Guinea Ecuatorial: Visita de una delegación española

Es el noveno país más corrupto del mundo según Transparency International. También es el cuarto mayor productor de petróleo del África subsahariana y, aunque su población debería contar con una renta per cápita similar a la del Estado español o Italia, la situación de pobreza es peor que la de Afganistán o Chad, tal como recordaba Arvind Ganesan, portavoz de Human Right Watch, durante la presentación de su último informe sobre Guinea Ecuatorial. El relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak concluyó tras una visita en 2008 que en el país de Teodoro Obiang la tortura es una práctica habitual. Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue), hay al menos 49 presos políticos. Con este panorama, ¿qué pintan un ex ministro de Franco, un senador del PNV y varios diputados del PP y del PSOE en Malabo en visita oficial?

Los informes anuales de la empresa española Repsol dedican muy poco espacio, apenas un par de párrafos, a sus actividades en la ex colonia española que cuenta con una producción de crudo de 395.000 barriles diarios en 2006. Según un reciente informe de Africa InfoMarket, entre enero y abril de 2009, las exportaciones españolas al país africano alcanzan un total de 51,97 millones de euros, lo que supone un aumento del 11%. La delegación española tambén pretende entrevistarse con las autoridades de la dictadura para hablar sobre los proyectos de inversiones, valorados en 4000 millones de dólares, que Unión Fenosa (ahora Gas Natural) pretende llevar a cabo en Guinea Ecuatorial. ¿Quién dijo aquello de que cuanto más libre mercado más democracia?

Sin embargo, la visita oficial española, aplazada en dos ocasiones, viene precedida por la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) en la Audiencia Nacional contra Teodoro Obiang y varios de sus familiares y ministros. Acusados por un supuesto delito de blanqueo de capitales valorado en más de 19.000 millones de euros, Obiang y su gobierno han contratado los servicios del abogado Jorge Trías Sagnier, ex diputado del PP. En el origen de esta querella está el informe, publicado en 2004, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre el blanqueo de capitales y la Banca Riggs, famosa por gestionar la fortuna del dictador chileno Augusto Pinochet. En este informe (traducido al castellano por Asodegue) se hace referencia a ciertas cuentas de familiares de Obiang en el Riggs. Y lo más interesante: señala que el gobierno español bloqueó la investigación de algunas transferencias de aquellas cuentas al Banco Santander, emparándose en el secreto bancario... Ahora, tras la querella presentada por la APDHE, se investigan los movimientos en el Estado español de la empresa Kalunga Company SA, radicada en Panamá (conocido paraíso fiscal) y vinculada a Obiang, el dirigente más rico de África (y el octavo del mundo) cuyo patrimonio en Francia también fue investigado por la justicia gala.

El gobierno de Obiang cuenta también con la colaboración de empresas de mercenarios como la española Servicio Global de Seguridad e Inteligencia, tal y como publicó DIAGONAL. Según la Agencia APA, Francia y Guinea Ecuatorial firmaron el pasado mes de junio un acuerdo de cooperación militar. La agencia rusa de información Ria Novosti informaba sobre la detención por parte de las autoridades nigerianas de un avión ucraniano que transportaba armas para el gobierno de Guinea Ecuatorial.

¿Qué hace Fraga con un sombrero panamá paseándose por la ex colonia española estos días? ¿Por qué el gobierno español bloqueó una investigación del Senado de EEUU para proteger a Obiang? No siempre ha sido tan amable. El pasado 7 de Marzo del 2004 un grupo de 64 mercanarios encabezados por el ex soldado de élite del ejército británico Simon Mann fue detenido en el aeropuerto de Harare (Zimbabue) donde se encontraban aprovisionándose de armas para partir hacia Guinea Ecuatorial. Según desveló Mann a una cadena de televisión británica desde la prisión ecuatoguineana de Playa Negra donde cumple condena, los impulsores de la intentona golpista fueron el hijo de la ex primera ministra del Reino Unido, Mark Tatcher, el millonario libanés residente en Londres Eli Calil y el opositor ecuatoguineano exiliado en España, Severo Moto. De hecho, según la versión de Mann, Moto era la persona elegida para ocupar la presidencia, algo que éste último niega categóricamente. El intento de golpe de Estado contaba, según Mann, con el apoyo del gobierno de José María Aznar, el cual tenía buenas relaciones con el exiliado Severo Moto y su partido. Un barco de guerra español navegaba oportunamente durante la intentona golpista frente a las costas de Guinea Ecuatorial. El actual gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero negó las acusaciones del mercenario que vinculaban a Aznar con el golpe. Pero un acuerdo del consejo de ministros en 2005 revocó la condición de refugiado político que Moto tenía desde 1986 al considerar que el exiliado realizó “una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea”, entre ellas “la recluta de mercenarios y el tráfico de armas”, basándose en un informe del Centro Nacional de Inteligencia. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo consideró insuficiente dicho informe y decidió mantener la condición de asilado en España de Moto. Sin embargo, un mes más tarde, Moto, presidente del autodenominado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de armas de guerra ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Su detención estaba vinculada al hallazgo en el puerto de Sagunto (Valencia) por parte de la policía de un vehículo con destino a Guinea Ecuatorial, en cuyo maletero fueron descubiertos un mosquetón, un Cetme y una pistola.

