La tragedia de
los desahucios, con tres suicidios conocidos en su haber, ha acabado por hacer
estallar la indignación popular, que no comprende como se puede rescatar con
dinero público, al coste de una gran recesión, a la banca privada y que esos
mismos bancos sean capaces de ejecutar contra los ciudadanos desahucios que les
privan del derecho a la vivienda, les hunden en la miseria y les llevan, en
algunos casos al suicidio. Tras las protestas provocadas por el último en
Baracaldo, ha seguido una tragicomedia en la que la banca se adelantaba al
gobierno en el anunció de una moratoria de dos años, PP y PSOE –responsables de
la actual legislación permisiva con los desahucios- se reunían durante tres
días para no llegar a ningún acuerdo y finalmente el Consejo de Ministros
anunciaba un borrador de “medidas urgentes” que abrirán un debate parlamentario
sobre como se cataloga a los pobres de necesidad que no puedan pagar sus
hipotecas y cuanta carne se puede cortar sin derramar sangre, como en el
Mercader de Venecia. Hemos seleccionado estos textos como orientación en esta
situación de emergencia.
“Los desahucios
son la prueba de que vivimos en una democracia descafeinada”
Ada Colau. Entrevista
Ada Colau (Barcelona, 1974) es la cara más
visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Portavoz y una de las
impulsoras del colectivo, lleva una década trabajando por el derecho a la
vivienda. El jueves recibió a eldiario.es en Barcelona, pocas horas antes de
que el Consejo de Ministros aprobara las medidas del Gobierno contra los
desahucios, y habló de la situación actual de la problemática de la vivienda.
Colau se dirigía a Madrid al mediodía y ante la pregunta obligada de si iba a
reunirse con el Gobierno o el PSOE, la activista no ha podido evitar reír y ha
asegurado que todavía no se han puesto en contacto con la PAH. Más tarde, desde
la capital, valoró como
insuficientes las medidas del Gobierno.
¿Ha habido avances en el derecho a la vivienda en
estos últimos días?
Creo que estamos avanzando ni que sea por la
concienciación social que se ha producido. Hace cuatro años nadie tenía el tema
de la vivienda como un problema de la crisis y ahora mismo está en el
epicentro. Se ha avanzado a nivel de concienciación social, pero llega tarde y quien va por detrás de la
sociedad, como es habitual, es el Estado, y aún nos queda por avanzar. Hoy [por ayer] se
aprobarán medidas de urgencia en el Consejo de Ministros que seguramente serán
algún avance, por lo menos para algunos colectivos afectados, pero en general
no tocarán el núcleo del problema, con lo cual en el ámbito legislativo aún
quedará mucho por regular para garantizar el derecho a la vivienda. Tendremos
que seguir haciendo presión, pero en lo más difícil, que es la movilización
social y la conciencia social, sí que estamos avanzando. Creo que ya ha calado
profundamente que la vivienda es un derecho y una necesidad básica que se debe
cubrir y que no se puede permitir una especulación abusiva sin ningún límite a
costa de vulnerar los derechos de la mayoría de la población.
¿Qué soluciones proponéis?
Para garantizar el derecho a la vivienda se deberían
hacer bastantes cosas, pero ahora mismo apostamos por medidas de urgencia,
porque las reclama una situación de emergencia. Son la dación en pago, para que
la gente no quede endeudada de por vida por culpa de la vivienda, y por otro
lado la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual. Para nosotros
es vulnerable toda aquella persona que no pueda pagar la hipoteca, y por lo
tanto tendrían que pararse inmediatamente hasta que haya una solución a medio o
largo plazo.
¿De qué tipo?
La solución tendría que pasar necesariamente por reutilizar las viviendas
vacías que están
en manos de las entidades financieras transformándolas en un parque de alquiler
social. Ahora mismo tenemos una ocasión única. Hoy [por ayer] no solo se
aprueban las medidas contra los desahucios, sino también el decreto del banco
malo, y nos tememos que ratificaran lo que había anunciado el gobierno. Ya que
el estado intervendrá y comprará casi 90 mil pisos vacíos en manos de entidades
financieras, sería la ocasión ideal para convertir este banco malo en un banco
bueno, en un banco social, y que los pisos pasen a régimen de alquiler para las
personas que lo necesitan. Desgraciadamente, parece que el gobierno pretende
ofrecer estas viviendas a inversores extranjeros para que se vuelva a especular
con ellas. Nos tocará hacer mucha presión porque lo que es intolerable es estar
en el país con más viviendas vacías de toda Europa y que sea el país donde más
se desahucia y dónde menos realojos en régimen de alquiler social se producen.
