La decisión que nunca se tomó
El día 11 de febrero de 2014 el
Consejo de Ministros de la
Unión Europea tenía que decidir acerca de la autorización del
cultivo de una simiente de maíz transgénico desarrollada por la empresa DuPont
Pioneer. Desde el año 1998 no se ha autorizado el cultivo de ninguna variedad
de maíz transgénico en la
Unión Europea. Varios países miembros (Austria, Polonia,
Grecia, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania, Bulgaria, Italia e Irlanda) han
prohibido incluso plantar en sus campos la única variedad de maíz transgénico
autorizada por la UE. Por
ello no es extraño que en la votación final del Consejo sólo 5 países miembros
estuvieran a favor de la autorización del nuevo Organismo Genéticamente
Modificado (OGM). Diecinueve estados se
manifestaron en contra y los restantes se abstuvieron.
Ese resultado parece que debería
conllevar un rechazo de la autorización del maíz GM de DuPont Pioneer. Máxime
al estar recogido el principio de precaución en la normativa de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea
manifestó que estaba obligada a autoriza el maíz puesto que los votos de los
diecinueve países miembros no alcanzaban la mayoría cualificada requerida en
este caso. La mayoría cualificada no es, pues, necesaria para aprobar la
autorización de un OGM por parte del órgano que representa a los estados
miembros, como parecería natural, sino que es precisa para rechazar la previa
aprobación por parte del órgano tecnocrático de la UE. Además, hay que
tener en cuenta que el Parlamento Europeo también se había manifestado en
contra de permitir el maíz transgénico.
Posteriormente, poniendo en
práctica una de esas artimañas jurídicas a que nos tiene habituados la UE, Francia propuso que el
Consejo adoptara la decisión de no haber adoptado decisión alguna. Eso
liberaría a la Comisión
de la obligación compulsiva de autorizar el cultivo del producto de DuPont
Pioneer y permitiría rechazar la petición. Tras un par de días de discusiones
el Consejo votó, finalmente, no haber votado el 11 de febrero. La Comisión queda, desde
entonces, con las manos libres para decidir a favor o en contra de la
autorización del cultivo del maíz transgénico. Sin embargo, en el momento de
escribir este texto (24 de febrero de 2014) las previsiones más pesimistas
barajan la posibilidad de que la
Comisión espere hasta las elecciones europeas de mayo de este
año para, después, proceder a autorizar el maíz, conocido técnicamente como
Pioneer 1507.
La colonización de la EFSA por la industria
El affaire del maiz de Pioneer
pone de manifiesto la importancia determinante de los dictámenes de la la EFSA a la hora de decidir
acerca de la autorización de nuevos transgénicos en la UE. La EFSA (Autoridad
Europea para la
Seguridad Alimentaria) es la agencia europea encargada de
dictaminar acerca de la seguridad de los alimentos. Este organismo es
responsable de la evaluación del riesgo de todas las cuestiones relacionadas
con la alimentación y la seguridad de los piensos, incluyendo plantas
genéticamente modificadas, plaguicidas y aditivos alimentarios. Un estudio
reciente, publicado por el Observatorio de las Corporaciones Europeas (CEO por
sus siglas en inglés), que es una organización totalmente independiente, pone
de manifiesto el grado de colonización de la EFSA por parte de la industria privada. El
trabajo se titula “Mal provecho. El problema de la independencia de la Autoridad Europea
para la
Seguridad Alimentaria” (“Unhappy meal. The European Food
Safety Authority’s independence problem”) y fue publicado en octubre de 2013
(http://corporateeurope.org/efsa/2013/10/unhappy-meal-european-food-safety-authoritys-independence-problem).
Los resultados de la
investigación del CEO producen “consternación” según sus propios autores. En
términos generales, casi el sesenta por ciento de los expertos de la EFSA tienen conflictos de
intereses con el sector privado (122 de 209). Todas las comisiones menos una
están dominadas por expertos con conflictos de intereses. Por ejemplo, en la
comisión encargada de los productos dietéticos, 17 de sus 20 miembros los
tienen. Todos los Presidentes de esas comisiones menos dos tienen vinculaciones
con la industria. Algunos de los expertos acumulan 10 o más conflictos de
intereses. La palma se la lleva un miembro del panel de aditivos que tiene 24. A pesar de que la EFSA ha renovado
recientemente su política para mejorar su independencia, estas reformas no
parecen haber tenido éxito.