Guinea Ecuatorial es uno de esos países –junto a casos flagrantes como la dictadura medieval de Arabia Saudí– hacia los que el gobierno español antepone los intereses empresariales de unas cuantas grandes empresas frente a los intereses de la democracia, el desarrollo y la justicia social. Y allí está la delegación de diputados y senadores españoles (con la excepción de Izquierda Unida) asegurando esos intereses de las multinacionales, como Repsol, en la dictadura de Obiang, con corrupción, mercenarios y presos políticos adornando el atrezzo de las relaciones entre España y su ex colonia africana.

Lucas Marco. Diagonal

La dualidad temporales-fijos

En esta recesión, el ajuste que hacen las empresas ante la caída de la demanda podría realizarse repartiendo las horas de trabajo con una reducción (no necesariamente proporcional) del salario. Adicionalmente, la reasignación del empleo que requiere la salida de la crisis se podría efectuar con el apoyo de una amplia protección del desempleo y políticas activas eficaces en la reinserción laboral de los trabajadores. Estos son procedimientos habituales en países de nuestro entorno donde la extraordinaria caída del PIB no tiene efectos tan dramáticos sobre el empleo como en España.

Aquí el procedimiento general de ajuste consiste en aprovechar la dualidad entre trabajadores temporales y fijos. Se prescinde de los primeros, con indemnizaciones por despido nulas o muy pequeñas, con una escasa protección por desempleo y pobres posibilidades de reinserción por la ineficacia de las políticas activas. Los empleados con contrato fijo tienden a mantener su empleo y su jornada, llegando en ocasiones a disfrutar de aumentos salariales relativamente insensibles a la recesión. Cuando ya no hay posibilidad de ajuste por esta vía, muchas empresas quiebran o pactan regulaciones de empleo extensas, prejubilando a trabajadores que raramente volverán al mercado de trabajo cuando se recupere la economía.

Así de simple es la explicación del embrollo flexibilidad-rigidez de la economía española, profundamente erosionada por 25 años de dualidad laboral y una negociación colectiva que ha evolucionado muy poco desde entonces, dificultando los acuerdos de ajuste en las empresas y agudizando los efectos perversos de la excesiva temporalidad. La dualidad laboral también ha condicionado el funcionamiento de las políticas activas (centradas, con poco éxito, en bonificar la estabilidad) y la protección por desempleo (recortando su duración). Ninguna de las numerosas reformas laborales ha sabido corregir estas deficiencias que algunos achacan ahora al modelo productivo, minimizando las ineficiencias y desigualdades que genera nuestro marco laboral.

Son varios los datos que deberían convencerles de lo contrario; que nuestra tasa de temporalidad es muy superior a la de cualquier país europeo para todos los sectores y ocupaciones, incluidos el sector de la construcción (55% en España en 2007, frente al 21% de media en la UE-27). La estructura sectorial sólo explica entre 1 y 3 puntos de los 17 que separan la tasa de temporalidad española de la media europea; el resto se debe a las diferencias en temporalidad sector a sector. Por otro lado, que la tasa de temporalidad explotó en España casi 15 años antes del boom inmobiliario. Que en esta recesión prácticamente todos los sectores están ajustando la caída de la demanda destruyendo empleo temporal. Que la reciente época de bonanza también se caracterizó por otros fenómenos relacionados con la temporalidad, como el mileurismo y la caída del premio a la educación entre los jóvenes entrantes. Los jóvenes médicos, por ejemplo, suman en media casi tantos contratos como los peones de la construcción.

Por el contrario, la dualidad laboral sí condiciona el modelo productivo porque desincentiva la inversión en capital humano en la empresas. Aquí también la comparación con otros países es demoledora: estamos a la cola en aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en especial, en formación a empleados. Y esto ha sido así debido a la excesiva rotación de los temporales, a los escasos incentivos de los fijos con mayor antigüedad para formarse y a una negociación colectiva que no ha favorecido el establecimiento de incentivos a la productividad en las empresas. No basta con aumentar el gasto en educación y en I+D+i. Estas medidas serán mucho menos eficaces para crear empleo estable y de calidad si no resolvemos primero los problemas que genera el marco laboral actual.

Una solución al problema de la dualidad sería simplemente suprimirla con un contrato único con indemnizaciones crecientes por antigüedad y complementarlo con un sistema impositivo que penalice a las empresas que abusen de la rotación, elevando su contribución a la financiación de la protección por desempleo. Esta solución para los nuevos contratos es muy diferente a la propuesta por la CEOE. No supone ni un abaratamiento del despido ni el despido libre, como se ha argumentado desde posiciones sindicales. Por el contrario, beneficiaría la estabilidad en el empleo, propiciando un mejor escenario para la formación en la empresa, un aumento de los salarios reales y una mayor protección del empleo y del desempleo en un nuevo período de recesión. De ello saldremos ganando todos, pero, en especial, aquellos colectivos más perjudicados por el sistema actual. Puede que no sea la solución óptima, pero, con el revuelo que ha generado esta propuesta, ¿estamos preparados para sistemas más sofisticados, como el austriaco, que también podría ser atractivo para la economía española?

