domingo, 23 de febrero de 2014

Empleo y formas de vida en el capitalismo contemporáneo

El capitalismo se nutre de empleo asalariado y declara su guerra sin cuartel a las formas de vida que no le están sometidas. Cualquier figura existencial que no esté sometida a las necesidades de valorización del capital es un espacio que debe ser conquistado. El capital nunca ha respetado la noción de formas de vida como un modo alternativo de existencia y desarrollo. Para el capitalismo, cualquier forma de vida no es más que un espacio de rentabilidad y debe ser primero conquistada y después sometida al proceso de valorización (o, si se prefiere, a un proceso de explotación).
 
Hace aproximadamente 30 años la economía mundial abandonó el esquema del Estado de bienestar y lo remplazó con el capitalismo de mercado libre. La historia de las fuerzas que motivaron esa transición es compleja, pero para 1984 la decisión ya había sido tomada y el viraje estratégico ya había comenzado. Los poderes establecidos justificaron esta transformación con una promesa de prosperidad y eso suponía dos cosas: una adecuada creación de empleos de buena calidad y una reducción sistemática de la desigualdad. Ninguno de estos objetivos ha sido alcanzado.

Hoy la economía mundial sufre una crisis de empleo y de formas de vida. El mercado laboral a escala mundial ofrece un panorama desolador y el desarrollo de formas de vida alternativas (por ejemplo, en la agricultura de pequeña escala) se encuentra sometido a un ataque despiadado. Basta observar lo que ha sucedido en el llamado mercado laboral mundial. La generación de empleos bien remunerados en las últimas tres décadas ha sido débil y se concentró en los más altos puestos directivos. En contraste, la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo perciben bajos salarios y las clases medias han sido comprimidas. La incertidumbre que rodea a los empleos mal remunerados es un mal crónico.

A pesar del aumento en la productividad, las remuneraciones de la clase trabajadora se han mantenido estancadas. En muchos países, las remuneraciones que reciben los empleos de menor calificación se mantienen en los niveles que tenían en 1970. La participación de los salarios en el producto nacional se ha desplomado en todos los países y, por lo tanto, la desigualdad se ha intensificado.

La tesis de que las remuneraciones se mantienen deprimidas en los empleos de menor calificación porque las nuevas tecnologías conllevan un sesgo en contra de esa clase de empleos es falsa. En realidad, en la mayoría de las economías capitalistas los salarios dejaron de aumentar en la década de los años setenta, mucho antes de que se iniciara el proceso de cambio tecnológico que caracterizó los años noventa. Así que la verdadera explicación de este estancamiento en los salarios radica en una transformación radical de la estructura institucional del régimen de acumulación de capital a escala mundial. Es decir, el estancamiento salarial está más vinculado a la lucha de clases que a cualquier otro factor.

Los poderes establecidos impusieron a partir de la segunda mitad de los años setenta, el abandono de las metas de pleno empleo, tributación progresiva, y de servicios de salud y educación de buena calidad para la mayoría de la población. Esos objetivos fueron remplazados por la estabilidad de precios, el balance presupuestal y la idea de que el mercado sería capaz de proporcionar crecimiento económico y empleos suficientes para la población. El supuesto central de este nuevo paradigma económico era que sería necesario eliminar las fricciones que impiden el buen funcionamiento de los mercados. Esa fue la justificación de la guerra en contra de los sindicatos y de toda la cultura de las clases trabajadoras.

La ‘liberalización’ del mercado de trabajo estuvo basada en la idea de que las reducciones en los costos laborales serían acompañadas por más inversiones y mayor generación de empleo. Esa es la postura de la teoría económica del primer cuarto del siglo XX, antes de la Gran Depresión y antes de que Keynes escribiera su Teoría General. Esa teoría de hace cien años fue desempolvada para justificar el gran viraje: lo más importante es que ignora que la demanda agregada es el gran motor de la inversión y que con salarios deprimidos, lo único que podría mantener la demanda creciendo sería el crédito y el endeudamiento.

La llamada globalización (de corte neoliberal) es el resultado de colocar a las masas trabajadoras en un plano de competencia a escala mundial. La deslocalización de instalaciones industriales, la fragmentación de procesos productivos para crear maquiladoras y el castigo aplicado a los sindicatos en el plano institucional (y judicial) marcaron la evolución del mal llamado ‘mercado de trabajo’.

La contrapartida de todo este proceso de degradación del trabajo y de destrucción de formas de vida alternativas es la expansión y dominio del capital financiero. De ahora en adelante la lucha a muerte será entre estos dos polos, trabajo y capital financiero. Triunfará el que esté mejor organizado y tenga mejor capacidad analítica.

Alejandro Nadal
La Jornada
 

domingo, 16 de febrero de 2014

Ciudadanía política y democracia

Las luchas sociales reivindicando ciudadanía política mar- can la topografía del capitalismo. El ejercicio pleno de los derechos de huelga, sindical, asociación política y acceso a una educación de calidad, sanidad y vivienda dignas, han moldeado las estructuras de dominio y explotación del capitalismo desde sus orígenes.
 