La EFSA se defiende diciendo que
un solo miembro del panel no puede manipular a los restantes 10 o 20
integrantes del mismo. La decisión colegiada debe neutralizar cualquier interés
individual. Realmente, es verdad que resulta difícil que un individuo pueda
imponer sus puntos de vista “interesados” a todos sus colegas de comisión. Pero
este argumento pierde toda su fuerza si más de la mitad de sus componentes de
la misma tienen conflictos de interés con la industria que regulan.
La situación de colonización que
revela el informe es, en buena parte, consecuencia de la inadecuación de las
propias normas sobre incompatibilidades de la EFSA. La determinación de
lo que es un conflicto de interés resulta demasiado estrecha. Los mecanismos
para determinar su existencia son inadecuados. Hay aspectos importantes que no
están regulados con precisión por las normas sobre incompatibilidades: algunos
de los criterios establecidos en dichas normas son muy vagos existiendo así un
amplio poder discrecional a la hora de su aplicación a un caso concreto.
El problema más importante que
tienen los mecanismos de determinación de la existencia de conflictos de
intereses en la EFSA
es que las declaraciones de los propios candidatos a expertos acerca de sus
actividades son el único dato que se toma en cuenta para establecer si existe
tal conflicto o no. No se realiza ninguna investigación independiente por parte
de la propia EFSA o de algún otro organismo para determinar la existencia de
vinculaciones distintas de las señaladas en las declaraciones. Es de suponer
que se exigirían responsabilidades en caso de descubrirse a posteriori alguna
falsedad en las declaraciones de los expertos. Pero hay que tener en cuenta
también la opacidad existente en muchos casos en este tipo de vinculaciones.
Las relaciones entre el experto y la industria pueden ser secretas o estar
encubiertas. A este respecto, los autores del informe señalan el caso de
supuestas organizaciones “sin ánimo de lucro” que son en realidad fachadas para
Think Thanks de la industria, o auténticos lobbies. Un caso bastante claro es
el del Instituto de Ciencias de la
Vida (ILSI en sus siglas en inglés), financiado por
industrias alimentarias y del sector del agrobussiness pero que se presenta
como una ONG. Nadie desde la EFSA
investiga la verdadera naturaleza de ese tipo de organizaciones por lo que la
relación de los expertos con ellas no se considera fuente de conflicto de
intereses.
Un problema fundamental de las
normas relativas a conflictos de intereses en el seno de la agencia es que no
se considera que los haya si el experto está vinculado a la industria
agroalimentaria, pero forma parte de un panel que no se ocupa específicamente
de cuestiones que afecten a la empresa con la que se encuentra vinculado.
El caso de Mr. Bach es expresivo
de la laxitud en la apreciación de la discrepancia entre los intereses de la
industria con la que el experto está relacionado y las competencias del panel
del que forma parte. El Sr. Bach forma parte de la comisión encargada, entre
otras cosas, de los aditivos para la alimentación animal. A su vez, trabaja
como asesor de la
Asociación Americana de Soja, un lobby de la agrobussiness
relacionada con esa leguminosa, que es un componente abundantemente utilizado
en los piensos para animales. Este
científico ha realizado trabajos de asesoramiento acerca de dietas animales
para dicha asociación en países como Marruecos, Turquía o Polonia. Los
representantes de la EFSA
defienden haber autorizado a Mr. Bach para formar parte de la comisión de
aditivos argumentando que la misma no tiene competencia sobre la soja. Pero la
idea de que los aditivos de la soja no son lo mismo que la soja en sí parece
uno de esos argumentos escolásticos medievales acerca de la diferencia entre la
forma y la sustancia. Y resulta inverosímil que el lobby de la soja no vaya a
tener interés en el tema de los aditivos permitidos para dicho vegetal en los
piensos para animales.
Como se ha señalado más arriba,
en la EFSA, la
determinación de los conflictos de intereses se hace no tanto por la aplicación
de reglas generales prefijadas cuanto por decisiones caso por caso en base a
criterios relativamente vagos e imprecisos. Así, por ejemplo, la constatación
de un potencial conflicto de intereses no determina por sí sola el rechazo de
la candidatura de un experto. La normativa obliga a rechazarle únicamente en el
caso de que tenga “un potencial conflicto de intereses de carácter general que
conduzca regularmente a su exclusión [...] de las reuniones del grupo
científico”. Es decir que la existencia de un conflicto de intereses puede
determinar únicamente que el experto esté obligado a ausentarse de las
reuniones en los casos en que estén en juego específicamente intereses de las
empresas con que se encuentra vinculado. Sólo se le ha de rechazar en el caso
de que se “prevea” la exclusión “regular” de las reuniones del experto por el
potencial conflicto de intereses. Obviamente, ahí hay suficientes términos
vagos como para proporcionar un amplio margen de discrecionalidad al encargado
de tomar la decisión. Y eso ha dado lugar a la aceptación de candidaturas muy
problemáticas.
