sábado, 22 de marzo de 2014
miércoles, 19 de marzo de 2014
No todas las clases sociales pierden con la crisis
Reino de España: 5.896.300 parados según la
EPA del último trimestre de 2013, es decir, un 26 por ciento de tasa de paro.
Una tasa que se más que duplica entre las personas jóvenes menores de 25 años:
55,6 por ciento. Casi tres millones de personas están oficialmente en el paro
desde hace más de un año, mientras que 1’8 millones de hogares tiene a todos
sus componentes en el paro. Aunque conocidas, pocas cifras pueden describir más
breve y tajantemente una realidad social.
La crisis y las políticas económicas
puestas en acción por el gobierno del Reino de España para combatirla (sic) han
comportado, entre otras muchas consecuencias, un incremento impresionante de
las desigualdades sociales. Más concretamente, desde 2008 a 2012, el índice de
Gini ha pasado de 0,319 a 0,35, lo que representa un aumento de casi el 12 por
ciento. Este índice, cabe recordar, va de 0 (distribución de la renta perfectamente
equitativa) a 1 (uno se lo lleva todo y los demás nada), por lo que cuanto más
se acerca a 0 menos desigualmente está repartida la renta y cuanto más cerca de
1, mayor desigualdad. Un incremento de este índice del 12 por ciento en
solamente 4 años, es mucho. Para hacernos una rápida idea comparativa, ningún
otro Estado de la UE ha experimentado en el mismo período un aumento tan grande
de este indicador. Algunas comparaciones: Grecia lo ha aumentado un 3,3 por
ciento, Francia un 2,3. Y otros Estados aún lo han disminuido: ¡Portugal! en un
3,6 por ciento, Alemania en un 5,9. La media de la zona euro de los 18 ha sido
de un aumento pequeño del 0,8 por ciento.
Podemos
idear divertimentos académicos y hacernos preguntas sobre si “es moral que los
especuladores de los mercados financieros puedan obligar a Estados enteros y a
sus ciudadanos a recortes drásticos” [1].
Sí, como divertimentos, se pueden idear estas preguntas u otras similares,
realizar tesis doctorales y publicar en revistas de mayor o menor prestigio
académico. Pero, tomando las cosas en serio, y para quienes somos partidarios de
la libertad republicana, las grandes desigualdades económicas no precisan de
aparentemente sofisticadas preguntas morales. Estas desigualdades son un
impedimento a la libertad de la gran mayoría. Y con los datos oficiales, una
conclusión se impone: la crisis económica y las medidas de política económica
que se han puesto en acción para supuestamente hacerle frente han aumentado las
desigualdades. La gran mayoría no estrictamente rica ha visto aún más amenazada
su libertad de lo que podía ya tenerla menguada a principios de la crisis.
Otros
pocos datos adicionales para seguir constatando el aumento de las
desigualdades. De 2008 a 2011, último año de este tipo de datos publicados por
el Banco de España, las cifras sobre la renta mediana disponible de los hogares
del Reino son muy significativas. En el 2011 la renta mediana disminuyó
respecto al 2008 en un 8,5 por ciento. Pero, como se corresponde con el aumento
del índice de Gini antes comentado, esta disminución mediana no ha sido igual
para los distintos grupos de renta: todos han perdido excepto el grupo más rico,
el 10 por ciento de la población situado arriba con la mayor renta. Este grupo
incluso ha mejorado su renta media en este período de crisis. Todos los demás
grupos han perdido en mayor o menor proporción.
Otra
realidad. La economía sumergida es muy grande. Según distintas fuentes que no
discrepan significativamente en los porcentajes, la economía sumergida en el
año 2011 representaba alrededor de un 26 por ciento del PIB en el Reino de
España. Tan sólo Grecia, con más del 30 por ciento supera esta gran proporción.
El porcentaje de fraude fiscal que esta economía sumergida representa es del
orden del 22,5 por ciento del conjunto de la recaudación fiscal (año 2010) más
de 70.000 millones. Y quien más fraude fiscal practica son los ricos. Un
pequeño pero muy significativo ejemplo. En un estudio [2] sobre la financiación de una renta básica para Cataluña realizado
a partir de más de 200.000 declaraciones de IRPF del año 2010, resultó que la
afirmación anterior afloraba de forma insultante. Se partía de tres perfiles de
ingresos, pertenecientes a funcionarios docentes, como son el caso de maestros
de primaria, profesores de instituto y catedráticos de universidad, con una
antigüedad en los tres casos de 12 años, cuyas retribuciones son públicas. En
el mencionado estudio nos encontramos con que el primer perfil citado tuvo en
2010 una retribución bruta anual de 32.500 euros lo que lo sitúa en la octava
decila de población ordenada por los rendimientos del IRPF de Cataluña, es
decir, entre el 20 por ciento más rico de la población que tributa en el IRPF.
El segundo caso, los profesores de instituto, con unos ingresos en 2010 de
37.000 euros anuales brutos se sitúa ya dentro del 10% más rico. Finalmente, un
catedrático de universidad con una retribución anual bruta en 2010 de 54.000
euros formaría parte del 5 por ciento más rico. ¿Es preciso llamar la atención
sobre la magnitud distorsionadora de la realidad que estos datos representan?
Se trata solamente de un ejemplo del tremendo fraude fiscal que realizan los
ricos, pero es muy revelador.
La
libertad de muchos está amenazada por la riqueza de unos pocos [3]. La crisis y las medidas de
política económica que en el caso del Reino de España empezaron a ponerse en
práctica en mayo del 2010 [4] han debilitado
más aún si cabe la libertad de la mayoría no rica.
Notas:
[1] Markus
Christen (2014): “Entre el ser y el
deber ser (neurofisiología de las emociones y la moral)”, Mente y cerebro, núm. 65, p. 70. [2] Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens (2013): “Un modelo
de financiación de la Renta Básica técnicamente factible y políticamente no
inerte”, SinPermiso. [3] Daniel
Raventós (2014): “La
libertad de todos amenazada por la gran riqueza de 2.170”, Público. [4] Antoni Domènech, Alejandro Nadal, Gustavo Búster y Daniel
Raventós (2010): “La UE y Zapatero se superan, o
cuando los locos son los lazarillos de los ciegos”, SinPermiso.