Es un contrasentido con el que hay que acabar de una vez por todas y si el
gobierno no reacciona a tiempo, estoy segura que la ciudadanía, como ya lo está
haciendo, será la que empiece a dar un uso social a estos pisos. Ya se están
produciendo centenares
de ocupaciones, algunas
reivindicadas, otras no, porque la gente evidentemente no puede ver como llega
el invierno y con sus hijos se quedan en la calle, cuando miles de pisos se
están deteriorando, con lo cual se están produciendo muchas ocupaciones, y más
que se producirán si no se interviene y se regulan estas viviendas para
pasarlas a alquiler.
Hay quien dice que la dación en pago
retroactiva...
¿Haría tambalear el sistema?
Sí.
El sistema se ha hundido solo. No hace falta que
se apruebe la dación en pago para que se hunda nada. Las entidades financieras
han hecho una gestión pésima de la política de créditos y del sector
inmobiliario. Nos han hundido toda la economía, no solo a la gente afectada por
la hipoteca o por las preferentes. Ya hemos rescatado las entidades financieras
en tres ocasiones y ahora llega la cuarta, que será el banco malo. Una vez se
las rescata porque han quebrado y han hundido la economía del país, lo mínimo
es exigir alguna contrapartida social. A parte de esto, hay una demagogia absoluta
con este tema. Algunos estudios económicos dicen que la dación podría costar
como mucho 20 mil millones de euros, que este dinero ya se le ha dado a Bankia
para rescatarla, y en cambio sigue siendo de las entidades que más desahucia y
más ejecuta. Además, el agujero real de las entidades con el tema inmobiliario
viene de las promotoras y las inmobiliarias. La Asociación Española de la Banca
reconoce que la morosidad no pase del 3% en las viviendas familiares, que no es
nada teniendo en cuenta el 26% de paro. Realmente donde tienen el problema de
morosidad inmobiliaria es en las fallidas de inmobiliarias, que sí tienen
derecho a la dación en pago, con unos activos que están mucho más
desvalorizados, porque son solares y edificios a medio construir que no valen
absolutamente nada, mientras las viviendas familiares son los activos que más
valen porque son los que más demanda pueden tener. La morosidad en el sector
inmobiliario es cuatro o cinco veces superior a las viviendas familiares. Regular la dación en pago
significaría una victoria ciudadana y demostraría que efectivamente la presión
social puede poner límites al poder financiero. Y no tienen más remedio, porque
el país no saldrá de la crisis si centenares de miles de personas se quedan
excluidas del sistema para siempre, condenadas a la economía sumergida, a la
exclusión social.
Dice que serían medidas de urgencia.
Sí, son medidas de emergencia para la situación
actual de los desahucios y las ejecuciones, pero en realidad, por ejemplo, hay
que regular el alquiler, en un sentido muy distinto de lo que está haciendo el
gobierno. Ahora mismo hay una reforma del alquiler en curso que pretende
liberalizar aún más el alquiler, cuando se ha demostrado un fracaso. Tenemos
uno de los alquileres más caros e inestables de toda Europa y precisamente esto
es lo que ha llevado mucha gente a hipotecarse, porque el alquiler no era una opción
estable en
España. Hace falta un alquiler, todo lo contrario, más estable, con precios
regulados como existe por ejemplo en Alemania, de manera que quien quiera hacer
un plan de vida a largo plazo vea en el alquiler una alternativa real, no como
ahora que al cabo de cinco años te pueden echar o triplicarte el precio.
Entonces, es necesario regular el alquiler para que de seguridad a los
inquilinos, en el sentido contrario de la reforma que ahora mismo está en curso
por parte del gobierno.
¿Por qué ha sido ahora cuando se ha puesto este
tema sobre la mesa?