Es importante señalar, por
último, que la normativa de la
EFSA no exige haber estado desvinculado durante un periodo de
tiempo de la industria para que el experto pueda formar parte de la Agencia. Como dice
expresivamente el informe del CEO: “[los expertos] pueden sentarse en el
consejo científico asesor de una organización financiada por la industria hasta
el día en que asistan a la primera reunión del panel” (p. 19). Tampoco existen
suficientes limitaciones en el caso inverso, de paso de la EFSA a la industria privada.
Esto favorece enormemente el fenómeno de las puertas giratorias en este campo.
Unos encuentros muy privados
La influencia de los lobbies
sobre las decisiones de la UE
no sólo tiene lugar por medio de su presencia dentro de los órganos
comunitarios. Se instrumenta también por medio de contactos informales fuera de
las instituciones europeas. Estos contactos pueden producirse en el marco de
asociaciones privadas, como el lobby financiero G-30, uno de cuyos miembros es
el Presidente del Banco Central Europeo sin que eso resulte, sorprendentemente,
incompatible. Las relaciones pueden establecerse, también, en congresos o
conferencias organizados por el sector privado a los que son invitados los
miembros de los órganos decisorios de la
UE.
Unos días antes de la votación
del Consejo sobre el maíz transgénico, el 22 de enero, el lobby de la
federación de las empresas biotecnológicas europeas (EuropaBio) organizó un
acto dirigido a explicar los beneficios para los consumidores de los organismos
genéticamente modificados. Ninguna organización de consumidores fue, sin
embargo, invitada, a un acto calificado como “confidencial”. Sí estaba presente
la autoridad más directamente responsable de la regulación de los OGM en
Europa, la Directora
General para la
Salud y los Consumidores de la Comisión Europea,
no sólo como asistente, sino como ponente. Curiosamente, también era ponente un
representante de la empresa Pioneer, solicitante de la autorización del maíz
transgénico.
El resto de los 144 participantes
y 15 oradores estaba compuesto fundamentalmente por mandados de las empresas
biotecnológicas y por políticos de la Unión Europea y de diversos países. Estaban
presentes cinco miembros de la
Comisión además de la Directora General
antes mencionada así como varios parlamentarios europeos. Entre los políticos,
destacaban los representantes de los países más proclives a los cultivos
transgénicos, entre ellos, España. Fue una ocasión perfecta para un amigable
intercambio de impresiones entre quienes dirigen las instituciones “públicas” y
quienes se supone que deben ser regulados por ellas, justo antes de la adopción
de una decisión especialmente importante (v. http://corporateeurope.org/agribusiness/2014/02/biotech-lobby-shuns-consumers-gmo-consumer-benefit-event).
La colonización de la ciencia por la industria
biotecnológica: el caso Séralini
El ámbito de la determinación de
los posibles riesgos de las nuevas tecnologías, como la ingeniería genética y
sus productos, los organismos genéticamente modificados, es uno de los muchos
terrenos en los que la ciencia opera con previsiones estadísticas. En estas
esferas, la determinación de lo que es una evidencia científica fundada tiene
un cierto grado de convencionalismo y ambigüedad, por ejemplo en el
establecimiento del porcentaje de error aceptable. Por otro lado, la
determinación de los riesgos es un terreno rodeado de grandes dosis de
incertidumbre en el caso de productos que van a ser sembrados a gran escala y a
ser destinados a la alimentación de animales y seres humanos. Las variables
susceptibles de ser relevantes y los factores que pueden interactuar son muy
numerosas resultando así enormemente complicado prever los posibles riesgos.
Esa complejidad crece exponencialmente en función del aumento de los periodos
de tiempo considerados.
