueron la pauta de protesta de la multitud preindustrial del siglo XVIII. En el siglo XIX dentro de la gradual concentración de capital industrial, fueron surgiendo nuevas prácticas de lucha colectiva: la huelga se alzó como la mejor de las herramientas en defensa de sus intereses. Durante un tiempo, tanto a finales del XVIII, como hasta mediados del XIX, ambas modalidades se encontraron, en Inglaterra sobre todo.

Se daban huelgas y luchas urbanas que anunciaban lo que estaba por venir, pero todavía dentro de un marco donde se priorizaban las luchas campesinas por las tierras. Y al revés, tenían lugar revueltas del hambre en un marcado contexto industrial en plena proyección. La Historia no es tanto una carpeta con separadores, como una paleta de colores en el ordenador; poco a poco va tomando un color y pocas veces llega a ser una sola tonalidad.

Huelga metro-política
Hoy, aunque algunos sectores de los clásicamente representados por los sindicatos, mantengan una gran repercusión en el mundo del siglo XXI, el modelo como tal está en decadencia. Esos sectores son los del transporte: metro, bus, cercanías, media y larga distancia. Son muy importantes porque tienen relación con la movilidad, una pata importante de la comunicación, pilar del capitalismo contemporáneo. Parar hoy, lo que en su día fue el polígono del siglo XX, significa parar y bloquear la comunicación. Si la comunicación desborda el tiempo de la jornada laboral, nuestra acción debe ir más allá del trabajo. Si la riqueza se genera más allá del empleo, a lo largo del día ¿sólo parar el empleo nos es suficiente? ¿se puede parar cuando no puedes parar en el empleo?

El derecho a huelga es papel mojado allí donde no existen garantías para hacerla. Cada vez más parte de la población laboral no mantiene ninguna fuerza para ejercer su derecho y el miedo se impone a veces, como la antesala del cinismo. Algunos, -muchos-, son coacionados por la empresa, directa o indirectamente para no hacer huelga. La huelga metropolitana a día de hoy debe desbordar en el tiempo sobre cuando empieza o cuando termina la huelga, tiene que ofrecer formas de hacer huelga a la gente para quien  es complicado no ir al trabajo. 

Surge la idea de la huelga de consumo que potencialmente es mucho más interesante que la huelga del trabajo puesto que, todos consumimos, pero no todos trabajamos. La cuestión podría pasar por informar los días previos, a pequeños comerciantes del impacto que tiene la precariedad social sobre su propia economía, como también por bloquear los grandes canales de comunicación y consumo, esto último no es nada sencillo.   La huelga se  tiene que pensar no sólo físicamente sino también virtualmente: que las webs comerciales de la comunicación no puedan operar: aerolíneas, trenes, barcos, fondos de inversión, cerebros financieros almacenadores de información.
Se trata entonces de reubicar las expectativas y hacer de una ilegalidad, nuestra herramienta más útil y legítima: Huelga política. Política porque no se reduce a discutir una u otra medida “técnica”, sino que se pone en cuestión el total de las condiciones de vida de la población. Política porque la reforma laboral se une al conjunto de medidas que pretenden tirar abajo todo un modelo de convivencia y sustituirlo por otro donde priman obligaciones sobre derechos, en lugar de reinventar un nuevo bienestar: neoesclavismo es lo que nos vaticinan desde arriba.

Su ataque es político pues desmonta todo lo conocido para imponer la precariedad como forma de vida. La huelga no puede no ser política, siempre lo es, pero ahora más que nunca está en juego nuestra dignidad como seres humanos; nada hay más político que eso. La política es la ciencia de la libertad decía Proudhon; en nuestro caso para expandirla a las personas, en el suyo para restringirla al mercado. Pero los mercados como las piedras, no pueden ser libres, es un eufemismo para apropiarse del concepto de libertad y confundirlo con -neo-liberal.

La Huelga más allá de la huelga puede empezar a las 20:00 calentando lo que puede ser  el 12-M, o antes o después, o quedarse en nada, nadie lo sabe. Lo que está claro, que por ahora, siendo cautos, la huelga se empieza a ganar a las 6 de la mañana en cocheras de bus y metro, eso no cambia. Todo dependerá del resultado de una combinación entre nuestra virtù y fortuna.

Jorge Moruno
La revuelta de las neuronas

Por un trabajo decente y unas libertades colectivas plenas. Manifiesto Catedráticos de Derecho del Trabajo ante la reforma laboral

La regulación del despido otorga fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas  
La reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva.

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su “empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación —con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”— de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera burda de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es este un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las demandas de equilibrio presupuestario que impone la UE ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al Estado social y democrático de derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que colisionan directamente con derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además camina en una dirección contraria a los compromisos internacionales asumidos por España y enunciados particularmente en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y distintos Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.
 
El País