Los agentes sociales representan intereses legítimos en el mercado de trabajo. Esa representación es fundamental para el desarrollo de las relaciones laborales y, por ello, deben contribuir con sus aportaciones a la reforma laboral. Pero es al Gobierno a quien compete el interés general y tomar la iniciativa para que las próximas generaciones de entrantes en el mercado de trabajo no sufran los mismos problemas que han padecido los jóvenes y otros colectivos en las últimas décadas. La reforma laboral debe abordarse en el marco del diálogo social, pero no debe condicionarse a este ni dejarse a lo dispuesto en los convenios colectivos. Estos son demasiado heterogéneos y abrirían más, si cabe, las brechas entre fijos y temporales, condicionando la salida de la crisis y el cambio de modelo productivo.

Javier Andrés es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Florentino Felgueroso es Profesor de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra Capital Humano y Empleo de Fedea.

Fuente: Público

Democracias perplejas

Vivimos bajo el signo de la perplejidad. El imperio de la corrupción, el descrédito unánime de las instituciones, el nepotismo desbordado y sus prácticas, el oprobio inagotable en que ha devenido la política han llevado a la quiebra de todos los valores públicos, a la implosión de todas las referencias colectivas y nos han dejado sumidos en la confusión, átonos e inermes, sin pautas ni asideros a los que agarrarnos. Perplejidad que afecta a todos los ámbitos, incluyendo los más glorificados e intocables como la democracia. Causas de ello, múltiples; veamos algunas.

A partir de los años setenta se confirma el enclaustramiento de lo público en los partidos y su tendencia a la endogamia y al sectarismo partitocrático. Al mismo tiempo, su acción se reduce a las luchas por el poder y con demasiada frecuencia al enriquecimiento de sus líderes. Cabildeos y corruptelas en las alturas y cinismo en la base se convierten en datos de la más concreta cotidianeidad política. Era inevitable que los ciudadanos que no militaban en los partidos, la inmensa mayoría, se desinteresasen por los avatares de sus pugnas y que buen número de ellos rechazasen sus modos y ejercicio. Este rechazo que ha asumido modalidades diversas, unido a la perplejidad a que me estoy refiriendo, tiene en la reiterada abstención electoral a la que se asiste en todos los comicios, su expresión más patente. Y así, sería un error considerar el abultado porcentaje de abstenciones de las últimas elecciones como una impugnación específica al proyecto europeo, cuando todo apunta a una desafección de las propuestas presentadas y, con carácter más general, de la práctica electoral como expresión privilegiada, sino única de las democracias.

En efecto, la descalificación de las elecciones es antes que nada una crítica de la política democrática actual y de su falta de opciones claras, consecuencia de la atenuación de los perfiles diferenciales de los grandes partidos, que los hace, programáticamente, cada vez más próximos. El trasvase casi unánime de la socialdemocracia al social-liberalismo o el implacable desmantelamiento del sector público, al que procedieron, con tanta eficacia, Blair en el Reino Unido y Felipe González en España, sin olvidar el caballo de Troya del atlantismo británico liberal, que bajo el manto laborista instigó la nefasta reunión de las Azores, responsable de tan dramáticas iniciativas como la guerra de Irak, son los principales responsables de la deserción de la izquierda europea. Pues de otro modo es incomprensible que, en plena crisis económica y con la absoluta debacle de los principios y de la práctica del liberalismo que conllevaba, se ignorase o se rechazase el patrimonio que representaban los ideales y los programas socialistas y socialdemócratas, cuando eran el único arsenal conceptual y propositivo que podía sacarnos del atolladero.

El comportamiento de la derecha ha sido mucho más diestro y pugnaz. Sin abandonar la doctrina y la práctica liberal, sino al contrario revindicando su plasticidad adaptativa, ha incorporado, sin rubor ni recato, los elementos de la oferta socialdemócrata que le han parecido más compatibles con su ideario a la par que más sugestivos para los electores. Paralelamente, ha alentado, por detrás de la cortina, a sus tropas ultra que han reactivado en Europa, de manera notable, la presencia de la extrema derecha, más o menos fascista según los casos. Por lo demás, el incesante trasiego de la clase política, de un bando a otro, por iniciativa propia o respondiendo a incitaciones del poder, de las que el presidente Sarkozy es el ejemplo más cumplido, han creado una retribuida circulación que nada tiene que envidiar a la de los futbolistas profesionales, y que alienta la confusión y perfecciona la perplejidad.

El modelo neoliberal responsable del desastre no sirve ya, pero el social democrático, generalizado por Keynes hace 70 años, ha dejado también de ser útil. La razón fundamental es la inadaptación del keynesianismo, que sigue siendo hoy la espina dorsal de la socialdemocracia, a la sociedad actual y más concretamente su imposible y postulada función alternativa al capitalismo contemporáneo. Decir Keynes es invocar la regulación como piedra angular del edificio socialdemocrático, pero su posible y necesaria implantación es ahora, con la economía-mundo, absolutamente inoperativa en la perspectiva nacional e impracticable en la mundial. Por lo que no cabe ni siquiera pensar en una eficaz regulación general. Las grandes instituciones económicas -OMC, FMI, Banco Mundial, FAO, OIT, OMS, AIE, G-20, la futura Organización Mundial del Medio Ambiente- carecen de verdadera capacidad reguladora susceptible de organizar flujos e intercambios y se limitan a marcar pautas de alcance, en la mayoría de los casos, estrictamente retórico.