En un terreno rodeado de tanta
incertidumbre y, sin embargo, de interés tan vital para las industrias
biotecnológicas, no es extraño que las empresas intenten influir en la
determinación de lo que vaya a ser considerado como evidencia fundada por parte
de la comunidad científica. El campo de la ciencia se convierte así en uno de
los terrenos de lucha de las corporaciones biotecnológicas para intentar
imponer sus intereses. En este campo, las empresas hacen uso de muchos”
incentivos”, desde la financiación de investigaciones destinadas a construir
evidencias sobre la inocuidad de los productos transgénicos, hasta la
subvención de congresos para promocionar sus supuestos efectos benéficos. Uno
de esos medios utilizados por las industrias biotecnológicas en el campo de
batalla de la ciencia son las revistas científicas. El control de los comités
de redacción de las publicaciones académicas favorece la difusión de trabajos
favorables a los intereses de las empresas que comercializan OGM’s y pone trabas a los estudios que les resultan
perjudiciales. El recientemente ocurrido “caso Séralini” es una buena prueba de
ello.
Giles-Éric Séralini, catedrático
de Biología Molecular de la
Universidad de Caen (Francia), llevó a cabo, junto con su equipo, un
experimento con ratas entre 2008 y 2011 para estudiar los riesgos del consumo
de un maíz transgénico comercializado por la empresa Montsanto, así como del
herbicida Roundup distribuido también por dicha empresa. Monsanto comercializa
diversas especies de semillas genéticamente modificadas para ser más
resistentes a su propio herbicida, entre ellas buena parte de la soja cultivada
en el continente americano. Ello convierte a Roundup en el herbicida más
utilizado en el mundo. Por tanto, la evaluación de los efectos sobre la salud
del consumo de plantas que hayan sido rociadas con él y lo hayan absorbido es
especialmente importante para los consumidores.
Séralini y su equipo hicieron
públicos los resultados de su estudio en un artículo publicado en una revista
científica de referencia, Food and Chemical Toxicology, en otoño de 2012: “Long
term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically
modified maize” (Toxicidad a largo plazo del herbicida Roundup y de un maíz
modificado genéticamente resistente al Roundup). Posteriormente, Séralini
publicó un libro en francés titulado significativamente: “¡Todos cobayas!
OGM’s, pesticidas, productos químicos”. En él se hace un relato del estudio
realizado así como una valoración de las consecuencias sociales de los
resultados del mismo.
Para la realización del
experimento se formaron cuatro grupos de ratas. Uno funcionó como grupo de
control siguiendo una dieta normal. De los otros tres, uno fue alimentado con
el maíz transgénico NK603, otro con el maíz transgénico más el herbicida
Roundup y el tercero con el herbicida Roundup. Las novedad del experimento
residía fundamentalmente en dos características: por un lado, en su duración,
pues los experimentos realizados anteriormente por la empresa Monsanto no
superaron los 90 días; por otro lado, se expuso a las ratas al herbicida
Roundup completo y no sólo a su principio activo, el glifosato, como en los experimentos
anteriores. La razón es que el herbicida tiene algunos componentes destinados a
facilitar su absorción.
Los resultados del experimento
fueron demoledores para los productos fabricados por Monsanto. La exposición a
largo plazo de las ratas al maíz transgénico y al herbicida aumentó su
mortalidad, determinó el desarrollo de tumores, especialmente de cánceres de
mama en las ratas hembras, y provocó numerosos trastornos de salud en los
ejemplares de ambos sexos. Las fotografías de los pobres bichos, que pueden
verse en la página web de Séralini, son espeluznantes. La trascendencia de los
resultados del estudio es tal que, como dice Ricardo Bachmann, “Desde la
publicación del artículo de Séralini et al se ha reabierto el debate sobre la
inocuidad de los OMG” (v. BACHMANN, Ricardo Ignacio: “Normas de seguridad
alimentaria de la Unión
Europea: presumiendo la inocuidad de los organismos
modificados genéticamente”, en Actualidad Jurídica Ambiental, 4 de febrero de
2013).
La comercialización del maíz transgénico
objeto del experimento de Séralini en la Unión Europea había
sido aprobada por la Comisión
el año 2005. La decisión se basaba en un dictamen emitido por la EFSA el año 2003 considerando
dicho OGM inocuo para la salud. La reacción de la agencia europea encargada de
la seguridad alimentaria a la publicación del artículo de Séralini debería
haber sido, pues, la de revisar su dictamen de 2003. Eso lo exige no sólo el
principio de precaución, sino el más mínimo sentido de la responsabilidad,
máxime por el hecho de que son estudios de las propias empresas los que sirven
de base para los dictámenes de la
EFSA. Y el trabajo de Séralini puso radicalmente en cuestión
los experimentos llevados a cabo por Monsanto.