Daniel
Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica?
Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El
Viejo Topo, 2012).
Sin Permiso
lunes, 3 de marzo de 2014
Desobediencia civil, autoridades inciviles
“Los verdaderos amantes de la ley
y el orden son los que cumplen las leyes cuando el gobierno las quebranta” .—
Henry David Thoreau, La esclavitud en Massachussets (1854) [1]
Quizás deberíamos sustituir
“leyes” por “espíritu de las leyes” tal como las entendía Montesquieu. El mismo
Thoreau escribió en el texto citado: “las leyes no harán libres a los hombres,
son los hombres que harán a las leyes libres”. La modernidad inaugurada por la
revolución francesa estableció en nuestra cultura política los principios de
libertad, igualdad y fraternidad. Su declaración de derechos proclamaba “los
hombres nacen y se desarrollan libres e iguales”. Fue algo más que instaurar el
garantismo propio del Estado de Derecho y el concepto abstracto de libertad
propio del liberalismo conservador. La ciudadanía, status propio de la democracia,
exige políticas públicas que transformen las condiciones sociales y los marcos
legales que limitan los derechos de unos y facilitan los privilegios de otros.
Si las instituciones no lo hacen la desobediencia civil es un derecho
ciudadano. No siempre lo legal es legítimo, ni lo real es verdadero (Ernst
Bloch).
Recientemente he escuchado un
debate entre una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
Gabiñe Biurrun, un prestigioso periodista de trayectoria democrática, Iñaki
Gabilondo, y un político, Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa con el
PSOE y con el PP [2]. El político, Serra es un personaje de por sí francamente
antipático que se empeñó además en parecerlo.
Se aferraba a la literalidad del
marco legal para frenar cualquier modificación del status quo y reforzaba su
discurso con múltiples y poco explícitas amenazas. Su discurso fue una
provocación permanente para todos aquellos que son excluidos, a los que se
niega derechos básicos, sea la vivienda, el trabajo o una renta básica, o sea
el derecho a decidir sobre su futuro, como Catalunya o poder elegir entre
Monarquía o República. Es decir, la mayoría. El periodista, Gabilondo,
proclamaba los principios democráticos y en consecuencia se hacía portavoz de
los que reclaman cambios profundos en un país en crisis. Hizo de político en el
mejor sentido de la palabra, muy lejos de lenguaje de la “casta política
institucional”. La magistrada fue el personaje más espontáneo, claro y a mi
parecer el más próximo a la ciudadanía. Fue la sorpresa agradadable de la noche
y la que más llamó la atención. Anteponía la justicia a la literalidad del
marco legal lo cual en estos momentos tiene una gran trascendencia política
pues afecta a importantes conflictos políticos y sociales. Síntesis de sus
intervenciones: si las leyes no protegen los derechos lo que hay que cambiar
son las leyes, no negar los derechos. Lo cual supone que si no se cambian estas
leyes los ciudadanos pueden considerarlas ilegítimas y no merecen respeto. El
bloque conservador que hoy va desde el PP y la UPD hasta el PSOE deben considerar esta posición
como “antisistema”. Hoy representan la regresión democrática.
En España y en el marco de la
crisis política y económica se han multiplicado los conflictos sociales que
ponen en cuestión no solo las políticas públicas contrarias a los intereses
colectivos, también el marco jurídico-económico que lo hace posible debido al
uso perverso que se ha hecho de él. Nos referimos a casos como la movilización
social de las naciones (Catalunya, País Vasco), la plataforma de desahuciados
que han sido expropiados por los bancos, la reforma laboral que facilita los
despidos y la contratación precaria, la resistencia a la privatización de
servicios de servicios básicos como el agua, la energía y los transportes, la
oposición a proyectos urbanos especulativos y que no tienen en cuenta las
demandas ciudadanas, la “marea blanca” del sector de la sanidad y la educación
afectados por la reducción de los presupuestos y la entrega gradual al sector
privado, etc. Estos conflictos, en la mayoría de casos, son formas propias de
la desobediencia civil, puesto que superan los límites de derechos reconocidos,
como el de manifestación o de huelga. Se ocupan viviendas y oficinas públicas y
privadas, se paralizan servicios, no se aplican o se impiden que se cumplan
decisiones de las autoridades o de la judicatura, se promueven consultas no
legales, etc. ¿Cómo ha sido posible que estas acciones, a pesar de las
tendencias cada vez más autoritarias del gobierno español hayan sido en muchos
casos duraderas, hayan conseguido victorias, incluso judiciales, y casi siempre
hayan puesto en la agenda política importantes propuestas alternativas como la
dación en pago en caso de desahucio, la no privatización de hospitales
públicos, la municipalización de las sociedades de agua, etc.?
La eficacia de la desobediencia
civil se basa en la mayoría de casos, en Europa o en América, en que se cumplan
algunas condiciones como las siguientes.
Primero, la coherencia entre las
demandas o reivindicaciones sociales y las formas de acción, entre los
objetivos que se quieren conseguir y los interlocutores con poder de decisión y
la existencia de escenarios de negociación o resolución. Ante una privatización
de los hospitales públicos es importante que se manifiesten masivamente el
personal de sanidad. Sobre el derecho a la vivienda y la oposición a los
desahucios resulta es especialmente más eficaz que se movilicen los
directamente afectados. En unos casos el interlocutor puede ser una
Administración Pública, o un gobierno o un parlamento. O los tribunales,
nacionales o internacionales.
Segundo. El apoyo y la
comprensión de sectores importantes de la opinión pública. Los movimientos que
encuentran complicidades en los medios de comunicación pueden obtener un grado
de legitimidad que les fortaleces considerablemente. También cuentan las
opiniones favorables o el apoyo de sectores profesionales, de expertos, de
personajes de la cultura, que añaden un plus de legitimación.