Olivier Ferrand, agudo analista francés y presidente del think-tank progresista Terra Nova, insiste en que la dimensión reparadora que caracteriza las intervenciones socialistas se queda hoy siempre corta, por la extraordinaria onda expansiva de las crisis que comienzan siendo sectoriales y relativamente modestas y acaban siendo amplísimas y generales. Las subprimes que se inician en EE UU en el mercado financiero inmobiliario, con poco más de 1.000 millardos de dólares y se extienden en pocas semanas a Europa y a los países en desarrollo, sobrepasando los 30.000 millardos, son un buen ejemplo, como lo son también, las rupturas ecológicas con el desmontaje de la biosfera, las sanitarias con la multiplicación de pandemias, las sociales con la radicalización del hambre y las desigualdades. El mito liberal del mercado, que se autorregula sólo, tiene hoy tan poco fundamento observa Olivier Ferrand, como el Estado Bombero que apaga los incendios, cura los males y repara los destrozos, pues no tiene medios para ello. Hoy no es posible curar, sólo prevenir, y además mediante una intervención muy antecedente y de perspectiva mundial.

Escribo mundial huyendo de la manipulación semántica a que nos han sometido los promotores del término y de la ideología de la "globalización", que hereda y culmina los escapismos economicistas que comenzaron en 1949 con la consagración de la expresión y de la doctrina del subdesarrollo, que Truman populariza el 20 de enero de dicho año en el discurso de investidura de su segundo mandato. Con ese término se designaron, a partir de entonces, los países que no alcanzaban el nivel económico y técnico de los países occidentales, medidos con los solos baremos e instrumentos de la contabilidad económica capitalista, en la que el producto nacional bruto por habitante y la acumulación financiera son los criterios fundamentales. Estas pautas que tanto deben a las determinaciones ideológicas y a los supuestos básicos del capitalismo convencional ignoran la dimensión cualitativa de todos los procesos y condenan a la inexistencia a lo más específico de las culturas nacionales y de las tradiciones autóctonas. Gracias a Gilbert Rist en El desarrollo. Historia de una creencia occidental y sobre todo a Amartya Sen y a su Índice de desarrollo humano comienza a aparecer un movimiento de resistencia, en el que la educación, la esperanza de vida, el bienestar social y todas las otras variables del progreso humano tienen el mismo peso que el PIB por habitante. La lucha por la contrahegemonía que es nuestro objetivo permanente debe comenzar por ahí, olvidando un poco las luchas de poder de los partidos, e insistiendo cada vez más en que el problema no es a quien votar, sino para qué votar, lo que exige enraizarse en la ciudadanía. Ya que frente al descrédito de la política y al encogimiento de los políticos, el movimiento social y los actores sociales y societarios de base están cobrando un protagonismo principal. La película Good morning England nos muestra la extraordinaria capacidad de transformación que esos sectores primarios, a caballo de las radios libres y de la música rock, operaron en la década de los sesenta en una sociedad tan encorsetada como la británica, liberando fuerzas y procediendo a una impresionante movilización de las energías de la gente. La izquierda, más allá de la conquista y gestión del poder político, debe revindicar esa acción directamente popular como la vía más segura para sacar a las democracias de su atonía y perplejidad, logrando promover el progreso de los pueblos.

José Vidal-Beneyto es director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela.

Fuente: El País

G8: de Génova a L’Aquila

La cumbre del G8 en L’Aquila marca su regreso a territorio berlusconiano siete años después de la cumbre de Génova en julio de 2001, donde se escribió una de las páginas más significativas en la trayectoria del movimiento altermundialista. Hoy, fruto de las nuevas configuraciones económicas y geopolíticas, el G8 ha cedido protagonismo al G20 en los intentos de gestión de la crisis sistémica global por parte de los principales Estados. Pero no por ello deja de ser importante continuar denunciando sus políticas como están haciendo ya miles de personas en Italia.

Las jornadas de Génova fueron el momento cumbre de la fase de crecimiento lineal del movimiento altermundialista después del Encuentro Ministerial de la OMC en noviembre de 1999 en Seattle que representó el inicio de un nuevo ciclo internacional de movilizaciones. Génova llegó poco después de la celebración del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, en enero de 2001, bajo la hoy ya famosa consigna de “otro mundo es posible”.

Los acontecimientos en esta ciudad italiana atrajeron la atención de millones de personas y de múltiples movimientos y luchas sociales de todo el planeta que se sintieron identificados con el mensaje de crítica radical a la globalización capitalista de unas protestas que vivieron como propias. Las masividad de las mismas, su radicalidad y el elevado nivel de confrontación entre los manifestantes y el poder marcaron la dinámica de unos días decisivos, donde el tiempo histórico pareció acelerarse de forma muy intensa.

El asesinato del joven Carlo Giuliani por un disparo de la policía y el asalto policial a la escuela Díaz fueron los episodios más dolorosos de unas movilizaciones marcadas por una feroz represión. Habilitada como un lugar para dormir y reunirse por parte de algunos manifestantes extranjeros, la escuela Díaz se convirtió la noche del 21 de julio en escenario de una vendetta policial que dejaría tras de sí 63 heridos y decenas de arrestados, ocasionando un gran escándalo político y mediático.

Génova marcó el inicio de un fuerte periodo de protestas sociales contra el gobierno Berlusconi. Junto al altermundialismo, en esta nueva etapa los sindicatos mayoritarios, y en particular la CGIL, jugarían un rol importante, entrando en escena después de su clamorosa ausencia en la contracumbre del G8, con la convocatoria de varias huelgas generales y movilizaciones.