Las libertades públicas, como son el derecho de asociación, reunión y expresión no siempre han podido practicarse. En muchas ocasiones son secuestradas y puestas en cuarentena bajo la escusa de servir a intereses oscuros que promueven la desestabilización y el caos sistémico. Cuando el capitalismo se ha sentido con fuerzas, no ha dudado en suprimir o restringir los derechos políticos que dan acceso a la participación de la sociedad. Siempre que ha podido deshacerse de ellos lo ha hecho sin remilgos ni mala conciencia. No olvidemos que el capitalismo pasa por ser la forma más elevada de explotación violenta de todo cuanto existe en el planeta, empezando por el ser humano.
Por consiguiente, aquello que produce cortocircuito y altera sus planes es combatido haciendo uso indiscriminado de la represión, y la fuerza. Bajo el eufemismo de actuar en nombre de la razón de Estado y la seguridad nacional, justifica la tortura y el asesinato político. A lo dicho deben sumarse los mecanismos ideológicos de control social utilizados en el proceso de socialización.
Una primera conclusión sugiere que no existe derecho político concedido de buen grado. Todos, ya sea en el campo de las relaciones sociolaborales o las libertades públicas, el derecho a huelga, el establecimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales, el descanso dominical, las pensiones, la seguridad social universal, el voto femenino, el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, están precedidos de mártires, militantes detenidos, encarcelados, torturados y asesinados.
Para las clases dominantes no es plato de buen gusto compartir espacios hasta hace poco concebidos como su coto privado. Escuelas, universidades, teatros, hospitales, zonas de ocio y la moda, han perdido ese halo de exclusividad, enardeciendo a las élites que buscan una solución en la oligarquización del poder, la ostentación y el enriquecimiento obsceno.
Son las nuevas plutocracias que no dudan en profundizar las desigualdades sociales y dinamitan la ciudadanía política, apostando por sociedades duales como la fórmula para reestructurar el capitalismo en tiempos de crisis. El desmantelamiento de lo público viene de la mano de una elaborada política de abandono, recortes presupuestarios y deterioro de las instalaciones y bienes de uso colectivo. Edificios, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, trasportes como el metro, autobuses urbanos, parques, ferrocarriles, etc., son abandonados hasta su total degradación, siendo posteriormente privatizados y vendidos por migajas a los capitales de inversión de riesgo, el capital financiero o las transnacionales. En la medida que ha podido soltar lastre, el capitalismo, ha tirado por la borda el conjunto de derechos políticos, sociales y económicos conquistado por las clases trabajadoras en los dos últimos siglos, y sobre los cuales asentaba su discurso de promover un orden social incluyente y democrático. Asistimos a una involución sin precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo. Un proceso desmocratizador.
A partir de los años setenta del siglo pasado, las transnacionales se harán con el poder político cambiando las reglas de juego, alterando el equilibrio de poder entre orden político y orden económico, introduciendo reformas estruc- turales que dejan sin efecto el pacto social nacido tras la segunda Guerra Mundial, al menos en los países de capitalismo industrial avanzado. Los nuevos hacedores del capitalismo no dudan en imponer un orden mundial que borre del mapa todo obstáculo en su camino hacia el control del mundo. En otros términos ha decidido restringir el uso de la ciudadanía política, recortando al máximo los derechos sociales, económicos, culturales y políticos y renegando de la democracia como forma de vida y espacio vital donde se puede ejercer y realizar la ciudadanía.
Sin espacios para articular la ciudadanía política no es posible concebir la existencia de un ordenamiento democrático. Son dos términos entrelazados de manera orgánica. En la medida que los recortes, la represión y las desigualdades crecen, desaparecen las opciones de vivir en democracia, constatándose el divorcio entre capitalismo y democracia. El mejor ejemplo lo constituye la unidad productiva donde el capital realiza su plusvalor, la fábrica, donde impera la disciplina del capital y el reloj del fordismo y taylorismo marca los tiempos de trabajo y producción. En ella, los trabajadores están siendo sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud bajo el chantaje de un expediente regulador, disciplinario o ser despedido. El empresario se convierte en amo y señor, y la patronal puede impulsar las reformas laborales. O haces lo que quiero o te vas a la calle. Ese el discurso dominante. Y desde luego tal premisa poco o nada tiene que ver con un proyecto democrático, inclusivo y creador de ciudadanía.
Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

miércoles, 12 de febrero de 2014

Davos, Bruselas y Madrid: hablar de desigualdades para no hacer nada, prometer recuperación para seguir generando problemas