Yo creo que, dentro de la dificultad del momento
y de la gravedad de la situación, nos debemos felicitar, porque la movilización
social ha liderado el debate sobre este tema. Lleva cuatro años luchando en las
calles y haciendo lo que debería hacer la administración para parar los
desahucios, para negociar con las entidades financieras, y todo este trabajo de
presión, de negociación con las entidades y de visibilización de las demandas
de la ciudadanía, ahora está teniendo efectos. Se ha ido concienciando, primero
la voz de la gente afectada, porque cuando empezamos nadie sabía qué era la
dación en pago, después todas las organizaciones sociales y sindicales han
apoyado nuestras demandas, luego desde el ámbito institucional, centenares de
ayuntamientos han aprobado mociones apoyando estas demandas. Finalmente, llegó
el poder judicial, por definición conservador y prudente, posicionándose sobre
la normativa vigente, y ha sido muy contundente, porque evidentemente la
situación que ve en nuestros juzgados es muy grave. También ha llegado un
informe de Naciones Unidas durísimo, que condena la política de vivienda del
Estado español como una de las peores del mundo. Después un predictamen de la
Unión Europea que denuncia que la legislación hipotecaria española es
incompatible con la normativa básica europea. Y desgraciadamente, algunos casos
de suicidios que han saltado a la opinión pública, aunque sabemos que hay más,
y han acabado de crear la alarma social. Esto se ha trasladado a los medios y
esta presión ha hecho que el gobierno tuviera que reaccionar. Lo que es
lamentable es que el Partido Popular y el Partidos Socialista sean los últimos
en llegar a este debate, cuando llevamos cuatro años interpelándolos y en estos
cuatro años nunca nos han querido ni consultar ni recibir, no hemos recibido ni
una llamada, y ahora pretenden ser ellos los que aprueben las medidas sin
consultar a los que llevamos mucho tiempo trabajando el tema. No lo reclamamos
porque fuéramos los primeros en decirlo, sino porque conocemos el problema de
primera mano. Cada día nos reunimos con entidades, vamos al juzgado, nos reunimos
con la gente afectada, … Así que conocemos muy bien cual es su perfil, cual
está siendo la realidad de la negociación con las entidades financieras, y
menospreciar esta experiencia y este conocimiento me parece bastante arrogante
y miope por parte del gobierno.
¿La Iniciativa Legislativa Popular de la PAH
puede ver se afectada ante las medidas urgentes del gobierno?
La ILP ha recogido más de 600.000 firmas, ya
tiene las necesarias para tramitarse en el Congreso, pero queremos agotar el
plazo que tenemos hasta final de enero para recoger un millón de firmas como
mínimo y demostrar el auténtico apoyo social y las demandas que realmente
quiere la ciudadanía, que no son las que está regulando el gobierno. En
principio siguen tan vigentes como ahora, porque a la espera de lo que salga
hoy [por ayer] del Consejo de Ministros, lo que se aprobará será una moratoria
parcial de desahucios, que solo afectará a unos pocos colectivos, y no se está
diciendo nada sobre la deuda. Hay centenares de miles de personas ya afectadas
por una deuda de por vida y solo esto ya es un factor de exclusión social que provoca una situación de
emergencia que se debe combatir. Solo esto ya es un motivo por el que la ILP
mantiene toda su vigencia. El gobierno podría ser tan arrogante como para,
además de no haber escuchado las demandas de la ciudadanía, ahora que se ha
puesto a regular en esta materia, decir que no acepta debatir la ILP cuando
llegue al Congreso porque ya ha tomado medidas en la cuestión de los
desahucios. Pero igual que con el código De Guindos anunciaron a los
cuatro vientos que aprobaban la dación en pago para la gente que lo necesitaba
y se ha demostrado un fracaso absoluto, al que se han podido acoger poquísimas
personas, yo creo que ahora también, si vuelven a tomar medidas demasiado
parciales, que no abordan los problemas de fondo de la ley hipotecaria, nos
volveremos a encontrar que a los pocos meses volveremos a tener oleadas de
desahucios y centenares de miles de personas afectadas por una deuda de por
vida. La realidad se impondrá y no podrán ignorar la ILP así como así.
¿ L a ILP es un buen mecanismo para cambiar la
legislación?