En parte como resultado de este largo proceso, en abril de 2006 las fuerzas de centro-izquierda llegarían al poder, tras una muy ajustada victoria electoral frente a la derecha liderada por Berlusconi. Sin embargo, los dos años de gobierno Prodi dejaron tras de sí un triste balance en política económica, social y exterior, provocando desánimo, desmovilización y parálisis social… y allanaron el terreno para el regreso triunfal al poder de Il Cavaliere en abril de 2008.

En este breve periodo asistimos también a la autodestrucción de Rifondazione Comunista, uno de los componentes centrales de las movilizaciones de Génova y entonces una referencia de primer orden para amplios sectores de la izquierda anticapitalista europea. Abandonando su orientación movimentista y combativa, Rifonzadione optaría por subordinarse al centro-izquierda y participar en el gobierno Prodi.

De su experiencia ha quedado una lección clara, validada también en tantos otros lugares: la colaboración subalterna con el centro-izquierda arrastra a las formaciones anticapitalistas hacia la derecha, las hace coresponsables de políticas contrarias a su propio programa, corta su vínculo con las luchas y acelera la descomposición de su base social.

Desde las jornadas de Génova hasta el estallido de la “gran crisis” de 2008, el recorrido seguido por el movimiento altermundialista y las resistencias a la globalización ha sido largo, difícil y lleno de sorpresas. Cambiar el mundo se ha revelado una tarea mucho más compleja de lo que imaginó, seguramente, buena parte de la nueva generación militante, la generación Seattle o la generación Génova, surgida en los albores del nuevo milenio.

Poco después de los acontecimientos en la ciudad italiana los atentados del 11S en New York supusieron el inicio de un nuevo periodo internacional marcado por la “guerra global contra el terrorismo”. La denuncia contra la guerra tomaría fuerza en el seno de la crítica a la globalización, dando paso al desarrollo del movimiento “antiguerra”, cuyo cenit fue la jornada internacional del 15F de 2003 en vísperas del comienzo de la invasión de Irak. A partir de entonces, entramos en una nueva fase marcada por una pérdida de centralidad de las movilizaciones altermundialistas y de su capacidad aglutinadora así como de mayor dispersión de las luchas sociales. Éstas han seguido en ascenso pero de forma muy desigual y experimentando dificultades considerables en el caso de la Unión Europea.

La crisis contemporánea no ha hecho más que reafirmar la pertinencia y la validez de una crítica radical al capitalismo global y plantea con fuerza la necesidad de traducir el malestar social en movilización, autoorganización por abajo y desarrollo de nuevos proyectos alternativos. Ante esta cumbre del G8 en Italia, la memoria de las jornadas de Génova debe servirnos como estímulo para seguir preparando las resistencias internacionales a los intentos que la crisis la paguemos todas y todos.

Esther Vivas y Josep Maria Antentas - CADTM

Monopoly rural

La periodista Amy Goodman cuenta que, en 1998, visitó a la familia de Ken Saro-Wiwa, el poeta y activista nigeriano ahorcado, junto a ocho compañeros más, tres años antes por las fuerzas militares nigerianas, acusado de liderar el enfrentamiento del pueblo Ogoni frente a la transnacional Royal Dutch Shell. El padre de Ken –dice Amy– fue muy claro: “Shell fue la primera empresa que el gobierno nigeriano utilizó para saquear nuestra propiedad, para quemar nuestras casas (…). Shell tiene las manos manchadas de sangre en el asesinato de mi hijo”. Aunque la petrolera niega cualquier implicación, este pasado mes de junio acaba de aceptar pagar unos 11 millones de euros para poner fin al juicio que afrontaba al respecto frente al Tribunal Federal de Nueva York.

Shell llegó a las tierras de Nigeria en 1958, igual que otras petroleras lo hicieron a otros países empobrecidos del Sur, en busca de su Dorado: los yacimientos petrolíferos del delta del Níger. Su presencia significó la destrucción de los bosques, de los manglares y la contaminación de todo el territorio (aire, agua y tierra) indígena usurpado. Muchas comunidades fueron expulsadas y otras vienen sufriendo desde entonces graves problemas de salud y de dificultades para acceder a los recursos productivos básicos. Contra todo eso luchó Saro-Wiwa y Shell fue, como decía su padre, la primera empresa, pues 20 años después siguen desembarcando otras que capitanean el renovado interés de algunos países por el control de un bien tan preciado como el petróleo: la tierra cultivable.

La población aumenta, el clima se calienta y el libre mercado capitalista se demuestra como un modelo fallido. Ante estas evidencias, algunos países (sobre todo aquellos muy industrializados y con pocas tierras agrícolas) ven peligrar el abastecimiento de alimentos para su población. No tienen capacidad agrícola suficiente y las puertas de los mercados se pueden cerrar, como ocurrió durante la crisis alimentaria del año pasado. Solución: alquilar o comprar tierras que producirán alimentos. El petróleo se acaba, muchos gobiernos apuestan (que remedio –dicen–) por las energías renovables y surgen los agrocombustibles como nuevo milagro tecnológico. Pero su eficiencia es muy baja (en algunos casos incluso negativa) y se requieren enormes extensiones de tierra para llenar los depósitos del planeta. Solución: alquilar o comprar tierras que producirán biodiesel o bioetanol. La burbuja puntocom ya explotó hace años, la detonación de la burbuja inmobiliaria aún resuena y, mientras se elucubra en dónde multiplicar el capital, los fondos financieros ya tienen un plan: invertir sobre fondos de inversión ligados a la tierra agrícola. Solución: alquilar o comprar dichas tierras.