I

Ahora que los grandes gerifaltes del planeta se han puesto de acuerdo en asegurarnos que la crisis se ha acabado, descubren que se han generado unas desigualdades insoportables que pueden ser un problema. Si uno tiene buena fe puede llegar a pensar que, obsesionados como estaban por salvar bancos y rescatar países, no habían caído en la cuenta de que las desigualdades aumentaban. Pero para creerse esta historia hay que estar mal informado y carecer de memoria. El tema del ensanchamiento de las desigualdades es conocido desde hace años, como han puesto de manifiesto la mayoría de los críticos del neoliberalismo. Hace años que la mayor parte de los estudios serios vienen avisando de la creciente brecha distributiva entre los países y en el interior de los mismos. Sólo algún ultraliberal como Sala i Martín defendía que la globalización había permitido reducirlas, pero sus datos (criticados por muchos autores) sólo se sostenían a escala global incluyendo China. Ahora sabemos que en China las desigualdades han crecido ya al nivel estadounidense y acabamos de conocer algo que podía sospecharse, que las élites chinas, por más que se autodenominen “comunistas”, usan los mismos paraísos fiscales que los ricos occidentales para escaquear su riqueza.

Hay varias razones por las que los poderosos puedan preocuparse por esta extrema desigualdad. Por un lado, pueden temer que estas desigualdades extremas se traduzcan en una crisis de sobreproducción provocada por la falta de un volumen suficiente de personas con dinero para comprarla a precios rentables. Sería lo que podríamos llamar una “preocupación keynesiana” (o fordista): la necesidad de contar con un mercado lo bastante amplio exige pagar salarios de un nivel adecuado. Si esto fuera así, si lo que preocupa es la necesidad de generar una amplia capa de compradores, no se entiende cómo siguen gozando de tanto predicamento las políticas de austeridad, las reformas laborales que abaratan los salarios y que, en definitiva, ahondan las desigualdades. Por poner un ejemplo local, estos días circula por la red un Powerpoint elaborado por insignes investigadores de Fedea (promocionado por el BBVA) en el que se argumenta que los salarios en España deben bajar un 7% para que se cree empleo, y en el que se descartan de un plumazo los argumentos de corte keynesiano y poskeynesiano que apuntarían en otra dirección. Lo mismo aparece en la mayor parte de las recomendaciones que recibe nuestro gobierno de la UE, la OCDE o el FMI: “Hay que ahondar en las reformas”, o sea, seguir recortando el gasto y debilitando los derechos laborales. Puede que a alguno le preocupe realmente el peligro de la devaluación salarial persistente, pero de momento no parece que tenga fuerza suficiente para generar un giro radical en las políticas.

La segunda preocupación es más política: las desigualdades extremas abren muchos espacios para que se desarrolle una nueva oleada de cuestionamiento social del capitalismo, para que pueda reconstruirse una nueva izquierda portadora de un nuevo proyecto social poscapitalista. En un plano más concreto, es conocido que allí donde crecen las desigualdades se desarrollan otras patologías asociadas que generan problemas cotidianos a la vida social (y a los negocios). Seguramente sea éste el temor más grave a corto plazo, el de que se produzcan estallidos sociales locales o proliferen plagas como la violencia delictiva más o menos organizada. Pero una cosa es temer los efectos de la desigualdad y otra proponerse atajarla en serio. Más bien, de lo que se trata en los proyectos de las élites del poder es de generar una política que combine parches —del tipo al que ya nos estamos habituando, como potenciar organizaciones y campañas caritativas— con un discurso cultural que impida pensar en los cambios que habría que introducir para luchar realmente contra la desigualdad. La misma intervención de Oxfam Intermón en Davos es indicativa de ello: presenta un informe que evidencia el intolerable grado de desigualdad alcanzado a los principales causantes y beneficiarios de la misma. Parecería más lógico que quienes se preocupan seriamente por el tema dedicaran sus esfuerzos a organizar y apoyar a los movimientos sociales que realmente combaten el tema.

II

Tenemos bastantes evidencias de dónde se ha generado la desigualdad: en un cúmulo de cambios institucionales y organizativos que no pueden reducirse a una única cuestión. Reducir la creación de la desigualdad a un mero cambio en la estructura impositiva es minimizar la amplitud del problema y acotar el campo de la política a un espacio de acción demasiado reducido.