Tercero. El objetivo de la
desobediencia civil debe protegerse ante la represión institucional. Para ello
es muy importante justificar la acción de resistencia apelando a la
ilegitimidad de determinadas leyes, o a la gestión considerada fraudulenta o
corrupta de administraciones públicas o empresas, el incumplimiento de tratados
internacionales o la existencia de normas jurídicas básicas como las
constituciones o los principios generales del Derecho. En numerosos casos hay
sentencias judiciales que “legalizan” comportamientos de desobediencia civil
que aplicando literalmente la legislación específica se podría considerar
delito.
En resumen, en épocas de cambios
profundos, se producen dinámicas excluyentes, se reducen los derechos de las
mayorías, aumentan las desigualdades, como está ocurriendo ahora en muchos
países. Pero también es un momento histórico en que se ponen al descubierto las
injusticias y los privilegios, se movilizan importantes sectores de la
población y se multiplican las propuestas alternativas. Las instituciones
pueden ser un muro que se oponga a los cambios o pueden asumir las demandas que
no pongan en cuestión los poderes establecidos. Pero casi nunca tienen ni la
capacidad de pensar un futuro distinto al presente ni la fuerza para oponerse a
los intereses de los privilegiados. Sin desobediencia civil no hay innovación
política y progreso social.
NOTAS: [1] Thoreau dictó una
conferencia sobre la desobediencia civil y fue publicada poco después (1848).
La cita corresponde a un texto de 1854. Por entonces Thoreau combatía la
esclavitud y aplicó el principio de la desobediencia civil negándose a pagar
impuestos a un gobierno que mantienía el sistema esclavista. [2] Nos referimos
al debate del programa Salvados, dirigido por Jordi Ebole del pasado 23 de
febrero, en el 25 aniversario del golpe de Estado fallido promovido por
militares de extrema derecha en 1981.
Jordi Borja es miembro del consejo editorial de SinPermiso
Sin Permiso
domingo, 23 de febrero de 2014
Crisis de crisis, luego crisis sistémica
En
reiteradas ocasiones y documentos se ha señalado el carácter sistémico y
civilizatorio que tiene la actual crisis del mundo capitalista, a pesar
de que muchos tratan de esconderlo tras una simple, aunque grave,
crisis económica. En ese mismo sentido, se pretende ahora hacer un
repaso de algunas de las principales y más destacadas crisis que hoy
operan en el mundo. El mismo al que hasta hace todavía pocos años
algunos auguraban, en el marco del fin de la lucha de las ideologías y
el fin de la historia, un futuro feliz, sin miseria y de bienestar para
la mayoría de la población.
Crisis económica.
De forma aséptica se dice que ésta se produce principalmente cuando se
dan cambios negativos importantes en las principales variables
económicas, de cierta durabilidad y, con especial incidencia, en el
crecimiento del PIB y en el empleo. En el caso actual, una vez
desplazada del centro neurálgico del sistema capitalista la economía
real, aquella que se basaba en lo que realmente se produce, el
desencadenante de esta crisis reside en el sistema financiero,
precisamente quien ahora ocupa el lugar protagonista del sistema. Los
factores principales que producen la crisis son sus propios agentes más
destacados, como los bancos y aseguradoras, y sus nefastas actuaciones y
operaciones mercantiles, en muchos casos basadas en la especulación, ya
sea ésta monetaria, bursátil, hipotecaria o mercantil. Así, la que ya
se puede denominar como última Gran Recesión del mundo rico
(2008-......), debido a sus altas tasas de crecimiento negativo, deriva
rápidamente en crisis económica. Las causas más profundas que dieron
lugar a esta situación habría que encontrarlas en la desregulación
económica casi absoluta imperante en las últimas dos décadas,
privatización de sectores públicos estratégicos (comunicaciones,
pensiones, energía, ahorro, infraestructuras...), la elevación
descontrolada del precio de las materias primas (petróleo, minerales,
gas, alimentación...) en los años que preceden al estallido de la crisis
y otros factores como la crisis hipotecaria y la crediticia. Las
medidas, principalmente las implantadas en Europa, se concretan en
austeridad y recortes drásticos del gasto público que, en gran medida,
va a ser trasvasado precisamente al denominado rescate bancario y
privatizaciones diversas, haciendo crecer enormemente las deudas de
país, en una espiral sin fin. Los siguientes eslabones de esta cadena
vienen dados por la crisis profunda de la economía real y toda la amplia
serie de recortes en los derechos laborales que harán empeorar
enormemente las condiciones de trabajo, pero correlativamente también de
vida de más y más sectores de la población con un empobrecimiento
acelerado de los mismos.
Crisis social.
Revisadas las medidas y consecuencias de la crisis económica es
fácilmente deducible el modo en que ésta afecta a la población y la
consiguiente crisis social. La característica más destacable será la
gran explosión de las desigualdades con un adelgazamiento evidente de la
clase media, con un trasvase hacia el empobrecimiento de cada vez un
mayor número de personas.
Según
datos del PNUD, en estos momentos el 8% de la población gana la mitad
de la renta del planeta, mientras que el 92% restante está obligada a
repartirse la otra mitad. Luego, ese extremo social, aquel constituido
por los más ricos, está creciendo en su riqueza como nunca antes lo
había hecho, con el consiguiente agrandamiento de la brecha social entre
la población. Es incuestionable además, y tal y como se acaba de
apuntar que las mujeres cargan, una vez más, con las peores
consecuencias, tanto en cuanto a cifras de empobrecimiento, pudiendo
volver hablar, en cierta medida y en este "mundo rico", de feminización
de la pobreza, así como respecto a otra amplia serie de derechos y
conquistas sociales perdidas. Y en términos globales la precarización de
las condiciones laborales también es una constante, lo que tendrá su
incidencia fuerte en la propia precarización de las condiciones de vida.
En este contexto, la agudización de esta crisis social será causa de
continuas convulsiones.
Crisis política.