Sólo explorando la Nigeria de Saro-Wiwa y gracias a los datos aportados por la periodista Stefania Muresu podemos hacernos una idea de la presión que todos estos factores generan sobre las hectáreas fértiles de muchos otros países. El Gobierno nigeriano ha facilitado que, a través de la empresa Casplex Company, sus socios chinos han comprado 15.000 hectáreas de tierra para el cultivo de yuca para producir etanol. Que la alemana Hagen & Co Engineering Gbr ha adquirido amplias zonas fértiles en diferentes comunidades del delta del Níger para el cultivo de agrocombustibles y transgénicos para alimentación. Que Food for All International (FFAI) and Centre for Jatropha han adquirido terrenos cultivables en muchas comunidades en el Delta del Níger donde ya han empezado el cultivo de la planta de jatropha para producir más agrocombustibles. Y, como pasó con la presencia de las petroleras, los efectos sobre la población originaria se repiten y se repetirán.

Es tan alarmante, global y rápido este proceso de acaparamiento de tierras (sólo en los últimos tres años, según datos del International Food Policy Research Institute, 20 millones de hectáreas de tierras agrarias han sido objeto de transacciones que implican a compradores extranjeros, es decir, una superficie similar al área agrícola de toda Francia) que a las voces críticas de algunas ONG y movimientos campesinos se ha sumado la propia FAO (Organización Mundial de la Alimentación) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. Su relator Olivier De Schutter ha solicitado a los líderes del G-8 que en la cumbre que van a celebrar en Italia este mes de julio se aborde el tema de estas “inversiones en la agricultura”, reclamando una regulación sobre las mismas. De Schutter y la FAO son, a mi juicio, muy confiados, porque entienden que una regulación ética “podría ser positiva, después de muchos años en los que ha habido falta de interés en el mundo por invertir en la agricultura”. Proponen que los inversores firmen contratos con las autoridades locales, en lugar de optar por comprar tierras; que los inversores se comprometan a que una parte de la cosecha obtenida se venda en el país; que se minimicen los cultivos que se usarán como materias primas para biocarburantes; que los Gobiernos y los inversores promuevan sistemas agrícolas que incrementen el empleo local –en lugar de otros mecanizados– y en dar prioridad a producciones más ecológicas, así como a la gestión sostenible del agua. Son muy confiados porque, con la propagación de tratados bilaterales de libre comercio, estos especialistas en la especulación se han asegurado que sus inversiones no tengan que acatar condiciones. Comparto, en cambio, el grito de los campesinos en América Latina a favor de su soberanía sobre sus recursos, “La tierra no se vende. Se trabaja y se defiende”. Como la defendió el poeta nigeriano que escribió: “Los cuerpos se han multiplicado. Y cubren la tierra. El xilófono del jefe muerto. Ahí continúa, ha olvidado el pasado. Los espíritus ancestrales caminan a casa. Caminan llorando. Las tierras huérfanas se lamentan”.

Gustavo Duch es miembro de Veterinarios sin Fronteras

Fuente: Público

Libre comercio, una construcción ideológica

“Cuando la gente me pregunta sobre libre comercio, me acuerdo de un comentario que hizo Gandhi cuando le preguntaron qué pensaba de la civilización occidental. Y su respuesta fue: ‘sería una idea interesante’. Lo mismo sucede con el libre comercio”, comenta Noam Chomsky. Los injustos términos del intercambio comercial y financiero y el inmenso poder de las multinacionales ponen en tela de juicio los beneficios del “libre comercio”, según varios especialistas.

El libre comercio es una construcción ideológica que a veces ni siquiera tiene que ver con el comercio, sentencia el lingüista, activista, filósofo Noam Chomsky en una entrevista con BBC Mundo.

El tratado de libre comercio entre EE.UU. y México, (Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) tiene toda clase de elementos altamente proteccionistas para beneficio corporativo e incluye medidas que no tienen que ver con el comercio, como las condiciones especiales de derechos de inversión.

De hecho, añade Chomsky, el libre comercio nunca ha sido puesto en práctica por los países ricos, salvo por períodos muy cortos y cuando les convenía. EE.UU. por ejemplo, probablemente fue el país más proteccionista del mundo durante su período de desarrollo en el siglo XIX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Imponía tarifas muy altas superiores a las del Reino Unido y Japón para bloquear el ingreso de bienes.

En la década del 50, EE.UU. tenía la mitad de la riqueza del mundo, ganaba en cualquier competencia, así que se movió en dirección del libre comercio, pero temporalmente.

A Reagan se lo ha considerado el profeta del libre comercio cuando en realidad fue el presidente más proteccionista en la historia de posguerra en EE.UU. Duplicó las barreras proteccionistas para salvar a la industria estadounidense de los bienes de mejor calidad provenientes de Japón.

En los tiempos de la Unión Soviética si una fábrica manufacturaba componentes de autos en Leningrado, los mandaba a Varsovia para ser montados y luego a Moscú para ser vendidos, nosotros no llamábamos a eso comercio. Aunque se atravesaban fronteras, todo se daba dentro de una economía dirigida, explica Chomsky.