En el España la ILP no es un gran mecanismo, pero
es el único que hay de participación democrática. Vivimos en una democracia descafeinada que ofrece muy pocos
mecanismos de participación, y son muy limitados e insuficientes. La ILP
requiere un enorme esfuerzo porque te ponen muchas trabas burocráticas. Cuando
haces todo este esfuerzo para recoger centenares de miles de firmas, llega al
Congreso y no es vinculante, lo pueden descartar sin ni siquiera debatirlo. Por
lo tanto, es claramente insuficiente, pero es el único mecanismo de
participación para que sea la ciudadanía quien lleve directamente una propuesta
de ley al Congreso sin pasar por un partido político.
Y habéis apostado por ello.
Nosotros como plataforma no somos ingenuos,
sabemos que es totalmente insuficiente, pero también es una excusa de
movilización, para llevar el debate social a la calle, y creemos que esto ha
funcionado y los éxitos se están viendo. Pero a parte de esto, la ILP culmina
un proceso en el que hemos agotado todas las vías democráticas de interpelación
a la administración pública. A parte de parar desahucios, antes y después
hablamos con servicios sociales, oficinas de vivienda, partidos políticos,
ayuntamientos, recogemos firmas, … Realmente hemos agotado todas las vías que
nos da el sistema para intentar resolver este problema. Si después de
intentarlo todo y recoger las firmas, la administración pública sigue sin
regular las medidas de mínimos para hacer frente al mayor problema de la gente
afectada, estará justificando que la ciudadanía dé un paso adelante y suba el
tono de las protestas. Evidentemente, no pararemos aquí. Hemos utilizado el
mecanismo limitado de la ILP, pero si no lo escuchan, no nos quedaremos de
brazo cruzados y tomaremos otras acciones de desobediencia civil, porque hay vidas en juego y
no podemos estar a la espera que algún día el gobierno se dé cuenta de que hay
que regular esto.
¿Qué papel juega la política institucional en
esto?
Desde luego se podría hacer mucho más de lo que
se está haciendo, lo está demostrando la ciudadanía, que está forzando las
entidades a negociar casos que antes no negociaban o parando los desahucios. Lo
que es increíble es que la administración, que tiene muchos más recursos que la
ciudadanía, no esté haciendo mucho más. Muchas administraciones locales o
autonómicas te ponen la excusa de que es una competencia estatal y no está en
sus manos, pero cuando hay una situación de emergencia cualquier administración
tiene responsabilidad directa por lo que está pasando y de la acción o
no-acción que tome. Si hay una situación de emergencia, como podría ser un
terremoto o un desastre natural, el ayuntamiento no estaría esperando que el
gobierno central lo autorice a intervenir. Debe hacerlo para proteger las vidas
de las personas, ponerlas en un lugar seguro, pueden expropiarse viviendas que
estén en mal estado, … Estamos en una situación parecida. 400.000 ejecuciones hipotecarias,
centenares de miles de desahucios, con un 26% de paro es claramente una situación de emergencia, y los suicidios lo
demuestran. Hace falta una intervención ya. Si el gobierno central no
reacciona, las otras administraciones deberían estar interviniendo mucho más.
Deberían estar expropiando usufructos de las viviendas vacías, para realojar
las familias que lo necesiten, o presionando mucho más las entidades
financieras, como el ayuntamiento de Tenerife, que ha retirado un millón y
medio de euros de Bankia porque no aceptaba negociar unos casos de desahucios.
Puede haber muchos ejemplos, desde donde pone el dinero la administración, a
penalizaciones fiscales a los pisos vacíos, o expropiaciones temporales del
usufructo. Hay muchas intervenciones que ahora mismo no se están explorando por
cobardía política.
Le han propuesto presentarse a estas elecciones
catalanas .
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds y la
Candidatura d’Unitat Popular.
¿Por qué optó por no hacerlo?