La deslegitimación de la clase política tradicional empieza a ser un
hecho en cierta medida incuestionable. No solo la proliferación y
destape de casos de corrupción, sobornos y otras actuaciones por el
estilo, sino el convencimiento de que desde ésta no hay respuesta a
tantas demandas sociales, laborales, etc. Además, se profundiza en un
proceso de sistemático "sometimiento" de la clase política a los poderes
económicos, convirtiéndose el estado en un administrador de sus
dictados, traducidos en recortes, privatizaciones, trasvase de fondos
públicos al sector privado, austeridad y contención del gasto público
que produce un deterioro grande del estado del bienestar. Este contexto
de crisis política provoca a su vez una reversión del desarrollo de la
democracia, pudiendo hablarse de una democracia de baja intensidad,
burlada por el "juego parlamentario" y aprovechado éste para la
imposición de leyes restrictivas de derechos (reformas laborales,
seguridad, aborto...) que producirá un cada vez mayor desencanto de la
población hacia el sistema, pero evidentemente por una falta cada vez
mayor de determinación de la clase política en el mismo. Es evidente,
que esta situación presenta a la globalidad de la crisis nuevos
peligros: populismos, desarrollo del fascismo, racismo....
Crisis ecológica.
Una evidencia ya manifiesta es que el modo de producción y de consumo,
en suma, el modelo desarrollista impulsado históricamente por el mundo
enriquecido, no tiene en cuenta la limitada capacidad del planeta, tanto
si hablamos de sus tierras, como de sus aguas o del aire. Se ha dado un
acelerado proceso de destrucción de la biodiversidad en ese Norte, pero
también se intensifica ahora el mismo proceso en los países del Sur.
Posiblemente,
las dos manifestaciones más evidentes de esta crisis se concretan en la
crisis energética y en la climática. La primera, referida al
agotamiento de los combustibles fósiles; la segunda, consistente en el
calentamiento del planeta y todas las consecuencias que el mismo
acarrea, por ejemplo, en los llamados desastres naturales, que no lo son
tanto en cuanto a la fuerza en sí de la naturaleza como debido a lo
determinante que pueden ser en su capacidad de destrucción por las
acciones humanas que refuerzan sus efectos (sequías e inundaciones
extremas, temporales y huracanes, cambios radicales o desaparición de
especies vegetales y animales...). Debe subrayarse también en este
contexto de crisis ecológica el nefasto papel jugado en los últimos
decenios por las industrias extractivas, con sus modos de explotación
más agresivos que nunca (minería a cielo abierto, fracking...), o la
deforestación y ocupación de tierras en la búsqueda de nuevos terrenos
para el cultivo, en la mayoría de las ocasiones para la producción
intensiva que además agota rápidamente los nuevos espacios (ganadería,
agrocombustibles), o la proliferación de grandes, y no necesariamente
vitales infraestructuras (autopistas, aeropuertos, tren de alta
velocidad...), que provocan profundas y continuas agresiones al planeta.
Así estaríamos centrando la crisis ecológica, en gran medida, como
crisis de la escasez de tierras, de energía, de materias primas.
Crisis de valores.
Por último, se suele obviar u ocultar que también se puede hablar,
sobre todo respecto a occidente de una profunda crisis de valores éticos
y humanos. Ésta es fruto de las crisis ya citadas y de otras
aparentemente menores (de cuidados, de pensamiento, del arte...) pero
con gran importancia en la vida humana. Valores como la honestidad, la
colaboración, la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación... entran
en crisis ante un exacerbado culto al individualismo, al egocentrismo,
al patriarcado-machismo, a los valores materiales, etc.
Es
ante este cúmulo de crisis donde encuentra su explicación la
calificación de crisis sistémica y civilizatoria, y no de mera, aunque
grave, crisis económica del capitalismo que se superará al entenderla
como circunstancial y cíclica propia del sistema. Y es por esto por lo
que si no se toman medidas sistémicas, del mismo alcance que la crisis,
ésta se prolongará generando nuevos periodos de recesión, y
empobrecimiento general, por mucho que nos empiecen a prometer la
próxima salida del túnel. Por todo ello, no tiene sentido plantearse
esta salida de la crisis con leves cambios de rumbo, sin alterar las
bases estructurales de la sociedad, la política y la economía.
Jesús González Pazos
Miembro de Mugarik Gabe
Alainet
Empleo y formas de vida en el capitalismo contemporáneo
El capitalismo se nutre
de empleo asalariado y declara su guerra sin cuartel a las formas de
vida que no le están sometidas. Cualquier figura existencial que no esté
sometida a las necesidades de valorización del capital es un espacio
que debe ser conquistado. El capital nunca ha respetado la noción de
formas de vida como un modo alternativo de existencia y desarrollo. Para
el capitalismo, cualquier forma de vida no es más que un espacio de
rentabilidad y debe ser primero conquistada y después sometida al
proceso de valorización (o, si se prefiere, a un proceso de
explotación).
Hace aproximadamente 30 años la economía mundial abandonó el esquema
del Estado de bienestar y lo remplazó con el capitalismo de mercado
libre. La historia de las fuerzas que motivaron esa transición es
compleja, pero para 1984 la decisión ya había sido tomada y el viraje
estratégico ya había comenzado. Los poderes establecidos justificaron
esta transformación con una promesa de prosperidad y eso suponía dos
cosas: una adecuada creación de empleos de buena calidad y una reducción
sistemática de la desigualdad. Ninguno de estos objetivos ha sido
alcanzado.
Hoy la economía mundial sufre una crisis de empleo y de formas de
vida. El mercado laboral a escala mundial ofrece un panorama desolador y
el desarrollo de formas de vida alternativas (por ejemplo, en la
agricultura de pequeña escala) se encuentra sometido a un ataque
despiadado. Basta observar lo que ha sucedido en el llamado mercado
laboral mundial. La generación de empleos bien remunerados en las
últimas tres décadas ha sido débil y se concentró en los más altos
puestos directivos. En contraste, la mayor parte de los nuevos puestos
de trabajo perciben bajos salarios y las clases medias han sido
comprimidas. La incertidumbre que rodea a los empleos mal remunerados es
un mal crónico.
A pesar del aumento en la productividad, las remuneraciones de la
clase trabajadora se han mantenido estancadas. En muchos países, las
remuneraciones que reciben los empleos de menor calificación se
mantienen en los niveles que tenían en 1970. La participación de los
salarios en el producto nacional se ha desplomado en todos los países y,
por lo tanto, la desigualdad se ha intensificado.