Una parte sustancial del comercio entre EE.UU. y México se da dentro de economías dirigidas. Así que si General Motors fabrica componentes en Indiana, los envía al norte de México para ser montados y luego venden los autos en Los Ángeles, a eso le llaman comercio en ambas direcciones, pero todo tiene lugar dentro de una economía dirigida.

Una buena parte de la economía estadounidense está basada en el sector estatal, incluyendo sus sectores líderes como la computación e Internet, que fueron desarrollados en el ámbito estatal durante décadas. La fabricación y exportación de aviones es, por ejemplo, una industria surgida en gran medida a partir de la Fuerza Aérea.

No tenemos cifras exactas, las corporaciones guardan secretos, pero probablemente más de la mitad de lo que se llama comercio no es libre comercio. Así que lo que se llama libre comercio es un cierto intercambio con elementos de mercado, pero no es libre comercio, explica Chomsky.

Libre comercio y agricultura

Una de las formas de socavar y probablemente destruir a la agricultura de países en desarrollo como México es inundando el mercado con exportaciones agrícolas de Estados Unidos que sobreviven con importantes subsidios del gobierno. Eso no es libre comercio, dice Chomsky.

El año pasado, la gran crisis de alimentos golpeó severamente a Haití, donde hubo disturbios porque la gente no tenía qué comer. Haití era autosuficiente en su producción de alimentos, pero esta capacidad se destruyó con medidas de libre comercio impuestas por la administración Clinton. No se le permitió a Haití establecer tarifas arancelarias para proteger a su economía.

Los agricultores haitianos son productores de arroz bastante eficientes, pero no pueden competir con las industrias de alimentos de EE.UU. Ocurre lo mismo con la producción de maíz de México, dice el activista norteamericano.

El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy asegura que la liberalización de los mercados agrícolas en la Ronda de Doha beneficiaría a productores y consumidores de todo el mundo. Lamy cree que la liberalización del flujo de capitales y la reducción o eliminación de aranceles para importaciones agrícolas generaría 150 mil millones de dólares de ganancias en beneficio de todos los agricultores, en particular de los países en desarrollo.

Lamy es incapaz de entender la naturaleza del sector agrícola en la globalización económica y no toma en cuenta los injustos términos del intercambio comercial y financiero, el inmenso poder de las multinacionales y la influencia del patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera.

Las poco rigurosas previsiones del director de la OMC no toman en cuenta el impacto de la volatilidad de precios en el sector agrícola y tampoco los riesgos de la especulación en los mercados financiarizados, observaron economistas del FMI, FAO, Banco Mundial, OCDE, universidades estadounidenses y de varios grupos de estudio reunidos en un taller internacional el 4 y 5 de junio en la Sorbona.

En la actualidad, la producción agrícola no se define únicamente por la rentabilidad de la actividad ganadera y agrícola, sino también por las necesidades y exigencias de rentabilidad inmediata del capital financiero.

Accionistas, tenedores de capital, fondos de inversiones, bancos, aseguradoras de riesgo, prestamistas y holdings que controlan paquetes accionarios de un amplio espectro de empresas acumulan capital mediante ganancias ficticias provenientes de la valorización especulativa de acciones y de otros títulos financieros sin base real.

Con la internacionalización de la economía crecieron los mercados accionarios, de futuros para commodities y de infinidad de instrumentos financieros de protección frente a variaciones de tipos de cambio, precios de materias primas y tasas de interés. Los mercados bursátiles constituyen un campo privilegiado para la especulación y las estafas, y facilitan la centralización de capitales mediante adquisiciones y fusiones.

Después del derrumbe de los mercados financieros en 2008, multinacionales exportan capitales a países atrasados para la extracción intensiva de recursos naturales en la búsqueda de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Grupos financieros, casas de inversión, fondos de capitales comenzaron a comprar tierras agrícolas en todo el mundo, sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales.

“La mejor cobertura para la recesión en los próximos 10 ó 15 años es la inversión en tierras agrícolas”, declaró en julio del año pasado el jefe de alternativas de Insight Investment Reza Vishkai. En septiembre, el fundador de Black Earth Farming y ex gerente de capitales privados de Carlyle e InvescoMikhail Orlov confesó que “el truco aquí es no solamente cosechar cultivos sino cosechar dinero”.

Lecciones de la crisis

El progreso alcanzado en la comprensión de los mercados agrícolas y el impacto de la especulación “ponen en tela de juicio la estrategia de liberalización de los mercados agrícolas de la OMC”, opina Bertrand Munier, economista jefe del grupo de estudio Momagri.

Momagri con sede en París fue fundada y presidida por Pierre Pagesse, presidente del Groupe Limagrain de Francia. Respalda la regulación de los mercados agrícolas por medio de nuevas herramientas de evaluación tales como modelos e indicadores económicos y nuevas propuestas para una agricultura internacional y la gobernancia alimentaria basada en los principios del libre comercio.

Peter Timmer, profesor de la Universidad de Harvard y economista de la Fundación Bill Gates, recomienda no ignorar el impacto de la política de liberalización de los mercados agrícolas.

La crisis económica y la hambruna mundial no se deben a la escasa producción de comida sino a la apertura salvaje de los mercados internos, a la privatización de empresas públicas y recursos naturales, y a la desregulación generalizada.

La crisis múltiple del sistema evidencia el rotundo fracaso del mercado autoregulado y desmiente a los tecnócratas neoliberales que postulaban que la competencia entre naciones, regiones, empresas e individuos con diferentes niveles de desarrollo distribuye los recursos físicos naturales humanos o financieros con mayor eficiencia.