Sin embargo, la colonización de la EFSA por los lobbies
examinada más arriba hizo que esta adoptara una respuesta totalmente diferente:
la Agencia
lanzó una dura crítica contra el trabajo de Séralini considerando que sus
conclusiones no eran científicamente válidas. Esta crítica fue publicada en el
diario de la EFSA
junto con un emplazamiento al investigador francés para hacer frente a las
acusaciones. Séralini y su equipo publicaron una respuesta conjunta a las
críticas que habían recibido demostrando su falta de fundamento. El texto se
publicó en la misma revista que el artículo originario (Food and Chemical
Toxicology), con el título “Answers to critics: Why there is a long term
toxicity due to a Roundup-tolerant genetically modified maize and to a Roundup
herbicide” (“Respuestas a los críticos: ¿Por qué existe una toxicidad a largo
plazo debida a un maíz modificado genéticamente tolerante a Roundup y al
herbicida Roundup?”) [1]
La revista en la que se publicó
el artículo de Séralini, Food and Chemical Toxicology, pertenece al grupo
Elsevier, una de las distribuidoras más importantes de revistas científicas del
mundo, de las que comercializa casi 3000 títulos. En noviembre de 2013, la
dirección de la revista decidió “despublicar” el artículo de Séralini, un hecho
realmente insólito. Si visitamos la página web de Elsevier correspondiente a
dicha publicación, podemos comprobar que efectivamente el artículo consta como
“retirado [2]”.
La única explicación posible de
esta inusitada decisión es la presión de la industria biotecnológica sobre la
revista. De hecho el propio Séralini culpa de la retirada a la campaña de
prensa contra su trabajo orquestada por Monsanto y a otra circunstancia: el
hecho de haber entrado en el comité editorial de la revista (en calidad de
editor asociado encargado precisamente de
la publicación de artículos sobre biotecnologías), Richard Goodman ex
investigador de Monsanto. Su incorporación a
Food and Chemical Toxicology se produjo pocos meses antes de la decisión
de la revista de retirar el artículo y Goodman no es el único miembro del
comité editorial con vínculos con la industria biotecnológica [3].
Coda
Uno de los argumentos utilizados
habitualmente para justificar el predominio de expertos procedentes del sector
privado en los órganos reguladores o en las revistas académicas es que éstos
son los mejores o los únicos suficientemente preparados en ese campo concreto.
Esa es una justificación que también se usa frecuentemente para fundamentar las
prácticas de autorregulación. En muchas ocasiones dichas argumentaciones se encuentran
revestidas de la jerga de la “teoría de sistemas” y la “complejidad”. La
sociedad se habría vuelto excesivamente compleja para ser regulada desde un
organismo central teniendo cada subsistema su propia lógica interna. En esta
sociedad “compleja”, el estado habría perdido la capacidad y los conocimientos
necesarios para la regulación, siendo por ello preciso instaurar mecanismos de
autorregulación o de gobernanza. Sin embargo, y a pesar de la colonización de
la investigación pública por parte de las empresas privadas, existe un número
suficiente de expertos totalmente independientes, tanto en Estados Unidos como
en Europa, para satisfacer las necesidades de la regulación en muchos campos.
Como dice el informe del CEO “los
expertos independientes pueden ser una especie amenazada, pero aún no se han
extinguido” (p. 31). De hecho, en la propia EFSA, 64 de los expertos miembros
de sus diferentes comités no tienen ningún conflicto de intereses ni siquiera
en base a los criterios más estrictos del propio CEO. Por otro lado, en Estados
Unidos, un estudio reciente demuestra que el 47% de los científicos
universitarios son independientes de la industria privada en el campo de las
ciencias de la vida (V. Zinner y otros: “Participation of Academic Scientists
In Relationships With Industry”, en Health Affairs, 28, no.6, 2009, pp.
1814-1825). Estos investigadores no han recibido dinero alguno de la industria
por asesorías, como conferenciantes o en forma de subvenciones. Este tipo de
expertos deberían ser los que llevasen la batuta en los órganos reguladores
como la EFSA y
en revistas como Food and Chemical Toxicology y no los vinculados a Monsanto,
Syngenta, DuPont Pioneer o cualquier otra multinacional directamente interesada
en la difusión de los transgénicos.
Notas:
[1] Puede consultarse libremente
en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512008149
[2] Ver
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
[3] Más información sobre el caso
puede encontrarse en la página web de CRIIGEN (Comité de Recherche et
d'Information Indépendantes sur le génie Génétique:
http://www.criigen.org/SiteFr//index.php?option=com_frontpage&Itemid=73
José A. Estévez Araújo
Mientras Tanto