La tesis de que las remuneraciones se mantienen deprimidas en los
empleos de menor calificación porque las nuevas tecnologías conllevan un
sesgo en contra de esa clase de empleos es falsa. En realidad, en la
mayoría de las economías capitalistas los salarios dejaron de aumentar
en la década de los años setenta, mucho antes de que se iniciara el
proceso de cambio tecnológico que caracterizó los años noventa. Así que
la verdadera explicación de este estancamiento en los salarios radica en
una transformación radical de la estructura institucional del régimen
de acumulación de capital a escala mundial. Es decir, el estancamiento
salarial está más vinculado a la lucha de clases que a cualquier otro
factor.
Los poderes establecidos impusieron a partir de la segunda
mitad de los años setenta, el abandono de las metas de pleno empleo,
tributación progresiva, y de servicios de salud y educación de buena
calidad para la mayoría de la población. Esos objetivos fueron
remplazados por la estabilidad de precios, el balance presupuestal y la
idea de que el mercado sería capaz de proporcionar crecimiento económico
y empleos suficientes para la población. El supuesto central de este
nuevo paradigma económico era que sería necesario eliminar las
fricciones que impiden el buen funcionamiento de los mercados. Esa fue
la justificación de la guerra en contra de los sindicatos y de toda la
cultura de las clases trabajadoras.
La ‘liberalización’ del mercado de trabajo estuvo basada en la idea
de que las reducciones en los costos laborales serían acompañadas por
más inversiones y mayor generación de empleo. Esa es la postura de la
teoría económica del primer cuarto del siglo XX, antes de la Gran
Depresión y antes de que Keynes escribiera su Teoría General.
Esa teoría de hace cien años fue desempolvada para justificar el gran
viraje: lo más importante es que ignora que la demanda agregada es el
gran motor de la inversión y que con salarios deprimidos, lo único que
podría mantener la demanda creciendo sería el crédito y el
endeudamiento.
La llamada globalización (de corte neoliberal) es el resultado de
colocar a las masas trabajadoras en un plano de competencia a escala
mundial. La deslocalización de instalaciones industriales, la
fragmentación de procesos productivos para crear maquiladoras y el
castigo aplicado a los sindicatos en el plano institucional (y judicial)
marcaron la evolución del mal llamado ‘mercado de trabajo’.
La contrapartida de todo este proceso de degradación del trabajo y de
destrucción de formas de vida alternativas es la expansión y dominio
del capital financiero. De ahora en adelante la lucha a muerte será
entre estos dos polos, trabajo y capital financiero. Triunfará el que
esté mejor organizado y tenga mejor capacidad analítica.
Alejandro Nadal
La Jornada
domingo, 16 de febrero de 2014
Ciudadanía política y democracia
Las luchas sociales
reivindicando ciudadanía política mar- can la topografía del
capitalismo. El ejercicio pleno de los derechos de huelga, sindical,
asociación política y acceso a una educación de calidad, sanidad y
vivienda dignas, han moldeado las estructuras de dominio y explotación
del capitalismo desde sus orígenes.
Las libertades públicas, como son el derecho de asociación, reunión y
expresión no siempre han podido practicarse. En muchas ocasiones son
secuestradas y puestas en cuarentena bajo la escusa de servir a
intereses oscuros que promueven la desestabilización y el caos
sistémico. Cuando el capitalismo se ha sentido con fuerzas, no ha dudado
en suprimir o restringir los derechos políticos que dan acceso a la
participación de la sociedad. Siempre que ha podido deshacerse de ellos
lo ha hecho sin remilgos ni mala conciencia. No olvidemos que el
capitalismo pasa por ser la forma más elevada de explotación violenta de
todo cuanto existe en el planeta, empezando por el ser humano.
Por consiguiente, aquello que produce cortocircuito y altera sus
planes es combatido haciendo uso indiscriminado de la represión, y la
fuerza. Bajo el eufemismo de actuar en nombre de la razón de Estado y la
seguridad nacional, justifica la tortura y el asesinato político. A lo
dicho deben sumarse los mecanismos ideológicos de control social
utilizados en el proceso de socialización.
Una primera conclusión sugiere que no existe derecho político
concedido de buen grado. Todos, ya sea en el campo de las relaciones
sociolaborales o las libertades públicas, el derecho a huelga, el
establecimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales, el descanso
dominical, las pensiones, la seguridad social universal, el voto
femenino, el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, están
precedidos de mártires, militantes detenidos, encarcelados, torturados y
asesinados.
Para las clases dominantes no es plato de buen gusto compartir
espacios hasta hace poco concebidos como su coto privado. Escuelas,
universidades, teatros, hospitales, zonas de ocio y la moda, han perdido
ese halo de exclusividad, enardeciendo a las élites que buscan una
solución en la oligarquización del poder, la ostentación y el
enriquecimiento obsceno.
Son las nuevas plutocracias que no dudan en profundizar las
desigualdades sociales y dinamitan la ciudadanía política, apostando por
sociedades duales como la fórmula para reestructurar el capitalismo en
tiempos de crisis. El desmantelamiento de lo público viene de la mano de
una elaborada política de abandono, recortes presupuestarios y
deterioro de las instalaciones y bienes de uso colectivo. Edificios,
carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, trasportes como el metro,
autobuses urbanos, parques, ferrocarriles, etc., son abandonados hasta
su total degradación, siendo posteriormente privatizados y vendidos por
migajas a los capitales de inversión de riesgo, el capital financiero o
las transnacionales. En la medida que ha podido soltar lastre, el
capitalismo, ha tirado por la borda el conjunto de derechos políticos,
sociales y económicos conquistado por las clases trabajadoras en los dos
últimos siglos, y sobre los cuales asentaba su discurso de promover un
orden social incluyente y democrático. Asistimos a una involución sin
precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo. Un proceso
desmocratizador.