El punto de partida evidente es que, desde mediados de la década de 1970, se ha producido una caída brutal del peso de las rentas del trabajo en la mayoría de los países. Ha tenido lugar una agresiva recuperación del poder por parte del capital a costa de la mayor parte de la sociedad (y se ha producido en un período en que no ha dejado de aumentar el peso de los asalariados en el conjunto de la población y de disminuir el peso de los autónomos). La Organización Internacional del Trabajo ha identificado tres grandes variables que explican este desplazamiento a la baja de los salarios:

a) Financiarización de la economía. Una cuestión compleja en sí misma que incluye aspectos como el crecimiento del sector financiero en la composición del PIB, la creación de complejas redes financieras que proveen todo tipo de fórmulas de ganancia especulativa (y que favorecen la evasión fiscal) y, sobre todo, la orientación mucho más financiera de las grandes empresas. El resultado de todo ello ha sido convertir las rentas del capital en un objetivo rígido para las empresas y en forzarlas a garantizar una rentabilidad segura a sus accionistas y financiadores. Las rentas del trabajo, y la actividad laboral en su conjunto, se convierten en meros residuos que deben ajustarse a las variaciones de la actividad económica; de esto, y no de otra cosa, va la insistencia en la flexibilidad laboral.

b) Globalización, entendida como la apertura de las fronteras a los movimientos de mercancías y capitales sin, al mismo tiempo, fijar condiciones comunes en campos como los derechos laborales, los estándares de vida aceptables, las normas fiscales y medioambientales. Este modelo de globalización ha permitido al capital explotar todas las ventajas que promete un inmenso ejército industrial de reserva a escala planetaria, una enorme masa de personas necesitadas de medios económicos para subsistir. No es casualidad, además, que en muchos de los países hacia los que se han desplazado muchas actividades haya una falta total o parcial de derechos políticos y laborales. La proletarización sin fronteras no sólo ha permitido reducir costes salariales (a cambio de cerrar plantas en los “viejos” países industrializados), sino también mantener una amenaza persistente sobre el conjunto del mundo laboral, la de que la adaptación recurrente a las exigencias del capital es la única posibilidad de subsistir.

c) Desregulación laboral. De esto sabemos mucho en España, donde vivimos en una reforma laboral permanente, si bien somos un caso menos excepcional de lo que a veces pensamos. Es evidente que el conjunto de transformaciones que se han producido en este cambio —la normalización de las formas de contratación laboral “atípicas”, la reducción de los derechos que protegen el empleo y la estabilidad de las condiciones de trabajo, dinamitando la negociación colectiva (en algunos países acompañada de ataques directos a las organizaciones sindicales), el debilitamiento de los mecanismos de tutela laboral, etc.— han generado un importante aumento del poder empresarial y, en gran parte, la vuelta a un capitalismo sin contraparte.

Para tener un cuadro más completo, creo que hay que incluir otros procesos que han reforzado estas tendencias, tanto en el campo empresarial como en el de las políticas públicas.

En el campo empresarial se detectan dos cambios adicionales de especial relevancia. El primero afecta al modelo de organización empresarial e interactúa con los elementos indicados anteriormente: la configuración de las grandes estructuras empresariales (y de otras no tan grandes) como estructuras reticulares jerarquizadas. La mayor parte de las grandes y medianas empresas actúan mediante el recurso a un gran número de proveedores externalizados, que tienen un poder de negociación desigual con la central, lo que se traduce en una enorme desigualdad en salarios y condiciones de trabajo. Se trata de un cambio organizativo que ha requerido un aprendizaje empresarial, pero que, si tiene éxito, permite sacarles todo el partido posible a la globalización y a la desregulación laboral: producir allí donde las condiciones salariales son peores, cubrir servicios internos con empleados con pocos derechos, etc. El segundo cambio, más sutil, ha sido la introducción de nuevas pautas de retribución salarial, algo que explica especialmente las ganancias desaforadas de los altos segmentos directivos y de algunos técnicos de relumbrón, aunque la introducción de sistemas de incentivación personal ha alcanzado en muchos casos al conjunto de la plantilla y ha actuado como un importante mecanismo de bloqueo de la acción colectiva y de la propia conciencia social de las personas. (Sin estas fórmulas de retribución y presión individualizada, es imposible entender por qué tantos empleados de banca colaboraron con ardor en facilitar la burbuja inmobiliaria y en colocar todo tipo de activos financieros dudosos a su clientela.)

El papel de las políticas públicas ha sido más comentado y no merece tanta atención (lo que no le resta importancia): cambio en los sistemas impositivos, reformas estructurales, blindaje de los paraísos fiscales, externalización y privatizaciones, desarrollo de políticas favorecedoras de la especulación, recortes en políticas sociales y de transferencia de renta… Un conjunto de políticas favorecedoras de los derechos del capital en detrimento del conjunto de la sociedad.

Cuando uno analiza la historia de los muy ricos —pongamos por caso al señor Inditex (Amancio Ortega), nuestro triunfador local—, es fácil percibir que se han beneficiado claramente de muchos de estos cambios, sin los cuales no hubieran conseguido amasar una fortuna tan grande: producción en países de bajos salarios y bajos derechos, aprovechamiento de las leyes internas para conseguir una plantilla de bajo coste y elevada flexibilidad en su red comercial, trato fiscal benévolo (incluido el uso de paraísos fiscales, como la localización de sus ventas online en Irlanda), posibilidades de desviar su elevado excedente hacia la especulación inmobiliaria y bursátil, etc.