No lo descarté de entrada porque alguna gente de
mi entorno me dijo que lo considerara, porque estamos en un momento excepcional
y difícil, en el que es importante que la voz de la gente que se está
movilizando en la calle por los derechos sociales esté dentro del Parlament,
pero sí dejé claro desde el principio que no haría ninguna acción
individualmente. No creo en la política de fichajes individuales. Soy una cara
algo más visible de una movilización mucha más amplia que no hubiera existido
porque miles de personas están organizadas, se levantan cada día y madrugan
para parar un desahucio o negociar con una entidad financiera. Yo sola no puedo hacer nada. La política de las
individualidades es una política ficticia, del espectáculo, pero no es
realmente transformadora. Aprecio la sensibilidad y creo que es positivo que
haya partidos que reconozcan el protagonismo social y de alguna manera intenten
vincularse a él. Creo que es una buena señal, pero no creo que sea la solución.
La solución pasa por otro tipo de política, y es un trabajo que tendremos que
hacer entre muchos a medio largo o plazo.
¿Qué tipo de política?
Para que haya una política realmente
transformadora necesitamos procesos colectivos en los que el máximo de gente
participe. Creo que estamos en una crisis de la democracia representativa, que
los partidos son instituciones desfasadas, del siglo pasado, que no responden a
la realidad actual. Necesitamos estructuras mucho más abiertas, mucho más
participativas. De alguna manera, hay que refundar la democracia, porque estamos en un momento
de crisis del paradigma político y económico. Las movilizaciones del 15-M han
puesto esto claramente sobre la mesa. Necesitamos procesos realmente
constituyentes, en los que participe el máximo de gente posible, y aquí muchas
personas podríamos jugar un papel u otro en función de las necesidades del
momento. Si hubiera un proceso así yo estaría dispuesta a participar como
cualquier otra persona.
¿Qué reclamaría al Parlament que saldrá del 25-N?
Que empezara a abrir procesos para acabar con
esta forma de representación rígida, en la que unas pocas decenas de personas
se autoerigen la representación por haber recibido unos votos y la
participación ciudadana queda excluida hasta pasados cuatro años. El Parlament
tendría que abrirse a procesos de reforma estructural de la participación
democrática para reconocer el protagonismo social de muchas movilizaciones
sociales, que conocen los problemas directamente, que están trabajando las
soluciones y por lo tanto no necesitan representantes sino un espacio de participación
y decisión directa.
¿Y en lo referente a la vivienda?
Lo primero que tendría que hacer es separar esta
dependencia de los poderes económicos fácticos. Ahora mismo hay una relación
obscena de dependencia
entre el poder político y el económico, hay una claudicación absoluta y los intereses
de los grandes poderes económicos –no de la economía en general– deciden la
política aparentemente democrática y hay que cortar ya este vínculo. En el caso
de las hipotecas es clarísimo. Los dos partidos mayoritarios han estado
bloqueando cualquier tipo de solución hasta ahora porque tienen una relación de
dependencia con el poder financiero. Mientras esto sea así y exista esta puerta
giratoria donde la gente pasa por política y acaba luego en un consejo de administración,
la democracia plena no será posible.
Llega mi desahucio
Cristina Fallarás
A las 19.40 de este pasado martes sonó el timbre de la
puerta. Abrió Lucas (10) y Pepa (4) salió corriendo a ver quién llegaba. Como
al día siguiente tocaba huelga y no iban a ir al colegio, tenían ánimo de
viernes.
-Mamá, es un señor.
Por las mañanas, cuando trabajo sola en casa, no suelo abrir
la puerta. Las puertas de la mañana siempre abren malas noticias. Pero las ocho
menos veinte de la tarde suelen traer amigos o un vecino al que se le ha caído
un calcetín.
En cuanto enfrento al tipo del rellano sé lo que ha llegado.
-Le traigo una comunicación del juzgado.
Bajo el brazo derecho lleva un paquetón de folios, calculo
que unos 300. Con la izquierda me tiende un papel.
-¿Es la orden de desahucio? –pregunto.
Llevo ya algún tiempo esperándola, desde que el BBVA me comunicó
que si quería saber algo de mi hipoteca me pusiera en contacto con los
servicios jurídicos. Cuando una oye en la oficina bancaria "servicios
jurídicos" sabe que las cosas han pasado a un lugar en el que se manejan
otras palabras, otros términos. Es una sensación similar a la que provocaban
"las cosas de los mayores" en la primera adolescencia. Tendrás que
vivirlas, vas a oírlas, pero lo esencial se te va a escapar.