A partir de los años setenta del siglo pasado, las
transnacionales se harán con el poder político cambiando las reglas de
juego, alterando el equilibrio de poder entre orden político y orden
económico, introduciendo reformas estruc- turales que dejan sin efecto
el pacto social nacido tras la segunda Guerra Mundial, al menos en los
países de capitalismo industrial avanzado. Los nuevos hacedores del
capitalismo no dudan en imponer un orden mundial que borre del mapa todo
obstáculo en su camino hacia el control del mundo. En otros términos ha
decidido restringir el uso de la ciudadanía política, recortando al
máximo los derechos sociales, económicos, culturales y políticos y
renegando de la democracia como forma de vida y espacio vital donde se
puede ejercer y realizar la ciudadanía.
Sin espacios para articular la ciudadanía política no es posible
concebir la existencia de un ordenamiento democrático. Son dos términos
entrelazados de manera orgánica. En la medida que los recortes, la
represión y las desigualdades crecen, desaparecen las opciones de vivir
en democracia, constatándose el divorcio entre capitalismo y democracia.
El mejor ejemplo lo constituye la unidad productiva donde el capital
realiza su plusvalor, la fábrica, donde impera la disciplina del capital
y el reloj del fordismo y taylorismo marca los tiempos de trabajo y
producción. En ella, los trabajadores están siendo sometidos a
condiciones laborales cercanas a la esclavitud bajo el chantaje de un
expediente regulador, disciplinario o ser despedido. El empresario se
convierte en amo y señor, y la patronal puede impulsar las reformas
laborales. O haces lo que quiero o te vas a la calle. Ese el discurso
dominante. Y desde luego tal premisa poco o nada tiene que ver con un
proyecto democrático, inclusivo y creador de ciudadanía.
Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada
miércoles, 12 de febrero de 2014
Davos, Bruselas y Madrid: hablar de desigualdades para no hacer nada, prometer recuperación para seguir generando problemas
I
Ahora que los grandes gerifaltes
del planeta se han puesto de acuerdo en asegurarnos que la crisis se ha
acabado, descubren que se han generado unas desigualdades insoportables que
pueden ser un problema. Si uno tiene buena fe puede llegar a pensar que, obsesionados
como estaban por salvar bancos y rescatar países, no habían caído en la cuenta
de que las desigualdades aumentaban. Pero para creerse esta historia hay que
estar mal informado y carecer de memoria. El tema del ensanchamiento de las
desigualdades es conocido desde hace años, como han puesto de manifiesto la
mayoría de los críticos del neoliberalismo. Hace años que la mayor parte de los
estudios serios vienen avisando de la creciente brecha distributiva entre los
países y en el interior de los mismos. Sólo algún ultraliberal como Sala i
Martín defendía que la globalización había permitido reducirlas, pero sus datos
(criticados por muchos autores) sólo se sostenían a escala global incluyendo
China. Ahora sabemos que en China las desigualdades han crecido ya al nivel
estadounidense y acabamos de conocer algo que podía sospecharse, que las élites
chinas, por más que se autodenominen “comunistas”, usan los mismos paraísos
fiscales que los ricos occidentales para escaquear su riqueza.
Hay varias razones por las que
los poderosos puedan preocuparse por esta extrema desigualdad. Por un lado,
pueden temer que estas desigualdades extremas se traduzcan en una crisis de
sobreproducción provocada por la falta de un volumen suficiente de personas con
dinero para comprarla a precios rentables. Sería lo que podríamos llamar una
“preocupación keynesiana” (o fordista): la necesidad de contar con un mercado
lo bastante amplio exige pagar salarios de un nivel adecuado. Si esto fuera
así, si lo que preocupa es la necesidad de generar una amplia capa de
compradores, no se entiende cómo siguen gozando de tanto predicamento las
políticas de austeridad, las reformas laborales que abaratan los salarios y
que, en definitiva, ahondan las desigualdades. Por poner un ejemplo local,
estos días circula por la red un Powerpoint elaborado por insignes
investigadores de Fedea (promocionado por el BBVA) en el que se argumenta que
los salarios en España deben bajar un 7% para que se cree empleo, y en el que
se descartan de un plumazo los argumentos de corte keynesiano y poskeynesiano
que apuntarían en otra dirección. Lo mismo aparece en la mayor parte de las
recomendaciones que recibe nuestro gobierno de la UE, la
OCDE o el FMI: “Hay que ahondar en las reformas”, o sea,
seguir recortando el gasto y debilitando los derechos laborales. Puede que a
alguno le preocupe realmente el peligro de la devaluación salarial persistente,
pero de momento no parece que tenga fuerza suficiente para generar un giro
radical en las políticas.
La segunda preocupación es más
política: las desigualdades extremas abren muchos espacios para que se
desarrolle una nueva oleada de cuestionamiento social del capitalismo, para que
pueda reconstruirse una nueva izquierda portadora de un nuevo proyecto social
poscapitalista. En un plano más concreto, es conocido que allí donde crecen las
desigualdades se desarrollan otras patologías asociadas que generan problemas
cotidianos a la vida social (y a los negocios). Seguramente sea éste el temor
más grave a corto plazo, el de que se produzcan estallidos sociales locales o
proliferen plagas como la violencia delictiva más o menos organizada. Pero una
cosa es temer los efectos de la desigualdad y otra proponerse atajarla en
serio. Más bien, de lo que se trata en los proyectos de las élites del poder es
de generar una política que combine parches —del tipo al que ya nos estamos
habituando, como potenciar organizaciones y campañas caritativas— con un
discurso cultural que impida pensar en los cambios que habría que introducir
para luchar realmente contra la desigualdad. La misma intervención de Oxfam
Intermón en Davos es indicativa de ello: presenta un informe que evidencia el
intolerable grado de desigualdad alcanzado a los principales causantes y
beneficiarios de la misma. Parecería más lógico que quienes se preocupan
seriamente por el tema dedicaran sus esfuerzos a organizar y apoyar a los
movimientos sociales que realmente combaten el tema.
II
Tenemos bastantes evidencias de
dónde se ha generado la desigualdad: en un cúmulo de cambios institucionales y
organizativos que no pueden reducirse a una única cuestión. Reducir la creación
de la desigualdad a un mero cambio en la estructura impositiva es minimizar la
amplitud del problema y acotar el campo de la política a un espacio de acción
demasiado reducido.