III

Si alguien estuviera seriamente preocupado por la desigualdad, debería empezar por promover cambios en los campos citados, revisar a fondo las políticas que se han desarrollado hasta ahora. Pero esto está completamente fuera de las propuestas que se debaten en Davos, Bruselas, Nueva York o Madrid.

Lejos quedan las buenas promesas del G8 en pro de regular seriamente los mercados financieros. Las pocas iniciativas que se tomaron se han ido erosionando y edulcorando por la presión del propio sector financiero. Un sector que se ha visto, además, alimentado por el enorme caudal de recursos monetarios puestos a su disposición por los grandes bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco del Japón), lo que está produciendo a la vez un nuevo florecimiento de los mercados financieros especulativos y de la facilidad con la que los gobiernos colocan su deuda pública: se ha financiado y salvado a los bancos para que aumenten su papel acreedor frente a los Estados, a los que estarán en condiciones de imponer nuevas demandas, entre ellas nuevas reformas fiscales favorables a sus intereses. Y es patente que la insistencia en el empleo a tiempo parcial y la profundización de las reformas laborales (un eufemismo para propugnar tanto la eliminación de la negociación colectiva como el despido libre barato) sigue siendo la gran apuesta de los organismos internacionales.

Ninguno de los mecanismos detectados como origen de la desigualdad extrema es considerado seriamente en el nuevo discurso oficial de la desigualdad. Se trata tan sólo de marear la perdiz, de ocupar el espacio del discurso para impedir que lo hagan otros. Diciendo que nos preocupa la desigualdad estamos afirmando que vamos a trabajar en reducirla. Y aquí el papel que pueden desempeñar algunas ONG (aunque sea de buena fe) es el de servir de coartada a esta operación de maquillaje; un maquillaje que es a lo único que de verdad aspiran las élites.

Como este gobierno español, que presenta como un éxito la reducción del desempleo cuando lo único que ha ocurrido es que ha disminuido la población activa porque una parte de los desempleados o han votado con los pies (han emigrado) o simplemente han desesperado de seguir buscando un empleo inexistente. De hecho, la tasa de desempleo (el porcentaje de los que buscan empleo y no lo encuentran) ha vuelto a crecer. Y en la ocupación ha habido una clara sustitución de empleos estables por otros temporales y a tiempo parcial. No sólo quieren esconder los problemas, sino que tratan de hacernos creer que el subempleo, cualquier actividad que reporte algunos ingresos por pequeños que sean, es un empleo real, una actividad que proporciona rentas suficientes para vivir en condiciones decentes.

Lo que de verdad se propone es más (o igual) desigualdad. Peor y no mejor empleo. El modelo económico de referencia no da para más.

IV

Reducir las desigualdades, el desempleo y la precariedad exige aplicar reformas y políticas que ataquen directamente a los intereses del gran capital. Significa atacar los fundamentos teóricos y prácticos de las políticas neoliberales. Pero para hacerlo no basta con cuestionar los fundamentos de la ofensiva capitalista. Se requiere también una propuesta de recomposición de las clases asalariadas.

El discurso neoliberal no sólo se ha centrado en imponer una política macroeconómica adecuada a los intereses del capital, sino que también ha jugado con desarrollar una visión del mundo legitimadora para consumo de masas. Mucha gente opina que el consumismo, con razón, ha constituido el núcleo de esta legitimación. Pero en lo que atañe a las desigualdades, considero que hay otras cuestiones más relevantes. Al fin y al cabo, el consumismo tiene un cierto mensaje igualitario: el de que todo el mundo puede acceder a un bienestar material ilimitado. Lo que justifica más la desigualdad es la idealización del mérito individual, de la productividad, construido en buena medida por la teoría del capital humano y sustentado en pilares como el sistema educativo, el deporte-espectáculo y los mass media.

Gran parte de los asalariados de alto nivel educativo han sido seducidos por la cultura y las prácticas de la carrera individual, por aceptar reglas de juego que, por un lado, individualizan su relación laboral con la empresa y, por otro, los integra en un juego competitivo que convierte la progresión en un mero producto del mérito individual y el fracaso, en un demérito. Un modelo de vida y trabajo que permite legitimar los hiperincentivos (más bien prebendas) que se adjudican los vencedores y que al mismo tiempo legitima la degradación salarial y social de la gente sin estudios que realiza trabajos manuales. “Excelencia”, “capital humano”, “productividad individual” o “competencias” forman parte del arsenal de términos que sirven para justificar desigualdades y generar estigmas. Retomar la senda de la igualdad, ganar densidad social en la lucha contra las políticas neoliberales, pasa también por cuestionar el referente cultural sobre el que mucha gente elabora su proyecto de vida y su referencia social, y reemplazarlo por otro más cooperativo, inclusivo y participativo. Un campo en el que deberían tener un papel esencial tanto desvelar la relevancia social de muchas actividades laborales (en el mundo del mercado o en la familia) realizadas por la gente sin “cualificaciones” como poner en cuestión el valor social de muchas otras altamente consideradas pero de un valor social más que discutible. Un modelo que diera realce al papel de las estructuras colectivas frente a la pseudohistoria de llaneros solitarios para justificar el éxito de los superricos. Una labor a la vez política, cultural y reivindicativa.