-Bueno, más o menos –el tipo titubea–. Tiene usted que
presentarse en el juzgado y firmarme esto.
-¿Y si no lo firmo?
-Le va a dar igual.
A lo lejos se oyen los primeros petardos, calentando una
huelga general que alguna lumbrera, ya me da igual de qué partido, ha
calificado de "huelga política", como si hubiera alguna huelga que no
lo fuera. Qué sabrán.
-Niños, id tirando hacia el salón.
Firmo. Total… Firmo y agarro el paquetón de folios. Juzgado
de Primera Instancia 4 Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 111.
Procedimiento Ejecución Hipotecaria xxx/2012 Sección 2C. Parte demandante BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Procurador IRENE SOLA SOLE. Parte demandada
Cristina Fallarás Sánchez. Me detengo a pensar que el nombre del demandante y
de la procuradora están escritos en mayúsculas y el mío, en minúsculas. Qué
curioso las cosas que nos llaman la atención cuando la realidad se empina y
hace frío.
Hay amigos en casa. Dejo el taco de folios sobre la repisa y
hablo con ellos de las cosas de la huelga. He publicado un artículo
donde enumero las razones –las primeras que me han venido a la cabeza, tengo
muchas más— por las que me sumaré. Luego, les paso los folios y me voy a la
galería. No quiero que se rompa la sensación que he conservado intacta durante
los meses que lleva recorridos mi desahucio –un desahucio es un proceso
largo, muy largo, en el que cuando interviene el juez tú ya andas un poco menos
recta, esos crujidos por la noche—, la sensación que he guardado bien: no
me puede pasar a mí, aunque diga que nos puede pasar a todos, aunque no
pueda pagar, aunque esté entre los primeros despidos de la crisis, hace
ya cuatro años. No quiero que se rompa la sensación de que si sigo trabajando,
si sigo escribiendo, si sigo publicando pasará algo. ¿Qué? Yo qué sé.
Cuando empezó todo esto, mis amigos me preguntaban "¿Y
qué harás si te desahucian?". Mi respuesta siempre era la misma: No puedo
pensar en eso, tengo que seguir adelante, si dejo de pedalear me caigo.
Cuando una persona deja de pagar su alquiler o su hipoteca es porque no tiene
dinero para hacerlo. Parece de Perogrullo, ¿no? Cuando una persona no tiene
dinero para pagar su casa, si se la quitas o si te la da –la dación en pago es
una medida rastrera—, ¿dónde crees que puede ir? ¿Crees que alguien le va a
alquilar un piso? Y en el lejanísimo caso de que así sea, ¿cómo va a pagarlo
(de nuevo)?
Me siento en el ordenador de la galería. Creo que todas
estas cosas hay que contarlas, como los despidos de embarazadas, como las
diferencias de salarios, como cualquier abuso. Creo que hacerlas públicas ayuda
a que hayamos llegado a este punto. Miserable, sí, pero punto al fin con
información circulando. Así que enciendo el ordenador y, por inercia, me doy un
paseo por los periódicos digitales.
Leo:
Me sorprende no sentir rabia. La furia con la que he vivido durante los últimos dos años
ha dado paso a una sensación de desánimo, vergüenza y soledad. Aquellos
a quienes los ciudadanos elegimos para que gestionaran este país no solo no han
estado a la altura, sino que han desertado, han dado la espalda a las personas
que dependen de ellos, de sus decisiones, de las leyes que dicten. Los unos y
los otros, todos. Los ciudadanos españoles ya no creen en el papel de sus
políticos. A mí me parece sencillamente que no hay Gobierno y me abruma
este país que veo retroceder, con peineta y banqueros, hacia épocas que no
recuerdo haber vivido.
Termino de escribir esto a las 23.45 de la noche de este
martes pasado en el que me llegó la orden de desahucio. Un cuarto de hora antes
de que empiece la segunda huelga general del año. Yo estuve ahí. Contra todos
ellos. Política, claro
Cristina Fallarás es periodista y novelista. Ha
colaborado con la cadena Ser, El Mundo y El Periódico de Cataluña. Su novela Las niñas perdidas fue premio Hammett de
novela negra 2012. Publica el blog Ellas.