Estudios de Momagri demuestran que la liberalización total del comercio agrícola internacional podría reducir significativamente los ingresos de agricultores de países más pobres, de naciones desarrolladas y también de países importadores emergentes como India.

Según Momagri, en vez de alentar la optimización de los factores de producción, la liberalización agrícola haría peligrar la seguridad alimentaria en todo el mundo, así como el desarrollo de muchos países.

En conclusión, los precios volátiles de los productos agrícolas de primera necesidad podrían exacerbar la inseguridad alimentaria. La comunidad internacional no puede seguir ignorando este problema porque está en juego la supervivencia de más de mil millones de personas que sufren hambre, así como la supervivencia de más del 40% de la población mundial que vive de la agricultura.

Con datos de:
1. AgCapita Newsletter, citado por GRAIN. - Agriculture: The batle to bring more land into production, Catherine Belton, Financial Times, Londres, 30 de septiembre.
2. Crítica de la tesis de la financiarización; Rolando Astarita, 2008.
3. Chomsky y los “mitos” del libre comercio

Fuente: Bolpress

Honduras: que nada pueda cambiar

Parece que ahora ya tenemos la información precisa. Pero hasta hace unos pocos días la situación que atravesaba Honduras se nos presentaba, en la mayoría de medios de comunicación, bajo un único prisma. Ese enfoque cansino que todo lo interpreta con los adjetivos habituales de chavismo, populismo, apego al cargo, etcétera. La crueldad que significa un golpe de Estado, los recuerdos que trae ver a los militares tomando los espacios ciudadanos y políticos y algunas evidencias han desmontado buena parte de ese discurso ideológico, y se ha abierto espacio a otras lecturas. Un discurso que sólo puedo entender desde la reacción a cualquier movimiento fuera de lo 'políticamente correcto'. O lo que es lo mismo, contrario de antemano a cualquier soplo de aire que pueda mover un paisaje donde estamos cómodamente instalados.

Mientras nos inundaban con imágenes de Evo Morales o Hugo Chávez del estilo 'que viene el coco, que viene el coco' se olvidaron de explicarnos elementos clave. Por un lado, que el ciertamente errático Gobierno de Zelaya decidió mirar hacia el campo, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones indígenas y romper con el modelo de libre mercado que se promueve desde EE UU (sustentado en el llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), no por capricho, no sólo por el petróleo de Venezuela, sino porque son muy negativas las consecuencias que estos acuerdos provocan sobre las clases más humildes de los países latinoamericanos que los firmaron. Que se lo pregunten por ejemplo a las familias campesinas de México. Por otro lado, se ha informado repetidamente sobre la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta de consulta de Zelaya, pero es difícil leer que el tal Micheletti, ascendido a presidente interino, logró imponer su candidatura como precandidato a la presidencia de República en las primarias celebradas el invierno pasado, aun cuando por la ley hondureña está establecido que ningún presidente del Congreso Nacional -asiento que ocupaba Micheletti- podría postularse a dicho cargo. Elecciones para la presidencia que perdió, presidencia que con los votos de los carros blindados ahora ocupa.

Discursos, decía, que se sostienen sobre los mismos cánones que están detrás del golpe de Estado. ¿Qué preocupación existe ante la propuesta de consulta del presidente Zelaya para iniciar un proceso de renovación de la Constitución de Honduras? Pánico a que las cosas puedan cambiar y perder así el poder que durante muchos años han controlado y ha permitido a una rancia oligarquía agroexportadora seguir en la cima, sin importar las desigualdades o injusticias sociales derivadas. Por ello desplegaron inicialmente una serie de ardides legales para impedir, como fuera, la consulta popular pero -para mayor seguridad y para que nada se nos escape- solventaron, con el secuestro del presidente y la canciller del país, el golpe de Estado y manteniendo a la población en estado de sitio y bajo dura represión. Más allá de la opinión que podamos tener de la gestión de Zelaya y de cómo aborda los procesos que quiere abrir, no confundamos las cosas, todo es pura resistencia a la pérdida de poder.

¿Y qué es lo que debería cambiar? Si hablamos de Honduras, como cualquier otro país con una base económica fundamentada en la vida rural, el dato más significativo suele ser la distribución de la propiedad de la tierra. Aproximadamente tenemos que unas 125.000 familias no tienen acceso a la tierra y, junto con unas 80.000 familias que tienen menos de una hectárea, suman un total de 200.000 familias campesinas (casi la mitad de la población rural de Honduras) que se encuentran en condiciones, lógicamente, muy precarias de vida. En cambio tenemos que sólo un 1,6% del censo rural dispone a sus anchas del 40% de los mejores suelos agrícolas hondureños.

Pero tan claras parecen la cosas que después de muchos años nos encontramos con una condena internacional unánime y generalizada al golpe de Estado, lo cual a quien hubiera echado cálculos y réditos de estas maniobras le tiene que estar preocupando. Zelaya será restituido. El pueblo hondureño, como me decía ayer el líder campesino Rafael Alegría frente al Palacio de Gobierno (aún sabedor de que sobre él recae una orden de aprensión) defenderá su soberanía, y los procesos de cambio abiertos en otros países de Latinoamérica, como Paraguay, Bolivia o Ecuador, saldrán fortalecidos.

Gustavo Duch Guillot. El Correo Vasco