V

A escala internacional, las reglas del juego y la estructura de poderes condenan a muchos países a la persistencia del desastre. Éste ha sido el sino, especialmente, de África, gran parte de Asia y Latinoamérica. Con las políticas actuales, el este y el sur de Europa están condenados a experimentar la misma dinámica de la desigualdad y el marasmo. Luchar contra la desigualdad pasa también por cambiar las reglas de juego internacionales y ofrecer un modelo de vida aceptable para todo el planeta. La solución hoy por hoy no parece que pase por pequeñas reformas acordadas en Davos, Bruselas o Madrid (ni por lo que cabría esperar de un gobierno catalán bajo la hegemonía de CiU y sus socios; la cuestión nacional tiene poco que ver en todo esto), sino por desarrollar procesos sociales que reduzcan sustancialmente el poder de estas élites económicas, políticas, intelectuales y mediáticas.


Albert Recio Andreu

Alberto Recio Andreu
Mientras Tanto

Albert Recio Andreu



domingo, 26 de enero de 2014

¿Podemos convertir la indignación en cambio?

La izquierda social del Estado español demanda desde hace meses –en ocasiones a gritos– un vector capaz de remover la situación actual y desencadenar un proceso de refundación de la izquierda.

Durante los últimos meses las oligarquías económicas y políticas se esfuerzan por trasladar insistentemente una idea a la opinión pública: lo peor ya pasó. Así, la crisis económica ya habría tocado fondo y la crisis política –condensada en el hundimiento del bipartidismo– estaría comenzando a superarse.

La realidad sin embargo es tozuda. Mientras persistan el elevadísimo desempleo, los recortes salariales, la emigración de nuestros jóvenes y la pérdida de derechos, la inmensa mayoría de la ciudadanía seguirá viviendo en crisis. Mientras perdure “la vieja política”, el actual régimen de representación permanecerá impugnado. De hecho, las últimas encuestas siguen reflejando una enorme indignación popular: según datos de intención directa de voto, únicamente el 12,5% de los encuestados votaría al PP, el 12,9% al PSOE y el 9,9% a IU. Lo verdaderamente relevante es que el 19,4% se abstendría y el 20,8% aún no lo ha decidido o no lo sabe. Es más, la fidelidad de voto (factor por el que se pondera, entre otros, la intención directa de voto para ofrecer las estimaciones del resultado electoral que habitualmente vemos en las encuestas), arroja un hundimiento duradero y estructural: ha pasado del 70-80% para los votantes de PP y PSOE entre 2000-2009, a oscilar actualmente en torno al 45% en ambos casos.

En definitiva, la situación política sigue siendo completamente excepcional. Los electores tradicionales del bipartidismo y, particularmente, los electores de izquierdas, han dado la espalda a los partidos mayoritarios para, en buena medida, pasar a integrar ese 40% de población que carece de referente político en este momento. Las razones son de sobra conocidas: PSOE y PP han gobernado al servicio de los intereses de las oligarquías económicas y financieras, incumpliendo sus programas electorales, socializando los costes de la crisis e imponiendo con ello un sufrimiento generalizado. Y lo han hecho además en un contexto atravesado por numerosos y gravísimos casos de corrupción.

Una primera respuesta a esta crisis política ha venido de la mano de la movilización ciudadana contra los recortes sociales y la pérdida de derechos. El autismo social de los gobiernos de Zapatero y Rajoy ha evidenciado la necesidad de ir más allá de la protesta, generalizándose en los distintos movimientos la convicción de que sólo una alternativa política –un frente amplio, unitario y plural contra las medidas neoliberales– podrá desatascar la situación actual. Se ha extendido de este modo entre diversos sectores sociales el convencimiento de que la superación de la crisis pasa por la construcción de un nuevo referente político que refleje la indignación popular, catalice las aspiraciones de ruptura democrática y dispute la mayoría social.

Izquierda Unida, por su programa político y por su imbricación en las luchas sociales, estaba (y está) llamada a jugar un papel central en la articulación de dicha alternativa (que, desde luego, excede su perímetro). Sin embargo, el tiempo transcurre sin que veamos movimientos relevantes en el seno de la coalición. El paulatino ascenso en las encuestas electorales ha proporcionado a los dirigentes de IU una innegable comodidad, permitiéndoles confiar en que la supuesta pasokización del PSOE haría el trabajo por sí solo. No obstante, dicho ascenso, además de resultar limitado para disputar la mayoría social, comienza a frenarse. Es más, la posibilidad de reeditar en las futuras elecciones generales el acuerdo de gobierno actualmente vigente en Andalucía con el PSOE –en esta ocasión a escala estatal–, parece constituir la apuesta velada de parte de estos dirigentes.  