Comunicado de la Plataforma de
afectados por la hipoteca (PAH): La banca dicta, el gobierno redacta un
Decreto Ley
El Gobierno cede una vez más a la
presión de la banca y anuncia medidas que excluyen a la mayoría de la gente
afectada.
Con más de 400 mil ejecuciones
hipotecarias, 350 mil desahucios a sus espaldas, #PPSOE ha llegado tarde y mal
al drama de los desahucios. Durante una semana nos han mareado con el anuncio
de negociaciones para paliar uno de los problemas más graves de la sociedad
española y que solo ha salido a la luz gracias a la denuncia de las movilizaciones
ciudadanas. #PPSOE no solo llegan tarde y mal, sino que no han sido capaces de
llegar a un acuerdo.
Hoy jueves 15 de noviembre, el
Gobierno ha decidido escurrir el bulto de una forma casi macabra aprobando un
Decreto Ley llamado “anti-desahucios”, el cual paralizaría los desahucios
durante dos años al estilo del célebre -por fracasado- Decreto “De Guindos”. Un
Decreto Ley que se basado en : una artimaña basada supuestamente en criterios
económicos y de vulnerabilidad, con el único fin de contentar a la banca y
excluir por segunda vez a la mayoría de gente que está sufriendo este drama.
Hablando claro: han eludido
establecer una moratoria de desahucios eficaz, una exigencia ciudadana unánime.
Ni siquiera se han adoptado medidas como la que ya se ejecuta en Francia, donde
cada año decretan moratoria invernal generalizada de los desahucios. Tal vez ni
los tristemente fallecidos entrarían en los criterios de Rajoy, Soraya Sáenz de
Santamaría y De Guindos. Tampoco entrarían otros centenares de miles de familias:
por ejemplo una pareja con dos hijos menores de 4 y 6 años con un subsidio por
desempleo de 420 euros que tiene fecha de desahucio fijada mañana.
Además, para esconder una de las
claves, la retroactividad (¿qué pasa con las 350 mil familias desahuciadas?)
anuncian la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler que se
nutriría de las viviendas “robadas” a las familias. Se hace el anuncio, pero no
se dice ni cuántas, ni cómo se crearía ese parque de vivienda social.
Todo lo demás… los centenares de
miles de afectadas que no entran en el decreto, las deudas impagables de todos
los afectados etc. puede y deberá esperar a la tramitación parlamentaria en el
Congreso como proyecto de ley.
Ni una palabra sobre la ILP
hipotecaria, que hoy mismo ha recibido la validación de la Oficina del Censo
Electoral de 614.246 firmas presentadas hasta hoy. Ni una palabra de la PAH, ni
un gesto para incluir a los afectados en las posibles soluciones, ni caso las
propuestas que desde 2008 hemos puesto encima de la mesa: dación en pago retroactiva,
stop desahucios y parque de vivienda de alquiler social (sujeto a renta).
La PAH y la mayoría de la sociedad
lo tiene claro: todo era #PuroTeatro. La patronal de la banca dictó el decreto
la semana pasada y el Gobierno redactó ahora lo que le manda “su amo”. Una
vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca, todo lo otro son daños
colaterales de la guerra del 1% contra el 99%. Las prisas por adjudicarse
la exclusiva nos hace nuevamente ver cómo los intereses de muchos son usados en
beneficio de unos pocos, sin cambiar la situación.
Pero también tenemos claro que si
hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha
sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras.
La PAH continuará presionando y
movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora, es así como ha conseguido
paralizar más de 500 desahucios frente a los 400.000 impulsados por las leyes
injustas de #PPSOE. Seguiremos exigiendo que la moratoria se aplique a todas
las familias, siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se
trate de vivienda habitual.
No valen medidas publicitarias, ni
pequeñas modificaciones que no aborden el problema de raíz. La PAH no aceptará
rebajas ni medidas trampa. Las soluciones que la PAH lleva años exigiendo son
claras:
•
Dación
en pago reatroactiva!
•
Moratoria
de desahucios inmediata!
•
Alquiler
social ya!
Nos avalan más de 600.00 firmas de
la ILP donde quedan recogidas nuestras demandas de mínimos.