El punto de partida evidente es
que, desde mediados de la década de 1970, se ha producido una caída brutal del
peso de las rentas del trabajo en la mayoría de los países. Ha tenido lugar una
agresiva recuperación del poder por parte del capital a costa de la mayor parte
de la sociedad (y se ha producido en un período en que no ha dejado de aumentar
el peso de los asalariados en el conjunto de la población y de disminuir el
peso de los autónomos). La Organización
Internacional del Trabajo ha identificado tres grandes
variables que explican este desplazamiento a la baja de los salarios:
a) Financiarización de la
economía. Una cuestión compleja en sí misma que incluye aspectos como el
crecimiento del sector financiero en la composición del PIB, la creación de
complejas redes financieras que proveen todo tipo de fórmulas de ganancia
especulativa (y que favorecen la evasión fiscal) y, sobre todo, la orientación
mucho más financiera de las grandes empresas. El resultado de todo ello ha sido
convertir las rentas del capital en un objetivo rígido para las empresas y en
forzarlas a garantizar una rentabilidad segura a sus accionistas y
financiadores. Las rentas del trabajo, y la actividad laboral en su conjunto,
se convierten en meros residuos que deben ajustarse a las variaciones de la
actividad económica; de esto, y no de otra cosa, va la insistencia en la
flexibilidad laboral.
b) Globalización, entendida como
la apertura de las fronteras a los movimientos de mercancías y capitales sin,
al mismo tiempo, fijar condiciones comunes en campos como los derechos
laborales, los estándares de vida aceptables, las normas fiscales y
medioambientales. Este modelo de globalización ha permitido al capital explotar
todas las ventajas que promete un inmenso ejército industrial de reserva a
escala planetaria, una enorme masa de personas necesitadas de medios económicos
para subsistir. No es casualidad, además, que en muchos de los países hacia los
que se han desplazado muchas actividades haya una falta total o parcial de
derechos políticos y laborales. La proletarización sin fronteras no sólo ha
permitido reducir costes salariales (a cambio de cerrar plantas en los “viejos”
países industrializados), sino también mantener una amenaza persistente sobre
el conjunto del mundo laboral, la de que la adaptación recurrente a las
exigencias del capital es la única posibilidad de subsistir.
c) Desregulación laboral. De esto
sabemos mucho en España, donde vivimos en una reforma laboral permanente, si
bien somos un caso menos excepcional de lo que a veces pensamos. Es evidente
que el conjunto de transformaciones que se han producido en este cambio —la
normalización de las formas de contratación laboral “atípicas”, la reducción de
los derechos que protegen el empleo y la estabilidad de las condiciones de
trabajo, dinamitando la negociación colectiva (en algunos países acompañada de
ataques directos a las organizaciones sindicales), el debilitamiento de los
mecanismos de tutela laboral, etc.— han generado un importante aumento del
poder empresarial y, en gran parte, la vuelta a un capitalismo sin contraparte.
Para tener un cuadro más
completo, creo que hay que incluir otros procesos que han reforzado estas
tendencias, tanto en el campo empresarial como en el de las políticas públicas.
En el campo empresarial se
detectan dos cambios adicionales de especial relevancia. El primero afecta al
modelo de organización empresarial e interactúa con los elementos indicados
anteriormente: la configuración de las grandes estructuras empresariales (y de
otras no tan grandes) como estructuras reticulares jerarquizadas. La mayor
parte de las grandes y medianas empresas actúan mediante el recurso a un gran
número de proveedores externalizados, que tienen un poder de negociación
desigual con la central, lo que se traduce en una enorme desigualdad en
salarios y condiciones de trabajo. Se trata de un cambio organizativo que ha
requerido un aprendizaje empresarial, pero que, si tiene éxito, permite
sacarles todo el partido posible a la globalización y a la desregulación
laboral: producir allí donde las condiciones salariales son peores, cubrir
servicios internos con empleados con pocos derechos, etc. El segundo cambio,
más sutil, ha sido la introducción de nuevas pautas de retribución salarial,
algo que explica especialmente las ganancias desaforadas de los altos segmentos
directivos y de algunos técnicos de relumbrón, aunque la introducción de
sistemas de incentivación personal ha alcanzado en muchos casos al conjunto de
la plantilla y ha actuado como un importante mecanismo de bloqueo de la acción
colectiva y de la propia conciencia social de las personas. (Sin estas fórmulas
de retribución y presión individualizada, es imposible entender por qué tantos
empleados de banca colaboraron con ardor en facilitar la burbuja inmobiliaria y
en colocar todo tipo de activos financieros dudosos a su clientela.)
El papel de las políticas
públicas ha sido más comentado y no merece tanta atención (lo que no le resta
importancia): cambio en los sistemas impositivos, reformas estructurales,
blindaje de los paraísos fiscales, externalización y privatizaciones,
desarrollo de políticas favorecedoras de la especulación, recortes en políticas
sociales y de transferencia de renta… Un conjunto de políticas favorecedoras de
los derechos del capital en detrimento del conjunto de la sociedad.
Cuando uno analiza la historia de
los muy ricos —pongamos por caso al señor Inditex (Amancio Ortega), nuestro
triunfador local—, es fácil percibir que se han beneficiado claramente de muchos
de estos cambios, sin los cuales no hubieran conseguido amasar una fortuna tan
grande: producción en países de bajos salarios y bajos derechos,
aprovechamiento de las leyes internas para conseguir una plantilla de bajo
coste y elevada flexibilidad en su red comercial, trato fiscal benévolo
(incluido el uso de paraísos fiscales, como la localización de sus ventas
online en Irlanda), posibilidades de desviar su elevado excedente hacia la
especulación inmobiliaria y bursátil, etc.
III
Si alguien estuviera seriamente
preocupado por la desigualdad, debería empezar por promover cambios en los
campos citados, revisar a fondo las políticas que se han desarrollado hasta
ahora. Pero esto está completamente fuera de las propuestas que se debaten en
Davos, Bruselas, Nueva York o Madrid.