Ahora bien, la política, como la naturaleza, tiende a ocupar los espacios vacíos. La izquierda social del Estado español demanda desde hace meses –en ocasiones a gritos– un vector capaz de remover la situación actual y desencadenar un proceso de refundación de la izquierda. Si la dirección de IU ha decidido dejar pasar ese tren, será necesario (e inevitable) que otras iniciativas lo intenten.

En este sentido, Podemos –la iniciativa política nucleada en torno a la figura del profesor Pablo Iglesias–, puede jugar un papel interesante. Su nacimiento no deja de ser contradictorio, desde luego. Este proyecto pretende encauzar la ola de indignación social que nació con el 15M, aunque eso no le ha impedido quebrantar uno de los principios fundacionales de dicho movimiento: el rechazo a los liderazgos individuales así como a las decisiones “ cocinadas” a espaldas de quienes tienen que ser los "representados".

A pesar de ello, entendemos que una iniciativa como esta no debe ser juzgada tanto por sus orígenes como por la dinámica que sea capaz de desplegar en un momento dado. Si la autodesignación de Pablo Iglesias como candidato a las elecciones europeas permite poner su resonancia mediática y su liderazgo social al servicio de un proyecto de cambio democrático, bienvenido sea. Al menos tres elementos permitirán decir, pasadas las elecciones europeas, que la iniciativa resultó útil para el proceso de refundación de la izquierda y para la conformación de un frente amplio contra las políticas neoliberales.

En primer lugar, si esta iniciativa logra situar en el debate político general propuestas relativamente relegadas –como la impugnación a las políticas de la Troika, la dación en pago retroactiva para evitar los desahucios, el cuestionamiento del pago de la deuda, la reforma fiscal progresiva, la reconversión ecológica del modelo productivo, o la necesidad de derogar las últimas reformas laborales para facilitar el crecimiento de los salarios– habremos dado un importante paso adelante.

En segundo lugar, Podemos –recordemos, un "movimiento de ficha" por arriba– debiera ser capaz de desencadenar un proceso de organización política por abajo (con la constitución de comités de apoyo, o colectivos similares). El 15M puso de manifiesto un cambio radical en la forma de concebir la acción política: no habrá identificación con un proyecto colectivo en ausencia de participación activa y democrática de la gente que debe conformar dicho proyecto.

Por último, en tercer lugar, Podemos debiera ser una iniciativa que contribuya a sacudir las posiciones que hasta ahora han mantenido otros actores políticos de la izquierda. Aunque su nacimiento no se presenta "en competencia" con IU –sus promotores señalan que el objetivo es movilizar a quienes, situados en la abstención o en la indefinición, carecen de un referente electoral en este momento–, su desarrollo debiera cuestionar la orientación estratégica de la coalición. En concreto, la iniciativa Podemos podría servir de punto de apoyo para que se refuercen aquellas posiciones que, dentro de IU, plantean la necesidad de avanzar hacia un verdadero proceso de refundación de la izquierda que permita articular una "Syriza española" y terminar con la subalternidad respecto al PSOE.

Estos tres elementos –programa, método y alianzas– son tan viejos como la "vieja política" con la que los promotores de Podemos pretenden acabar. Pero desconocerlos, o ignorarlos, conllevará desilusiones que pesarán sobre las fuerzas sociales, sindicales y políticas que luchan por recuperar y ampliar los derechos perdidos. Del mismo modo, este trinomio resulta plano –y en ocasiones mortecino– si no rompe con la mera aritmética de la estrategia partidaria convencional y desencadena el intangible político más valioso: la ilusión. En cualquier caso, será necesario que la capacidad de emocionar se ponga al servicio de un proyecto común (y no del ensimismamiento personal), y que además se supedite a las decisiones colectivas de quienes finalmente integren la iniciativa de Podemos. Son muchas las manos y los corazones que deben contribuir al éxito de un proyecto como este y, aún más, las que deben sumarse para la necesaria refundación de la izquierda.

Nacho Älvarez
El Diario.es



lunes, 20 de enero de 2014

Lo mismo y desigual

Es propio del capitalismo actual que mientras avanza la igualdad en los patrones de consumo en el mundo: tipo de productos, mismas tiendas, gustos, formas de comunicación y aspiraciones, avanza la desigualdad al interior de las sociedades. La discusión sobre la desigualdad es hoy tema común en la política, la academia y los análisis en los medios. Ignorarla parece asunto de amnesia fingida o, simplemente, cosa vulgar.
 
La cuestión es independiente del hecho de que para mucha gente en todo el globo la situación del consumo y su efecto cotidiano ha mejorado notablemente con respecto a hace apenas poco más de cien años, por ejemplo. Pero la desigualdad no se suprime, aunque puede abatirse durante ciertos periodos, como ocurrió tras la Gran Depresión de 1929 y luego con la destrucción material de la Segunda Guerra Mundial. Es cíclica y para muchos la pobreza, aun en grado extremo, sigue siendo la norma.

Hoy, el fenómeno ha retornado con fuerza, sobre todo la crisis financiera de 2008, la fuerte recesión productiva, la pérdida de empleos y las medidas de austeridad en los países más ricos.

Los ángulos de esta cuestión y la manera en que se enfrenta en el discurso, las teorías y las políticas públicas son muy diversos. En el siglo XVIII cuando Adam Smith postulaba las virtudes del mercado para generar riqueza en medio de la incipiente revolución industrial no dejaba de apreciar los diversos mecanismos que podrían prevenir la distribución de los rendimientos del crecimiento. Para David Ricardo la distribución era un aspecto clave de las posibilidades de la acumulación y contrarrestar el estancamiento, y Marx llevó las contradicciones inherentes de estos procesos a sus consecuencias últimas: la misma destrucción del sistema.

Según las medidas convencionales de la evolución de las economías, hay una cierta convergencia entre las economías más ricas y las que se llaman emergentes. Pero dentro de las sociedades la exclusión es una fuerza poderosa. Una de sus expresiones es la falta de trabajo, que esté además suficientemente remunerado y más allá de una enorme precariedad que afecta las condiciones de vida. Hasta el concepto de clases medias se ha devaluado como una herramienta de análisis social.

La movilidad social que se dio hacia mediados del siglo pasado se ha obstaculizado. En Estados Unidos se estima ahora que un niño nacido en el 20 por ciento de la población más rica tiene una posibilidad de 60 por ciento de mantenerse en ese grupo; en cambio, un niño nacido en el 20 por ciento más pobre tiene apenas 5 por ciento de llegar al otro extremo de la distribución de la riqueza.

La desigualdad está alcanzando niveles similares a los registrados hacia el final del siglo XIX cuando se crearon, entre otros, los grandes negocios y fortunas de Vanderbilt en los ferrocarriles, de Carnegie en el acero, Rockefeller en el petróleo o Morgan en la electricidad y las finanzas.

En Europa las condiciones de la desigualdad se han extendido en los últimos años por todas partes, excepto tal vez en Alemania. Así, el ritmo lento de la recuperación junto con el dogma del ajuste fiscal y su repercusión en el rezago de la demanda indican que la tendencia para ir cerrando la desigualdad es débil y que un cambio tardará aún mucho tiempo.

En las décadas recientes los inventos y sobre todo las innovaciones tecnológicas han creado enormes posibilidades de acumulación de riqueza y su concentración en ciertas empresas e individuos, como ocurre en el campo de Internet (Microsoft, Apple, Google, Facebook son algunas), en las nuevas formas de satisfacer la demanda del mercado (Amazon) y en el sector financiero con la exuberancia irracional. Hay diferencia entre este tipo de generación de actividad económica y la asociada con las fases de la industrialización, y eso tiene, igualmente, un papel en la forma como crea riqueza y se concentra.

Lo que no hay es una tendencia a que lo que se ha llamado la democratización de la tecnología, que por la vía de su consumo cierre la brecha de la desigualdad como se suponía en las teorías económicas de la mitad del siglo pasado. Tampoco sucede que la proporción de lo que se genera en una economía y que va al capital se estabilice y haya un mayor excedente para distribuir. Thomas Picketty, de la Paris School of Economics, ha mostrado que la parte del capital como proporción del ingreso nacional en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania se ha elevado de modo casi constante desde la década de 1950.

Todo esto significa un cuestionamiento fuerte de las teorías en boga sobre las pautas del crecimiento económico y, también, de las políticas públicas. En la medida en que no hay trabajo suficiente, generación de ingreso sostenido y creciente, y oportunidades de acceso y participación que ensanche la movilidad de la población de la base pirámide de la riqueza, la desigualdad no puede atemperarse.

Zigmut Bauman se pregunta si la riqueza de unos pocos beneficia a todos. La cuestión es relevante. No se advierte que haya las formas de filtración o de escurrimiento que mitiguen la desigualdad. Pero se abre un tema interesante, pues ha habido insinuaciones de que el crecimiento del producto se asocia con la felicidad de la gente. La riqueza y el ingreso que de ella se derivan pueden hacer feliz a quien la tiene (y eso es bastante discutible), pero extender esto en términos sociales es demasiado e incluso absurdo. Otra vez, la distribución tiene mucho que ver con la decencia de una sociedad.

León Bendesky
La Jornada

lunes, 13 de enero de 2014

La baraja rota

Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.

A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.

Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …

Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.

Javier Marías
El País
 

martes, 31 de diciembre de 2013

Buen 2014

 
"Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza

 BUEN 2014 
Salud y Acción!