Lejos quedan las buenas promesas
del G8 en pro de regular seriamente los mercados financieros. Las pocas
iniciativas que se tomaron se han ido erosionando y edulcorando por la presión
del propio sector financiero. Un sector que se ha visto, además, alimentado por
el enorme caudal de recursos monetarios puestos a su disposición por los
grandes bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de
Inglaterra, Banco del Japón), lo que está produciendo a la vez un nuevo
florecimiento de los mercados financieros especulativos y de la facilidad con
la que los gobiernos colocan su deuda pública: se ha financiado y salvado a los
bancos para que aumenten su papel acreedor frente a los Estados, a los que
estarán en condiciones de imponer nuevas demandas, entre ellas nuevas reformas
fiscales favorables a sus intereses. Y es patente que la insistencia en el
empleo a tiempo parcial y la profundización de las reformas laborales (un
eufemismo para propugnar tanto la eliminación de la negociación colectiva como el
despido libre barato) sigue siendo la gran apuesta de los organismos
internacionales.
Ninguno de los mecanismos
detectados como origen de la desigualdad extrema es considerado seriamente en
el nuevo discurso oficial de la desigualdad. Se trata tan sólo de marear la
perdiz, de ocupar el espacio del discurso para impedir que lo hagan otros. Diciendo
que nos preocupa la desigualdad estamos afirmando que vamos a trabajar en
reducirla. Y aquí el papel que pueden desempeñar algunas ONG (aunque sea de
buena fe) es el de servir de coartada a esta operación de maquillaje; un
maquillaje que es a lo único que de verdad aspiran las élites.
Como este gobierno español, que
presenta como un éxito la reducción del desempleo cuando lo único que ha
ocurrido es que ha disminuido la población activa porque una parte de los
desempleados o han votado con los pies (han emigrado) o simplemente han
desesperado de seguir buscando un empleo inexistente. De hecho, la tasa de
desempleo (el porcentaje de los que buscan empleo y no lo encuentran) ha vuelto
a crecer. Y en la ocupación ha habido una clara sustitución de empleos estables
por otros temporales y a tiempo parcial. No sólo quieren esconder los
problemas, sino que tratan de hacernos creer que el subempleo, cualquier
actividad que reporte algunos ingresos por pequeños que sean, es un empleo
real, una actividad que proporciona rentas suficientes para vivir en
condiciones decentes.
Lo que de verdad se propone es
más (o igual) desigualdad. Peor y no mejor empleo. El modelo económico de
referencia no da para más.
IV
Reducir las desigualdades, el
desempleo y la precariedad exige aplicar reformas y políticas que ataquen
directamente a los intereses del gran capital. Significa atacar los fundamentos
teóricos y prácticos de las políticas neoliberales. Pero para hacerlo no basta
con cuestionar los fundamentos de la ofensiva capitalista. Se requiere también
una propuesta de recomposición de las clases asalariadas.
El discurso neoliberal no sólo se
ha centrado en imponer una política macroeconómica adecuada a los intereses del
capital, sino que también ha jugado con desarrollar una visión del mundo
legitimadora para consumo de masas. Mucha gente opina que el consumismo, con
razón, ha constituido el núcleo de esta legitimación. Pero en lo que atañe a
las desigualdades, considero que hay otras cuestiones más relevantes. Al fin y
al cabo, el consumismo tiene un cierto mensaje igualitario: el de que todo el
mundo puede acceder a un bienestar material ilimitado. Lo que justifica más la
desigualdad es la idealización del mérito individual, de la productividad,
construido en buena medida por la teoría del capital humano y sustentado en
pilares como el sistema educativo, el deporte-espectáculo y los mass media.
Gran parte de los asalariados de
alto nivel educativo han sido seducidos por la cultura y las prácticas de la
carrera individual, por aceptar reglas de juego que, por un lado,
individualizan su relación laboral con la empresa y, por otro, los integra en
un juego competitivo que convierte la progresión en un mero producto del mérito
individual y el fracaso, en un demérito. Un modelo de vida y trabajo que
permite legitimar los hiperincentivos (más bien prebendas) que se adjudican los
vencedores y que al mismo tiempo legitima la degradación salarial y social de
la gente sin estudios que realiza trabajos manuales. “Excelencia”, “capital
humano”, “productividad individual” o “competencias” forman parte del arsenal
de términos que sirven para justificar desigualdades y generar estigmas. Retomar
la senda de la igualdad, ganar densidad social en la lucha contra las políticas
neoliberales, pasa también por cuestionar el referente cultural sobre el que
mucha gente elabora su proyecto de vida y su referencia social, y reemplazarlo
por otro más cooperativo, inclusivo y participativo. Un campo en el que
deberían tener un papel esencial tanto desvelar la relevancia social de muchas
actividades laborales (en el mundo del mercado o en la familia) realizadas por
la gente sin “cualificaciones” como poner en cuestión el valor social de muchas
otras altamente consideradas pero de un valor social más que discutible. Un
modelo que diera realce al papel de las estructuras colectivas frente a la
pseudohistoria de llaneros solitarios para justificar el éxito de los superricos.
Una labor a la vez política, cultural y reivindicativa.
V
A escala internacional, las
reglas del juego y la estructura de poderes condenan a muchos países a la
persistencia del desastre. Éste ha sido el sino, especialmente, de África, gran
parte de Asia y Latinoamérica. Con las políticas actuales, el este y el sur de
Europa están condenados a experimentar la misma dinámica de la desigualdad y el
marasmo. Luchar contra la desigualdad pasa también por cambiar las reglas de
juego internacionales y ofrecer un modelo de vida aceptable para todo el
planeta. La solución hoy por hoy no parece que pase por pequeñas reformas
acordadas en Davos, Bruselas o Madrid (ni por lo que cabría esperar de un
gobierno catalán bajo la hegemonía de CiU y sus socios; la cuestión nacional
tiene poco que ver en todo esto), sino por desarrollar procesos sociales que
reduzcan sustancialmente el poder de estas élites económicas, políticas,
intelectuales y mediáticas.
Albert Recio Andreu
Alberto Recio Andreu
Mientras Tanto
Albert Recio Andreu
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